2. La administración y el contrabando

La reducción definitiva de los primitivos habitantes del Chocó (y de otras tribus de la costa, como los Cajambres) abrió un nuevo ciclo de oro en la economía de la Nueva Granada. La postración minera del siglo XVII, provocada por las debilidades estructurales propias de este tipo de economía (agotamiento de yacimientos, deficiencias técnicas. agotamiento de la mano de obra), y que había alcanzado su punto más bajo a mediados del siglo, llegó a su término en el último cuarto, cuando se tuvo acceso a nuevos yacimientos.

Los beneficiarios de este nuevo auge fueron aquellos empresarios que, desde Popayán, Cali y otras ciudades, habían contribuido a la "pacificación" del Chocó. Muchos de los primeros mineros asentados en la nueva frontera exhibían títulos militares (capitanes, sargentos mayores, maestres de campo) ganados en las luchas contra los indígenas. Los más poderosos de entre ellos se sucedieron como lugartenientes del gobernador de Popayán en la provincia de Novita y por esta razón el producto de las minas fue ocultado permanentemente a las encuestas de la administración española. En 1726 el el procurador de Cali, Escobar Alvarado, afirmaba que todavía en 1680 no se tenía noticia de muchas de las minas que se explotaban y,

"... a punto fijo no se supo la fertilidad y abundancia hasta que a los últimos del referido año de diez y ocho se nombró superintendente en las referidas provincias..." ^{| 10} .

Entre 1698 y 1706 había actuado como juez de cobranzas el teniente de gobernador Don Luis de Acuña y Berrio y en todos esos años sólo aparecen en los libros de cuentas de las Cajas reales seis u ocho partidas de oro declarado, que de ningún modo podían corresponder a las cantidades del oro que se extraía ^{| 11} . Más tarde, entre 1713 y 1717, como superintendente, la actuación de este funcionario debió parecer tan irregular que se le obligó a rendir cuentas en la cárcel ^{| 12} . Al parecer, los quintos reales sólo podían cobrarse en el momento en que se verificaba una conversión de oro en plata acuñada, operación que los mineros evitaban comprando los artículos que consumían a contrabandistas o a comerciantes que sacaban el oro por su cuenta y riesgo ^{| 13} .

Según un informe de 1720 los fraudes se hacían a sabiendas de los gobernadores de Popayán. Sus lugartenientes solían pagar por el privilegio de su posición seis u ocho mil pesos que más adelante reembolsaban con fraudes ^{| 14} . Pedroza y Guerrero, encargado de poner orden en estas irregularidades, observaba que los gobernadores de Popayán, con 2750 patacones de salario anual, al cabo de los cinco años de su ejercicio solían sacar de 150 a 200 mil. So pretexto de visitar los distritos mineros (y, en efecto, las visitas eran muy frecuentes a la región de Barbacoas), el gobernador mismo solía instalar allí mesas de juego en donde se cobraba doce pesos por baraja. El visitador concluye, con alguna ironía, que la visita duraba lo que las barajas.

Pedroza emprendió una labor de reorganización administrativa en 1718 reemplazando a los lugartenientes del gobernador de Popayán por un superintendente que dependería en adelante de la Audiencia de Santa Fé. Con todo, el gobernador retenía la facultad de nombrar curas, alcaldes, cabos y los agentes de la jurisdicción civil y criminal. Las reformas de Pedroza se dirigían primordialmente a organizar los recaudos de los quintos del oro, que, a partir de esa fecha, comenzaron a cobrarse con alguna regularidad.

El clima social de estas regiones mineras lo describe un funcionario, según el cual,

.. son todos los habitantes de estas provincias los más mineros y dueños de cuadrillas de negros que labran sus minerales, y así mismo de mercaderes y rescatantes, y todos, y en especial los primeros, gente que vive con sobrada libertad en sus acciones y modo de vivir...".

Los dueños de cuadrillas más importantes que, como se ha dicho, se sucedían en la tenencia de la gobernación, acaparaban la mano de obra indígena y la dedicaban a sembrar y mantener cultivos de maíz y de plátano para el sustento de sus cuadrillas de esclavos ^{| 15} . Así, en los primeros años del siglo XVIII los hermanos Mosqueras de Popayán entraron en conflicto con otros mineros de la provincia de Novita que solicitaban también el servicio de los indios para sus propias cuadrillas. El doctrinero franciscano Manuel Caicedo, que se opuso entonces a las pretensiones de los Mosqueras de despoblar su doctrina en Tadó para servirse de los indios en los reales de minas en Iro, fue expulsado de la doctrina por Pedroza y Guerrero diez años más tarde, por cuanto el fraile se ocupaba también de la minería "con un comercio abierto y franco en esta razón". ^{| 16}

Según Pedroza, el de Fr. Manuel no era el único caso sino que otros franciscanos se dedicaban también a las minas y al comercio. En 1708, con ocasión del conflicto entre los Mosqueras y los restantes mineros, el cura caleño Nicolás de Hinestroza se puso del lado de los primeros pidiéndoles francamente que a cambio de sus servicios le obtuvieran un curato ^{| 17} . Fue más tarde, efectivamente, cura de los reales de Iro y Mungarra (que pertenecían a los Mosqueras) y a su muerte, en 1759, dejó una fortuna en esclavos negros y minas de más de 60 mil patacones con los cuales dotó al Colegio de misiones de los franciscanos en Cali.

No solamente la libertad de las costumbres y de las empresas económicas atraían a las gentes más diversas a esta región de frontera. Otros desórdenes aquejaban la provincia, sobre todo el del contrabando que se movilizaba por las dos grandes arterias del San Juan y el Atrato. Se especulaba, además, con el precio de los esclavos y de los abastecimientos. Según un informe oficial, hacia 1720 un negro bozal se compraba por 550 patacones y uno adiestrado en minería por 800 (300 castellanos), cuando su precio en la factoría de Cartagena no llegaba a la mitad. Un quintal de hierro costaba 50 pts. y uno de acero 80, siendo que su precio en Cartagena no pasaba de cinco o seis pts. El maíz o los plátanos, que se cultivaban en los mismos centros mineros o sus cercanías, alcanzaban preciso astronómicos: un patacón por almud de maíz o un castellano por cuatro racimos de plátano.

Por esto se proponía, como tantas veces antes lo habían hecho otros funcionarios de la Corona, que esta interviniera como empresario para evitar los abusos de los particulares y, de paso, acrecentar el Erario. Se calculaba que de enviarse directamente de Guinea o Jamaica (eran los tiempos del asiento inglés) dos mil piezas de esclavos entre 20 y 25 años, cuyo costo oscilaba entre 180 y 200 pts. por pieza, el rey ganaría 580.000 pts. vendiendo cada licencia en 250 pts. Respecto a los víveres, estos debían remitirse cada dos meses por funcionarios de la Corona desde las ciudades contiguas de Cali, Cartago, Toro y Anserma. Finalmente, concluía el informe, la Corona podría hacerse cargo hasta de las operaciones de la explotación minera para dar término a las fugas de oro ^{| 18}

La propuesta de estatizar completamente la producción minera no parece extraña si se tiene en cuenta la realidad que presenciaban algunos funcionarios celosos del Erario real. A sus ojos, el contrabando era el mayor azote que padecían estas lejanas regiones y no parecía existir otro expediente para extirparlo que alguna medida radical, que liquidara la intervención de los particulares en el proceso productivo. Las enormes cantidades de oro que se ponían en circulación atraían a los comerciantes extranjeros y los mineros, desprovistos de lo más esencial, pagaban sumas enormes por artículos que eran muchas veces de consumo suntuario. Así, la falta de control, las carencias y una aptitud para el consumo conspicuo se combinaban para que entrara de contrabando todo tipo de mercancías.

El problema del contrabando era complejo y los gobernantes de la Nueva Granada ensayaron varias medidas para ponerle coto. El primer virrey de la Nueva Granada, Villalonga, estimuló en Santa Fé la amonedación a partir de 1720 y prohibió que saliera oro sin amonedar por Cartagena. Según el virrey, los factores del asiento de esclavos negros eran los responsables del contrabando ^{| 19} . Estos aceptaban el oro en polvo que sacaban los comerciantes a cambio de las mercancías que traían ocultas en los barcos negreros o en el llamado "navío de permisión".

En 1721 el gobernador de Popayán, marqués de San Juan de Rivera, proponía que en lugar de impedir el comercio de los puertos del Pacífico, medida que había propiciado el antecesor de Villalonga, Qedroza y Guerrero, se cambiara el oro por moneda de plata en los yacimientos mineros con el fin de facilitar las transacciones. Según el gobernador los mineros compraban con oro en polvo lo que necesitaban,

.. vendiéndo(lo) a los mercaderes pon ínfimo precio y dándoselo) por comestibles y ropa y estos son los que lo extraen y defraudan a V.M., cuyo inconveniente cesará con evidencia si en esta provincia de Barbacoas se ponen todos los años ocho mil patacones y estos, reducidos incontinenti, pasan a las cajas de Quito, y entregándose allí se vuelve a traer la misma cantidad de moneda acuñada; y en la provincia del Chocó se necesita por treinta mil patacones" ^{| 20} .

Un poco más tarde (en 1724), Fr. Manuel de Caicedo escribía un informe en el que mencionaba la codicia de los comerciantes extranjeros por el oro del Chocó y la entrada de ingleses y escoseses a la región de los Cunacunas, todavía no sometidos. Volvía a mencionar la ausencia de moneda acuñada y la facilidad con la que se introducían por el río San Juan barcos provenientes de Panamá. El oro se sacaba también a las costas de Cartagena y de Porto Belo, en donde permanecían apostadas embarcaciones extranjeras ^{| 21} .

Según el gobernador del Chocó (1736), Simón de Lezama, la oposición del Cabildo de Cali a que se incorporara la provincia del Raposo a su gobierno facilitaba la salida del oro por el río San Juan, sin que él pudiera oponerse ^{| 22} . Sin embargo, desde 1730 se habían reiterado las prohibiciones de penetrar ciertos géneros por los ríos Calima y San Juan hasta que en 1777 se desistió de ellas, legalizando un comercio que había existido siempre ^{| 23} .

Debido al contrabando las cantidades de oro que llegaban a las Cajas reales eran insignificantes. Se sabía, empero, que las explotaciones iban en aumento desde comienzos del siglo XVII. En 1726 el procurador de Cali, Escobar Alvarado, calculaba que en los últimos diez años, lapso en el que se había regularizado hasta cierto punto la percepción de los quintos, se habían manifestado en Popayán más de 140 mil castellanos.

Las más grandes fortunas de Cali se originaron en los distritos mineros del Raposo. Esta provincia, que, confinaba con la del Chocó tenía su suerte unida a la de esta última y su poblamiento definitivo sólo fue posible con las conquistas chocoanas del siglo XVII. Sin embargo, los habitantes de Cali la reivindicaban para sí por cuanto el antiguo puerto de Buenaventura caía naturalmente bajo el radio de influencia de la ciudad. Desde el siglo XVI los comerciantes caleños se lucraban haciendo transmontar las mercancías a lomo de indio desde Buenaventura por los farallones. Extinguidos los indígenas de la cordillera, la ruta intentó reabrirse varias veces en el siglo XVII sin conseguirlo de manera definitiva. Sólo la pacificación de los noamanes permitió el acceso a la región (por el río Dagua), desde la cual se remontaba el río San Juan para abastecer los distritos mineros del Chocó. La misma provincia de Noama (que comprendía Buenaventura, la región del Raposo y los pueblos de San Javier y Zabaletas) se estimaba jurisdicción de Cali y sus riquezas mineras fueron explotadas principalmente por vecinos de la ciudad.

Esta influencia fue reconocida en ocasiones por los mismos gobernadores de Popayán, quienes nombraban allí lugartenientes caleños. El primero, nombrado en 1680 por el gobernador Fresneda, fue Andrés Pérez Serrano cuyo título fue confirmado por el gobernador Berrio en 1683. A partir de 1706 la familia Caicedo ocupó el cargo con regularidad hasta que, en 1719, las cuatro provincias del Chocó (Citará, Tamaná, Nóvita y Noanama) se unificaron bajo la administración de un superintendente. En 1723, sin embargo, uno de los Caicedos, sobrino del Alférez real de Cali volvió a ocupar el puesto ^{| 24}

En 1726 se comprobó que la superintendencia había permitido fraudes renovados en los quintos del oro y un contrabando que entraba del Pacífico por el río San Juan y del Caribe por el Atrato. Por esta razón se decidió erigir el Chocó en gobernación aunque excluyendo el Raposo, que se colocaba bajo la jurisdicción del Cabildo de Cali ^{| 25} . Con la creación de esta gobernación debían cesar las funciones del teniente de gobernador de Popayán que ejercía entonces en el Raposo el Dr. Bartolomé Caicedo, hijo de Nicolás de Caicedo H., el Alférez real. Tras un conflicto con el nuevo gobernador, el Cabildo de Cali quedó facultado para disponer de la provincia a su antojo.