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INDICE
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CAPITULO XIX
EL DERRUMBE DE LA AUTORIDAD POLITICA
DE ESPAÑA
EL ULTIMO símbolo del Imperio. - La influencia francesa. -
Napoleón. - Crisis de la Monarquía española. - Bayona. Los derechos
dinásticos de Fernando VII. - Junta Central de Sevilla. - La
Constitución napoleónica - Igualdad de derechos entre la Metrópoli
y los Dominios. - El "Memorial de Agravios". - Los criollos
rechazan la dominación francesa. - Actitud de las autoridades
coloniales. - La Independencia se planea contra Francia. -
Conflicto entre los criollos y la Audiencia. - Rebelión de los
Marqueses. - Desacuerdo del Virrey y la Audiencia. - La Virreyna y
Rosillo. - Se aproxima la crisis. - El ejemplo de los Comuneros.
-Nariño o la Revolución. - Camilo Torres o la Fronda de los
Cabildos. - Los "descendientes de don Pelayo". - La hora
decisiva.
LOS AÑOS finales del Siglo XVIII se encargaron de demostrar que
España tenía poco que ofrecer, en el campo económico, a los
Dominios americanos. Su potencialidad industrial no correspondía ya
a las demandas de los mercados de Ultramar y su economía había
dejado de operar como un mercado atractivo para la producción
exportable de América. Llegó el momento, por lo tanto, en que los
hechos económicos dejaron de ser vínculos y se convirtieron en
factores separatistas, en que los precios, los mercados, la
capacidad de compra y de venta se atravesaron, como grandes
soluciones de continuidad, entre la Metrópoli y sus Dominios.
Sobre las fronteras que dibujó la economía sólo pudo perdurar la
antigua autoridad política de la Corona, cuyo profundo arraigo en
los pueblos hispanoamericanos sirvió para contrarrestar, en aquella
hora de crisis, la eficacia aislante de los hechos económicos. Los
Borbones fracasaron, es verdad, en su empeño de sujetar el
desarrollo de los Dominios a las pautas de la decadente economía
metropolitana, pero los vínculos intangibles, personificados en la
Corona, continuaron operando como poderosa fuerza de gravedad que
anulaba las múltiples tendencias de dispersión. La realidad
histórica del pasado de mostraba poseer una consistencia que le
permitía disputar el terreno, palmo a palmo a las exigencias no muy
precisas del porvenir.
Los hechos brutales de la política mundial se iban a en cargar,
sin embargo, de derrumbar este último factor aglutinante, porque la
Revolución francesa engendró en Europa un nuevo y formidable poder
y la dinámica expansiva del mismo, estaba destinada a destruir las
últimas soldaduras simbólicas que prolongaban difícilmente la vida
del Imperio Español. Desde el momento en que Bonaparte se
convirtió, con todas sus limitaciones, en el vocero de los
radicales cambios ocurridos en la Revolución, en España se produjo
una nueva distribución de las fuerzas políticas y Napoleón fue
mirado como el símbolo de un orden nuevo, como la esperanza de
quienes ambicionaban libertarse de las férreas ataduras del pasado.
No fue por obra del acaso que un pintor revolucionario, como Goya,
sintió tan franca admiración por Bonaparte.
La influencia de Napoleón en España se vio reducida, no
obstante, desde el momento en que su conflicto con la burguesía
británica la forzó a organizar el bloqueo continental. Como España
y muy particularmente Portugal constituían entonces una de las vías
principales de penetración del comercio inglés en el Continente, y
sus vastos imperios coloniales representaban un factor decisivo en
la lucha por la hegemonía mundial, Napoleón se vio precisado a
contemplar la necesidad de incorporar estas áreas geopolíticas a la
zona de influencia del Imperio francés y las gestiones diplomáticas
realizadas en este sentido determinaron profundos cambios en la
opinión peninsular. Las generosas ideas de la Revolución Francesa,
que anteriormente despertaron grandes simpatías en el pueblo
español y en sus intelectuales artistas, perdieron muchos de sus
atractivos desde el momento en que se las identificó con la
hegemonía política de Francia. La firma del Tratado de
Fontainebleau, que autorizó el paso, por territorio español, del
ejército francés destinado a ocupar a Portugal, causó grande
indignación en le Península y quienes lo negociaron - el Rey Carlos
IV y su Ministro Manuel Godoy -, fueron objeto de severas
críticas.
Debe reconoeerse, no obstante, que la importancia de la
oposición organizada contra la política de la Corona, tuvo mucho
que ver con las características individuales de los personajes que
actuaron como voceros de esa política. Carlos IV era la
personificación exacta de los Déspotas Ilustrados de la Casa de
Borbón, tan pródiga en reyes degenerados, vanidosos e ineptos. Como
le fastidiaban los negocios del Estado, entregó insensiblemente el
gobierno a don Manuel Godoy, hombre de agudo talento pero de
escasos escrúpulos, quien se aproximó a las gradas del trono sin
otro título que el de ser el amante de la Reina María Luisa, esposa
de Carlos IV. Godoy se esforzó por salvar a España de la crisis que
presentía cercana, pero su insaciable apetito de honores y su poca
delicadeza personal se encargaron de desprestigiar sistemáticamente
las soluciones que su talento ideó en los momentos decisivos.
Rodeado de la hostilidad y el menosprecio de la nobleza española,
detestado por el príncipe Fernando, heredero del trono, Godoy se
vio precisado a rodearse de un partido de válidos y parásitos,
quienes le apoyaban en la medida que el favorito les permitía
enriquecerse a costa del Tesoro Público. Obligado a defender una
posición que todo el mundo le discutía, no tuvo manera de atender
con regularidad los negocios del Estado, y la eficaz oposición de
Fernando, alimentada por el odio que dicho príncipe profesaba a su
padre Carlos IV, logró paralizar los esfuerzos realizados por el
Ministro para convenir un "modus vivendi" con el
Imperio napoleónico, lo mismo que las medidas que éste imaginó,
como último recurso, cuando juzgó inevitable la invasión francesa.
Godoy pensó en trasladar la Corte española a México y este proyecto
sirvió de pretexto a Fernando para estimular una serie de graves
perturbaciones del orden público, que obligaron a Carlos IV a
destituir a su Ministro y finalmente a abdicar la Corona en favor
del Príncipe heredero, quien ascendió al trono con el título de
Fernando VII.
Las rencillas y rivalidades de la familia real española,
llevaron a Napoleón a formarse una idea errada sobre el carácter
del pueblo español y convencido de que las autoridades
peninsulares, tal como estaban constituidas, no le ofrecían
seguridad bastante de que ellas se opondrían eficazmente a la
penetración inglesa en el Continente, decidió deponer a los
Borbones y colocar en el trono de España a una persona de su
confianza. Contando con la antipatía que se profesaban Carlos IV y
su hijo Fernando VII, consiguió convencerlos de que se
entrevistaran, bajo su patrocinio, en Bayona y allí se cumplió una
de las escenas más vergonzosas de la historia de España. Sólo con
trabajo consiguió Bonaparte contener su repugnancia ante los cargos
que respectivamente se formularon padre e hijo y ante las sórdidas
intimidades familiares que allí se revelaron. El odio mutuo de los
dos monarcas permitió a Napoleón obtener que Fernando le devolviera
la Corona a su padre, en el entendido de que éste procedería
inmediatamente, como lo hizo, a abdicar del trono español en favor
del Emperador de Francia. Una vez protocolizadas las abdicaciones,
Bonaparte ofreció el trono español a su hermano José, quien lo
aceptó en momentos en que los ejércitos franceses completaban la
ocupación militar de los principales puntos estratégicos del norte
de la Península.
Como Napoleón no ignoraba que la hegemonía francesa sobre España
sólo tendría un valor relativo mientras ella no comprendiera el
inmenso imperio colonial de América, imperio que Inglaterra miraba
con codicia, el 15 de mayo de 1808 ordenó a su Ministro de Negocios
Extranjeros, Conde de Champagny, dirigir una comunicación urgente a
cada uno de los Virreyes y Capitanes Generales de los dominios
americanos, informándoles de los hechos cumplidos en Bayona,
ofreciéndoles la seguridad de que continuarían en sus cargos y
haciendo hincapié en que la soberanía de España no sufriría mengua
por su estrecha alianza dinástica con el Imperio francés. La nota
de Champagny, dirigida a las autoridades de América el 17 de mayo,
decía: « Señor tengo la honra de enviar a usted el informe de los
sucesos que han ocasionado la renuncia de la Corona por S.M. el Rey
Carlos IV, el príncipe de Austria y todos los príncipes de la
familia real, quienes la han cedido con todos sus derechos a S.M.
el Emperador de los franceses, Rey de Italia... La independencia de
España, la integridad de su territorio, la unidad de su religión le
quedan garantizados... Persiguiendo este fin fue que el Emperador
llamó al trono de España a su hermano José Napoleón, Rey de Nápoles
y Sicilia, quien por instantes debe llegar a Madrid. El Emperador
confía en la lealtad de usted para secundar sus intenciones. El
nuevo Soberano confirma a usted en el cargo que desempeña,
confiando al mismo tiempo al honor y al patriotismo de usted la
seguridad y guardia de la Colonia por Ud. gobernada... La dinastía
ha cambiado, pero la monarquía subsiste.
Usted debe considerar a honor y deber defender la parte de este
depósito a usted confiada, e impedir que una monarquía tan bella
pierda una sola de sus preciosas posesiones... La noticia que
comunico a Ud. señor, debe ser conducida por buques españoles,
enviados de Cádiz por el actual gobierno de España; pero el
Emperador ha considerado conveniente comunicarla al mismo tiempo a
Ud. por otras vías, a fin de que usted no se encuentre, por un solo
momento, en la incertidumbre de la conducta que debe seguir».
Mientras Napoleón se ocupaba del destino de las posesiones
americanas, el pueblo español daba su respuesta inequívoca a los
escandalosos hechos ocurridos en Bayona. Desde el día 23 de mayo de
1808 se produjeron levantamientos populares en muchas provincias y
el grito de ¡Viva Fernando VII y abajo los franceses! se convirtió
en la bandera que enarbolaron las multitudes para defender la
Independencia nacional. Espontáneamente se constituyeron, eh las
Provincias, Juntas "con servadoras de los derechos de Fernando
VII", y en los campos aldeas surgieron ejércitos improvisados,
guerrillas de la gleba, armadas de viejos fusiles e instrumentos de
labranza. La rebelión se extendió rápidamente por toda la
Península, sin que bastaran los regimientos franceses para reducir,
a límites manejables, aquel formidable despertar de las energías de
un pueblo abandonado por sus Reyes y menospreciado por sus ineptas
clases dirigentes.
Napoleón no concedió la importancia debida a la espontánea
resistencia que se le ofrecía en España y, el 6 de junio de 1808,
reunió, en Bayona, a un numeroso grupo de nobles de burgueses
españoles y ante ellos promulgó el Decreto Imperial en el cual
otorgaba oficialmente la Corona a su hermano José y ofrecía a
España una Constitución de rasgos liberales, en cuyo Título X se
declaraba que "los Reves y provincias españolas de América y Asia,
tendrán los mismos derechos que las provincias españolas". El texto
de dicho Título estaba cuidadosamente calculado para conseguir la
simpatía de América y los efectos del mismo no se hicieron esperar.
El día 8 de julio de 1808, eminentes personalidades de los dominios
firmaron, en la Capital española, el Acta famosa en la que ofrecían
su adhesión y acatamiento al Rey José en las ceremonias celebradas
ese día participaron activamente varios granadinos, encabezados por
el Conde de Casa Valencia y don Francisco Antonio Zea. Para dirigir
la palabra al lluevo Monarca fue comisionado el señor Zea y los
términos de su discurso revelan el impacto causado, en el ánimo de
los americanos residentes en España, por las promesas liberales de
Napoleón. «Los representantes de vuestros vastos dominios de
América - dijo Zea al Rey José - no contentos con haber tributado a
V.M., en unión con la Metrópoli, el homenaje debido a su soberanía,
se apresuran a ofrecerle el de su reconocimiento por el aprecio que
V.M. ha manifestado hacer de aquellos buenos vasallos en cuya
suerte se interesa tan vivamente. de cuyas necesidades se ha
informado y cuyas largas desgracias han conmovido su corazón
paternal. Olvidados de su gobierno, excluidos de los altos empleos
de la Monarquía, privados injustamente de la ciencia y de la
ilustración y, por decirlo todo de una vez, compelidos a rehusar
los dones que les ofrece la naturaleza con mano liberal, ¿podrían
los americanos dejar de proclamar con entusiasmo una Monarquía que
los saca del abatimiento y de la desgracia, los adopta por hijos y
les promete la felicidad? No, señor. No se puede dudar de los
sentimientos de nuestros compatriotas - los americanos - por más
que los enemigos de V.M. se lisonjean de reducirlos; nosotros nos
haríamos reos a su vista; todos unánimes nos desconocerían por
hermanos y nos declararían indignos del nombre americano, si no
protestáramos solemnemente a V.M. su fidelidad, su amor y su eterno
reconocimiento».
Aunque importantes sectores de la nobleza y de la burguesía
españolas no ingresaron en las filas del partido francés, esos
sectores se mostraron visiblemente temerosos de que la heroica
resistencia del pueblo pudiera desembocar, a la postre, en una
revolución social y por ello se apresuraron a constituir
autoridades provisionales a fin de impedir que el pueblo, después
de pagar su cuota de sangre pudiera reclamar los beneficios de la
nacionalidad, por cuya supervivencia había combatido. Así nació el
25 de agosto de 1808, la famosa Junta Central, cuya sede hubo de
trasladarse a Sevilla para ponerla fuera del alcance de los
ejércitos franceses. En esta Junta se inició una sorda lucha entre
el pueblo español y las caducas oligarquías peninsulares y « desde
el principio - dice el historiador Vásquez Fraile - se manifestaron
en ella dos tendencias: una dirigida por el Conde de Floridablanca,
|enemiga de reformas y partidaria del antiguo régimen, y
otra, inspirada por Jovellanos, que pedía la convocatoria de
Cortes. Prevaleció el primer criterio y la Junta se dedicó a
publicar proclamas y manifiestos y a dar disposiciones extrañas a
la guerra ». Enfrentada la Junta de Sevilla al revolucionario
Título X de la Constitución dada por Bonaparte a España, título que
reconocía a las Colonias los mismos derechos que a la Metrópoli, no
tuvo más remedio que otorgar concesiones semejantes y afirmar en un
célebre Manifiesto que los Dominios no son "propiamente colonias o
factorías, como las de otras naciones, sino una parte esencial e
integrante de la Monarquía española". Con el mismo espíritu
defensivo, la Junta dio por canceladas la diferencias entre España
e Inglaterra y celebró un Tratado de alianza con la Gran Bretaña, a
fin de adelantar conjuntamente la guerra contra Napoleón. Mediante
este Tratado se abrieron los puertos de América a la flota de
guerra inglesa y se asignó a dicha flota la misión de defender las
costas americanas contra cualquier amenaza naval francesa. Desde
entonces comenzó Inglaterra a valerse de las dificultades de España
para arrancarle concesiones y minar profundamente la influencia de
su aliado en tierras americanas. El sentido de la política
británica lo definieron las instrucciones enviadas algún tiempo
después, por el jefe del Foreign Office, Marqués de Wellesley, al
Embajador inglés en España: « Los servicios que Su Majestad - le
decía - ha podido prestar a España hasta ahora no tienen otros
límites que los recursos del Reyno. Pero es evidente que cesará
todo apoyo si no se nos proporcionan recursos adicionales.
|Estos
recursos consistirán, sobre todo, en abrir a los súbditos de Su
Majestad los grandes ramos del comercio con las colonias de España.
Hacedlo entender así en los términos más claros ».
Sería un error suponer que la Junta de Sevilla obró sinceramente
al promulgar a última hora, la doctrina de la igualdad de derechos
entre los Dominios y la Metrópoli. Esta doctrina tuvo todas las
características de un simple acto de propaganda y así se encargó de
demostrarlo la misma Junta en el momento en que se vio compelida a
precisar la participación que estaba dispuesta a reconocer a los
Dominios en el gobierno de la Metrópoli. Cuando los americanos
confiaban en que se les permitiría enviar a la Junta Central un
número de representantes equiparable al de las provincias de
España, dado que la población de los Dominios era igual o superior
a la de la Metrópoli, sólo les reconoció una representación
subalterna, que se determinó en el Reglamento promulgado para
establecer las circunscripciones electorales de América. De acuerdo
con dicho Reglamento, la representación total de los Dominios se
redujo a nueve diputados, en momento en que las provincias de
España estaban representadas por treinta y seis diputados. « La
Junta Central - dice el historiador Restrepo - disponía que cada
uno de los Virreynatos y Capitanías Generales independientes
nombraran un diputado para la Junta. La injusticia no podía ser más
clara; provincias pequeñas de España habían elegido dos diputados,
y los vastos Reynos de América, el de México por ejemplo, que tenía
la mitad de la población de la Península, solamente enviaría uno
».
A los Cabildos correspondió asumir la personería del descontento
que se suscitó en América por el injusto tratamiento otorgado a los
Dominios y en Santafé se resolvió, por los Regidores de su Cabildo,
conferir instrucciones especiales al Diputarlo electo del Reyno
granadino, don Antonio de Narváez, para que solicitara, al llegar a
España, la convocatoria de Cortes y diera a conocer a la Junta de
Sevilla los términos que, en concepto del Cabildo, debían servir de
pauta a las futuras relaciones entre la Metrópoli y sus Dominios.
Las instrucciones fueron firmadas por don Gregorio Gutiérrez
Moreno, Síndico Procurador del Ayuntamiento, y sus apartes
principales decían: « Que siendo el origen funesto de las
calamidades que sufre la Monarquía el abuso con que se ha
depositado en los Ministros toda la autoridad soberana, que han
ejercido tirana y despóticamente en agravio de nuestras antiguas
leyes constitucionales que lo prohiben, el Excelentísimo señor
Diputado pedirá el cumplimiento de estas mismas leyes, con la
protesta de que se reconoce y jura al Soberano (Fernando VII), bajo
la precisa condición de que él también jura su obediencia y se
sujeta a las variaciones y adiciones que el tiempo y las
circunstancias hagan conocer como necesarias a juicio de las
Cortes. Que éstas deben quedar permanentemente establecidas con el
objeto ya indicado, constituyendo un cuerpo que tenga una verdadera
representación nacional y en que se le dé igual parte a la América
que a la España. Que debiendo ser una, igual y uniforme
representación de ambas, no reconocerá el Señor Diputado de este
Reyno superioridad alguna respecto de las de la Península; antes,
por el contrario, sostendrá su representación americana con igual
decoro al de la española, reclamando al efecto la pluralidad de los
votos de ésta respecto de los de aquélla ».
El Cabildo creyó conveniente, también dirigir una
"Representación" a la Junta de Sevilla y para redactarla se
comisionó a uno de los capitulares, a don Camilo Torres, quien
elaboró el famoso documento conocido en nuestra historia con el
nombre de "Memorial de Agravios". Por razones que
se ignoran, el Cabilclo no acogió dicho escrito cuando se le
presentó, y al decir de José María Cárdenas, descendiente del señor
Torres, « el Cabildo se intimidó cuando le fue presentado el
proyecto de la Representación y resolvió archivarla. Luego que se
efectuó la transformación política (de 1810), se pensó más de una
vez en imprimirla y dificultades del momento lo impidieron siempre;
de lo cual resultó que se conservara inédita en todos los seis años
de la primera época ».
Aunque el "Memorial de Agravios" no tuvo efectos políticos de
importancia en su época y sólo lo conocieron contadas personas, su
texto sirve, mejor que cualquier otro documento, para precisar la
profundidad de los cambios que estaban operándose en el clima
político de América y la altiva resolución que tenían los criollos
de intervenir en el gobierno de los Dominios, alegando sus títulos
de descendientes de los conquistadores y de herederos legítimos de
la hegemonía que ellos establecieron sobre las poblaciones
aborígenes de América, a las que miraban con mayor menosprecio que
sus mismos antepasados. «El Ayuntamiento de la Capital del Nuevo
Reyno de Granada - dice Torres en el "Memorial" - no ha podido ver
sin un profundo dolor que, cuando de las provincias de España, aún
las de menos consideración, se han enviado dos vocales a la Junta
Suprema Central, para los vastos, ricos y populosos dominios de
América, sólo se pida un diputado de cada uno de sus Reynos y
Capitanías Generales, de modo que resulte una tan notable
diferencia como la que va de nueve a treinta y Seis... América y
España son dos partes integrantes y constituyentes de la Monarquía
Española y bajo este principio y el de sus mutuos y comunes
intereses jamás podrá haber un amor sincero y fraterno sino sobre
la reciprocidad e igualdad de derechos. Las Américas, señor, no
están compuestas de extranjeros a la nación española. Somos hijos,
somos descendientes de los que han derramado su sangre por adquirir
estos nuevos dominios de la Corona de España, que han extendido sus
límites y le han dado en la balanza política de la Europa una
representación que por sí sola no podía tener.
|Los naturales
(los indios), conquistados y sujetos hoy al dominio español, son
muy pocos o son nada, en comparación de los hijos de europeos que
hoy pueblan estas ricas posesiones... Así, no hay que engañarnos en
esta parte; tan españoles somos como los descendientes de don
Pelayo, y tan acreedores por esta razón a las distinciones,
privilegios y prerrogativas del resto de la nación española, como
los que, salidos de las montañas, expelieron a los moros y poblaron
sucesivamente la Península. Con esta diferencia, si hay alguna:
que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de indecibles
trabajos y fatigas descubrieron, conquistaron y poblaron para
España este Nuevo Mundo. Seguramente que no dejarían ellos por
herencia a sus hijos una odiosa distinción entre españoles y
americanos, sino que, antes bien, creerían que con su sangre habían
adquirido un derecho eterno al reconocimiento, o por lo menos, a la
perpetua igualdad con sus compatriotas... ¿Diez o doce millones de
almas que hoy existen en estas Américas recibirán la ley de otros
diez o doce millones que hay en España, sin contar para nada con su
voluntad? ¿ Les impondrán un yugo que tal vez no querrán reconocer?
¿Les exigirán contribuciones que no querrán pagar?... ¿Teméis el
influjo de la América en el Gobierno?... ¿Y, por qué lo teméis?...
Si es un gobierno justo, equitativo y liberal, nuestras manos
contribuirán a sostenerlo. El hombre no es enemigo de su felicidad.
Si queréis inclinar la balanza al otro lado, entended que diez o
doce millones de almas con iguales derechos, pesan otro tanto en el
plato que vosotros formáis.
|Más pesaban sin duda siete millones
que constituían la Gran Bretaña europea que tres que apenas formaba
la Inglaterra americana; y con todo la justicia cargada de su parte
inclinó la balanza ».
La importancia de este tipo de exigencias y reclamos pasó a un
segundo plano de interés, no bien comenzaron a conocerse en América
los desastres de las fuerzas españolas enfrentadas a los ejércitos
de Napoleón. La ocupación de Madrid, la caída de Zaragoza y la
pérdida, por las armas españolas, de las decisivas batallas de
Ocaña, Alba de Torrens y Tamanes, no pudieron ocultarse a los
americanos por mucho tiempo, no obstante que las autoridades
coloniales se sirvieron de todos los medios, incluyendo la
violación de la correspondencia, la censura y el registro de
buques, para evitar que tales desastres se divulgaran. A principio
de 1809 se conocía ya en las principales capitales de América -
incluyendo Santafé - la desesperada situación de las fuerzas
españolas y pocos dudaban que la Península sería sojuzgadá por los
franceses y el Rey José se afianzaría sólidamente en el trono de
España. Así se planteó en América el problema que tan decisivas
repercusiones tendría en el futuro político del Nuevo Mundo. ¿Se
someterían los Dominios, en caso de triunfar Napoleón, a la
dinastía imperial francesa, representada por el Rey José? ¿Se
resignaría América, una vez sojuzgada la nación española, a
continuar formando parte de una Metrópoli sometida al Imperio
francés? Tales preguntas, que fatalmente debieron formularse tanto
los Virreyes y Capitanes Generales como las personalidades más
destacadas de la casta criolla, determinaron reacciones opuestas en
los dos estamentos. La burocracia española entendió, desde el
primer momento, que la vigencia de sus cargos y de su autoridad
sobre las Colonias dependía de la sujeción de ellas a la Metrópoli,
|cualquiera que fuera la dinastía reinante. En esta decisión
los acompañaron los peninsulares residentes en América, cuyos
privilegios dependían de la intangibilidad de los vínculos de
dependencia colonial. Se comprende, por tanto, que el Virrey del
Nuevo Reyno de Granada, don Antonio Amar y Borbón, no vacilara en
declarar, en sus conversaciones íntimas, que « América seguirá la
suerte de la Metrópoli y se sujetará a la dominación de cualquiera
que reinase en España».
Tal era la contingencia que no estaban dispuestos a correr los
criollos, a cuyas manos pasó entonces la defensa de las tradiciones
Ellos no rechazaron la influencia francesa, que América venía
padeciendo desde el ascenso de la dinastía Borbónica al trono de
España, sino la influencia de la Revolución Francesa,
personificada, con todas sus limitaciones, en Napoleón. La
propaganda de los ideólogos de la Revolución contra la esclavitud
era motivo de visible alarma entre los grandes propietarios
criollos del Nuevo Reyno y la Capitanía General de Venezuela, y
«entre los negros - dice Carlos Pereira - corría la voz de que esta
casta omnipotente (la criolla) había secuestrado una Real Cédula
que abolía la esclavitud. Por otra parte, de los salones de los
blancos bajaban a las chozas de los negros, libres y esclavos, los
rumores de una gran Revolución efectuada en Francia y en Haití. La
ley de los franceses, decían, emancipaba al esclavo y daba el poder
político al negro ». Parecidos temores sentían los criollos ante la
posible influencia de las ideas y prácticas anti-religiosas de la
Revolución Francesa, y así se comprende la frecuencia con que
acusaban a las autoridades coloniales de poner en peligro "nuestra
amada religión", permitiendo la influencia disociadora del ateísmo
francés.
Nada tiene, pues, de extraño, que los núcleos dirigentes de la
oligarquía granadina, particularmente en Santafé, se hubieran
convertido en los defensores apasionados de los derechos dinásticos
de Fernando VII y que, dando pruebas de mayor lealtad a la nación
española que las propias autoridades coloniales, redujeran sus
esfuerzos a exigir de la Monarquía una completa igualdad de
derechos con los españoles y la formación en América, de acuerdo
con las tradiciones forales de España, de un tipo de gobierno en el
que tuvieran plena representación los "patricios" de las sociedades
americanas. Tal fue la doctrina que tenazmente sostuvieron don
Camilo Torres y los más destacados abogados de Santafé, y ella
inspiró la política del estamento criollo durante todo el lapso en
que las noticias de Europa permitieron abrigar alguna esperanza de
que el pueblo español defendería su independencia.
Esta situación se modificó, explicablemente, cuando se
conocieron los desastres de las fuerzas españolas, lo cual obligó a
los americanos a reconocer que no estaba lejana la fecha en que
José Bonaparte reinaría de manera regular en la Metrópoli. Fue esta
indeseable eventualidad, y no el odio a España como suele decirse,
la razón que obligó a los
|patricios criollos a considerar la
posibilidad de la Independencia, concebida no como un movimiento
para libertarse de España sino de Francia, de la Francia de la
Revolución, que simbolizaba Bona parte. « Asegurad vuestros puertos
- diría Camilo Torres - y no déis entrada por ahora a los enemigos
de Europa. Napoleón no os hará la guerra con soldados franceses.
Enemigos españoles serán los que él enviará a sujetaros, no con
fusiles y bayonetas sino con seducciones y engaños.
|La
Constitución napoleónica será un contagio funesto, que apestará
nuestros pueblos. Perseguidla, quemadla y quemad vivo al que quiera
introducirla, o publicarla entre nuestros hermanos. Los más
distinguidos oficiales del ejército enemigo vendrán a
sorprendernos, disfrazados de hortelanos, peluqueros y aún
cocineros. Nada les parece ruín y vil a estas gentes seductoras,
como consigan dividir las opiniones, propagar la Constitución
napoleónica y engañar a los incautos ». Fue la amenaza de la
Francia revolucionaria la que aceleró la crisis, puso término a las
indecisiones y dos consignas célebres resumieron, en América, las
tendencias de los distintos intereses en juego. Los funcionarios
españoles dijeron: « Los franceses antes que la emancipación » y
los criollos respondieron: « La emancipación antes que los
franceses ».
El Capitán Beaver, enviado por aquellos días a Tierra Firme por
el Almirante de la flota británica, con base en las Barbadas,
remitió a su superior un informe concebido en los siguientes
términos: « Creo poder aventurarme a decir que ellos - los criollos
- son en extremo leales y apasionadamente adictos a la raza
española y a la Casa de Borbón; y que mientras haya alguna
probabilidad de volver Fernando VII a Madrid, permanecerán leales a
la madre patria. Pero si tal cosa no sucediera pronto creo afirmar,
con igual certidumbre, que se declararán independientes. Esta gente
aspira, para uno u otro caso, pero particularmente en el último, a
una alianza con Inglaterra... Los franceses son detestados.. ».
En mayo y junio de 1809 llegaron a Santafé, con el acostumbrado
retardo, algunas gacetas inglesas y el correo de la Península, y
así se supo en la ciudad que los ejércitos españoles estaban
empeñados en una desesperada resistencia en las proximidades de
Cádiz, último baluarte, al parecer, de la Junta Central. « El 3 de
junio aperecieron fijados - dice Monsalve - varios pasquines en las
puertas del Palacio Virreynal, en la casa del Oidor de Alba, en los
puentes de la ciudad y en otros lugares públicos, en que se pedía
la organización de las milicias y medidas de precaución contra un
posible tumulto de los franceses residentes en la ciudad ». Los
Oidores de la Audiencia comprendieron que estaba próxima la hora en
que debían tomar decisiones trascendentales y procedieron a
disponer la ejecución de las medidas de seguridad indispensables
para conservar el control político y militar del Virreynato, a fin
de no correr el riesgo de ser sorprendidos por una rebelión cuando
se cumpliera el total sojuzgamiento de la Península por los
ejércitos franceses. « Hechuras de Godoy - dice Camilo Torres -
tramaban asegurar todas las provincias a su partido. Desconfiados
de que los americanos entrasen en sus ideas, arrancaron de los
gobiernos y corregimientos a todos los patricios para sustituirlos
por europeos de su partido... ».
Como la visible intención de las autoridades coloniales era
obligar a los Dominios a correr la suerte de la Metrópoli,
cualquiera que ella fuera, uno de los primeros movimientos
subversivos en que se comprometieron los criollos, el cumplido en
Quito el 10 de agosto de 1809, se adelantó con la con signa de "no
dejarse sorprender por el enemigo (los franceses), que se
aproximaba ya a los puertos marítimos de España y que de repente
podía dar un salto a América". El pronunciamiento de Quito fue un
típico golpe de Estado de la aristocracia criolla quiteña, dirigida
por el Marqués de Selva Alegre, el Marqués de Solanda, el Marqués
de Villa Orellana y el Marqués de Miraflores, quienes consiguieron
el apoyo, para deponer a las autoridades, de las escasas fuerzas
militares que existían en la ciudad. El Presidente de la Audiencia,
Conde Ruiz de Castilla, fue aprisionado, lo mismo que los Oidores,
y el gobierno pasó a manos de los marqueses quiteños, sin efusión
de sangre. Se constituyó una Junta Suprema de Gobierno, encabezada
por los cuatro marqueses, Junta que juró "obediencia y fidelidad a
Fernando VII, no reconocer jamás la dominación de Bonaparte y
conservar en su unidad y pureza la Religión Católica".
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