CAPITULO VIII

LA POLITICA

1. LAS DIGNIDADES DE LA REPUBLICA

Las dignidades municipales que componían el Cabildo de Cali en el siglo XVIII eran de dos tipos: electivas y vitalicias. Quienes ocupaban un puesto permanente de regidor debían comprar su dignidad en Popayán, en pública subasta. En términos generales existía un cierto concenso social respecto de las personas que podían acceder a estos cargos. En el siglo XVI los encomenderos habían logrado acapararlos y se habían opuesto a que los ocuparan artesanos o personas que se consideraba de una condición inferior. A pesar de que se introdujo en ellos la venalidad, se siguieron considerando un monopolio de personas "distinguidas" y, aunque no fueran hereditarias, sólo sus descendientes o algún allegado se atrevía a pretenderlos. Cuando el simple poder del dinero trataba de forzar esta conveniencia social informulada, surgía fatalmente el conflicto.

El cargo más vistoso y de mayor influencia social en el Cabildo, el del Alférez real, pertenecía por este derecho de preeminencia social a la familia Caicedo. En él se sucedieron, en el curso del siglo, cinco miembros de esta familia:

Cristóbal de Caicedo Salazar, hasta 1705
Nicolás de Caicedo Hinestroza, de 1706 a 1736
Juan de Caicedo Jiménez, 1736 a 1744
Nicolás de Caicedo Jiménez, 1744 a 1756
Manuel de Caicedo Tenorio 1758 a 1808

En el interregno de 1756 a 1758, durante la enfermedad de Nicolás de Caicedo J., ocupó el cargo de su yerno, el español Francisco Lourido Romay. El sucesor tuvo que disputar el cargo a un poderoso comerciante, Manuel Pérez de Montoya, cuyo suegro, el español y comerciante Soto y Zorrilla, había entrado ya una vez en conflicto con los patricios de la ciudad en 1743. Pérez de Montoya alegó en 1759 que el título obtenido por su rival estaba viciado pero no logró la anulación. Tuvo que contentarse con ejercer el cargo de teniente de gobernador que le fue confiado al año siguiente y rivalizar desde él con el Alférez.

Los otros regimientos perpetuos eran, en orden de precedencia, el de Alguacil Mayor, el de Alcalde mayor provincial, el de Depositario general y el de Fiel ejecutor. La importancia de estos cargos se medía por sus funciones pero sobre todo por el rango que proporcionaba cada uno en relación al otro, según un orden preestablecido por la tradición. Según una disposición de la Audiencia de Quito de 1742 la precedencia de los cargos es la que se ha indicado. En 1770, sin embargo, Antonio Cuero, allegado de la familia Caicedo, se empeño en gozar de la precedencia, como Alcalde mayor, sobre el Alguacil. Este último era Martín Domínguez Zamorano, hijo de un comerciante español cuyos títulos al Cabildo habían sido impugnados también por el clan de los Caicedos hacía una generación. En el mismo año de 1770 se dió una disputa parecida entre dos cuñados, ambos hijos de comerciantes, al pretender Antonio Garcés y Saa que su fielato debía preceder al puesto de depositario general que ocupaba Andrés Francisco Vallecilla ^{| 1} .

Como se verá más adelante, los regidores ejercían un control indiscutible en los asuntos de la "República". Era natural entonces que los comerciantes -generalmente de origen español- buscaran abrirse camino en el Cabildo haciendo valer el peso de sus escudos. En 1744 Manuel Caicedo y el comerciante Matías Domínguez Zamorano disputaron el puesto de Depositario pero el último ofreció 1.250 pts. y venció a su contrincante. Los Caicedos buscaron hacer anular la otorgación alegando ilegitimidad en Domínguez y el hecho de ser mercader. Esta vez, sin embargo, el comerciante fue apoyado por otros españoles y un linaje de comerciantes criollos, el de los Garcés y Saa.

Los regimientos y el control municipal fueron monopolizados por propietarios y mineros hasta 1726, cuando el hijo de un comerciante español obtuvo la Alcaldía mayor provincial mediante el pago de mil pts. Se trataba del Maestro Ceballos, cuyo título le venía de estudios hechos en Quito y que sucedía en el cargo a un importante propietario. Don Feliciano de Escobar Alvarado. Ya en 1720 Ceballos había sido procurador de la ciudad y desde 1722 familiar del Santo Oficio. Ostentando su nueva dignidad de Alcalde mayor fue elegido dos veces alcalde ordinario e intervino durante más de veinte años en los asuntos del Cabildo. En 1734 fue teniente de gobernador y como tal encargado de residenciar funcionarios. En 1744, junto con dos comerciantes españoles, se quejaba de los Caicedos, a quienes calificaba de despóticos y soberbios. Estos reaccionaron pidiendo que el Maestro cerrara su tienda de comerciante o cesara en el ejercicio de la Alcaldía mayor. Con este pretexto llegaron a obtener que la Audiencia de Quito lo suspendiera, pero fue restituído prontamente.

La preeminencia de Ceballos se debía, más que a sus estudios (aunque estos le confieren cierta ventaja sobre nobles que a duras penas sabían leer y escribir), a su fortuna en los negocios. En Quito se había casado, antes de 1720, con Doña Juana de Troya y Gaviria de quien se separó para venir a residir en Cali, en donde había nacido. Desde un modesto comienzo en los negocios pudo amasar una fortuna que se calculaba en 1744 en 80 mil pts. En 1725 había viajado a Cartagena y, según el decir de varios comerciantes que lo acompañaron, había invertido allí más de 20 mil pts. Según los mismos testimonios tenía en 1744 la tienda mejor surtida de Cali. Sobre esta presunción su mujer testó en Quito en 1744 disponiendo de 19 mil pts. de la fortuna del Maestro en obras pías. En Cali se encargaron de ejecutar la voluntad de la señora, que por mandato de la Audiencia de Quito, Don Nicolás de Caicedo, Don Jerónimo Ramos de Morales y Don Francisco Leonardo del Campo. El Maestro tuvo que sostener un largo pleito que, según afirmaba en su testamento le había costado 16 mil pts. Posiblemente toda esta pugna judicial, como era frecuente, tuvo mucho que ver en las rivalidades políticas de la época.

Sobre el poder de Ceballos los albaceas, que actuaban en Quito, estaban bien informados. Tenían

"... por odiosas y sospechosas las justicias de la dicha ciudad, como lo juramos por Dios Nuestro Señor y una señal de la Cruz, por ser el teniente su amigo y los alcaldes actuales removidos al voto con el cual Don Juan los eligió..." ^{| 2} .

En la segunda mitad del siglo más comerciantes accedieron a los cargos honoríficos de la "República" sin encontrar demasiadas objeciones. Así, Manuel Pérez de Montoya, regidor perpetuo desde 1759, familiar del Santo Oficio, alcalde ordinario dos veces y Teniente de gobernador en 1760, "... no obstante ejercitarse en la mercancía, por no ser desmedro, en estos reinos tal ocupación", como lo declaraba el título expedido por el virrey, aunque pusiera como condición emplear un cajero o dependiente para expender los efectos mientras ejerciera el cargo ^{| 3} .

El control del Cabildo se ejercía principalmente sobre la designación de dignidades electivas. Si bien el Alguacil mayor, el Depositario general o el Fiel ejecutor tenían funciones permanentes, estas parecen haberse ejercido con mucha parsimonia. Las funciones policivas del Alguacil mayor, por ejemplo, eran más bien simbólicas pues para ejercerlas contaba con el auxilio de dos alcaldes de la Santa hermandad, elegidos entre los propietarios de haciendas. Por su parte, el Fiel ejecutor muy rara vez controlaba pesos y medidas del comercio. Los alcaldes ordinarios, elegidos cada año en el seno del Cabildo, tenían en cambio funciones judiciales, ejecutivas y hasta legislativas en la órbita municipal. Ellos dirimían demandas civiles en primera instancia (principalmente pleitos sobre tierras y aguas), imponían sanciones penales, dictaban -al principio de su mandato "autos de buen gobierno" y velaban por su cumplimiento El procurador de la ciudad, funcionario que también se elegía al comenzar el año, instaba para que se dictaran disposiciones en beneficio del común y se ocupaba en zanjar disputas con Buga sobre los términos municipales. El mayordomo administraba las rentas de la ciudad y los hermandarios cuidaban del sosiego en los campos.

Para la designación de estos funcionarios jugaban las solidaridades de los clanes familiares representados en el Cabildo. En el curso del siglo vemos sucederse una especie de hegemonía de estos clanes cuyos intereses eran diversos e intrincados unos con otros pero que pueden simplificarse según el origen y la actividad de cada grupo. Así, en líneas generales puede afirmarse que si en los primeros años del siglo se advierte todavía la influencia predominante de los propietarios de "la otra banda", estos fueron sustituídos rápidamente por la hegemonía de los mineros, representados por la familia Caicedo y sus allegados quienes, a su vez, a mediados del siglo, tuvieron que enfrentar un desafió por parte de los comerciantes sobre todo de origen español.

Dos factores, sin embargo, contribuyen para que esta simplificación no sea tan nítida. El primero, que tanto mineros como comerciantes solían injertarse en el tronco de las familias tradicionales. Luego, que estos dos sectores buscaban a hacerse a propiedades rústicas, aunque en este caso su interés estuviera centrado en las proximidades de Cali y se convirtieran casi siempre en propietarios de la banda occidental del río Cauca.