Terminada la desastrosa revolución de las provin­cias litorales del Atlántico, volvió el general Herrán a encargarse del Poder Ejecutivo en la capital. El cabe­cilla Estanilao España, más peligroso en Pasto, como pastuso, que el mismo Sarria, y tan cruel como éste, había sido hecho prisionero, y juzgado y sentenciado por los tribunales civiles, fue fusilado en Popayán en septiembre del mismo año. El orden público estaba, pues, completamente restablecido.

En 1842 expidió el Congreso una ley de policía que contenía 134 artículos; ley necesaria para la de­fensa del Gobierno, pero que fue impugnada por los liberales, que impugnan todo lo que hacen sus adver­sarios, calificándola de tiránica. Así fue que tuvo poca duración, porque el partido del orden llamado después conservador, ha cedido siempre a la grita de sus contrarios.

El Congreso, apoyado en un clamor general de re­forma de la Constitución de 1832, acordó la de 1843, con aplauso de todos los que deseaban que el Gobierno mereciera el nombre de tal, disponiendo de medios legales para llenar su misión.

Lo más importante de la reforma fue la supresión del Consejo de Estado, con la cual se libertó al Ejecu­tivo del deber humillante de pedirle consentimiento para ejercer actos de su propia competencia. Se con­servo el Consejo de Gobierno, pero no le era forzoso al Presidente consultarle |en todos los negocios de su resorte, y como en las anteriores Constituciones, no es­taba obligado a seguir su dictamen.

Se autorizaba al Presidenta para nombrar y re­mover sus agentes políticos; atribución indispensable para un poder encargado de mantener el orden público, y responsable del buen desempeño de sus atribuciones; lo que no puede suceder cuando se le imponen agentes que no son de su confianza, o se le niegan los que lo son.

No estoy obligado a ocuparme en los pormenores de todas las disposiciones de una Constitución de 171 ar­tículos. En lo general todas nuestras Constituciones se parecen, porque todas se fundan en los principios im­prescindibles de gobierno republicano, popular, repre­sentativo, electivo, alternativo y responsable, y en todas se reconoce la igualdad de derechos, sin privilegios de nacimiento, y esto es lo que constituye el Gobierno democrático, sin que por ello se posponga la prefe­rencia que deben tener el mérito, la capacidad, el buen comportamiento y la dignidad personal. Estas son cali­dades preeminentes, naturales, y el que las posee debe estar arriba, y el que no las posee, o posee las contra­rías, debe estar abajo.

Las prescripciones de la organización de los poderes constitucionales, que no afectan en nada los principios proclamados desde 1810, han sido profesadas y prac­ticadas siempre por el partido conservador, sin hacer ostentación de liberalismo ni excitar malas pasiones de raza.

En el ramo de garantías no se hizo alternación ninguna. Siempre el partido conservador ha sido libe­ral estatuyéndolas y respetándolas. Escribir muchas, y no cumplirlas o desvirtuarías, nunca lo ha hecho el partido conservador |ni como medida de guerra.

En todas las Constituciones anteriores, para ser elec­to o elegible, se requerían ciertas condiciones de edad, residencia, propiedad, o renta por la profesión de grado científico o por algún empleo o industria, en fin, se procuraba que para el desempeño de augustas funciones hubiera importado de Francia el sufragio uni­versal, que es tanto como decir el sufragio de la igno­rancia, de la dependencia y de la corrupción.

Así como en las anteriores Constituciones, la de 1843 estableció la elección indirecta, única racional, porque todos los electores saben por quién votan. Los sufragantes que tenían las condiciones de tales, lo ha­cían en su distrito parroquial por uno o más electores, según su población. Estos formaban la asamblea elec­toral del cantón, que era la que sufragaba por el Pre­sidente o Vicepresidente de la República, por los sena­dores y representantes, por los diputados a la cámara de provincia y por los demás funcionarios de elección popular que prescribieran las leyes. Este sistema, que venía desde la sabia Constitución de Cúcuta, y que el doctor Ezequiel Rojas calificaba del mejor, es el que menos se presta a fraudes y abusos, aunque evitarlos enteramente nunca se conseguirá, con tantos intereses como las elecciones ponen en agitación.

En la Constitución de 1832, como en las anteriores, se decía que era un deber del Gobierno proteger a los granadinos en el ejercicio de la religión católica, apos­tólica, romana, y en la de 1843 se repitió esta pre­vención añadiendo que era la única cuyo culto sosten­dría y mantendría el Gobierno. Esto era explicar la extensión de la protección que se le debe, como que es la religión única de los granadinos, aunque haya algu­nos fatuos que por vanidad pretendan no creer en nada.

Respecto a la organización de los poderes legisla­tivo, ejecutivo y judicial, a la de las provincias, a la de la fuerza armada, pocas o ningunas alteraciones sustanciales se hicieron en aquella Constitución.

La idea dominante, como idea |liberal, de los legis­ladores de 1832, fue poner trabas al Poder Ejecutivo en el ejercicio de su cometido y debilitar su acción legítima, lo que lo pone en la necesidad de entrar en transacciones con los miembros del Congreso para sos­tenerse o defenderse, en las que a veces entra el ver­gonzoso "dame que yo te daré". La de los legisladores de 1843 fue quitarle todas estas trabas y cortapisas para que pudiera gobernar, dejando para el abuso el único correctivo eficaz; el de la responsabilidad.

En la Constitución de 1832 se fijó el término de las sesiones del Congreso de sesenta días, prorrogables |hasta por treinta más, y el Poder Ejecutivo, a petición del Consejo de Estado, podía convocarlo a sesiones extraordinarias, lo que en realidad significaba que era el Consejo de Estado quien decretaba la con­vocatoria. En la de 1843 se fijó el término de las se­siones en sesenta días prorrogables |hasta por otros sesenta. El Poder Ejecutivo tenía la atribución libre de convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que el Congreso, como lo hacía antes y se ha hecho después, sólo podía ocuparse en los negocios que sometiera a su consideración el mismo Poder Ejecutivo.

Que bajo un Gobierno central pudieran utilizarse cuatro meses de sesiones, se comprende; pero eran más aceptables los tres meses fijos de la Constitución de 1832, pues que el Poder Ejecutivo, o sea el Consejo de Estado, en caso de necesitarse algunos días más, estaba autorizado para complementar los trabajos con­vocando el Congreso a sesiones extraordinarias; pero la necesidad de fijar los límites precisos a la facultad de prorrogar sus sesiones se hace sentir cada día más bajo el sistema federal, que tan pocos negociados deja a los poderes nacionales: en ningún caso debiera el Congreso federal funcionar más de noventa días. Esas prórrogas repetidas, en las que se malgasta un lapso de muchos meses, producen escándalo, disgusto general, censuras justas, ruina del tesoro público, y guían a la representación nacional la fuerza moral que debe tener como primer cuerpo de la nación, sin la cual sus actos no inspiran ni respeto ni consideración, cosas ambas que como Poder irresponsable necesita más que ningún otro.

Esta Constitución de 1843, verdaderamente liberal en el sentido recto de la palabra en la que la libertad, la propiedad, la seguridad personal, todos los derechos, en fin, quedaban protegidos, fue calificada de monár­quica por el partido |liberal, porque dizque se daban al Poder Ejecutivo las facultades de los reyes. Siempre se usan palabras vagas para alucinar a la muchedum­bre, y más que a ésta a los muchachos de los colegios oficiales, cuya inexperiencia y juvenil imaginación los inducen a acoger con insensato entusiasmo las más absurdas doctrinas, con tal que se les prediquen en nombre de la seductora |libertad.

El general Herrán, con una conducta moderada y conciliadora, procuraba cicatrizar las heridas que la nefanda revolución acabada de sofocar había hecho al país.

Un acto que ha tenido mucha parte en el encono de los partidos, o a lo menos ha servido de pretexto para acusar de retrógrado al partido conservador por los llamados |espíritus fuertes, tuvo lugar bajo la admi­nistración Herrán.

Es indudable que la falta de creencias es la gan­grena que corroe al país, Esta convicción, que hombres de la más alta respetabilidad tenían de buena fe, como la tengo yo, hizo que el Congreso dictara una ley que autorizaba al Poder Ejecutivo para solicitar la venida de religiosos a establecer colegios, de donde pudieran salir misioneros a procurar atraer a la vida social a las numerosas tribus de indios salvajes, que sin ley y sin doctrina vagan despedazándose unos a otros, casi tanto como nosotros, en las selvas antidiluvianas de Casanare y de los Andaquies, en el Darién, en las ribe­ras del Meta y del Amazonas; y el general Caicedo, Vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo en ausen­cia del general Herrán, eligió la Compañía de Jesús, que la experiencia había probado ser el mejor insti­tuto para el objeto que la ley se propuso, y en efecto vinieron jesuitas, y establecieron colegios y misiones. Era Arzobispo de esta arquidiócesis el doctor Manuel José Mosquera, quien tuvo mucha influencia en el cum­plimiento de estos actos, apoyándose en su hermano el general Mosquera, que en aquella época, y después en los cuatro años de su administración, fue partidario y sostén de los jesuitas. La existencia, pues, de esta Compañía, o institución religiosa, era estrictamente le­gal en nuestro país.

El general Caicedo, prócer esclarecido de 1810, que en la historia de los catorce años anteriores había figu­rado con lustre inmenso, como hombre benéfico y como hombre de Estado, murió todavía de buena edad, en 1843. Esta fue una gran pérdida para la República.

Bajo la administración Herrán, y por decreto del Congreso de 1844 se hizo una obra monumental: la de la recopilación de la legislación nacional, que veri­ficó el señor Lino de Pombo, y que intituló |Recopila­ción Granadina, libro de labor inmensa, pero trabajo al poco tiempo perdido, porque con las variaciones anuales que hacen todos los Congresos, quedan anu­ladas las más de las leyes, y lo que se hace para facili­tar su estudio no sirve sino para dificultarlo más. Lo mismo sucede con los Códigos; y ahora, con la federa­ción, no hay legislación nacional inteligible, ni la de los mismos Estados, de modo que todo lo que se llama progreso entre nosotros no significa sino confusión.

Después de estos actos trascendentales, los más notables de la administración Herrán, fueron:

1º El censo de la República, que dio por resultado 1.931.684 habitantes. Pero ya se sabe cómo se levan­tan los censos de población entre nosotros: la indolen­cia de los encargados de hacerlo; la idea que tienen unos de que aquello no tiene más objeto que imponer contribuciones; la que tienen otros de que es para ha­cer soldados a los hombres útiles, hacen que en pocas casas se inscriban todos sus habitadores; y puede ase­gurarse que pasaban con mucho de 2.000.000 los ha­bitantes de la República en aquella época, y puede ase­gurarse también que hoy no bajan de 3.000.000. Esa ciudad de Bogotá, de entonces acá, ha duplicado en población.

2º La apertura o reparación del camino de Quin­dío, que pone en comunicación el magnífico Valle del Cauca, que el Libertador llamaba la Italia de Colom­bia, con la provincia, también bella, de Mariquita. Pero la vegetación en esta Zona Tórrida tan vigorosa, hace que si no se pueblan los caminos que por entre bosques y pantanos se abren, pronto vuelvan a ponerse intran­sitables. Afortunadamente el de Quindío se ha conser­vado algún tanto por la influencia de antioqueños que con sus robustos brazos lo trabajan en parte, y han formado algunos pueblos. El campesino antioqueño es, de todos entre nosotros, el más laborioso y constante en el trabajo, y como su país, fuera de sus minas de oro, es el más pobre, por su esterilidad, el antioqueño busca en otras partes dónde aprovechar el sudor de su frente -castigo que Dios impuso a nuestros pri­meros padres por su desobediencia, con lo que nos dejaron una herencia de dolores físicos y morales, tantos y tan terribles, que es milagroso que exista un solo hombre sobre la tierra.

3º El incremento que dio a la educación popular, en la que todas las administraciones conservadoras tuvieron especial cuidado, a pesar de la pobreza del país, sin armar alboroto por ello, ni hacer ostentación mentirosa de progreso, pues en las escuelas se enseñaba la religión de nuestros padres que el respetabilísimo doctor Soto dijo en un acto solemne, que siempre seria protegida por el Gobierno; y

4º | El famoso plan de estudios, en el que se formó esa lucida juventud, que ingrata lo derogó en el año de |1850, en que empezó la demolición de todo lo bue­no, en nombre de la libertad y de la democracia.

Un incidente desgraciado y doloroso tuvo lugar al terminar la Administración Herrán.

Yo había renunciado la gobernación de Santa Mar­ta para irme a Cartagena, por esa decisión que tenemos los cartageneros por nuestra tierra natal; en lo que hice mal, porque en Santa Marta era querido, no tenía un enemigo en ningún partido, todos estaban contentos con mi administración, y porque "ninguno es profeta en su tierra", como dijo quien sabía lo que decía. Admitida mi reiterada renuncia por el Gobierno, fui nombrado comandante general de las fuerzas que guar­necían a Panamá, Cartagena, Santa Marta y Riohacha, y me reemplazó en la Gobernación de Santa Marta el señor Carlos Fábrega, natural de la provincia de Vera­guas.

Hallándome en Cartagena en ejercicio de mi empleo, entró a la bahía el 14 de noviembre (1843) la goleta |Matilde llevando la noticia, por nota oficial, de que en la noche del día anterior habían desembarcado en armas, furtivamente, en la costa de la Ciénaga de Santa Marta, algunos de los revolucionarios de 1841, expul­sados a Jamaica. Sus jefes eran el comandante Joaquín Riascos y el capitán retirado Agapito Labar­cés, quienes figuraron como coroneles en dicha revolu­ción. Después de ellos los más notables eran los ciudadanos Gregorio Labarcés, Nicolás González y Ramón Ardila; y a éstos se unió el joven Custodio Azuero, na­tural del Socorro, que prófugo mucho tiempo hacía, apareció en la Ciénaga, dos días antes que los invasores.

El gobernador Fábregas se hallaba en dicho pue­blo de la Ciénaga de paseo con los cónsules francés e inglés, y habiendo tenido noticia inmediatamente del desembarco de los expulsados, se puso acto continuo en marcha para Santa Marta, acompañado del nobilísi­mo joven antioqueño señor Cristóbal Restrepo, vecino de la Ciénaga. Era de temerse que hubiera alguna avanzada o partida suelta en el camino real para impe­dir que de la Ciénaga se diera aviso a Santa Marta; y así no faltó quien hiciese al señor Fábregas el ofreci­miento de llevarlo por los platanales de Papares y Ga­rabuya hasta el pueblo de Gaira, donde estaría ya se­guro. Restrepo instaba al señor Fábregas para que aceptara este ofrecimiento, respondiendo de la fidelidad del honrado cienaguero que lo hacia; pero el señor Fábregas, que desconfiaba, no pudo convencerse y lo re­husó poniéndose en marcha con Restrepo, a todo: ga­lope, por el camino fatídico. A poca distancia una avanzada de los invasores, sin darles el "quien vive", sin mandarles hacer alto siquiera para reconocerlos y aprehenderlos, hace fuego y atraviesa de una bala homi­cida a Restrepo. El señor Fábregas vuelve grupa, en­tra a escape a la Ciénaga en busca de los cónsules, y es aprehendido y metido a un calabozo, en donde ya estaba el jefe político del cantón, señor Sevilla, y a cada uno se les pone un par de grillos bajo una guar­dia al mando de Azuero, con centinelas de vista. Los invasores no encontraron en el pueblo de la Ciénaga el apoyo de 500 ó 600 hombres que en sus ilusiones se prometían (aunque algunos pocos se les unieron), por­que el frío asesinato de Restrepo causó una indigna­ción general. Por el camino extraviado que el señor Fábregas no quiso seguir, un ciudadano fiel dio aviso a Santa Marta de lo sucedido, y el señor Agustín Díaz Granados, llamado a reemplazar al gobernador en cier­tos casos, se declaró en ejercicio de la gobernación, e inmediatamente hizo salir sobre la Ciénaga dos compa­ñías de infantería al mando del mayor Avilés. Este, Ilegando a las primeras casas, entró al pueblo a son de corneta, lo que sirvió de aviso a los invasores. Alarmados, se pusieron en fuga hacia la montaña de Curinca, dando de lanzadas al gobernador de la provincia y al jefe político del cantón, ambos aherrojados. Avilés ocu­pó el pueblo, cuyos habitantes, en su mayor parte, se le unieron. Una fragata de guerra francesa, que se ha­llaba en el puerto de Santa Marta, vino frente a la Ciénaga, tomó a su bordo al gobernador herido y lo llevó a Santa Marta, donde expiró al segundo día. El jefe político, señor Sevilla, vecino de la Ciénaga y pa­dre de familia, no quiso ir a Santa Marta, y murió de resultas de sus heridas algún tiempo después.

La noticia de estos atentados de alta criminalidad produjo en las provincias de la Costa extraordinaria alarma. Se suponían ramificaciones en todas ellas, en las del Norte, en Pasto y otras partes; en suma, cre­yóse que venía una nueva revolución como la de 1941, en la que se hacía sonar el nombre del general Oban­do. Era gobernador interino de Cartagena el señor Francisco Porras, quien inmediatamente que recibió la primera noticia nos llamó al general Rafael Tono y a mí a la gobernación. Tanto dicho general como yo nos impresionamos con las noticias recibidas, que ya te­nían alarmada toda la ciudad. No era posible suponer un hecho aislado, sin ramificaciones: la invasión de los expulsos a Jamaica, y los feroces asesinatos co­metidos, indicaban una resolución premeditada de gue­rra a muerte. Consultada, pues, la opinión de algunos ciudadanos respetables, acordamos que yo marchara inmediatamente con el batallón número 6º de línea a Barranquilla, como punto estratégico, para atender a cualquier movimiento que pudiera ocurrir en los pue­blos de las riberas del bajo. Magdalena, o en las ciudades de Mompox o de Riohacha, y en la misma Cié­naga, si la influencia de los jefes revolucionarios alle­gaba alguna gente. En Cartagena fue llamada, además, al servicio la guardia nacional; se fundó la goleta de guerra |Tescua a Santa Marta, y se tomaron otras me­didas de precaución, entre ellas la de trasladar a la ciudad al coronel Sarria, que se hallaba preso en Bocachica, y no había sido expulsado aún por el terror de que fuese a unirse con el general Obando y volviese a encender la desastrosa guerra del Sur.

Luego que hube llegado a Barranquilla con el ba­tallón, recibí cartas del señor Granados y de otros, en las que me decían que siguiera a Santa Marta con la fuerza de mi mando. Yo así lo verifiqué, porque las cartas eran apremiantes. En dicha ciudad había tomado la alarma mayores proporciones que en ninguna parte.

El señor Juan José Nieto no quiso embarcarse en Jamaica con los que venían para la Ciénaga; pero era voz generalizada por ellos, que con otra expedición vendría a algún punto de la provincia de Cartagena; y así habría sucedido si la intentona de los que llega­ron a la Ciénaga hubiera alcanzado buen éxito.

Sarria permaneció poco tiempo en Cartagena. Disi­pados los temores de un trastorno serio, fue embarcado para Venezuela, y permaneció en Coro hasta el año de 1850, en que, dirigiéndose a Bogotá a recibir co­ronas de hojas, murió en el camino de enfermedad natural.

No se podía conseguir la aprehensión de los inva­sores de la Ciénaga, y se sabía que hacían esfuerzos por aumentar su número. Fue preciso, pues, ofrecer premios pecuniarios a los que dieran avisos de su pa­radero. Tenían las armas en la mano, y organizar y pagar el espionaje es un derecho legítimo de la guerra. Pero ni aun así se podía conseguir su captura. Com­prendí que ya no había motivo para que yo permane­ciese en Santa Marta. En Cartagena había un número considerable de reos condenados a trabajos forzados (pues todos los sentenciados a esta pena en la Repú­blica se mandaban allá), y siendo eso una amenaza que inspiraba temores, el Gobierno me llamó con en­cargo de que volviese toda o la mayor parte de la fuerza con que salí de aquella plaza. Así lo hice en una goleta holandesa, dejando por algún tiempo una compañía del batallón para aumentar la guarnición de aquella ciu­dad, mientras la confianza se restablecía.

En Cartagena supe que el comandante Riascos y tres más de sus compañeros, aprehendidos y juzgados por los tribunales civiles, fueron sentenciados y pasados por las armas. Conforme a la ley, los expulsados que volvieran al país sin licencia del Gobierno, perdían su derecho al indulto que concedió el general Herrán en Sitionuevo; y los feroces asesinatos de Restrepo, del gobernador de la provincia y del jefe político del can­tón agravaron la causa de aquellos jefes por la res­ponsabilidad que como a tales se les atribuyó, y justifi­caron más y más la sentencia condenatoria. El capitán Agapito Labarcés murió de enfermedad en la montaña y bosques donde se había ocultado. Así concluyó aque­lla intentona inconcebible, que al principio se tuvo por trascendental y alarmó a la República.

Terminado el período administrativo del general Herrán, el partido que había triunfado en la anterior lucha, al tratar de elegir nuevo Presidente, se dividió en dos candidaturas, la del general Mosquera y la del general Borrero. No hubo elección popular, porque nin­guno obtuvo la pluralidad absoluta de los votos de los electores, y el Congreso de 1845 la perfeccionó en favor del general Mosquera. Todos los liberales que había en las cámaras votaron por el general Borrero, porque éste ofrecía la expulsión de los jesuitas, mediante una ley que derogase la que trajo a aquellos religiosos, al paso que el general Mosquera, bajo la influencia de su hermano el arzobispo, opinaba que convenía conservar­los en la República. Y estas no fueron voces vagas, sino la verdad. Yo fui diputado a aquel Congreso en la cámara de representantes, y ambos círculos tocaron conmigo; por consiguiente sé bien lo que digo sobre el particular. Prescindiendo de la cuestión jesuitas, que para mí es simplemente de tolerancia, voté por el ge­neral Mosquera, como candidato del partido militar. No me pesó haberle dado mi voto, porque su admi­nistración fue verdaderamente progresista. Conservó la paz, porque era temido: dio impulso a varias in­dustrias; abolió el monopolio del cultivo del tabaco; protegió eficazmente la navegación del río Magdalena por buques de vapor; estableció el sistema decimal para las monedas, pesas y medidas; arregló ventajosamente el ramo de correos; suprimió la circulación de la moneda cortada, llamada macuquina, y la reemplazó con moneda redonda de cordón; introdujo el sistema de partida doble en las cuentas de las oficinas de hacien­da, bajo la dirección del señor J. E. Caro, con lo que empezó a desembrollarse el caos que en este importante negociado existía; disminuyó la fuerza armada, y así dio algún desahogo al tesoro público; estableció el colegio militar, en el que, dando extensión al estudio de las ciencias exactas, se han formado ingenieros ci­viles del país (y algunos notables, como el señor Inda­lecio Liévano, el señor Manuel Ponce de León y otros Y; hizo venir extranjeros útiles; echó los cimientos del capitolio, cuya construcción, aunque lentamente, se con­tinúa; mejoró la tipografía nacional, contribuyendo a ello el señor Manuel Ancízar, bogotano, que hacía mu­chos años estaba fuera de su patria, y que después ha figurado y figura, en alta escala, en la política del país; hizo en fin, otras mejoras ve seria largo enu­merar. Por último, dio un paso atrevido llamando al ministerio de Estado al señor Florentino González, li­beral entonces de los más exaltados, lo que en algún modo sorprendió y desconcertó al partido conservador, pues no se dio ninguna razón aplicativa de esta me­dida. El último acto de su administración fue expedir una amnistía completa, gracias a la Constitución de 1843, a virtud de la cual pudieron volver al país los expulsados por la revolución anterior, entre ellos el general Obando.

Y estas administraciones de Márquez, Herrán y Mosquera fueron las que los |liberales llamaron "los doce años de la tiranía conservadora"! ¡La tiranía conservadora! Es imposible no perder la calma, por mas propósitos que hayamos hecho, cuando se leen o se recuerdan estas cosas. ¡La tiranía conservadora! Los hechos prueban que en la República no hubo tiranía sino cuando se ha victoreado a la libertad, y que fue esa tiranía peor cuando más se ensalzó la democracia.