Pocos, muy pocos libros sobre ciencias sociales resisten en el país quince ediciones. El que Colombia hoy se prepare para aparecer en una decimosexta edición es revelador de que algo tiene de particular. ¿Cuál es el rasgo, o los rasgos que lo dotan de esa particularidad?

Colombia hoy es ante todo una herramienta de trabajo fundamental para quien quiera adentrarse en el estudio de nuestra condición como país y como sociedad. Herramientas son, en efecto, los estudios históricos globales de Jaime Jaramillo, Jorge Orlando Melo, Alvaro Tirado y Mario Arrubla; los análisis históricos sectoriales de Jesús Antonio Bejarano y Salomón Kalmanovitz; los inventarios culturales de Juan Gustavo Cobo, Carlos José Reyes, Luis Alberto Alvarez y Germán Rubiano; el ensayo político de Francisco Leal y los prospectivos de Miguel Urrutia y Saúl Pineda. Con ellos queda equipada con los conocimientos básicos cualquier persona interesada en conocer los rasgos centrales de nuestra sociedad, nuestro pasado, presente y eventual futuro.

Pero además, este libro es una muy afortunada condensación de estudios que cubren tanto las situaciones como las políticas respecto de una variedad de temas en los que se muestran aspectos centrales de la dinámica de nuestra sociedad en la política, la economía, la cultura en varias de sus manifestaciones. Es así un panorama histórico e intelectual con el que se dibuja una perspectiva global de Colombia. Pocos libros pueden sintetizar así una visión tan global y completa de nuestro país.

Querría, con ocasión de esta nueva edición, y tal como lo hizo Jorge Orlando Melo en la Introducción a la decimoquinta, resaltar algunos elementos de nuestra actual situación con ello solamente pretendo reflexionar en voz alta sobre los dilemas y tensiones que se me presentarían si este prólogo fuera escrito justamente en 1978, fecha de la primera edición.

Releamos la tajante afirmación de Mario Arrubla en la Presentación del libro:

...el país colombiano, comprendido como la unidad de un territorio y un grupo humano, no ha logrado nunca adquirir el carácter de una verdadera sociedad si por ello se entiende una comunidad de experiencia e ideales. Lo único que de sociedad hemos tenido ha sido la presencia de una jerarquización que por ser mera forma o por no tener otro contenido que el psicológico ha encontrado su verdadera sustentación en la violencia.

Esto lo escribía Arrubla cuando según las cifras disponibles las tasas de homicidios de los años inmediatamente anteriores eran inferiores a tres por diez mil habitantes. ¿Qué diría hoy, cuando esas tasas bordean los 7.3, lo que nos coloca a la cabeza entre los países violentos? En efecto, si algo nos sigue signando es la violencia: si en promedio se han cometido en los últimos 10 años cerca de 24.000 homicidios anuales, quiere decir que son más que los de la década de los cincuenta que se caracterizó como la época de la violencia.

Y se ha generalizado y convertido en más proteica. La tasa de 7.3 por diez mil habitantes es tres veces mayor que la de Brasil, el segundo país más violento de América Latina, más de 17 veces mayor que Uruguay, el menos violento, y el número de homi-cidios en un año es casi tres veces más alto que el de la República China.

Varios años después se publicó en el país la obra de Daniel Pécaut, Orden y Violencia ^{| (1)} , en la que el autor hace un análisis bastante exhaustivo de nuestra historia política. Algunas de sus conclusiones son muy llamativas: Colombia es uno de los pocos países de América Latina que ha conservado casi permanentemente el carácter de democracia civil en el presente siglo (T. I, p. 15)... El único momento de interrupción del régimen civil por una dictadura militar no constituye una pérdida de la supremacía de las élites (idem)... A pesar de que los militares han venido aumentando tendencialmente su influencia en el manejo de los procesos decisorios, no deja de ser notable que no hayan franqueado el paso decisivo: la toma del poder... La democracia civil colombiana no pertenece ciertamente a la categoría de las democracias perfectas: ... escasa libertad de elección, clientelismo, fraude y coacción partidos políticos incapaces de reconocer reglas de alternación en el poder, reacios a reconocer los derechos políticos de otros partidos; la abstención supera el 50 por ciento de los votantes potenciales... El funcionamiento "normal" de las instituciones ha sido más excepción que regla: la institución del "estado de sitio" ha sido la regla consuetudinaria... (p. 16). En tales condiciones, se pregunta Pécaut, ¿será que la democracia colombiana es una falsa apariencia...? El parlamento y el sistema judicial tienen muchos vicios, pero han sido relativamente independientes del Ejecutivo... la prensa ha gozado de una relativa libertad y dispone de un poder propio; la izquierda, aunque ha sido reprimida a menudo con dureza, al menos ha podido crear algunos partidos legales ^{| (2)} y sostener un sindicalismo independiente... y todo lo anterior en medio de un clima de violencia que ha superado la etapa de la violencia "clásica" para proyectarse a las décadas siguientes hasta producir unas cifras como las citadas arriba.

La respuesta de Pécaut es desconcertante:

¿Es coincidencia fortuita que la violencia adquiera tal notoriedad en un país andino donde la democracia civil restringida ha subsistido por encima de innumerables crisis? El propósito de esta obra es demostrar que no es así. La violencia es consustancial al ejercicio de una democracia que, lejos de referirse a la homogeneidad de los ciudadanos, reposa en la preservación de sus diferencias "naturales", en las adhesiones colectivas y en las redes privadas de dominio social y que, lejos de aspirar a institucionalizar las relaciones de fuerza que irrigan la sociedad, hace de ellas el resorte de su continuidad (p. 17).

Esta compleja relación entre violencia, democracia, estabilidad y desempeño económico, en la que la primera ha sido consustancial con los demás rasgos que nos caracterizan, llevó a Estanislao Zuleta a caracterizar a la democracia colombiana como paradójica.

Ahora bien, no se trata de cualquier democracia ni de cualquier economía: encarnada en un Estado cuya debilidad ha sido en gran medida producto de un proceso histórico de apropiación privada colectiva por las clases dominantes, que han confundido sus intereses con los del armazón jurídico de la sociedad, el arreglo institucional se ha caracterizado por ser una democracia bastante limitada, con niveles muy bajos de participación electoral, representación y capacidad de decisión por parte de las mayorías, aunque con un alto grado de politización, movilización y gestión "por fuera" de los precarios canales institucionales y legales establecidos por una tradición de desconocimiento de las diferencias sociales. Estos "exteriores" constituyen, a su vez, las bases de una acelerada dinámica social y configuran eso que en su momento se llamó el "país nacional".

Una primera expresión de estos "exteriores" lo constituye la ya larga tradición guerrillera: Colombia tiene el discutible privilegio de contar con las guerrillas más viejas del continente, unas organizaciones que, justamente por su persistencia, ya en curso de volverse histórica, tienden a moverse entre los dilemas de su rutinización como parte del panorama nacional con su consecuente conversión en verdaderas comunidades armadas, "clases dominantes locales", como las llama Marco Palacios3, y su capacidad para incrementar los niveles de desestabilización del Estado y de confrontación a su aparato militar. Dedicadas a crear y controlar poderes territoriales, a incrementar las bases financieras y materiales de poder, y a acumular fuerzas para precipitar o beneficiarse de una eventual situación de desgaste del régimen político, las guerrillas colombianas han ido creciendo e incrementando su capacidad de convertirse en poderes locales, sin que su dimensión real se refleje en transformaciones apreciables en la conducción del Estado.

Su papel como estado local, paraestado lo llaman algunos analistas, si bien no tiene las mismas dimensiones y rasgos en las diferentes regiones en las que hacen presencia más o menos sistemática y permanente, se traduce en una doble tendencia -que por lo demás define a cualquier Estado-: en primer lugar a asumir rasgos institucionalizantes y conservatizantes asociados al mantenimiento de un orden y el ejercicio de una autoridad que obviamente debe castigar las desviaciones, vale decir, los "exteriores" a su propia institucionalidad. En efecto, hay ya muchas evidencias de prácticas autoritarias y de mano dura contra la delincuencia, en la regulación de la vida comunitaria privada, la reglamentación del estado civil y el control de comportamientos de los residentes locales, así no sean militantes activos de la fuerza guerrillera. En segundo lugar, a propiciar formas de representación y organización democrática de las comunidades locales, bien sea como expresión de democracia, bien como mecanismo de presión al Estado y sus mandatarios regionales. Esto son algunas juntas comunales, organizaciones de vecinos y otras formas en las que no siempre se puede hacer un balance justo entre su carácter de organizaciones democráticas y autónomas de las bases sociales y el de fachadas de organizaciones armadas.

Los requerimientos financieros llevan a la insurgencia a convertirse en monopolio fiscal local, y a relacionarse de manera permanente, así sea por una vía extorsiva, con los propietarios locales, empresas nacionales o grandes multinacionales capaces de pagar los tributos exigidos. Se establece así una relación como la de cualquier estado de una sociedad clasista con sus sujetos contribuyentes. La paradoja estriba en que las guerrillas son apenas estado local, y de allí que no puedan presumir de ejercer el control sobre resortes propios del ámbito nacional. No pueden, por ejemplo, determinar lo que es legal o ilegal, de modo que en su práctica tributaria hacen caso omiso de ese carácter. Es legítimo, entonces, en los ámbitos locales en que ello es viable, cobrar un tributo sobre un producto ilegal. El llamado gramaje, impuesto al peso de la coca, marihuana o heroína, tiene la paradoja de que al tiempo que acompaña a la regulación de un mercado para impedir la anarquía en el comercio local del producto, estimula una forma de ilegalidad que es combatida por el Estado. La guerrilla se coloca, así, en la incómoda posición de proteger lo ilegal -un tipo de actividad económica en la que el capitalismo salvaje se da en su forma más descarnada- y combatir al Estado que busca hacer cumplir la legalidad.

Como poder no local, el recurso tributario más eficiente es el secuestro, piadosamente llamado "retención". Más allá de la violencia y el sufrimiento que así se impone sobre las familias inocentes y alejadas de la contienda política, esta práctica, condenada por la humanidad, hace poco favor a una causa humanitaria como se supone lo es la lucha guerrillera por la liberación nacional y/o de los pobres. Nueva paradoja, pues, ya que cuando alguno de los familiares de los jerarcas de la insurgencia es secuestrado, sus familiares en armas consideran estos hechos como violatorios del Derecho Internacional Humanitario.

Ahora bien, al lado de estas prácticas de institucionalización y paraestatalidad, la guerrilla ciertamente combate, y con ello contribuye a expandir la violencia y a debilitar a un Estado, de por sí bastante inclinado a ejercerla, que se ve obligado cada día más a recurrir también a ella para defender el orden de dominación. Las estrategias de control territorial, de asedio a algunas grandes ciudades y de presentar combates a unidades militares relativamente fuertes, no sólo han mostrado que las guerrillas crecen numéricamente, amplían su cobertura, y cambian sus estrategias en ese panorama de avance, sino que han tomado casi siempre por sorpresa a las Fuerzas Militares, desnudando serios problemas de burocratización y esclerosis organizativa y operacional. En esto ha sido clave para justificar el creciente gasto militar y la desmedida influencia de las Fuerzas Militares en las decisiones centrales de la política nacional. Gastos e influencia que crecen en forma paralela con la conciencia colectiva de que los impuestos que pagan los colombianos están financiando barriles sin fondo y tolerando ineficiencias protuberantes acompañadas de no pocas señales de corrupción de los cuerpos castrenses.

Una dimensión adicional de ese exterior político, e íntimamente asociada al fenómeno insurgente, es el desarrollo de organizaciones paramilitares que vienen enfrentando a las guerrillas, con algún éxito, en varias regiones. Amparadas abierta o soterradamente por algunos cuadros de las Fuerzas Militares, miembros del gobierno, autoridades locales y propietarios de tierras, las organizaciones paramilitares han respondido en lo fundamental a una estrategia militar de estimular a la población civil para que actúe contra las periferias guerrilleras; es decir, aquellos sectores de la población sospechosa de ser auxiliadora o simpatizante de la insurgencia. Es la línea nítida de quitarle el agua al pez. Como otras formas de acción política desinstitucionalizada, el paramilitarismo pronto adquirió una dinámica propia que rebasó las posibles intenciones originales de contener a las guerrillas, y se diversificó en pequeños o medianos ejércitos campesinos dedicados a hacer "limpiezas" de delincuentes locales, cuadros políticos de izquierda, o ciudadanos que denunciaran su existencia. Potenciados mediante la financiación de grupos de narcotraficantes convertidos en nuevos terratenientes, aunaron las tareas de exterminio de enemigos políticos con el proceso de ensanche de propiedades agrarias de esos mismos narcotraficantes. Se insertaron así en una compleja relación en la que aparecieron involucrados narcotraficantes con militares activos, retirados, propietarios agrarios y dirigentes de ultraderecha.

Peor aún, su creciente competencia con las guerrillas en algunas regiones se ha traducido en un tipo de violencia en el que la víctima directa es el campesinado y la población de los municipios en los que hay presencia guerrillera. El exterminio de campesinos y de cuadros políticos en masacres y asesinatos colectivos se convirtió en una forma de venganzas y advertencias al enemigo armado. En este proceso no ha habido Derecho Internacional Humanitario que valga: la práctica del genocidio del chivo expiatorio es, sin duda, más fácil que la confrontación directa con la contraparte.

Hoy sin duda el paramilitarismo constituye una fuerza que no se puede desconocer. Y esto es cierto a pesar de que curiosamente tanto las Fuerzas Militares como las organizaciones guerrilleras se niegan a reconocerle entidad. Parecería que las partes están de acuerdo en exorcizarlo: las Fuerzas Militares niegan su existencia, las guerrillas le niegan su autonomía. Y entre tanto, la acción paramilitar crece y potencia su capacidad bélica.

En pocas palabras, no es claro que las guerrillas colombianas estén ganando en legitimidad lo que conquistan en poderío militar. Su incremento numérico y los atisbos de cambios cualitativos en las formas de combate podrían estar señalando nuevos rumbos en la confrontación, y las perspectivas de la guerra no están completamente por fuera de la agenda nacional. Y paralelamente los militares sí parecen estar perdiendo parte de su legitimidad.

El que unos y otros continúen incrementando su acción puramente militar y defendiendo su sentido tiene secuelas desastrosas: la creciente institucionalización de la coacción como forma de hacer política, la militarización como mecanismo de imposición de la voluntad. En fin, la subordinación de la razón a la violencia.

Y esto trae inevitablemente consecuencias de primer orden para la sociedad que resulte de un eventual armisticio. Si se llega a la negociación política, los guerrilleros se tendrán que hacer la obvia pregunta por el tipo de sociedad que los recibirá como reinsertados: ¿se reeditarán los procesos ensayados en el pasado reciente y que tuvieron como rasgos sobresalientes los incumplimientos de promesas, las retaliaciones personales, los abandonos de principios y los acomodos a las oportunidades individuales ofrecidas por un régimen político con algunos grados de apertura para individualidades? ¿Serán suficientes las ofertas de taxis, becas y cuotas iniciales de vivienda en un mundo de inseguridad urbana, que hizo declarar a un ex guerrillero que en su proceso de reinserción a la sociedad civil había ingresado a la barbaridad civil?

Y si es un hipotético triunfo militar guerrillero, ¿podrán los nuevos gobernantes desarrollar los principios de justicia social y democracia que pregonan? De nuevo, ¿sus ya largas prácticas no habrán convertido lo militar, disciplinario, rígido y vertical en principios de organización social y del Estado?

Parecería que la forma tan extrema de hacer política armada desde el "exterior" de la institucionalidad y legalidad estatales reflejara una radicalidad consecuente de las masas cuyos intereses supuestamente defienden los grupos armados. Esta relación se podría deducir de los episodios en los que la incredulidad generalizada frente a los mecanismos institucionales de expresión llevan a que sectores de la población recurran a la protesta masiva y la acción informal. Ello no significa, sin embargo, ni radicalidad política ni correspondencia con las dimensiones subversivas de las guerrillas y los paramilitares. El que en algunas ocasiones esas protestas populares puedan ser estimuladas y organizadas por la insurgencia no convierte necesariamente a quienes protestan en aliados estratégicos. Justamente se podría hacer una hipótesis al contrario: no pocas actividades reivindicativas de masas que se expresan pacíficamente, pero por fuera de la institucionalidad, enfrenta la violencia como oposición: sea la intolerancia militar del Estado, sea el oportunismo armado de la insurgencia. La violencia, pues, acalla la protesta y distorsiona las expresiones de reivindicaciones populares.

El seguimiento sistemático de la sociedad colombiana sigue mostrando, por tanto, una no correspondencia entre la radicalidad de la acción armada y la cotidianidad del ciudadano común. Probablemente esta disyunción se deba en parte, y en adición a la incredulidad en la acción estatal, a la expansión de la capacidad de los colombianos de intentar las soluciones a sus situaciones individuales a partir del "rebusque". Este rebusque, que constituye un rasgo de nuestra sociedad con el que se tendrá que contar en una eventual finalización de la contienda armada, es el desarrollo de la capacidad de inventar alternativas no normatizadas en el logro de metas. Produce un tipo de sociedad en el que se recrean mecanismos para circunvalar la ley, para activar una lógica en la que se privilegian la ventaja y la oportunidad individual por encima de aquella otra que daría especial prioridad a la noción de responsabilidad y al respeto por el otro.

El paso del logro de la ventaja por vías informales a la delincuencia es sutil y fácilmente franqueable. Aunque sea posible argüir que nuestra creciente delincuencia común es un producto de la mala distribución del ingreso, de la pobreza y marginalidad a que se ve sometida una gran mayoría de la población colombiana, no es menos cierto que la laxitud de un marco normativo de aceptación general, democráticamente ganado y apoyado por la acción estatal, facilita la conversión del rebusque en delincuencia.

Ensalzada por algunos intelectuales la ideología del rebusque resalta la capacidad de los colombianos para sobreponerse a las adversidades, salir de apuros, rebuscar oportunidades y salirle al paso a los obstáculos. Sin embargo, al mismo tiempo tiene la particularidad de que oculta que con estas prácticas se privilegia lo individual sobre lo social, se destruyen solidaridades, se dificulta la construcción de imaginarios comunes que estimulen la organización para la lucha por intereses y beneficios colectivos, y se contribuye a hacer más difíciles las tareas de construcción de tejidos sociales.

Al lado de esta exaltación del rebusque, y sin duda como su soporte teórico-político, se comienza a acuñar otra ideología, la que sostiene que la capacidad creativa de los colombianos es tal que no necesitamos del Estado para resolver nuestros problemas. Probablemente en nuestros días de jolgorio neoliberal esta ideología encuentre algunos adeptos. Sin embargo, difícilmente puede superponerse a la tradición católica colombiana en la que la razón de ser del Estado-padre, es que está llamado a satisfacer las necesidades de los más necesitados. Los menos neoliberales reconocerán que una forma de laicización de este principio católico es simple y llanamente el clientelismo, rasgo central de la osatura del sistema político nacional.

Paralelamente, pues, a la supervivencia del clientelismo, se desarrolla esa práctica del rebusque que se expresa en la generalización de la gestión económica por los bordes de la ley. Aunque su apoteosis han sido el narcotráfico, el secuestro y la corrupción, otras fuentes de fortuna ilegales ya han tenido su historia: el contrabando, la extorsión, el peculado, las canonjías.

El narcotráfico, en particular, expresa esa enorme capacidad para construir situaciones de ventaja personal, de transitar por los atajos de la ley y la institucionalidad. Desarrollado a partir de otras actividades delictivas -el contrabando, los secuestros-, la fabulosa rentabilidad del negocio atrajo a aquellos colombianos para quienes la clave era, y es, el desarrollo de la imaginación en la utilización de esos atajos. Con gran fuerza los narcotraficantes más audaces y creativos, los que lograban los mejores "corones" y más mulas lograban enviar exitosamente al extranjero, desplazaron a quienes no resistieron el empuje, y crearon un emporio de riqueza muy por fuera de los límites de la imaginación de los colombianos.

La dinámica que las ingentes ganancias imprimen al negocio de las drogas pronto indujo la organización de grupos exportadores cuyo enfrentamiento con la ley era cosa de poco tiempo: a pesar de los altos niveles de tolerancia con la corrupción reinante en el Estado, y de que el narcotráfico la incrementaba, el curso de colisión se hacía cada día más evidente. Hoy día, para resumir, el narcotráfico ha puesto a la sociedad colombiana en la más aguda encrucijada de los últimos años. El precario balance entre su aceptación y su repudio no resistió mucho tiempo: su penetración en los aparatos judiciales, parlamentarios, diplomáticos, en las organizaciones periodísticas, deportivas, clubes sociales y centros de reinados de belleza; su peso en la economía nacional, en fin, tenía que encontrar algún límite: ya el país no podía continuar en este proceso en el que muchas actividades y personas tendían a volverse mafiosas o a desaparecer si osaran resistirse. El narcotráfico condujo a Colombia por las vías del terrorismo indiscriminado, reeditó el asesinato como fórmula de eliminación de competidores políticos, exacerbó el cinismo de los poderosos frente a sus servidores, incluidos aquellos colocados en los cuerpos colegiados del Estado, y hasta se dio el lujo de incidir en los resultados de elecciones presidenciales. En otros campos menos conspicuos, incrementó los consumos internos de psicoactivos muy nocivos, contribuyó a alimentar procesos de deterioro de algunos sectores de la población, alimentó el crecimiento de las tasas de delincuencia, contribuyó a exacerbar la estigmatización de la juventud pobre. Y todo esto sin estimular un proceso de reducción de las desigualdades sociales: por el contrario las incrementó.

La coyuntura crítica de la década de los noventa dejará sin duda una fuerte huella. No sabemos aún cuáles puedan ser las direcciones de sus desenlaces, y mucho menos podemos pronosticar los resultados coyunturales. Tendremos que aceptar, eso sí, que sin una política de paz clara y generosa no podrá haber una negociación con la insurgencia. Y aceptemos también que sin resolver el problema de la insurgencia no podremos enfrentar exitosamente el del narcotráfico y su secuela paramilitar. Y desde luego que sin una política de confrontación drástica y decidida con la delincuencia narcotraficante no será posible que el Estado colombiano gane la suficiente dosis de legitimidad que le permita plantear una política creíble frente a la insurgencia. Son tareas urgentes y múltiples, desde luego, pero no pueden ocultar que más al fondo se encuentra también la necesidad de que, sin coartar la creatividad propia del rebusque, el Estado diseñe políticas de estímulo a las acciones colectivas: políticas de participación, política de estímulo a la creación de organizaciones civiles de acción en varios campos de la vida ciudadana, una política de favorecimiento e impulso al sindicalismo, en fin, medidas que reduzcan las dimensiones individualistas de la lógica de la ventaja.

En la Introducción a la edición anterior Jorge Orlando Melo se quejaba de que en Colombia no contamos aún con buenos estudios sobre el proceso de cambio cultural en Colombia. La coyuntura actual puede no ser el mejor momento para producirlos, por cuanto se corre el enorme riesgo de volver "estructural", de largo aliento histórico, lo que puede ser un efecto de corto plazo de una crisis que, aunque profunda, es posible que no tenga un impacto igualmente profundo. Sin embargo, el momento sí pone sobre el tapete temas de orden sociocultural y de psicología social de la mayor importancia en nuestra existencia como sociedad. Para empezar, reconozcamos que ante la supuesta incapacidad demostrada para enfrentar seriamente el problema del narcotráfico, especialmente en su impacto internacional, la gran potencia mundial nos ha recordado nuestra muy modesta e incómoda condición de subordinación, y que nuestra confianza en nosotros mismos como nación ha sufrido mengua indeleble. De allí tendremos que derivar enseñanzas ineludibles.

Entendamos también que al lado de la tradicional afirmación ideológica de que Colombia es una potencia moral, los colombianos y colombianas nos ruborizamos al enterarnos de que países en vías de entrar en situaciones críticas en términos de delincuencia, violencia y narcotráfico están en proceso de "colombianización". En contraste con la imagen construida sobre el colombiano y la colombiana como emprendedores, creativos y capaces de desarrollar recursos positivos aun en las mayores adversidades, hoy tenemos que sobrellevar aquella que nos muestra como delincuentes rebuscadores internacionales, desde las modestas mulas portadoras de escasas cantidades de drogas al precio de correr un evidente riesgo de muerte, hasta los capos que terminan capturados en ciudades europeas luego de haber posado como ricos e inteligentes empresarios.

Comprendamos, finalmente, que el que nos encontremos en una situación de aguda tensión y cambio social nos tiene que suscitar de nuevo temas como los de Arrubla y Pécaut: cuáles son, por ejemplo, las tareas concretas que debemos realizar para construir tejidos sociales que permitan gestar experiencias compartidas y comunidades de intereses; cómo lograr aperturas en los campos de conflicto de modo que sea posible construir los mecanismos para su tramitación arbitrada y pacífica cómo desarrollar los espacios de convivencia que nos permitan llevar las controversias sobre la vida pública a los terrenos de la política, hoy pisoteada por la violencia y la insensibilidad.

Alvaro Camacho Guizado

Director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia.