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En: Gran Enciclopedia de Colombia. Círculo de Lectores, 1991. pp. 617-618.
Al terminar la lectura
de los artículos históricos que componen esta enciclopedia, puede uno preguntarse si el
lector, o incluso sus autores, logran comprender mejor la Colombia que vivimos hoy y
anticipar, así sea en forma muy difusa, el mundo al que estamos entrando y que estamos
construyendo. Pocas cosas producen más malestar a los historiadores que el esfuerzo de
predecir o anticipar el futuro. Su tarea se ha reducido normalmente a tratar de predecir
el pasado, con variable éxito, y si este esfuerzo menos exigente tiene dudosos
resultados, la idea de hablar de aquello que ocurrirá parece de una soberbia ilimitada.
En efecto, los teóricos de la historia han reaccionado con creciente energía contra la
pretensión positivista de que el desarrollo histórico esté regido por leyes que
permitan deducir los comportamientos futuros o la evolución de la sociedad.
Pero, ¿quién habría
podido prever en 1950 que el país entraría en una fase de modernización cultural y
social tan rápida como la que se presentó en los 30 o 40 años siguientes? ¿Quién
advirtió entonces la crisis que enfrentaría la Iglesia? ¿O el éxito de los programas
de control de natalidad? ¿Los tortuosos desarrollos de la violencia que nos
correspondería enfrentar?
¿Dónde estamos?
Para iniciar cualquier
especulación sobre el futuro próximo, que mezcla inevitablemente deseos, intuiciones y
los mecanismos más elementales de predicción, es preciso subrayar en primer término lo
más sencillo: lo que probablemente seguirá ocurriendo, como ha venido ocurriendo. Para
ello es necesario subrayar algunos de los aspectos que me parecen más significativos de
la sociedad actual colombiana:
a) La sorprendente
estabilidad de los procesos de desarrollo económico, que mantienen casi irremediablemente
un modesto pero seguro ritmo de desarrollo, claramente distinto a la experiencia
latinoamericana. Varios factores influyen en mi opinión sobre esta estabilidad, como la
descentralización relativa en la localización de los agentes económicos, la dispersión
del poder económico, gremial o sindical, la debilidad del Estado y su incapacidad para
influir demasiado sobre lo que pasa en la realidad, la gran variedad de condiciones
culturales, sociales o de dotación humana y de recursos físicos de diferentes sectores y
lugares de la geografía económica del país. Estos aspectos refuerzan la capacidad de
decisión empresarial de vastos sectores de la población, por un lado, y por el otro, han
impedido al Estado iniciar cualquier clase de política económica decidida y orientada en
un sentido transformador muy preciso. No hemos sido capaces —a pesar de que muchos
intelectuales propusieron y envidiaron a los cubanos, peruanos o argentinos por gozar de
tales bendiciones— de tener ni socialismo, ni populismo, ni peronismo, ni grandes
inflaciones, y ni siquiera esfuerzos estatales de desarrollo realmente vigorosos, como los
del Brasil. Y hemos desarrollado, eso sí, una élite tecnocrática de excelentes
economistas, que han sido capaces de imponer sus criterios profesionales a las ilusiones
de los políticos.
b) En las tres últimas
décadas, el fenómeno central de la historia colombiana es, en mi opinión, el de la
transformación extremadamente rápida de las mentalidades y las estructuras de vida
social. Ningún país de la Europa clásica tuvo un ritmo de urbanización o una
transición demográfica tan acelerada, y en ninguno se dio un cambio en los valores tan
claro en tan poco tiempo. Igualmente veloz fue el incremento en la escolaridad formal.
Para Fernand Braudel y
los teóricos de la escuela francesa, en su metáfora un tanto estratigráfica de la
sociedad, las estructuras más profundas y que más lentamente cambian son las
mentalidades, sobre las cuales, sujetas a cambios de lenta duración, se apoyan las
realidades económicas o demográficas, coronadas por el mundo de la coyuntura y la
transformación acelerada, que es el mundo de la acción política. Por eso se entretienen
tratando de mostrar la continuidad entre la mentalidad del campesino medioeval y el
pequeño propietario rural del siglo XX. Creo que pocos se atreverían, habiendo pasado
por la historia reciente de Colombia, a mantener esta visión, y muchos estarían tentados
a pensar que la mentalidad, como la política, es volátil y variable.
Por supuesto, no hay
que exagerar, y el ritmo de cambio en algunas zonas es lento o inexistente. Y por
supuesto, muchos de los nuevos valores y creencias se reconstruyen sobre bases más o
menos arcaicas, que ayudan a conformarlos. Pero quien haya leído los testimonios que
recoge Alfredo Molano en sus recientes libros (Los años del tropel, Selva adentro,
Siguiendo el corte, Aguas arriba y otros),
podrá encontrar cómo en los más
alejados y remotos rincones de la geografía nacional y en todo el espectro político, el
mundo que rige la vida personal es el del capitalismo salvaje, el del individualismo más
radical, el del consumo frenético de lo que pueda conseguirse, el del sacrificio de
cualquier consideración para el logro de las metas personales, el de la violencia latente
o visible. Y no son pocas las pruebas de que la moral de origen religioso ha perdido casi
toda eficacia, desde el plano menos dramático de la vida sexual, hasta el respeto a la
vida ajena.
En el terreno del
cambio social reciente, son conocidos los indicadores más obvios, y aunque no son un
índice siempre aceptable de calidad de vida, son lo mejor que tenemos al respecto. No voy
a mencionar sino unos pocos de esos indicadores, aunque podría encontrar docenas
adicionales: según el informe Desarrollo humano - 1990 (Bogotá, Tercer Mundo,
1991) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la tasa de
crecimiento demográfico pasó del 3% hacia 1970 al 1.8% en la actualidad; la población
urbana pasó del 48% en 1960 al 70% hoy; la fuerza laboral en la agricultura bajó del 45%
en 1965 al 25%; los gastos en educación pasaron del 1.7% del Presupuesto Nacional Bruto
en 1960 al 2.8% en la actualidad; las mujeres igualaron y superaron a los hombres en
esperanza de vida, en indicadores como la educación primaria y secundaria y están a
punto de lograrlo en la universitaria. La tasa de alfabetización llegó al 85% (en las
mujeres era ya del 88% en 1985); la mortalidad infantil descendió del 148 al 46%, entre
1960 y 1988, mientras la esperanza de vida subió 10 años, de 55 a 65, entre 1960 y 1987;
este informe también señala que Colombia fue el tercer país del mundo en el ritmo de
reducción del déficit en acceso al agua potable entre 1975 y 1986. Por otra parte, vale
la pena subrayar que los estudios más recientes sobre distribución de ingreso muestran
un mejoramiento substancial de la tendencia al deterioro que habían detectado los
análisis correspondientes a la década del 60; según la reciente síntesis de Miguel
Urrutia, el coeficiente de Gini bajó del 0.57 en 1971 (prácticamente igual al índice de
1964) al 0.45 en 1988.
c) El tercer aspecto
que debe subrayarse es el de las complejas paradojas del sistema político, casi
imposibles de describir y analizar. ¿Es un sistema político que ha fracasado o
triunfado? ¿Es sólido o débil? ¿Se trata de un Estado fuerte o de un Estado débil? En
casi todos los países hay algún consenso sobre preguntas como éstas, pero en Colombia
puede uno encontrar ejemplos de textos académicos serios donde se defiende una posición
u otra. En mi opinión, lo más significativo tiene que ver, en primer lugar, con la
legitimidad de fondo del sistema político y la aceptación por toda la población de los
valores fundamentales del régimen liberal, representativo y más o menos democrático; y,
en segundo lugar, con la ilegitimidad de sus instituciones concretas. La primera ha hecho
impensable un desarrollo de la guerrilla fuera de ciertos nichos ecológicos muy
determinados, y el segundo aspecto ha llevado a que una proporción muy elevada de
colombianos crea que aunque el sistema es bueno, sus promesas no se cumplen, o que quienes
tienen el poder se aprovechan de todos para actuar como seguramente ellos mismos lo
harían si tuvieran la oportunidad, buscando el enriquecimiento personal y sin ninguna
visión del bienestar de la sociedad.
d) Aunque el sistema
político colombiano pudo tener un éxito relativo -si se compara con los demás países
de América Latina, Colombia es, con Venezuela, Costa Rica y México, el país más
estable, el que ha tenido un desarrollo institucional más gradual, el único, con los
mismos países, que se ahorró largos años de dictadura, y uno que ha permitido un
permanente goce de libertades políticas y civiles, así como una amplia participación
política, con algunas restricciones que fueron levantadas en lo fundamental hace ya 16
años-, el sistema político colombiano también ha sido el que ha tenido un fracaso más
estruendoso en su obligación de proteger la vida de los ciudadanos. Estos años de
desarrollo económico, mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, y
modernización social y cultural, han visto también el incremento exponencial de la
violencia. Y esa violencia ha estado ligada fundamentalmente a condiciones y conflictos
políticos -así la mayoría de los casos individuales no puedan clasificarse
razonablemente como delitos políticos o como incidentes de estricta violencia política-,
lo que ha hecho que las limitaciones al ejercicio de la acción política, que la ley no
establecía, fueran impuestas por el amedrantamiento, la guerra privada, y las violaciones
de derechos de los ciudadanos hechas con complicidad de agentes estatales.
Posibles tendencias
A partir de la
situación descrita, es posible hacer diversas aproximaciones a las que podrán ser
algunas alternativas de desarrollo, algunas líneas argumentales para el drama nacional.
En el terreno
económico, no creo que se vayan a presentar cambios significativos, fuera de procesos
más o menos normales de modernización, desregulación e internacionalización, que no
tendrán probablemente impactos tan dramáticos ni tan novedosos como algunos los
presentan, pero que crearán una base firme para un desarrollo económico algo más
rápido que el que ha tenido lugar en la última década.
Nuestro producto
interno per capita probablemente será, para fines de siglo, entre un 25 y un 35%
superior al actual, a menos que una combinación favorable de buenas estrategias
económicas y una excelente, pero no previsible, coyuntura internacional, nos ayude a
lograr tasas superiores al 5% de crecimiento del producto anual. Pero aun manteniéndonos
por debajo de este nivel, teóricamente sería posible utilizar, sin afectar los niveles
de vida del resto de los colombianos, todo este incremento para aumentar el ingreso del
40% de la población que vive en una situación peor, lo que permitiría sacar a la
totalidad de la población de la línea definida como de pobreza absoluta y presentar un
país con indicadores sociales excelentes: alfabetismo completo, una tasa bruta de
educación secundaria superior al 80%, una tasa de educación universitaria alrededor del
25%, una esperanza de vida cercana a los 75 años, una mortalidad infantil inferior al 20
por mil, acceso de toda la población a servicios médicos y agua potable, supresión de
la desnutrición infantil, etc. En efecto, el país va a generar, en la próxima década,
suficientes recursos para eliminar la pobreza, sin reducir el nivel de vida absoluto de
ningún estrato de ingresos.
Pero, ¿es previsible
que el mejoramiento de los niveles de vida de los colombianos vaya a ser tan radical? Las
decisiones políticas para una reorientación drástica de los objetivos del crecimiento
son difíciles de tomar. Muchas veces la búsqueda de claros objetivos sociales ha estado
acompañada, en casi toda América Latina, por políticas económicamente improvisadas; lo
que ha desacreditado los programas centrados en el desarrollo social. En opinión de buena
parte de los dirigentes del país, aunque hoy sea posible acabar en 10 años con la
pobreza colombiana, es preferible dejar que el resultado mismo del desarrollo económico
resuelva, en forma automática, los problemas de miseria, aunque tome mucho más tiempo.
Para muchos, la salvación nacional parte ante todo del puro crecimiento, pues no hay
todavía lo suficiente para redistribuir, o si se redistribuye se afecta la tasa de
crecimiento.
Colombia tiene que
decidir cuáles van a ser sus políticas de gasto público, el nivel de apoyo que se le
dará a programas muy redistributivos, como la universalización de la secundaria o la
generalización del acceso a la salud y otros mecanismos de redistribución del ingreso.
Yo pienso que la decisión que tomarán los colombianos -pero esto no es irreversible, y
los aspectos políticos, a los que me referiré luego, muestran un gran nivel de libertad
en las líneas del proceso- no será tan clara en este sentido, y que las presiones de los
sectores de clase media -para emular en algunos aspectos los niveles de consumo más altos
y estimulados por una sociedad cada vez menos solidaria- triunfarán, apoyadas en su mejor
organización política, sindical, gremial, profesional, etc. El país gastará
probablemente la mayor parte de ese ingreso adicional que recibirá en la próxima
década, en un consumo más diversificado para los sectores medios, que ya empiezan a
tener acceso a toda una serie de consumos que constituyen símbolo de éxito social.
Por ello, creo que
llegaremos al fin de siglo con algunas mejoras substanciales de la situación de vida de
los colombianos, pero no tan amplias como sería factible: nos quedará algo de
analfabetismo, andaremos por el 75 o el 80% de cubrimiento de la población en secundaria,
la esperanza de vida estará por los 70 años y las demás cosas estarán igualmente en
niveles medios; estaremos donde están hoy países como Chile o Costa Rica, o quizás un
poco mejor, en términos de calidad real de vida de la población, aunque por encima en
términos de ingreso.
A pesar de los
esfuerzos crecientes por mejorar el control del medio ambiente, creo que también en este
campo -uno de los pocos, con la política de desarrollo científico y la inversión para
el desarrollo social, en los que el liberalismo y la ausencia de una firme intervención
estatal producen resultados casi siempre negativos-el avance será tímido. Todavía el
país cree que se desarrolla y avanza cuando tumba bosque, que la colonización, que en
otra época y en otras condiciones demográficas fue muy conveniente, lo sigue siendo, y
la ley, en vez de castigar, sigue premiando con una oferta de propiedad a quienes están
destruyendo la selva para instalar unas actividades agrícolas que tienen costos
económicos muy superiores a su rentabilidad. La conciencia sobre el medio ambiente, sin
embargo, ha ido creciendo, y éste probablemente se irá convirtiendo en uno de los temas
centrales de debate y decisión política en la próxima década.
Culturalmente, no tengo
dudas de ello y no dejo de lamentarlo, creo que el país se homogenizará con más rapidez
de lo que lo ha hecho en las últimas décadas, bajo el impulso de la incorporación
acelerada de elementos centrales de la cultura de masas contemporánea. Aunque confío en
la capacidad e inventiva de nuestros creadores literarios y artísticos, dudo que la
población que está ingresando a chorros en la modernidad les atienda demasiado, y me
temo que preferirán los productos lamentables, industrializados y de origen internacional
de los medios de comunicación. Y los valores que impregnarán la cultura serán, casi con
certeza, aun más individualistas, más centrados en el consumo y el éxito económico, a
menos que la urgencia ecológica logre imponer algún freno a estas tendencias. Será
interesante ver hasta dónde logran influir los esfuerzos por hacer más firmes y
aceptados los elementos culturales regionales o asociados con grupos étnicos
específicos: ¿habrá algo más de antioqueñidad, o de negritud, o de recuperación de
la tradición indígena? En mi opinión, la resistencia es difícil y sólo algunos grupos
indígenas tienen la energía requerida para conservar su identidad en el marco cada vez
más dominante de la cultura colombiana de masas. El otro asunto es el de los avances de
formas de pensamiento más racionales y el de la supervivencia o el reforzamiento de toda
clase de formulaciones mágicas. El pensamiento científico occidental, las formas de
racionalidad que le son inherentes, las estructuras del discurso y la argumentación
propios de él, son apenas un barniz superficial para la mayoría de los colombianos. Los
mismos medios de comunicación de masas son, en gran parte, ajenos a ellos. Este es el
terreno en el que el avance de la modernización, indudable en otros campos, es más
precario, y seguirá siéndolo mientras subsista un sistema educativo autoritario, basado
en el aprendizaje de contenidos predeterminados y no en la experimentación, la
participación en el descubrimiento, el razonamiento, la demostración y el debate
científico activo.
Por supuesto, cualquier
análisis de la calidad de vida debe tener en cuenta un aspecto esencial de ella, que
tiene que ver con lo más volátil e impredecible de la sociedad: el cambio político. La
reciente reforma constitucional refleja un consenso muy obvio de lo que el país quería:
cambios en el Congreso, más derechos humanos, más participación popular y más
descentralización o, si se quiere, federalismo, y un sistema judicial más eficiente.
Como yo no creo que el
Estado colombiano haya sido realmente muy centralista ni muy autoritario -por falta de
recursos, aunque no de ganas-, ni que la Constitución fuera una gran traba para la
participación política -la traba estaba en los partidos, en sus representantes en el
Congreso y en la maquinaria que lograron montar-, el cambio institucional no será muy
dramático, pero, en conjunto, tengo cierta confianza en que estos cambios menores en el
ordenamiento constitucional reforzarán otros procesos de modernización del sistema
político, de los cuales se veían indicios hace ya algún tiempo, y que sin duda se
están acelerando.
¿Tendremos una crisis
del clientelismo en su sentido tradicional? ¿El voto se hará en forma más libre e
independiente? ¿Responderá algo mejor el sistema político a las preferencias de la
población? Yo creo que sí, y que en ese sentido vamos, sin grandes revoluciones, sin que
esto implique la desaparición de ciertas formas de clientelismo local o regional, hacia
una política prácticamente moderna, pluralista y tolerante, que pudo haber sido generada
sin reforma constitucional, pero que ante la ceguera de nuestros congresistas hubo que
llevar al constituyente primario.
El gran interrogante es
si es posible resolver, en un plazo razonable, el problema de la violencia, y yo creo, a
pesar de todo lo que muestra su indestructible permanencia, que esto es posible. La
guerrilla está viviendo sus últimos días, y aunque tiene la capacidad de hacer su
agonía muy destructiva para los colombianos, carece del argumento político que pudo
sostenerla hace 20 ó 30 años. Al mismo tiempo, es posible recuperar la legitimidad y la
capacidad del Estado en el terreno del orden social; la legitimidad, para que al actuar
dentro de la ley, los mismos agentes del Estado no sean instrumentos en el mantenimiento
de una espiral de retaliaciones sucesivas; y la capacidad del Estado, para imponer el
monopolio en el ejercicio de la fuerza, mejorando su habilidad para descubrir, capturar,
condenar y rehabilitar a quienes usen la violencia contra sus conciudadanos. Al Ejecutivo
le corresponde diseñar políticas de seguridad nacional que se funden en una visión
democrática de la sociedad, en la necesidad de desarmarla y de reducir las tensiones
entre los diversos sectores. La Constituyente creó bases adecuadas para la reforma de la
justicia, pero es necesario hacerla funcionar.
Es necesario también
que el sistema político refuerce sus elementos participativos y su capacidad para
resolver los conflictos, buscando el acuerdo y no la confrontación mediante la fuerza, si
no queremos seguir conviviendo con un elevadísimo nivel de violencia, para el cual están
sembradas las semillas y creadas las condiciones.
La capacidad para
reducir la violencia, para hacer que la vida diaria de los colombianos no esté marcada
por el asedio permanente del terrorismo, del secuestro, de la acción de los delincuentes
y de la arbitrariedad oficial, será la piedra de toque de la acción estatal, la medida
de que la nación y sus gobiernos han orientado exitosamente sus esfuerzos hacia el
ingreso del país en las formas plenas de vida civilizada, que han eludido a Colombia ya
casi durante medio siglo.
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