El día 19 de abril tomó el general López posesión de la Presidencia, prestando ante el Congreso el jura­mento constitucional. El mismo día formó su ministerio, escogiendo a individuos del partido triunfante, entre los más exaltados en aquella época. La sociedad demo­crática de Bogotá, apoyada en las sucursales que a su ejemplo y a su imagen se habían formado en las pro­vincias, era ya cuarto poder político, que el Gobierno tenía que contemplar. El partido conservador, ofendido e indignado por los excesos del 7 de marzo, y por los que con ultrajes personales se ejecutaban en las provin­cias, principalmente en las que forman hoy el estado del Cauca, abrió campaña de oposición parlamentaria, que si no había de remediar los males, los denunciaba al menos al pueblo, al mundo y a la historia. ¡Triste consuelo! pero por triste que sea, siempre la protesta es un consuelo y aun una esperanza de próxima o leja­na redención. Los excesos de las democráticas del Cauca pasaron la medida de todos los atentados conocidos. Los conservadores fueron allí víctimas de una persecu­ción tenaz, cruel y feroz: algunos, como los señores Pinto y Morales en Cartago, fueron atormentados, divi­didos sus cuerpos, mutilados de un modo que el pudor impide describir. Las propiedades quedaron a merced de los dominadores de la situación; los cercos diviso­rios de las heredades fueron destruidos; y lo que peor es, las personas azotadas sin misericordia. No quiero continuar: todo esto, y más que no digo, fue notorio, e imposible seria negarlo. Y | estas atrocidades fueron apellidadas, no por persona anónima o desconocida, si­no por el ministerio mismo, ¡RETOZOS DEMOCRA­TICOS!

Me consta que el general López vino Bogotá con las mejores intenciones; pero al entrar al llamado pala­cio, vio que aquello no era ir a dormir en cama de ro­sas, sino subir a un potro de tormento; que en ese puesto de Presidente, objeto de tantas ambiciones, no se tiene siempre voluntad propia, sino que hay que ceder a las veces al empuje de influencias de puertas afuera. Su posición, de |suplefaltas, no era, por otra parte, muy firme. Los liberales lo habían calumniado haciéndole el cargo de que a su llegada a Honda, de regreso de Europa en 1841, había aconsejado al desgra­ciado coronel Vesga, gobernador de la provincia de Mariquita, que tomase parte en la revolución que de­vastaba la República; que por este consejo el coronel Vesga se precipitó, contando con el apoyo de la pro­vincia de Neiva, que le ofreció dicho general; que ven­cido Vesga y condenado a muerte, le legó su túnica ensangrentada. Esta terrible acusación tomó cuerpo has­ta que yo, conservador, la desvanecí en un periódico in­titulado |El Sufragante¹ que redactaba en Cartagena en 1849. El señor Marcelo Tenorio, que tuvo una parte activa en la revolución de la provincia de Mariquita, y en la defección del coronel Vesga, confinado a Santa Marta por esta causa, estaba en desamparo, y yo, com­padecido, lo protegí, le di mi mesa y lo socorrí. En nuestras conversaciones de confianza me informó que era completamente falso el caigo que se hacía al gene­ral López; que él (Tenorio) estuvo presente en las conversaciones de López con Vesga, y que en ellas el gene­ral se manifestó adverso a la revolución, y se esforzó en persuadir a Vesga que no contrajese comprometi­miento contra el Gobierno. Con estos informes pude en justicia e imparcialmente desmentir una calumnia tan grave como la que manchaba el nombre del general López. Fue también enteramente falso el legado de la túnica ensangrentada.

El ministerio que el general López formó a su inauguración, empezó a desmoronarse a poco tiempo. Ha­-

bía pasado un mes cuando el doctor Ezequiel Rojas renunciaba ya la cartera de hacienda, y entró a reem­plazarle el doctor Manuel Murillo, que desempeñaba la de relaciones exteriores. El general López, que deseaba dar algunas muestras de imparcialidad al partido con­servador, nombró al general José Acevedo en reemplazo del doctor Murillo en la secretaría que quedaba vacante.

Era el general Acevedo completamente idóneo para ese empleo delicado. De capacidad natural, realzada por el estudio, de modales distinguidos, tan digno en su porte como en su conducta pública y privada, reunía el general Acevedo todas las cualidades que requiere un puesto como aquél, en que teniendo que tratar de oficio y personalmente con los ministros extranjeros, se necesita un hombre competente en todo sentido, que ins­pire respeto y estimación; y ninguno mejor que el general Acevedo.

Pero la sociedad democrática levantó tal vocería gritando: "nada de conservadores, Gobierno de parti­do", que impuso su voluntad soberana, y el Gobierno tuvo que aflojar. No queriendo, sin embargo, irrogar un agravio a un hombre de la respetabilidad del gene­ral Acevedo, lo llamó el Presidente y le insinuó que renunciase, en lo que Acevedo convino. Hizo mal, en mi concepto; yo hubiera contestado: "destitúyame us­ted". En reemplazo de Acevedo fue nombrado el señor Victoriano de Diego Paredes, sujeto digno de aprecio; pero su nombramiento, que por otro motivo habría sido aceptable, exigido por la sociedad democrática en desaire de uno de los miembros más estimados del partido conservador, tenía necesariamente que mortifi­car a la colectividad política así agraviada, y fue un ejemplo pernicioso de la preponderancia y coacción que ejercía sobre el Gobierno una sociedad política desau­torizada.

En los demás ministerios hubo también, en dos años, varios cambios que sería cansado referir.

Él partido liberal, que tiene furor de innovaciones para meter bulla, aunque choquen con costumbres arraigadas de antiguo, y aun algunas veces con el derecho y con los principios más triviales de la ciencia política, no dejó piedra por mover, en la administra­ción López, para desquiciarlo todo. En esa obra de de­molición hubo una que otra medida plausible.

Los hechos más trascendentales fueron: iniciar la reforma de la Constitución de 1843, y ampliar en |lo escrito las garantías individuales (de que las socieda­des democráticas no hicieron caso), sin preocuparse por eso de reformar la Constitución, dejando a la admi­nistración siguiente este negociado tan grave y compli­cado.

Se abolió la pena de muerte por delitos políticos. Este principio en países cuyo estado normal es la revo­lución y la guerra civil, por el "santo principio de la insurrección", proclamado por el general Santander en la cámara de representantes, es humanitario, y puede decirse necesario; pero debía añadirse que son asesinos los que en las acciones de guerra matan a prisioneros indefensos, como suele hacerse contra todo derecho. También requiere este principio que se defina con clari­dad lo que son "delitos políticos".

En 1851 se declararon libres todos los esclavos. Co­mo yo en este particular soy más liberal que todos los liberales juntos, aplaudo con entusiasmo este acto; pero no sin advertir que ya no había esclavos menores de treinta años, que muchos de más edad habían sido ma­numitidos anualmente, y por consiguiente quedaban poquísimos, sin lo cual no hubiera sido fácil la definitiva extinción de esta úlcera social.

El mérito principal de la abolición de la esclavitud corresponde en justicia al congreso de Cúcuta de 1821.

No es, pues, admisible decir, en términos generales, que el partido liberal abolió en 1851 la esclavitud.

Se declaró la libertad del pensamiento por la prensa, sin responsabilidad ninguna. O lo que es lo mismo, se declaró libre el abuso de la libertad de imprenta, por­que la libertad sin abuso estaba establecida desde La fundación de la República. Así es que ya se pudo in­juriar, calumniar, conspirar, ultrajar a Dios y a los hombres por la imprenta, sin que quedara medio legal de represión o de reparación. Yo sobre este particular me atengo al ejemplo que nos dan las naciones más adelantadas, como Inglaterra, Francia, los |verdaderos Estados Unidos, y otras, donde hay libertad lata de imprenta; pero el libelo, el abuso en todo sentido, es castigado, quedándole al hombre de bien algún medio legal de volver por su honor vulnerado.

El juicio por jurados en materia criminal se esta­bleció proclamándose como un progreso, como una con­quista. La teoría del jurado es ciertamente seductora, pero en la práctica ofrece graves inconvenientes: uno de ellos, y quizá el mayor, es que para juzgar muchas veces de los hechos más complicados, la suerte puede llamar a hombres completamente incapaces de llenar tan delicado encargo. En países en donde abundan perso­nas de mediano criterio, presenta ciertamente sus ven­tajas el juicio por jurados; pero en nuestra tierra, fuera de algunos ciudadanos notables ¿los hay dignos de ejercer funciones judiciales? Este y otros inconve­nientes demuestran que el juicio por jurados no es el |summum de justicia en materia criminal.

Es uno de esos inconvenientes la irresponsabilidad, por lo que el doctor Ezequiel Rojas no aceptaba ese sistema; otro, que sus veredictos no son razonados ni se fundan en el análisis del proceso; ítem, las dificul­tades que hay que vencer para reunir el jurado, por­que a nadie le agrada exponerse a las consecuencias del voto que condena a un criminal temible. En corrobora­ción de lo que acabo de observar, referiré lo que me sucedió un día que hube de acercarme a ver un jurado que excitaba la atención pública. Juzgábase en una ciudad pequeña a un hombre de aspecto amenazante, que había muerto a otro a palos. Me horroricé al oír la acusación del fiscal, y a pesar de todo, el ase­sino fue absuelto. Al salir los jurados, me acerqué a un amigo, sujeto razonable e independiente, y le pre­gunté: ¿cómo han absuelto ustedes a ese hombre? -Pero si es un bandido, contestó. -Pues por lo mismo debieron ustedes condenarlo. -¡Cómo se conoce que vive usted en Bogotá! me replicó a su turno; si usted viviera en el campo, por acá, sabría usted lo que es ver uno su casa ardiendo el día menos pensado, o que le salgan al paso en un camino, garrote en mano y puñal al cinto; o llegar a su casa y encontrarse que han estropeado, cuando menos, a la mujer o a los hijos. Ese hombre tiene hermanos y parientes que se le parecen; además, un día u otro hay una revolución, y se presen­tará por aquí con soldados, y entOnces ¡ pobres de los jurados que votaron contra él! Impresión profunda me causó este razonamiento; porque, en efecto, en los pue­blos pequeños y en los campos la inseguridad de los buenos favorece la impunidad de los malos. Luego, hay que considerar que no tenemos sino en muy pocas ciu­dades edificios para asegurar a los reos; que la eva­sión d0 atroces criminales se repite con frecuencia, y por la situación en que se encuentran, son una amena­za constante e inevitable.

En una asamblea conservadora en el Estado del To­lima, a que asistí como diputado, suprimimos el juicio por jurados y restablecimos el de los jueces de de­recho. Además de las razones aducidas tuvimos otra en les inconvenientes insuperables que se presentan en los pueblos pequeños para reunir los jurados. Los más de los vecinos viven en sus haciendas, o estancias, o ca­sas de campo; no vienen al pueblo principal sino los días festivos a misa; ninguno quiere ser jurado, y por la falta de asistencia, por las excusas y mil motivos que pretextan, los juicios se dilatan con perjuicio de la recta y pronta administración de justicia; el criminal tiene tiempo para preparar su fuga, y si es condenado, porque no pudo fugarse, la sentencia se dieta cuando ya el delito se ha olvidado; y lo que peor es, el hom­bre inocente que es acusado sufre una pena inmerecida por la tardanza en probar su inculpabilidad y en ob­tener la merecida absolución.¹

El negociado más importante, difícil y delicado de todo Gobierno es el de la hacienda pública, o sea el de rentas, del cual depende la existencia de la Nación. Requiérese, por tanto, mucha prudencia para hacer en él reformas que los pueblos puedan considerar gravo­-

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sas. Destruir es muy fácil, crear es lo difícil. Despre­ciando estos principios en el furor |liberal de desqui­ciarlo todo, se reb4jó en un 20 por 100 la tarifa de los derechos de aduana; se redujo la contribución de papel sellado, y se fijó en 50 centavos el precio de la arroba de sal.²

Se suprimieron las aduanas en el Istmo de Panamá. Así tenía que ser forzosamente a causa del ferrocarril.

Se declaró libre la exportación del oro en polvo o en barras. Esta medida fue útil, pero por el momento causó también una disminución ruinosa en las rentas nacionales.

Se abolieron los diezmos. El Gobierno civil no tie­ne facultad para abolir ninguna contribución eclesiás­tica; lo que puede es negar la acción de la ley y la intervención de las autoridades para forzar el pago de tales contribuciones. Los fieles las han de pagar vo­luntariamente por obligación de conciencia y los Go­biernos no tienen para qué mezclarse en este asunto, ni para prohibir, cuando no ejercen el patronato de una religión dominante o exclusiva.

Se cedieron a las provincias varias contribuciones insignificantes declarando de su cargo los gastos de la administración provincial. Con tal innovación quedaron perjudicadas; pero como se les dio la facultad de su­primir, reformar, reemplazar con otras las contribu­ciones cedidas, las cámaras de provincia agobiaron a los pueblos con contribuciones para atender a sus gas­tos, y los pueblos sacrificados soportaron el peso que los abrumaba y los abruma todavía. Y los que tales abusos cometen siguen gritando: ¡viva la libertad! viva la democracia! ¡mueran los godos! que así nos llaman ahora ellos, los..... Ya iba a devolver insulto por insulto; pero no quiero, mejor está despreciar el absurdo sarcasmo.

El general López había ofrecido al padre Gil, su­perior de los jesuitas en Bogotá, que sostendría la Compañía y su permanencia en la República, a no ser que alguna ley derogase la que autorizó al Gobierno para llamarlos. Pero la Sociedad democrática gritó: "¡fuera jesuitas!" y cincuenta senadores y representan­tes dirigieron una cuarta al Presidente pidiendo la ex­pulsión de aquellos religiosos. Mas ¿qué pretexto to­mar? Los padres de la compañía observaban una con­ducta irreprensible; su existencia en el país era estrictamente legal. ¿Qué hacer en semejante caso? ¿En qué se podría fundar una medida tan violenta, contra todo derecho, contra la opinión de la inmensa mayoría de los granadinos, contra los principios de la tolerancia proclamados por los liberales de todos los pueblos en todos tiempos? No podría creerse lo que hizo, si no fuera tan sabido: se ocurrió a exhumar la pragmática sanción de Carlos III por la que en un día y hora dados, los jesuitas fueron expulsados de todos los do­minios españoles; y en virtud de esa real pragmática se decretó en la República de Nueva Granada la pros­cripción de la Compañía de Jesús, después que el Go­bierno de la República, autorizado por una ley, aún vi­gente entonces, los había llamado y traído al país haciendo a su general, residente en Roma, tan solemnes promesas, que bien podrían considerarse como un tra­tado público.

Yo no entro a disputar en la cuestión tan controver­tida de si la Compañía de Jesús es buena o es mala, elucidación que no es de mi incumbencia en este es­crito. Me limito a censurar, a condenar el decreto de su expulsión dictado por el Gobierno; y más cuando leo que en la proclama o prólogo que le precedía no se arguye otra causal sino que |la Nueva Granada no puede luchar con ventaja con ¡a influencia letal y co |rruptora de tas doctrinas del jesuitismo. Esto equivale a decir: "En nuestro propósito de destruir la religión católica, nuestra tribuna demagógica no puede luchar con ventaja con la cátedra cristiana de los jesuitas". No a otra cosa se llamó "influencia letal y corruptora", porque para los demagogos de todos los tiempos y de todas las naciones no sólo es "letal" el catolicismo sino el cristianismo en todas sus diferentes ramifica­ciones, y toda religión positiva, todo culto tributado a un Dios omnipotente y justo.

La negación de este Sér, incomprensible, pero que "se ve, se siente, se palpa", como decía Bolívar; el materialismo, el sensualismo; el placer proclamado úni­co bien; el dolor declarado único mal, tales son las doctrinas que el liberalismo profesa e inculca en los corazones jóvenes; y como los jesuitas se consideran como los adversarios más formidables de tales predi­caciones impías, por eso, y sólo por eso, no los consen­tían; por eso, y sólo por eso, los arrojaron con vileza contra la ley expresa, violando todo derecho, y a pe­sar de los principios proclamados desde la fundación de la República, mayormente el de tolerancia, insepa­rable de la verdadera libertad. El general Mosquera cometía arbitrariedades arrostrando la responsabilidad. "¡Yo lo mando, y silencio porque fusilo!" así decía y hacía. Esa audacia, esa insolencia es mil veces prefe­rible a la hipocresía taimada que presidió a la exhu­mación de la consabida pragmática de Carlos III, documento contradictorio en un todo con nuestras instituciones republicanas. Fue ese un anacronismo ridículo y un medio cobarde que para cohonestar la violencia adoptaron unos hombres que carecían del valor necesa­rio para asumir, a lo Mosquera, la responsabilidad de sus propios actos.

La expulsión de los jesuitas inició una era dé per­secución religiosa que, más o menos activa ha conti­nuado.

Se abolió el fuero eclesiástico. Se autorizó a los con­cejos municipales y cabildos de los pueblos para nom­brar, sin intervención de los prelados, los curas de las parroquias. Habiendo protestado contra estas leyes, fue expulsado del territorio de la República el ilustrísimo arzobispo de Santafé de Bogotá, señor don Manuel José Mosquera, que murió poco después en el destierro, en la ciudad de Marsella. Fueron también, y por el mismo motivo, expatriados los señores obispos de Cartagena y Pamplona. La primera de las dos leyes citadas era consiguiente al sistema de gobierno adoptado en el país: abolidos los fueros de la nobleza y el militar, era

natural que lo fuese también el eclesiástico. Debo ad­vertir que yo no considero aquí esta ley sino en el as­pecto puramente político, y en su relación con las ins­tituciones republicanas que rigen en el país, con las cuales no se armonizan los fueros, porque lastiman la igualdad constitucional sancionada. La segunda ley no tenía en qué fundarse; era una injusticia y además un disparate. Sobre el particular la ley de patronato había establecido cuanto era necesario y conveniente, pero de esto no se tomaba nota; en lo que se pensaba era en ofender y vilipendiar al clero y en humillar a los pre­lados, privándolos del ejercicio de las funciones más esenciales de su ministerio pastoral.

Se autorizó la redención de censos en el tesoro pú­blico. Cuanto sobre este particular han hecho varios Gobiernos, y lo que entre nosotros se ha ejecutado, es, a mi juicio, un abuso contra el derecho sagrado de propiedad. Los fundadores de censos dispusieron de lo que era suyo, ya en favor de hospitales y otros estable­cimientos de caridad y beneficencia, ya para capella­nías laicas o eclesiásticas y otras fundaciones piadosas. No creo, que nadie tenga facultades para contrariar la voluntad de esos fundadores: tales violaciones son abu­sos de la fuerza, y el espíritu de libertad verdadera las repugna y condena.

No pretendo yo (¿ni cómo iba a pretenderlo?) en estas |Memorias examinar todas las leyes y actor oficia­les de la administración López. He pasado revista sola­mente a los que me han parecido de mayor importan­cia, y ya reclaman mi atención otros acontecimientos.

Los criminales "retozos democráticos" del Cauca, que por las proporciones que alcanzaron, se hicieron al fin insoportables, las insolencias de las sociedades democráticas, pródigas de insultos y amenazas, exacer­baron al partido conservador, y arrebatados de justa indignación se lanzaron unos pocos en algunas provin­cias a los campos de batalla, sin recursos, sin organi­zación, sin acuerdo previo, con armas y municiones escasas; y lo que tenía que resultar, resultó.
 

En mayo de 1851 estalló en Pasto la revolución, encabezada por los coroneles Manuel Ibáñez y Julio Arboleda. Siquiera allí recibieron algunos auxilios del Ecuador; pero las fuerzas de Gobierno mandadas por el ya general Manuel María Franco, que desmintiendo sus antecedentes se había transformado en |liberal, los venció en el pueblo de Buesaco. Los vencidos sostuvie­ron por más de un año la guerra de guerrillas, insufi­cientes a conseguir un resultado favorable, y todas terminaron desairadamente.

La de Guasca, en la provincia de Bogotá, a cuya cabeza apareció el doctor Pastor Ospina, fue vencida por fuerzas mayores del Gobierno el 20 de julio, bajo las órdenes del coronel Evaristo la Torre, que fue uno de los voluntarios que triunfaron en la célebre jornada de la Culebrera, al mando del inolvidable Neira.

La de la provincia de Mariquita fue vencida por el coronel Rafael Mendoza, que mandaba fuerzas ma­yores, y a pesar de la valerosa resistencia que hicieron los ciudadanos afiliados en ella, mandados por los co­roneles Viana, Diago y otros jefes.¹

Los movimientos de Tunja y Pamplona no tuvie­ron significación, y fueron sofocados con poco esfuerzo.

La insurrección de Antioquia, presidida por el gene­ral Borrero, hubiera podido ser imponente, porque la opinión pública se declaró pujante contra los excesos inauditos e insoportables que se cometían en las pro­vincias del Cauca. Sin reclutamiento, sin violencia de ninguna clase, levantó el general Borrero una fuerza de cerca de 3.000 hombres, voluntarios, pero mal ar­mados y sin disciplina.

El coronel Tomás Herrera fue nombrado por el Gobierno para que con las fuerzas del Cauca y la ar­tillería de Cartagena sofocase aquel movimiento, que causaba más inquietud que cualesquiera otros.

Habría en efecto tomado incremento, si el general Borrero, al saber que los de Cundinamarca y otras pro­vincias habían fracasado, no hubiese desmayado, juz­gando, no sin razón, que la revolución estaba perdida.

Pero empujado por los antioqueños, que estaban, no diré exaltados, sino llenos de ardiente indignación, continuó a su pesar con flojedad el primer movimiento, y habiendo proclamado la federación, creyeron los an­tioqueños que esa palabra entusiasmaría a muchos y que la revolución podía generalizarse; pero en ninguna parte sucedió lo que se prometían.

A Cartagena envió el general Borrero a un joven Restrepo (hermano del señor Cristóbal Restrepo, aquel que fue asesinado en la Ciénaga de Santa Marta), con­fiándole cartas para el señor Pedro Macía, para el señor Antonio R. Torices, para mí y para dos o tres sujetos más, que no recuerdo. En esas cartas nos exci­taba el general a que apoyáramos el movimiento de Antioquia, diciéndonos, además, que invitáramos a su nombre a los conservadores de las provincias de la Costa con el mismo objeto. La sola proclamación de federación era bastante para que yo no me prestase a apoyar semejante movimiento. Además, habiendo dado posesión de la presidencia al general López una mayoría formada por los lopiztas y la fracción conserva­dora que a ellos se unió; y no habiendo hecho los cuervistas, que quedaron en minoría, la menor protesta contra aquel acto, yo estimé perfeccionada la elección, y así lo manifesté entonces en |El Sufragante. El encono entre cuervistas y goristas se conservaba latente en Car­tagena.. Por todas estas razones no tuvo allí acogida la idea de ayudar a la revolución; y fue conducta pru­dente, porque

Quien pretende, aun con razón,

al más fuerte derribar,

no consigue sino dar

|coces contra el aguijón.

Son inevitables íos desaciertos cuando el jefe es empujado a obrar contra su voluntad. El coronel Herre­ra, no atreviéndose a batirse en campo raso con la fuerza que tenía, ocupó el cementerio de Ríonegro. Bastaba haberlo sitiado allí para rendirlo; y no hizo esto Borrero, sino que atacó a un enemigo atrincherado y protegido por paredes agujereadas, y el ataque se convirtió en derrota.

Apenas tuvo el general Obando noticia en Lima de la amnistía otorgada por el general Mosquera, y de la exaltación del general López al solio presidencial, par­tió para esta capital viniéndose por el puerto de la Buenaventura. En Cali fue recibido por el gobernador, y victoreado con frenético entusiasmo por los azota­dores, muchos de los cuales habían contribuido diez años antes con igual entusiasmo a vencerlo a él y a postrarlo en la acción de La Chanca, donde sucumbió definitivamente en aquella época. ¡Cosas del mundo!

Apenas llegado a esta ciudad, recibido también en triunfo por sus copartidarios, esto es, por los revolucio­narios de 1840 y 1841, se presentó diciendo que renun­ciaba la amnistía y que pedía ser juzgado por la acusa­ción que sobre él pesaba, de partícipe en el asesinato del Mariscal de Ayacucho; pero se le contestó decla­rando que las amnistías no eran renunciables, y con esta farsa concluyó aquella malhadada causa.

Días después fue nombrado gobernador de la pro­vincia de Cartagena en mi reemplazo, y yo lo espe­raba. El 19 de junio (1849) cumplía mi período; pero como él no llegó, entregué el mando, conforme a la ley, al jefe político del cantón capital. Eraso el bene­mérito coronel Antonio del Río, quien más adelante fue víctima de un asesinato infame y brutal.

En aquellos días, precursores de una gran calami­dad, estaba la ciudad en extremo alarmada. Dos gran­des piraguas, que tripuladas por pescadores bogaban algún tanto mar afuera, corrieron peligro de zozobrar, embestidas por un frío chubasco que de repente y con violencia las obligó a retroceder a toda vela, hasta en­callar en la playa. Al siguiente día murieron repenti­namente dos o tres de esos marineros, y sucesivamente fueron muriendo todos. El alarma se propagó, y se tribuía el siniestro accidente a que habían comido bo­llos de yuca. Suponíase ser la yuca venenosa, y de aquí resultó que el cazabe, pan favorito de los carta­generos, así de los pobres como de muchos que no lo son, la misma yuca y cuanto de ella se hace, se co­mieran con desconfianza, o no se comeiran.

En este estado de cierta ansiedad, llegó a Cartagena el general Obando, en la tarde del 10 de dicho mes de junio. Los revolucionarios de 1840 y 1841, alborotados por el suceso tan fausto para ellos, que lo consideraban un verdadero triunfo de la revolución vencida, estaban ya preparados para hacerle un recibimiento estrepitoso.

En medio de la gran plaza llamada del Matadero, levantaron un tablado sobre estacas, rodeado de una débil baranda para que sirviera de tribuna a los que debían de arengar, como allí se usa en todas las gran­des funciones, y ninguna era más grande para ellos que la que destinaban a festejar al jefe de aquella sangrienta revolución. Largo sería referir las peroratas encomiásticas, en prosa y en verso, dictadas por la li­sonja a los arengadores, que subían y bajaban dispu­tándose el tablado y arrebatándose entusiasmados la palabra. El general, sofocado por el humo de tanta hojarasca, que no daba llama por más que soplaban sobre ella, tomó al fin la palabra para contestar. Su discurso fue algo largo: repitió demasiado las pala­bras que en semejantes actos son sacramentales: |liber­tad, democracia, igualdad y fraternidad. Por fin, ba­jando del llamado "templete", fue conducido a la casa que se le tenía preparada, con música y acompaña­miento de vivas atronadores y de silbidos; pues en las provincias de la costa los muchachos suelen salir bai­lando delante de la música, y su modo de aplaudir es silbar y chiflar desaforadamente. En la noche hubo un bullicioso fandango, con cantoras del |currulao (de que ya hablé en el tomo anterior al describir las "fies­tas de la Popa"); y estrechados todos los festejantes y concurrentes en la angosta calle de la casa que se preparó al general, el tambor retumbante africano, manoteado con furor, aturdía y quitaba el sueño a todo el barrio, y las dichas cantoras, acompañándose con las consabidas palmadas, cantaban coplas con este estribillo:

|El año que viene,

|si Dios nos da vida,

| veremos a Obando

|sentao en la silla.

Pasada la media noche, dejaron al pobre general salir del aturdimiento en que lo tenían, y descansar asustado de semejante estruendosa ovación. La nume­rosa concurrencia, que en su mayor parte se compo­nía de curiosos que querían conocer personalmente a un personaje de tanto renombre en los tristes pasados acontecimientos, siendo los más de ellos enemigos po­líticos de Obando, esa numerosa concurrencia, repito, que aglomerada en angosto espacio aceleró, si no produjo el desarrollo de una dolorosísima desgracia, se retiró sin prever que al día siguiente la muerte revo­lotearía sobre las cabezas de todos, y que unas seis semanas después, la tercera parte de la población de la ciudad dormiría el sueño eterno de la tumba. ¡In­felicísima Cartagena, que en todas las calamidades pú­blicas has de ser víctima expiatoria de la cólera de Dios!

En las provincias de la Costa no hay, como en estas del interior, día fijo de la semana para mercado. En Cartagena, al romper el día entran por la puerta de tierra llamada de "la media luna" más de cien burros cargados de víveres, con su conductor, o sea más bien su conductora, encima, y en el muelle de la misma plaza del Matadero están atracadas embarcaciones car­gadas, procedentes de la costa de Sotavento y del río Siná. De aquí que el mercado de Cartagena, considerado relativamente a su población, sea uno de los más va­riados y abundantes del mundo.

A la mañana del día siguiente, mientras tenía lugar el gran recibimiento del nuevo gobernador, caen segui­damente en la plaza del mercado, sin saberse por que, sufriendo espantosas convulsiones producidas por ca­lambres terribles, una, dos, tres y más personas. Un alarido de terror se levanta en la muchedumbre. "¡La yuca brava, la yuca brava!" gritan, y la inocente yuca, y todos los alimentos en que entra la yuca iban a ser condenados por un auto de fe popular; cuando a la voz de alarma que retumbaba en toda la ciudad, llega el doctor Vicente García, y examinando las víctimas que Se sucedían tinas a otras, exclama espantado: "¡El cólera! ¡El cólera!" Van llegando otros médicos, y todos repiten: ¡El cólera! ¡El cólera!" Y el terror se difunde con rapidez eléctrica. Unos corren por un lado, otros por otro; las puertas se cierran con estrépito; los cam­pesinos, que llaman allá "montunos", o mejor dicho, las "montunas", montan en sus burros y huyen, llevan­do la muerte dentro del pecho, a expirar en llegando a sus pueblos, si ya no caían en el camino. Bajo la misma impresión de terror se mueven algunas barquetas. En esos momentos de general consternación tomaba el general Obando posesión del empleo que le confió la administración del 7 de marzo.

De las personas que fueron atacadas en la plaza del mercado, ninguna vio ponerse el sol. En la noche de ese día la mortandad se duplicó, y en las siguientes se au­mentó en progresión creciente. El gran patio del cemen­terio se llenó de cadáveres, y fue preciso hacer afuera largas y hondas zanjas, para sepultar íos muertos. Estos eran conducidos, en carros llenos, por los reos rema­tados a trabajos forzados, que prestaron entonces ese gran servicio. Se hacían tiros de cañón en las plazas de la ciudad, creyendo que podría purificarse el aire con las detonaciones; pero nada se consiguió, sino cau­sar nuevo espanto y acrecentar la consternación pública. Lo que no puede expresarse con palabras es la impre­sión dolorosa que causaba oír por todas partes los ala­ridos desgarradores de padres y de hijos, de mujeres y de niños, que lloraban desesperados.

Muchas medidas se adoptaron por las autoridades municipales para aliviar a la gente pobre, que era la clase que más sufría. Creáronse fondos para acopiar ví­veres con qué socorrer a los indigentes. Todas las bo­ticas recibieron orden, y se cumplió, de dar medica­mentos gratis a los pobres, mediante una receta de cualquier médico. Las personas acomodadas ayudaron con suscripciones a reunir los fondos necesarios para pagar, como se pagaron después, los auxilios que se proporcionaron en alimentos y medicinas.

El clero y los facultativos se portaron con heroici­dad cristiana. Los santos óleos recorrían las calles sin intermisión, y los médicos del cuerpo, y los del alma, asistían dondequiera a los enfermos, mereciendo unos y otros alabanza y gratitud.

Pasadas cinco semanas, empezó a moderarse el fu­ror de la espantosa epidemia, y a pocos días después los casos eran muy raros, y casi siempre los atacados se salvaban. Dos semanas después la peste desapareció de la ciudad; pero visitó las poblaciones de los cam­pos, las orillas del Magdalena desde Barranquilla hasta Honda y Ambalema, y llegó aun más arriba.

Como no se llevó cuenta (y hubiera sido imposible llevarla) de los que morían así de día como de noche, se ignora el número preciso de las víctimas; pero pue­de suponerse que en Cartagena, ciudad entonces de 12.000 habitantes, perecieron unos 4.000, y contando otros pueblos, sin excluir a Santa Marta y el Istmo de Panamá, es seguro que el total de las defunciones cau­sadas por el terrible azote pasó de 20.000.

Una cosa es de notarse por sí el maléfico huésped, peor que las plagas de Egipto, volviere a visitar algunas de nuestras poblaciones, y es que en tan crecido número de víctimas sólo 24, que yo haya sabido, murie­ron en las casas altas. Los más fueron pobres, de esos que viven hacinados en pequeñas, húmedas y no venti­ladas habitaciones. En todo y por todo, ¡pobres de los pobres!

El general Obando, abriendo la visita de la provin­cia, y ausentándose de la ciudad cuando apenas había llegado, y en lo más fuerte de la epidemia, cometió un gravísimo error que disgustó aun a muchos de sus par­tidarios. Era época de elecciones para diputados al Con­greso, y a propósito de influir en ellas más que a te­mor del contagio, se atribuyó aquel paso desacertado. En los seis meses que ejerció la gobernación de la pro­vincia removió a todos los empleados, a los colectores de rentas, lo mismo que a los maestros de escuela, y has­ta a los guardaremos, esto es, a los marineros de la falúa de la Aduana y Capitanía del puerto. Un perió­dico que se publicaba en Cartagena en aquella época, intitulado |El Porvenir, le atacó fuertemente por estos actos, censurando en general el comportamiento que ob­servo como gobernador, dizque para "gobernar con su partido".