Debemos considerar ahora, siquiera sea someramente, los principales artículos de las Capitulaciones acordadas en Zipaquirá, cuyas ventajas para los sublevados fueron el resultado, no de la eficaz acción de los Capitanes comuneros, sino de la necesidad en que se vieron, ellos y el Arzobispo, de mostrarse largos y no parcos, a fin de evitar que las multitudes enfurecidas continuaran su marcha hacia Santafé. Las dichas concesiones, incorporadas al Tratado de Zipaquirá, se pueden enumerar de la siguiente manera, de acuerdo con las materias de que tratan:
En cuanto al impuesto de Armada de Barlovento: se dice en las Capitulaciones «que jamás se vuelva a oir semejante nombre». (Art. 1º.). Con respecto al estanco del tabaco se declara en ellas que ha «de extinguirse la renta frescamente impuesta del estanco». (Art. 5°). En cuanto al monopolio del aguardiente se convino en que «sólo haya de tener el precio de seis pesos por botija de los frascos bocones y dos reales por botella, precio perpetuo, sobre cuyo pie se saque a pregón». (Art. 8º). Para la Alcabala se acordó que «desde ahora y para siempre jamás, no haya de seguir su recaudación de todos los frutos comestibles, y sí solo se deberá pagar el dos por ciento de los géneros de Castilla, lienzos, mantas. cacao, azúcares, conservas, tabacos, cabalgaduras, ventas de tierras, casas, ganados y demás de comercio». (Art 9º). Con respecto a la contribución directa para blancos y demás castas, se declara en las Capitulaciones que «nos denegamos a ellas». (Art. 15). Sobre el Visitador Gutiérrez de Piñeres, cuyas medidas contribuyeron tan decisivamente al desencadenamiento de la sublevación se dice: «Que habiendo sido causa motiva de los circulares disgustos de este Nuevo Reino y el de Lima, la imprudente conducta de los Visitadores, pues quisieron sacar jugo de la sequedad... que sea don Juan Francisco Gutiérrez de todo este Reino para los dominios de España, en los cuales nuestro Católico Monarca, con reflexión en los resultado de sus inmoderadas operaciones, dispondrá lo que corresponda a su persona, y que nunca para siempre jamás se nos mande tal empleo, ni personas que nos manden y traten con semejante rigor e imprudencia, pues siempre que otro tal así nos trate, juntaremos todo el Reino, ligado y confederado, para atajar cualquier opresión que de nuevo por ningún título ni causa se nos pretenda hacer». (Art. 16). Esta disposición está ligada con el artículo 18, en el cual se acordó que debían mantenerse los mandos militares de los comuneros y se les autorizó para ejercitar, en el uso de las armas, a los vecinos de las villas y ciudades los días domingo por la tarde, «por si se pretendiere quebrantar los concordatos que de presente nos hallamos afrontados a hacer de buena fe, cuanto por la necesidad en que contemplamos se halla Su Majestad, necesitada de socorro para batir a sus enemigos». En cuanto a las Salinas, de las cuales habían sido despojados los indios de la región de Zipaquirá, el texto de las Capitulaciones declara que «su fábrica y beneficio debe quedar en sus antiguos dueños, los indios». (Art. 14). El problema de la antigua rivalidad entre el Socorro y Tunja se contempló igualmente y Berbeo aprovechó las Capitulaciones para conseguir que se le diera un alto empleo, cuyo sueldo él mismo se fijó en el texto del Tratado:

«Que el común del Socorro - dice el artículo 17 - pide que en aquellas villas haya un Corregidor Justicia Mayor, al cual se le pague el sueldo de mil pesos.. Y que en este no haya de haber jurisdicción de la capital de Tunja». Fue en virtud de este articulo que las autoridades nombraron a Berbeo Corregidor del Socorro, no bien, ordenó la desmovilización de las montoneras sublevadas.

No podía faltar en las Capitulaciones la principal reivindicación exigida por la oligarquía criolla y ella se consigno en el artículo 22, cuyo texto dice: « Que en los empleos de primera, segunda y tercera plana, hayan de ser antepuestos y privilegiados los nacionales de esta América a los europeos, por cuanto diariamente manifiestan la antipatía que contra las gentes de acá conservan.. Pues están creyendo, ignoradamente, que ellos son los amos y los americanos, todos sin excepción, sus criados; y para que no se perpetúe este ciego discurso, sólo en caso de necesidad, según su habilidad, y adherencia a los americanos, puedan ser igualmente ocupados, como que todos los que estamos sujetos a un mismo Rey y señor debemos vivir hermanablemente». La más importante de las concesiones otorgadas a la revolución por los emisarios de la Audiencia está contenida en el numeral referente a la "demolición" de los Resguardos. Los cinco o seis mil indios armados que acompañaban a los comuneros exigieron poner término a dicha "demolición" y otorgarles en plena propiedad las tierras de los Resguardos. «Que los indios - reza la cláusula séptima - que se hayan ausentado (los hayan trasladado) del pueblo que obtenían, cuyo Resguardo no se haya vendido ni permutado, sean devueltos a sus tierras de inmemorial posesión, y que todos los Resguardos que de presente posean les queden, no sólo en el uso, sino en cabal propiedad para poder usar de ellos como tales dueños ».

Aunque las Capitulaciones fueron revocadas posteriormente por las autoridades coloniales, el principio contenido en la cláusula séptima fue uno de los pocos que en forma parcial quedó vigente, porque si la Audiencia no otorgó a los indios la plena propiedad de sus tierras de Resguardo, sí suspendió la "demolición" de los Resguardos. En el informe enviado desde Santafé al General Miranda se hace el siguiente relato, que evidencia las contradicciones existentes entre los intereses de la oligarquía criolla y las aspiraciones de los campesinos indígenas: « Ya aquí se han experimentado - dice el informe - algunos dimanados (resultados) de sus mismas Capitulaciones, que se les van convirtiendo en veneno a los mismos que las propusieron. Con motivo de ellas han ocurrido todos los indios de los pueblos extinguidos a pedir sus tierras y Sanas, y se han librado despachos para que se les restituyan las que no estuviesen vendidas al contado, y de ello ha resultado que los indios con grande ardor están tratando de desalojar a los blancos y mestizos que las ocupan, que es bien que lo padezcan porque ellos mismos se han impuesto la pena. Temerosos de sufrir ésta, se han presentado todos los rematadores y compradores (de las tierras de los Resguardos "demolidos") pidiendo se declare que las enajenaciones deben subsistir, y el señor Fiscal en vista que se le dio, ha respondido acomodado a la idea de ellos; a mí me han pasado los expedientes para que en la primera Junta, como Protector, exponga mi dictamen, y el que daré será todo en contra de los mestizos y blancos según ya lo tengo premeditado ».

Aceptado por el Arzobispo el texto de las Capitulaciones, las masas comuneras exigieron a los emisarios de la Audiencia que juraran cumplirlas "en misa solemne que oficiaría Su Señoría". No bien se convino en ello, don Eustaquio Galavis, emisario principal del Real Acuerdo y Junta de Tribunales de Santafé, se presentó reservadamente ante el escribano público de Zipaquirá, don José Camacho, e hizo extender un Acta secreta, en la cual dejaba la siguiente constancia: « Que se halla arrastrado a condescender en la admisión de dichas Capitulaciones... porque de su negativa no resultaría otra cosa que encender más el ánimo de los rebeldes y exponer al Reyno a su total pérdida, mayormente cuando públicamente vociferan que así lograrán remediar su pobreza con los caudales del Rey de los particulares. Por lo que, y para que en ningún tiempo le obste cualquier acto que acerca de este particular practique, desde ahora para entonces lo reclama, |protestando su nulidad, como que sólo lo ejecutará (la firma de las Capitulaciones) precisado por la fuerza y por ceder a la necesidad, |sin que sea su ánimo el que en tiempo alguno tenga efecto; pues antes, por el contrario, desde luego lo declara de ningún valor, como si nada se hubiera ejecutado...».

El 8 de junio de 1781 se ofició, por el Arzobispo, una misa solemne en la Iglesia de Zipaquirá, a la que concurrieron los Capitanes comuneros, gran parte de las montoneras sublevadas y los comisionados de la Real Audiencia. En esta misa, «expuesto el Santísimo Sacramento dice el acta de la ceremonia - Su Señoría Ilustrísima, teniendo delante una mesa y en ella un misal abierto, pasaron los citados señores comisionados y puestos de rodillas (Galavis entre ellos), puestas sus manos en el misal, dijo Su Señoría Ilustrísima, estando presente yo el infrascrito Escribano Real, estas palabras: "Usías como comisionados del Real Acuerdo de Justicia de la Real Audiencia y Cancillería del Nuevo Reino de Granada y Junta Superior de Tribunales de Santafé, juran por Dios Nuestro Señor, por su Cruz y por los santos Cuatro Evangelios, en nombre del Rey nuestro Señor, guardar las Capitulaciones propuestas y confirmadas por Dicha Real Audiencia y Junta y Usías, a don Juan Francisco Berbeo, sus Capitanes, oficiales y demás tropa, y de no ir en tiempo alguno contra ellos?". A que respondieron: "Así juramos y ofrecemos cumplir en nombre del Rey nuestro señor, de dicho Real Acuerdo, Junta Superior y nuestro". Su Señoría (el Arzobispo) prosiguió diciendo: "Si así lo hicieran Usías y cumplieren, Dios Nuestro Señor los ayude, y de lo contrario se los demande". A que respondieron: "Amén", Con lo que se concluyó este acto, y en acción de gracias se cantó el |Te Deum con repique general de campanas y bendición de Su Ilustrísima Señoría, y dichos señores lo firmaron, de lo que doy fe. Antonio, Arzobispo de Santafé. Joaquín Vasco y Vargas. Eustaquio Galavis. Ante mí, Manuelde Aranzasogoitia, Escribano Real ».

Coronadas, con esta solemne ceremonia, las negociaciones de Zipaquirá, Berbeo ordenó la desmovilización inmediata de las montoneras sublevadas y aunque hubo algunos focos de resistencia y no faltaron quienes, presintiendo lo que sucedería, insistieron en marchar sobre la Capital, la escasez de vituallas que dramáticamente se hacía sentir, ayudó de manera eficaz a Berbeo a conseguir la rápida dispersión de las masas comuneras, que formadas en partidas, de acuerdo con las distintas villas o regiones de origen, tomaron el camino de regreso a sus hogares. Silenciosos y aquejados por tristes presentimientos, regresaban los altivos comuneros que estuvieron a punto de apoderarse de la Capital.

Berbeo partió para Santafé, en compañía del Arzobispo, y allí se le nombró Corregidor del Socorro, con todos los honores, sueldos y prebendas que él había previsto tan Oportunamente en las Capitulaciones. Días después, por insinuación de Caballero y Góngora, ambos se dirigieron a las provincias más comprometidas en la sublevación y en ellas contribuyó Berbeo decisivamente a convencer a los pueblos de que debían someterse a las autoridades coloniales. Aunque el Arzobispo se hizo acompañar de un cuerpo de predicadores, encabezado por el famoso padre capuchino Finestrad, resultaron mucho más eficaces, para la empresa de la pacificación, las admoniciones de Berbeo que los sermones de dichos sacerdotes.

Comenzó entonces a conocerse la utilidad de las actas y cartas reservadas enviadas por los Capitanes comuneros a las autoridades, en el curso de la sublevación. El mismo Berbeo, don Salvador Plata y muchos otros, no escatimaron esfuerzo para demostrar que habían sido "obligados por la fuerza" a aceptar las Capitanías y los humildes, los millares de comuneros que llegaron hasta las puertas de la Sabana, contemplaron con sorpresa cómo todos sus jefes los abandonaban y se adelantaban a ofrecer impúdicas explicaciones para demostrar que nunca habían sido solidarios con las aspiraciones del pueblo y que su participación en la revuelta no había tenido otro objeto que el de "proteger" al gobierno colonial contra la furia de "las plebes insubordinadas".

En medio de este espectáculo de vergonzosa claudicación y de general ignominia, se yergue la figura solitaria de José Antonio Galán, quien con gesto magnífico se apresura a ocupar el puesto del que desertaron los Capitanes comuneros. Cuando recibió el texto de las Capitulaciones y la orden de Berbeo de licenciar sus hombres y poner término a sus actividades revolucionarias, no pudo contener su sorpresa y su indignación ante este melancólico final, ante esta solución de opereta. Sus recios instintos de caudillo le indicaban que la formidable conmoción comunera tenía derecho a esperar cambios más profundos en la estructura social y económica del Reino y no entendía que se pusiera término a la insurgencia dejando intacto y fortalecido el poder de las autoridades, cuya conducta provocó la sublevación. Las discrepancias entre Galán y Berbeo no eran atribuibles a una supuesta aspiración de conseguir la independencia - que algunos historiadores asignan a Galán - sino a la magnitud de los cambios sociales que los dos trataban de introducir en la vida colonial. Berbeo, como el Marqués de San Jorge, defendía los intereses de la oligarquía dueña de la riqueza y su aspiración se reducía a conseguir para los grandes señores criollos los privilegios que les permitirían igualarse con los españoles y ocupar los empleos y distinciones honoríficos propios del régimen virreynal. Galán, por el contrario, representaba las aspiraciones de los desheredados y su tarea en la sublevación se halla indisolublemente ligada al levantamiento de los esclavos, las reivindicaciones indígenas, la invasión de los latifundios y la liberación de los cosecheros, largamente oprimidos por los grandes propietarios criollos. Galán actuaba como el caudillo de los humildes y en esta calidad no entendía que se prescindiera de tomar la Capital del Reino y sólo aceptaba una negociación con el Monarca español o sus representantes cuando todo el Virreinato estuviera levantado en armas y en los campos, las minas, las ciudades y las plantaciones, el pueblo pudiera disponer de la oportunidad para modificar las estructuras sociales, que eran el producto de la antigua hegemonía de la raza conquistadora y de sus descendientes criollos sobre las razas vencidas o esclavizadas. Resulta, por tanto, explicable que José Antonio Galán se negara, sin una vacilación, a aceptar la validez del Tratado de Zipaquirá, Tratado que consideró un simple expediente para engañar al pueblo comunero. A toda prisa abandonó las regiones occidentales, teatro de sus hazañas, y se encaminó a la provincia del Socorro, para realizar su último esfuerzo en favor de la revolución. Cuando consiguió llegar a Mogotes, después del más azaroso de los viajes, porque la Real Audiencia había remitido la orden de capturarlo a todos los alcaldes y autoridades de las localidades, escribió al Consejo de Capitanes de Guerra del Socorro una carta, fechada el 23 de septiembre de 1781, cuyos principales apartes decían: «Hacemos saber a Vmds. que esta parroquia y su Común nos hallamos en una confusa Babilonia con el sonido general de tantas amenazas con las que vivimos, con el desconsuelo de no haber tenido hasta ahora una Instrucción de esa Villa y sus Comunes, que nos sirva de consuelo para aplicar el más conveniente remedio a la ruina |con que nos amenaza la Corte de Santafé y todo el Reyno, por el malogrado avance de la vez pasada, con que nos han dejado vendidos avariciosos, pícaros, traidores, a lo que no hallamos otro remedio que volver a acometer con más maduras reflexiones, como ya experimentados... Esto supuesto, señores, ¿qué es lo que hacemos? ¿A qué esperamos? ¿A que Santafé se abaste de todos los surtimientos y que lleguen las tropas de abajo (de Cartagena), que están al salir, y vengan y nos aniquilen sin reserva, ni aún de los inocentes, como lo tienen prometido? Alentémonos pues, y veamos si a costa de nuestras vidas atajamos este pernicioso cáncer, que amenaza nuestra ruina... y cuando no las vidas, |el infame borrón y sucesivo reato de una sonrojada esclavitud»

Si las autotidades coloniales consiguieron su primera victoria con la firma de las Capitulaciones de Zipaquirá el desconocimiento de dichas Capitulaciones que constituía la segunda etapa de la política de la Audiencia - dirigida entonces por el Oidor Decano don Juan Francisco Pey y Ruiz - sólo podía llevarse a efecto cuando se dispusiera de fuerzas militares suficientes en Santafé. Ello explica la ansiedad con que se esperaban los refuerzos militares solicitados urgentemente al Virrey, cuyo envío se retardó por los numerosos obstáculos con que tropezó en Cartagena el señor Flórez, obstáculos que describe, de la siguiente manera, el Arzobispo Caballero y Góngora en su Relación de Mando: « Después de largas discusiones y dificultades, finalmente hubo de determinarse (por el Virrey Flórez) que no habiendo en Cartagena otro cuerpo veterano de qué echar mano que el Regimiento "Fijo" y no siendo éste apto para la empresa por estar compuesto de reclutas de los mismos pueblos sublevados, se destinasen quinientos hombres de las Milicias que estaban a sueldo y se encargase de la expedición al Coronel don José Bernet. Así quedó sentado, pero faltaba dinero y la Plaza quedaba expuesta con tan notable baja de su guarnición. Inmediatamente se despachó una fragata a La Habana, reiterando sus instancias al Comandante General de operaciones, representándole (el Virrey) los terribles aprietos en que se veía y pidiéndole expresamente dos Regimientos veteranos y quinientos mil pesos. Para suplir lo largo del curso pidió al Comercio (de Cartagena) la misma cantidad; y fuera de toda esperanza este cuerpo, |a cuyas manos tarde o temprano viene a parar toda la sustancia del Estado, se denegó a socorrerlo en su mayor aprieto, con varios pretextos y soluciones, con que agotada la paciencia del señor Flórez hubo de usar de su autoridad y negándose a oir más representaciones, mandó se hiciese un repartimiento a prorrata de los principales que prudencialmente se creyera manejaban los comerciantes, e hizo exigir de cada individuo la cantidad que le cupo ».

Los efectivos militares comandados por Bernet sólo llegaron a Santafé después de la firma de las Capitulaciones, de manera que su función se redujo a poner término a una serie de brotes subversivos que ocurrieron en la Capital y a proporcionar a la Audiencia el respaldo coactivo que necesitaba para desconocer impunemente los compromisos adquiridos por sus emisarios en Zipaquirá se pensó en movilizar dichas tropas a la provincia del Socorro cuando llegó a Santafé la noticia de que Galán trataba de provocar un nuevo alzamiento popular, la medida resultó, a la postre, innecesaria, porque don Salvador Plata se encargó de contrarrestar las actividades del caudillo comunero, tomando contra él medidas más eficaces que las previstas apresuradamente por el Real Acuerdo.

Así como el Marqués de San Jorge procuró congraciarse con el gobierno dando cuantiosos donativos y participando activamente en la formación de Milicias destinadas a combatir a los comuneros, el señor Plata supuso, no sin fundamento, que la captura de Galán destruiría todas las sospechas que pudieran tener las autoridades sobre su conducta y en compañía de Juan Bernardo Plata y Juan Rudolfo Azuero se preparó a emprender, con la ayuda de nutrida tropa, reclutada a su propia costa, la inicua cacería del gran caudillo del pueblo granadino.

La conducta del señor Plata ha sido generalmente condenada y sólo el distinguido historiador don Horacio Rodríguez Plata ha mostrado menos acerbía con el personaje, afirmando que la fidelidad sin eclipses, que profesaba el magnate del Socorro a las autoridades coloniales, le excusan de la tacha de desleal. « Nació don Salvador Plata González - dice - en el Socorro en 1725 y falleció en la misma ciudad el 28 de agosto de 1802... Fue hombre inmensamente rico, como que, según documentos de la época y por lo que reza su testamento otorgado en la Notaría del Socorro, eran suyas "todas las tierras que moran de la plaza de la Villa por el Occidente hasta encontrar el río Suárez"... El 16 de marzo de 1781, sus paisanos, prevalidos de las riquezas y de la prestancia de don Salvador en toda la antigua comarca del Socorro, tuvieron una deplorable equivocación al aclamarlo Capitán de la Revolución... Fiel vasallo del Rey e individuo que por sus vinculaciones mal podía tener un espíritu revolucionario, se prestó a la prisión de Galán e intervino con su ascendiente para que el movimiento revolucionario se sosegase ».

Aún suponiendo que la lealtad profesada por don Salvador Plata a las autoridades no padeciera eclipses ni soluciones de continuidad, la historia no podrá perdonarle a este orondo Capitán de los Comuneros del Socorro, la sevicia que desplegó para perseguir y capturar a José Antonio Galán, en momentos en que no desempeñaba cargo oficial que le obligara a cumplir esta triste tarea de polizonte, la cual ejecutó de oficio y sin otro motivo que borrar las sospechas que pudieran tener las autoridades con respecto a su comportamiento en el curso de la revolución comunera. Al enterarse de que Galán había regresado a la provincia del Socorro, Plata y sus familiares, incluyendo los Azuero, se convirtieron en los personeros del odio de los criollos acaudalados contra el caudillo de los humildes y a costa de sus fortunas reclutaron y equiparon la tropa necesaria para capturarle, en momentos en que Galán se preparaba a librar la última y desesperada batalla por la revolución.

La hora era propicia para los proyectos de don Salvador porque Galán, en su marcha de regreso a la provincia del Socorro, tropezó con numerosos obstáculos en todos los intentos que realizó para reunir de nuevo a las multitudes comuneras. Ya era demasiado tarde. La dispersión de los subleva dos estaba muy avanzada y el entusiasmo revolucionario que condujo a los comuneros a las puertas de la Sabana, había sido sustituido por una inmensa apatía. Las luchas que necesitó librar el pueblo en Zipaquirá - porque los Capitanes sólo actuaban como sus personeros cuando la multitud se amotinaba en las calles y en la plaza -, aumentaron el pesimismo de los humildes y fue la conciencia de un completo desamparo,  la sensación de soledad que experimenta un pueblo sin jefes, la única prenda que llevaron los rebeldes del Común cuando se les ordenó dispersarse. En las caras de los Comuneros que regresaban a sus hogares era difícil descubrir la alegría de la victoria y en ellas sólo se percibía la triste resignación de uncirse nuevamente a los yugos tradicionales, porque los grandes poderes contra los cuales se habían sublevado resultaron invulnerables a los coletazos caóticos de un pueblo abandonado por sus Capitanes.

Cuando Galán comenzaba a constatar el rápido desmoronamiento de la revolución, supo también que don Salvador Plata, acompañado de numerosa y bien armada tropa, le seguía los pasos y trató de dirigirse, con sus hermanos y algunos amigos fieles, a tierras de los indios guanes o a los llanos, donde tenía la esperanza de burlar la persecución. Desafortunadamente fue alcanzado por Plata en las proximidades de Onzaga, y después de una corta escaramuza, en la que Galán resultó herido, se le capturó y cargado de cadenas fue remitido por Plata a Santafé. En el capítulo dedicado a la Revolución de los Comuneros del Nuevo Reyno, por el más penetrante de los biógrafos de Túpac Amaru - Boeslao Lewin -, se encuentran los siguientes conceptos, referentes a la captura de José Antonio Galán: « Cabe señalar que fue Galán quien levantaba los esclavos donde llegaba con su gente. Con este antecedente importante - porque aún después de la independencia los negros seguían siendo esclavos - no resultará tan extraño el hecho de que dos Capitanes Generales de los comuneros fueran los que tomaran la tarea de entregarlo, cuando se puso al frente de los que reaccionaron contra la traición de la Real Audiencia. Es cierto que uno de estos Capitanes Generales era el miserable don Salvador Plata; pero no menos cierto es que le ayudaron en la vil tarea de entregar al heroico caudillo popular, Capitanes de los comuneros de tan destacada actuación, como Pedro Alejandro de la Prada y Juan Bernardo Plata. A todos ellos no sólo les movía el deseo de demostrar palmariamente su fidelidad al gobierno español, para librarse del castigo por sus pecados anteriores, |sino también el rencor profundo del vecino criollo hacia la plebe y su Capitán, libertador de esclavos. Creemos oportuno volver a recalcar esto, porque después de decenas de años de vida independiente, lograda al calor de las ideas igualitarias, en la parte septentrional y austral del Continente, en las antiguas colonias inglesas y españolas, los negros seguían siendo esclavos... Para completar esta característica, ciertamente muy escueta, de Galán, nos permitimos citar las palabras con las que acompañó Salvador Plata la entrega del Caudillo: "... |presento a los pies de V.A. el Túpac Amaru de nuestro Reyno" ».

Vino entonces el proceso en que acusaron a Galán de traidor, rebelde, culpable de amores incestuosos con su hermana, a todo lo cual agregó el Arzobispo que « era hombre de oscurísimo nacimiento, exaltado por desgracia suya y por una especie de fanatismo hasta el ridículo concepto de jefe invulnerable». El juicio culminó con una sentencia condenatoria, cuya horrible severidad no dio motivo para una sola protesta por parte de los antiguos jefes Comuneros. « Condenamos - decía el fallo - a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio donde sea puesto en la horca hasta que naturalmente muera; que bajando se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes y pasado el resto por las llamas, para lo que se encenderá una hoguera delante del patíbulo, su cabeza será conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos; la mano derecha puesta en la plaza del Socorro; la izquierda en la Villa de San Gil; el pie derecho en Charalá y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes; declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bien y aplicados al Real Fisco; asolada su casa y sembrada de sal, para que de esta manera se dé al olvido su infame nombre... ». Esta sentencia fue firmada por Juan Francisco Pey y Ruíz, Juan Antonio Mon y Velarde, Joaquín Vasco y Vargas, Pedro Catani y Francisco Javier Serna.

Por falta de verdugo idóneo, el fallo no pudo ejecutarse como estaba previsto y a Galán, según los relatos de la época, no se le ahorcó sino que fue fusilado antes de descuartizarlo. Luego se remitieron sus miembros a los sitios ordenados, de manera que el dos de febrero de 1782, el Alcalde de Facatativá pudo expedir la siguiente certificación: « Como a la una de la tarde, poco más o menos recibí un cajón clavado que me entregó el cabo Juan Pérez y dos soldados el que habiéndolo abierto, como se me previene, hallé la cabeza de José Antonio Galán, y volviéndolo a clavar inmediatamente le remití a la justicia de Villeta, según y como Ud. me lo previene, cuya razón se servirá darla a ese Real Acuerdo».

Los magnates de la oligarquía criolla granadina, a diferencia de lo que suele afirma sólo motivos de satisfacción derivaron de la trágica muerte de Galán. El libertador de los esclavos, el amigo de los indios y defensor de los campesinos sin tierra, no era para ellos sino un "ladrón", un "infame y rencoroso plebeyo" que se había atrevido a manchar, con horrendos crímenes, un movimiento nobilísimo en el que no han debido discutirse, según pensaban, sino las "libertades" de los grandes señores del Reino, amenazadas por las demasías del Visitador Gutiérrez de Piñeres. En el desconocimiento de las Capitulaciones participó activamente la oligarquía criolla y las autoridades no necesitaron realizar mayores esfuerzos para que fueran sus "patricios", y el propio Consejo de Capitanes de Guerra del Socorro, los que solicitaran la revocatoria del Tratado de Zipaquirá. El conflicto entre los intereses del pueblo y los de la oligarquía criolla, puede seguirse en las actas levantadas en distintas parroquias para pedir oficiosamente la anulación de las Capitulaciones, medio de que se sirvió la Audiencia para disimular su flagrante violación de compromisos solemnemente adquiridos. Una de tales actas, la de Chiquinquirá, reza: «Quieren y dicen los principales vecinos que sin embargo de haber ejecutado la plebe, en tiempo de la sedición tumultuada, los estragos y decadencias que son notorios en todos los pueblos, y de hallarnos sin fuerza para resistir sus impetuosos arranques y no tener medios para poderla contener, sintiendo siempre como leales sus apasionados despechos, ahora... quieren los buenos vecinos y honrados patricios obligarse voluntaria y gustosamente a cubrir las pérdidas y perjuicios causados en esta parroquia en tiempo de la calamidad ». Era obvio que la oferta de pagar los perjuicios causados por la plebe no la hacían los españoles sino los patricios criollos de las distintas parroquias, quienes así pretendían excusar sus complicidades con la revuelta comunera. Para que no quedara duda sobre su lealtad a las autoridades coloniales, pedían "voluntaria y gustosamente" que se derogaran los principales artículos de las Capitulaciones especialmente los que afectaban a la Real Hacienda y se comprometían a "no resistir a las disposiciones del Monarca y de sus ministros, que su real nombre gobiernan, y a ofrecer todos sus individuos, sus fuerzas, personas e intereses en defensa y servicio de su Rey, y estar prontos a tomar las armas, a contener la disolución de los pueblos que audaces intentaren desobedecer a S.M., cuya obligación es debida no sólo por el temor de la pena sino de la conciencia".

Como el Virrey Flórez, una vez revocadas las Capitulaciones, insistió en presentar su dimisión ante la Corona, y la persona nombrada para sucederle falleció inesperadamente fue designado como Virrey el Arzobispo Caballero y Góngora y el Presidente del Consejo de Indias, don José Galvez, le ordenó proceder sin contemplaciones contra los comprometidos en la sublevación. Previendo los escrúpulos morales que podían asaltar al Arzobispo, por su participación en la Jura de las Capitulaciones - participación que se redujo a tomar el juramento a los emisarios de la Audiencia -, don José Galvez informó al Prelado que la Corona solicitaría de la Santa Sede las dispensas del caso, a fin de que pudiera actuar con la conciencia tranquila. «Deponga V.E. - escribía Galvez al Arzobispo - todo escrúpulo y proceda con libertad, poniendo en ejecución las reales órdenes que se le han comunicado para el condigno castigo de los delincuentes en las pasadas alteraciones de ese Reino, en el seguro supuesto de que con esta fecha se pide a Su Santidad la dispensa y habilitaciones necesarias para que V.E. pueda conocer con toda amplitud, directa o indirectamente, en los autos criminales y sus incidencias, sin recelo de que esto deje de conseguirse ».

Las represalias no se hicieron esperar y de ellas fueron víctimas algunos de los flamantes Capitanes comuneros, que tan notorios esfuerzos habían realizado para congraciarse con las autoridades. Berbeo fue destituido de su cargo de Corregidor del Socorro, para regocijo de don Salvador Plata, quien pudo así adueñarse de los remates de las rentas y de los mejores negocios de la provincia. En marzo de 1783 recibió Plata del Arzobispo-Virrey, que bien lo conocía, la recompensa por sus hazañas contra los comuneros. « Teniendo a la vista - le escribía el prelado - los documentos con que ha hecho constar su fidelidad al Rey en aquellos calamitosos tiempos, he venido a elegirle y nombrarle por Juez Subdelegado de las Reales Rentas de Tabaco, Alcabalas, Aguardientes y demás ramos que las componen, en las jurisdicciones del Socorro, San Gil y Tequia».

Las poblaciones y villas que más activamente participaron en la revolución padecieron entonces el régimen de una verdadera ocupación militar y por instrucciones del padre Finestrad se realizaron, en ellas, verdaderos destierros en masa a las insalubres regiones del Darién; con el pretexto de fomentar la colonización de dicha costa. Cuando pasó don Antonio Nariño, en el año de 1796, por las regiones que fueron el epicentro del movimiento comunero, pudo advertir los efectos de las medidas de seguridad tomadas contra los sublévados y constatar en qué escasa medida se había prestado atención a las solicitudes de los pueblos, consignadas en el articulado de las Capitulaciones. De ello hizo Nariño una relación a las autoridades, cuyos apartes principales son los siguientes « En la provincia de Giron,  que es una de las factorías principales que abastece de tabaco,
se me aseguro que las violencias que cometen los dependientes de las rentas en la recepción de este ramo, es la causa de que la Dirección se haya visto este año en estado de proveer, a las administraciones, del tabaco de Ambalema, porque los cosecheros han preferido abandonar las siembras. Se me refirió que llegaba un cosechero con dos cargas de tabaco de igual naturaleza, que le admitían la una, y le desechaban la otra, que las de desecho no se las devolvían ni las quemaban, sino que las encerraban en una pieza o almacén que llaman el cuarto del olvido, y que después la cargaban en cuenta como tabaco útil. Que además de quitarles el tabaco los trataban muy mal si querían alegar alguna cosa en su favor.

«La providencia que tomó el Excelentísimo señor Caballero y Góngora, después de los alborotos del año de 1782, de purgar algunos pueblos, enviando una colonia a la provincia del Darién, no dudo que sería muy acertada; pero el modo como se verificó tiene los ánimos muy irritados, por el abuso que hizo de su comisión y ministerio el referido capuchino encargado por el gobierno. Aseguro que el nombre del padre Finestrad es bastante para poner en movimiento una casa entera en los pueblos donde estuvo.

«El concepto que se tiene de Plata (don Salvador) no deja de influir en la materia. Me acuerdo haber oido en una de las casas inmediatas al Socorro, que si hubiera ahora una novedad, el primero que la pagaría sería Plata, y que muchos entrarían sólo por vengarse de él ».

Si el pueblo fue la verdadera víctima de las represalias oficiales y de las severas medidas de seguridad tomadas para prevenir nuevos levantamientos, no puede decirse lo mismo de la oligarquía criolla, que logró salvarse por su oportuna defección del movimiento comunero. El Indulto General decretado por el Arzobispo-Virrey tuvo como objeto libertar a los magnates criollos del castigo a que eran acreedores, de acuerdo con el texto de las leyes, y los problemas que intentó resolver Caballero y Góngora con el otorgamiento de este indulto, seguido de la necesaria habilitación para que los criollos arrepentidos pudieran desempeñar cargos públicos, los describe el propio Arzobispo Virrey en su comunicación enviada a la Corte, el 15 de octubre de 1783: «Además de que esta habilitación me pareció consecuencia forzosa del Indulto - dice - tuve para ello el poderoso motivo de la constante pacificación de los pueblos. Como en estos países, ni en los que tengo vistos de América, hay amor al prójimo, están continuamente calumniándose por los más ligeros motivos. Con el de la sublevación y con ocasión de la elección de Alcaldes en el presente año, han sido tantos los recursos que se hicieron a la Real Audiencia para excluir a los electos, que se vio precisada a mandar por punto general siguieran los Alcaldes del año anterior. Estas consideraciones y la de evitar en adelante innumerables ofensas a Dios y a los prójimos, que veía como precisas y que tal vez podrían llegar a perturbar la tranquilidad de los pueblos, |como que habiendo escogido por Capitanes a los sujetos que son los principales hacendados y sujetos distinguidos de ellos (los pueblos y ciudades), |y quedando éstos incapaces de obtener los primeros empleos de la república, recaerían precisamente en gente rústica e incapaz de administrar recta justicia, me incliné a concederles esta habilitación como medio único de lograr el servicio de ambas Majestades ».

De esta manera se estableció un tácito tratado de paz, sustitutivo de las Capitulaciones de Zipaquirá, entre la oligarquía criolla y las autoridades coloniales. Ello explica la decisiva contribución prestada por las grandes familias criollas de Santafé - los Lozanos, Barayas, Caycedos y Ricaurtes -, a la formación de las Milicias encargadas de proteger la Capital contra un nuevo levantamiento comunero, como lo anota atinadamente Raimundo Rivas. El acuerdo, establecido sobre el común temor de un "nuevo alzamiento de las plebes", perduraría hasta tanto que ese peligro se desvaneciera y después se reanudaría la vieja controversia entre criollos y españoles, entre el poder económico y el poder político, la cual tendría su histórica culminación el 20 de julio de 1810. En esta fecha, sin embargo, se reabrirá también el conflicto entre la oligarquía criolla y el montón anónimo de los humildes y los desheredados, cuyos personeros serán Antonio Nariño y Simón Bolívar. Aleccionados los magnates criollos por la experiencia del movimiento comunero, tendrán buen cuidado de no obrar con la ligereza que lo hicieron sus padres y dirigirán sus esfuerzos a impedir. que sus desacuerdos con las autoridades españolas se transformen en una revolución social, como ocurrió en 1781.

Por algo la oligarquía criolla estará representada, en 1810, por los descendientes directos de los personajes que entregaron la Revolución de los Comuneros y sacrificaron fríamente a Galán. En sus primeras plantas figurarán quienes formaron, en sus juventudes, los mandos de las Milicias destinadas a combatir el peligro de una nueva revolución comunera; al frente del Poder Ejecutivo, como cabeza de la Primera Junta Suprema establecida en Santafé el 20 de julio, colocará la oligarquía criolla a don José Miguel Pey, hijo del Oidor Juan Francisco Pey y Ruiz, personaje central de la Audiencia que burló las Capitulaciones y quien fuera autor principal de la sentencia de muerte contra Galán. Y el cuadro habrá de completarse con la despiadada persecución de que serán objeto los grandes voceros de nuestro pueblo. Nariño y Bolívar, por parte de don Vicente Azuero Plata y don Diego Fernando Gómez Plata, familiares de ese Salvador Plata que entregó a Galán a las autoridades españolas. De esta manera hará su aparición la llamada Patria Boba, merecedora del título por las mediocres aspiraciones históricas de muchos de sus personajes representativos, pero cruel y despiadada con las reivindicaciones y anhelos de nuestro pueblo y con los desesperados esfuerzos que realizaron sus grandes voceros a fin de darle a la República, desde los primeros días, un contenido social generoso y más acorde con las necesidades de la nacionalidad en formación.