¿REGENERACION FUNDAMENTAL O CATÁSTROFE ?

Un análisis de la política gubernamental hacia los Llanos Orientales a finales del Siglo XIX

Jane M. Rausch ^{| 1}

En 1878 cuando el senador Rafael Núñez se dirigió al Presidente de la República Julián Trujillo para promover "la regeneración administrativa fundamental" o enfrentarse a la "catástrofe", la facción radical del partido liberal, entonces en el poder, ya estaba a la defensiva, desilusionada por la guerra civil sangrienta de 1876 a 1877 y el fracaso de sus ambiciosos planes para el país. Dos años mas tarde el mismo Nuñez, elegido Presidente como independiente, comenzó a desmantelar el régimen que había sido consolidado bajo la Constitución de Rionegro en 1863, pero no fué sino hasta que acaeció la derrota liberal en el campo de batalla en 1885 cuando emergió un consenso claro sobre su programa.

El centralismo -el fortalecimiento de la autoridad institucional y la estrecha cooperación de la iglesia y el estado- elementos básicos de la "Regeneración" fueron excesivamente elogiados en la Constitucion de 1886 que restauró el poder del gobierno nacional y redujo antiguos estados a departamentos regidos por gobernadores nombrados por el Presidente. Durante los trece años que siguieron, la prosperidad retornó a las tierras altas. Los altos precios del mercado mundial favorecieron la expansión de la economía cafetera y la paz política sólamente se rompió con la revuelta liberal de 1895, la que fue abortada, sin embargo para los Llanos de Casanare y San Martín -las praderas tropicales que se extienden miles de kilómetros al oriente de la cordillera hacia la frontera Venezolana y que se unen con la selva amazónica para formar la frontera oriental del país- los beneficios de la Regeneración fueron menos tangibles (Bergquist, Charles 1978; Park, James 1985; Delpar, Helen 1981; Deas, Malcolm 1986) ^{| 2} .

Tal como este ensayo lo demuestra -con la excepción de la revitalización de las misiones y un comercio libre transitorio a lo largo del río Orinoco- el régimen: nacionalista-conservador instalado por Nuñez trajo a los Llanos, si no "catástrofe", por lo menos, el atraso económico, la confusión administrativa y la represión política ^{| 3} .

Renacimiento de las Misiones

La decisión de Nuñez de revivir las misiones fué un punto de partida para el programa radical de gobierno y para el crecimiento del acercamiento del Presidente con la iglesia católica. Aún antes de 1849 las misiones había desaparecida de los Llanos; de San Martín y Casanare y la campaña dirigida por los liberales en contra de las prerrogativas de la iglesia despues de ese año sólamente sirvió para servir de preámbulo a su renacimiento. El anticlericalismo oficial alcanzó en 1861 su máximo punto Cuando Tomas Cipriano Mosquera suprimió todas las ordenes religiosas en el país. Durante la década siguiente algunos Dominicanos y Recoletos -que prefirieron escaparse a los Llanos antes de renunciar a sus votos- continuaron atendiendo las necesidades espirituales de pueblos aislados pero sin seguridad política ni recursos materiales lentamente sucumbieron en aquellos climas tropicales-, Hacia finales de 1870 sólamente el padre José de Calazans vela permanecía allí. Vela -un Dominicano enamorado de los Llanos- superó obstáculos burocráticos y ambiental es para ser ministro de blancos e indios en el Territorio de San Martín hasta el año de su muerte en 1895 (Mesanza, Andrés en Fr. José de Calasanz, 1936) ^{| 4}

Mientras tanto, durante su primera administración, Nuñez comenzó a cerrar la brecha entre la iglesia y el estado al reintegrar a las comunidades religiosas y motivar al Congreso para rechazar muchas reglamentaciones anticlericales emanadas despues de la guerra civil de 1876-1877. En 1880 el Papa León XIII aprobó la separación de Boyacá y Casanare de la nunciatura metropolitana y creó una diócesis nueva. Un año más tarde, el Vicario Gobernador de Tunja, Moisés Higuera nombró a Miguel de Jesús Medina, antiguo párroco de Labranzagrande, como Vicario de Casanare y fundó un Seminario en Nunchía para preparar nuevas vocaciones sacerdotales. En 1883 cinco curas destinados a los Llanos fueron ordenados, pero la guerra civil de 1885 detuvo sus actividades (Restrepo Posada, Eduardo vol. III 1961-1971. Pgs 337-338; Ganuza, Marcelino, 1921 vol. II pg. 404).

Durante la segunda administración de Nuñez, tanto la Constitución de 1886 como el Concordato de 1887 regularizaron las relaciones entre el estado y la iglesia. La nueva constitución declaró la religión católica romana como la religión de la República. Se especificó allí que las autoridades civiles debía respeto a la iglesia, estipuló el papel de la iglesia en la educación pública y se la consideró como persona jurídica en materias civiles. Por medio del Concordato, el Gobierno aceptó compensar a la iglesia por las pérdidas ocasionadas por el decreto de desamortización de bienes de manos muertas de 1861. Allí se garantizó la independencia de la iglesia de la interferencia civil y aumentó su control sobre la educación. Finalmente, se le asignó a la iglesia, -a perpetuidad- un subsidio anual de cien mil pesos para el mantenimiento de las diócesis, seminarios, misiones y otros asuntos (Gibson, William Marion, 1948 pg. 297; Mechan J. Lloyd, 1966 pg. 126).

En ese momento se inició un esfuerzo de evangelización, primero en Casanare cuando cuatro Recoletos comenzaron a hacer proselitismo entre las indómitas tribus de Guahibo en 1891, tomando como base la localidad de Orocué. En 1893 el Papa León XIII designó a los Llanos, al norte del río Meta, como vicariato apostólico, y un año más tarde, el primer vicario apostólico, Fray Ezequiel Moreno, llegó a su sede en Támara. Los Recoletos trabajaron sistematicamente. Compilaron un Diccionario gramática de lengua Guahibo y comenzaron las misiones en Barrancopelado, Santa Elena y San Juanito (Ganuza, Marcelino, op. cit. vol. III pg. 99 -273; Fernández, Manuel y Marco Bartolomé, 1895). Aunque muchos fueron forzados a escapar durante la rebelión liberal de enero a mayo de 1895, algunos volvieron a sus puestos después que el gobierno retomó el control. En 1896 Fray Nicolás Casas y Conde sucedió a Moreno como vicario apostólico. Cuando llegó a Támara en Junio acompañado de varias Hermanas de la Caridad, ellas iniciaron los colegios para niñas. Hacia 1898 había diez y seis Recoletos administrando las misiones de Támara, Orocué, Nunchía, Manare, Arauca, Chámeza y San Juanito y las Hermanas habían abierto escuelas en Támara, Orocué y San Juanito. El padre Marcelino Ganuza, historiador Recoleto menciona con orgullo estos datos:

En ninguna otra época, ni siquiera durante la floreciente prosperidad de las misiones coloniales, había tenido Casanare una atención espiritual tan afortunada como durante los años que precedieron a la revolución de 1899 (Ganuza, loc. cit.) ^{| 5.}

La Sociedad de San Francisco de Sales, conocida como la comunidad Salesiana, se encargó de las misiones de los Llanos de San Martín en enero de 1896, un mes más tarde de que hubiese fallecido trágicamente el padre Vela en un accidente cuando fué tumbado por su caballo cerca de La Uribe. Don Juan Bosco fundó la comunidad en Turín, Italia en 1895. La orden creció rápidamente y en 1888 tenía un millar de clérigos en 57 fundaciones distribuídas por Europa y Sur América. En febrero de 1890 los primeros nueve Salesianos dirigidos por el Padre Evasio Rabagliati vinieron a Bogotá a iniciar un contrato con el gobierno colombiano. Abrieron una escuela para niños y se hicieron cargo del leprocomio de Agua de Dios, cerca de Tocaima. Durante un viaje a los Llanos de San Martín en Enero de 1895, en busca de un hospital para leprosos, el padre Rabagliati quedó convencido que su orden debería aceptar la posibilidad de tener una mision allí. Cinco salesianos fueron a Villavicencio un año más tarde, pero, encontrando la iglesia aún en ruinas después de un incendio que destruyó el poblado el 28 de enero de 1890, se fueron para San Martín. Allí los habitantes locales les dieron la bienvenida y comenzaron a progresar en su empresa. Hacia 1897 cuando el Papa León XIII declaró el territorio de San Martín como vicariato apostólico, ya habían abierto casas en La Uribe, Villavicencio y San Martín (Ortega Torres, José Joaquín, 1941 pgs. 6, 144, 195).

La Guerra de los Mil Días forzó a los misioneros a suspender operaciones en los Llanos, pero tanto Recoletos como Salesianos regresaron despues de la firma del Tratado de Neerlandia en Octubre 24 de 1902 ^{| 6} . En Diciembre de ese año Colombia negoció con el Vaticano un nuevo Convenio de Misiones que fortaleció el poder de las órdenes religiosas sobre los indígenas y sus territorios. Aunque los críticos liberales acusarían más tarde al gobierno de conceder tres cuartas partes del territorio del país al dominio de padres extranjeros, al aprobar la medida, el Vicepresidente José Manuel Marroquín continuaba un proceso iniciado por Rafael Núñez que restauraba las misiones a la importancia que tradicionalmente tenían como institución dominante de la frontera hispánica (Abel, Christopher, 1987 pg. 43).

La libre navegación por el río Orinoco

El acceso de Colombia al libre comercio a lo largo de los ríos Meta y Orinoco fué el producto del mejoramiento de las relaciones con Venezuela después de la elección de Nuñez en 1880. Desde 1819 las disputas acerca de la demarcación de las fronteras y los derechos de transportes en los ríos comunes había tenido a las dos naciones en contradicción. Renovadas las negociaciones en 1881, dieron pié a un acuerdo para someter la cuestión de las fronteras al arbitraje del Rey Alfonso III de España. La muerte del rey en 1885 demoró estos procedimientos pero en 1891 la Reina Regente María Cristina dió a conocer su decisión denominada "Laudo". Aunque ninguno de los lados estaba satisfecho, aceptaron la decisión del Laudo de la Reina Cristina -como se le conoce- basados en negociaciones futuras. Firmaron por ello, en abril de 1894 un Tratado de Navegación y Libre Comercio mediante el cuál Colombia le cedía a Venezuela algún territorio de la Guajira y Guainía a cambio del derecho de navegar libremente por los ríos Orinoco, Atabapo y Río Negro y la excepción de cargos de aduanas a fletes y personas. Este tratado nunca fue ratificado y en 1898 se suscribió un nuevo pacto en el cual los dos países acordaban designar comisiones mixtas para revisar una vez más toda la frontera y se recomendaban cambios a la situación establecida por el Laudo. Sin embargo, hasta 1899 Venezuela permitía a los colombianos acceso libre a los ríos Meta y Orinoco, y por lo menos, un empresario, José Bonnet, sacó provecho de esta oportunidad (Valois Arce, Daniel 1970 pgs. 79-80) ^{| 7} .

Bonnet inmigró de Francia hacia Colombia en 1865. Dos años más tarde fundó una casa comercial en Bogotá con oficinas en Orocué y Villavicencio y comenzó a adquirir plantaciones de café en los Llanos. En 1881 persuadió al Presidente de Venezuela Antonio Guzmán Blanco que le permitiera importar bienes de Colombia por el Orinoco y el Meta sin pagar aduana en Ciudad Bolívar, pero el Congreso colombiano declaró ilegal dicho arreglo en 1884. Sin desanimarse por éste limitante y aprovechando un enfriamiento en las relaciones bilaterales Bonnet firmó un contrato en 1890 con el gobierno de Nuñez en el cual se comprometía a hacer seis viajes completos al año en el vapor, entre Ciudad Bolívar y Orocué y a iniciar tres colonias agrícolas en 30.000 hectáreas de baldíos a lo largo del Meta (Bonnet, José 1884. pg. 10; Anales del Senado, Serie II Nº 107 Agosto 7, 1884). Bonnet adquirió su barco El Libertador de la firma londinense Yarrow y Compañía por 4.300 libras esterlinas y lo hizo adecuar en la Isla de Trinidad; el vapor tenía veinticuatro pies de ancho y ciento veinticuatro pies de largo incluyendo la rueda con un motor de ochenta y cuatro caballos de fuerza, alcanzaba a navegar nueve millas por hora llevando una tripulación de diez y nueve hombres (Brisson, Jorge, 1896 pg. 130-131).

El Libertador salió de Ciudad Bolívar en su viaje inicial el primero de noviembre de 1893 cargado con telas, vino, alimentos, herramientas; pasando por Orocué llegó a Puerto Barrigón el 17 de noviembre para ser recibido por los habitantes locales con un coro de admiración para Colombia y para Bonnet; en el viaje de regreso llevó pasajeros, café, cacao, cueros, caucho y completó los seiscientos kilómetros entre Orocué y Ciudad Bolívar en cinco días (AHN, MG. vol. 47 fols. 110, 111; Gómez Picón Rafael, 1953 pg. 455) ^{| 8} .

La navegación a vapor aceleró la actividad económica de toda la región y benefició especialmente a Orocué al acortar el tiempo de viaje entre ese puerto y Ciudad Bolívar de sesenta a ocho días o de quince a cinco días, dependiendo de la estación. Al mismo tiempo que Bonnet, Ramón Real -un venezolano- y los hermanos Franzius -alemanes- iniciaron casas comerciales allí y gracias a la presencia de aduanas, el comercio del café, ganado y caucho así como la actividad comercial se aceleró. El señor Real adquirió un barco de vapor llamado Boyacá y lo utilizó por el río Pauto para bajar el café que salía de Támara, hasta Orocué. La designación de Orocué como capital de Casanare en 1896 y la apertura de escuelas y colegios de las Hermanas de la Caridad aumentó la reputación de este puerto -denominado en la época- "el Sultán de la Llanura" hasta el punto que comenzó a rivalizar con el intercambio comercial que tenía lugar en el puerto de la, ciudad de Arauca (Brisson, J. op. cit. pg. 154, 305; Ortega Ricaurte, Enrique, 1943 pg. 128).

Sin embargo, los éxitos de Bonnet fueron algunas veces tergiversados; ni Colombia ni Venezuela habían ratificado el Tratado de Libre Navegación y Comercio de 1894 y los comerciantes de ambos países, celosos de los privilegios que le habían dado a Bonnet -por ser francés-comenzaron a demandar la revocación de su contrato. En 1898 el Secretario de Hacienda anuló las asignaciones que Bonnet tenía para colonizar tierras, teniendo en cuenta que él aún no había iniciado la fundación de las tres colonias agrícolas, tal como lo especificaba el contrato inicial. Cipriano Castro -despues de tomarse el poder en Caracas el 22 de Octubre de 1899- prohibió todo libre comercio por los ríos Meta y Orinoco. Finalmente, durante la Guerra de los Mil Días los rebeldes se hicieron cargo del vapor Libertador y cuando la guerra terminó los restos de su casco permanecían en la Isla de Trinidad. Bonnet quedó arruinado y solamente en los años veinte, otro empresario aceptaría restaurar el servicio de navegación por el río Meta (Intendente de Casanare, MMG 1904 pg. 148; AHN, Baldios vol. 18, fol. 397; vol. 19 fol. 235; Intendente de Casanare, MMG 1898 pg. 46-50; El Espectador, febrero 11, 1923).

Estancamiento económico

Aunque es obvio que una década de libre comercio por el río Meta no podía resolver por sí misma todos los problemas económicos del Llano, también es claro que los gobiernos de la Regeneración fracasaron en sacar ventajas de las posibilidades que esta bonanza tan breve les podía suministrar. Por ejemplo, no se hicieron mejoras significativas en las carreteras que iban desde las tierras altas hacia el río Meta y la construcción de una carretera tan importante como la de Bogotá a Villavicencio -despues de registrar considerable progreso en la década de 1870- vino a detenerse a pesar de la Ley 140 de 1888 que exigía su extensión hasta el río Meta (Ministro de Fomento, 1890, xxiv). Un contrato firmado por el gobierno en 1893 con la firma londinense Puchard Mc Taggard, Louthier y Compañía para construir un ferrocarril que conectaría a Bogotá con un puerto sobre el río Meta fracasó cuando los ingenieros no pudieron ponerse de acuerdo sobre cuál era la mejor de las tres rutas posibles para atravesar la cordillera (Ossa, Peregrino, 1937 pg. 81). Las carreteras se inundaban en las épocas de lluvia entre Casanare y San Martín, dejando a muchos pueblos aislados durante meses y por eso era que los vapores Libertador y Boyacá, además de los bongos y veleros llevaban carga a lo largo del río Meta.

En 1890 José de Calasanz Vela rindió un informe al Secretario de Hacienda detallando las exploraciones que él había hecho en las selvas al sur del río Meta; el dominicano le pedía al gobierno "trabajar inmediatamente con la finalidad de asegurar la colonización material, intelectual y moral de nuestros Llanos orientales". Recomendaba) específicamente la asignación de un status especial a la región; bajar el precio de la sal, extender la línea de telégrafos desde San Martín hasta Villavicencio y establecer colonias de campesinos con protección militar en San Pedro de Arimena y San Vicente, sobre el río Ariari (Vela, José de Calasanz, op. cit. III pg. 322-324).

En 1894 Jorge Brisson -un ingeniero civil- visitó Casanare para hacer unos reconocimientos solicitados por el Intendente. Su informe pedía la construcción de una línea de telégrafos entre Chita, Támara y Arauca y cambiar la capital territorial de Támara a Orocué. Brisson concluyó que Casanare tenía un futuro promisorio pero que ello dependía del apoyo y desarrollo que el gobierno le diera:

En resumen -en nuestro concepto- y a todas luces todo el desarrollo viene hacia nosotros desde el centro, nosotros debemos buscar como timonel para el barco que comenzó a navegar hace algunos meses y ese timonel está en Bogotá. Por ello, el telégrafo es una buena conexión para el interior y esas son las primeras cosas que nos deben preocupar en el área de los servicios públicos (Brisson, op. cit. pg. 309).

Sin embargo, los presidentes de la Regeneración no respondieron a estos requerimientos. Los radicales Santos Gutiérrez (1866-1867); Eustorgio Salgar (1870-1872); Manuel Murillo Toro (1872-1874); Carlos Holguín (1888-1890) y Miguel Antonio Caro (1892-1898) habían ignorado a los Llanos en sus mensajes anuales al Congreso y los decretos orgánicos de los años 1893 y 1897 mediante los cuales se reorganizaba las administración de las Intendencias omitieron cualquier mención acerca del desarrollo económico de la región. El Secretario de Justicia de Miguel Antonio Caro -Antonio María Rueda G.- comprendió muy bien esta falta de interés cuando escribió en 1894 que Colombia debía dirigir sus limitados recursos a las tierras bajas del Magdalena, Panamá, la Guajira y la Sierra Nevada. La importancia de los Llanos -explicó- era más estratégica e internacional que económica. La inversión allí sería prematura mientras que Venezuela pudiera influir en obstaculizar cualquier desarrollo de los Llanos debido al control que ellos tenían sobre el Orinoco. "Las convulsiones políticas armadas tan frecuentes entre nuestros hermanos del otro lado del río Táchira no representan un estímulo para el sacrificio que la colonización de nuestra región Oriental pudiera demandar para nuestro tesoro tan exprimido (MMJ, 1894, lxxx).

La producción ganadera de los Llanos quedó estática, cuando no tuvo apoyo del gobierno. Mientras que los ganaderos en otras partes del país experimentaban con pastos artificiales y con nuevos cruces, solamente unos pocos propietarios progresistas -tanto en San Martín como en otras regiones- adoptaron estas técnicas; entre ellos citamos a Emiliano Restrepo y Sergio Convers. En Casanare los ganaderos siguieron los métodos tradicionales de explotación traídos por los españoles en el siglo diez y seis. A lo largo de los años, estos ganados se habían adaptado al clima tropical; tenían fortaleza y eran resistentes al calor y a los insectos, sinembargo era ganado pequeño y de lento desarrollo. Durante los viajes a los mercados de las zonas altas, el ganado perdía peso y debía ser engordado durante varios meses despues de su llegada, antes de poder ser vendido. Sin embargo, este ganado podía competir con los ganados de la costa y los valles interiores; los ganaderos del Llano también pudieron vender sus ganados en Venezuela y utilizar el camino de San Cristóbal para llegar a Cúcuta. Cuando los venezolanos decretaban impuestos sobre los ganados o cuando cerraban la carretera, los ganaderos se veían forzados a sacrificar las reses y obtener lo que pudieran de la venta de los cueros (Rouse John, 1977 pg. 164; Pedraja René de la, 1984 pg. 35).

La agricultura de San Martín recibió en los años de 1870 un impulso con la llegada de Restrepo, Convers y otros empresarios con capital que llegaron a incorporar cultivos que pudieran ser llevados a las tierras altas. De las ocho fincas más grandes en el territorio de San Martín en 1875, El Buque -propiedad de Sergio Convers y La Virginia, propiedad de Diego Suárez y Vicente Lafaurie estaban dedicadas exclusivamente a la producción de café. Por otra parte, la hacienda Ocoa, propiedad de Narciso Reyes y Federico Silva producía caña de azúcar y cacao. El Buque -con sus ochenta a cien mil matas de café- se decía que era más grande que cualquier otra finca cafetera de Cundinamarca. La hacienda de Ocoa con siete mil matas de café era más o menos tan grande como El Buque. Las tres haciendas tenían máquinas para moler, lavar y secar el café. El Buque poseía una rueda hidráulica, molino de viento, tanques de agua y talleres (Restrepo Emiliano, 1957 pg. 115; Flórez Raquel Angel de, 1962-1963 vol. I pg. 75).

Gracias a las cosechas de estas tres haciendas, el Territorio de San Martín exportó 90.4 toneladas métricas de café valoradas en $20.642 pesos en 1874; la producción de café de los Llanos siguió en un nivel significativo en relación con la producción nacional hasta la caída del precio del mismo en 1882-1883 (Pedraja de la, René op. cit. pg. 48, 54). Aunque la producción se recuperó en Cundinamarca y los Santanderes en la década de 1890, los  empresarios de los Llanos estaban muy aislados de la Costa Atlántica como para ser competitivos y dependían mucho de la voluntad de Venezuela para poder tener acceso al Atlántico por la ruta del río Orinoco. Localmente el café siguió siendo importante. Por ejemplo, tanto Támara como Arauquita y Medina -una localidad del piedemonte al nororiente de Villavicencio- fueron regiones productoras de café. En ésta última tuvo lugar una violenta lucha por la tierra ^{| 9} . En aquellas haciendas ya establecidas Convers, Reyes Silva y Restrepo dejaron de lado la producción de café para dedicarse al cacao, a la caña de azúcar y a la ganadería. René de la Pedraja concluye que la producción de café en los Llanos fue un "episodio aislado" el cual no estimuló un desarrollo sostenido (Pedraja, René de la, op. cit. pg. 55).

En relación con la producción de los recursos del bosque, había en la época una demanda en el mercado mundial por la quina, lo que generó un interés por los bosques del piedemonte oriental de la cordillera andina a partir de 1850. La Compañía de San Martín, la Compañía de Sumapaz y la Compañía Colombia obtuvieron inmensas porciones de baldíos del gobierno y comenzaron a cosechar a gran escala la cubierta externa de la chinchona mientras que cientos de colonos invadían las tierras tumbando árboles y ocasionando enfrentamientos con los empleados de las compañías. El colapso del mercado internacional debido a la competencia de Ceylán y la India, terminó esta bonanza cuando en 1890 surgió el caucho como una alternativa posible. Las compañías y los colonos buscaban el "oro negro" con el mismo interés que habían adoptado para la búsqueda de la quina, pensando que el bosque era un recurso interminable que se podía explotar siguiendo las demandas del mercado y en de la manera más bárbara (Pedraja, René de la, op. cit. pg. 63).

La bonanza del caucho se centró en los ríos Putumayo, Caquetá y las zonas de la Amazonia al sur de los Llanos. Alcanzó su máximo auge entre 1900 y 1915 pero el impacto llegó a los Llanos de San Martín una década antes. En 1887 la Compañía Colombia se reorganizó como la Compañía Herrera y Uribe y la Compañía Lorenzana y Montoya; ambas se dedicaron a sacar caucho de los territorios boscosos alrededor de Uribe (Gaceta del Cundinamarca, Diciembre 24, 1886; Informe Intendente de San Martín, MMG, 1898 pg. 3). Los registros del Ministerio de Industria muestran que entre los años 1887 y 1899 diez y siete individuos adquirieron concesiones de explotación de tierras en más de dos mil hectáreas en los distritos de Uribe, Medina y Villavicencio, de los cuales -estamos seguros- iban a extraer caucho. No estan disponibles estadísticas similares para Casanare pero de la Pedraja afirma que en 1890 los comerciantes de Orocué controlaban las operaciones de la recolección de caucho que se adelantaban en el Vaupés y Guainía, almacenando las bolas de látex crudo en sus depósitos y enviandolas en sus vapores río Meta abajo hacia el Orinoco y Ciudad, Bolívar. En ambas regiones innumerables colonos independientes se fueron a la búsqueda de caucho en los baldíos sin necesidad de pedir al gobierno un título para la tierra o un permiso para hacer esta explotación (Memoria del Ministro de Industrias, 1931, vol. V pg. 326-328; Pedraja René de la, op. cit. pg. 63).

La Compañía Herrera y Uribe era la que tenía operaciones más amplias. Sus funcionarios administraban la población de Uribe donde estaban asentados trabajadores traidos del Tolima por la carretera que fué construida y mantenida por la misma compañia. Esta construyó la iglesia del pueblo, la casa cural y la cárcel mientras que la Compañía Lorenzana y Montoya pagó por dos escuelas. El Intendente de San Martín Antonio Silva informó que la población de Uribe había crecido a tres mil habitantes. Esta localidad, erigida en municipio tenía diez y seis mil cabezas de ganado, doscientos cincuenta mil árboles de cacao, trescientas mil matas de café y cientos de hectáreas en caña de azucar, plátano, yuca y tabaco. Silva adujo este progreso a la Compañía Herrera y Uribe y elogió a sus empleados como "trabajadores incansables, verdaderos luchadores del progreso de nuestro país" quienes desafiaban la enfermedad y las privaciones para convertir aquellos bosques en una región rica y floreciente (Informe, Intendente de San Martín MMG, 1898 pg. 12).

Sin embargo, la bonanza del caucho fué una actividad endeble sobre la cual construir una economía regional. Desafiando las reglamentaciones del gobierno, los colonos -en lugar de sacar el látex de los palos como lo hacían en el Brasil y lo exigían las autoridades locales-cortaban de tajo los árboles. La bonanza atrajo delincuentes de todas clases a Uribe y generó disputas sobre la tierra. Despues de la Guerra de los Mil Días, se hizo generalizada la táctica de esclavizar a los indígenas para recolectar caucho. Los informes de las atrocidades hechas por los blancos a los nativos en el Putumayo provocaron una denuncia internacional en 1912. El colapso de la bonanza del caucho despues de 1915 debido a la competencia de las plantaciones de Malasia dejó a cientos de personas aisladas en la Amazonia sin una forma de continuar subsistiendo ^{| 10} .

Confusión administrativa

La confusión administrativa enraizada en la Constitución de 1886 contribuyó a la ausencia de liderazgo del gobierno nacional en el frente político. Mediante la Constitución de Rionegro los liberales habían sacado del olvido a seis territorios del país: San Andrés y Providencia, los Llanos de San Martín y Casanare, Bolívar, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Motilonia y la Guajira con la finalidad de que fuesen administrados directamente por el gobierno federal conforme a la Ley del 30 de Junio de  1868. Entre 1863 y 1881 la nación invirtió $ 455.379 en la administración y desarrollo de estos territorios. Pero los conservadores y los independientes comenzaron a atacar esta iniciativa de una manera muy aguda hacia 1880 arguyendo que los resultados no justificaban esos gastos y que era un error quitarle los fondos a las provincias del interior para dárselos a regiones remotas puesto que estas requerirían el sacrificio de muchas generaciones en el futuro para que alcanzaran un verdadero progreso (MMG, 1881 pg. 33-37; MMG, 1882 pg. 77-78). Al tomar el poder en 1884 los conservadores independientes exigieron que dichos territorios fueran retomados a los Departamentos a donde originalmente pertenecían. Esta reforma se incluyó en el Artículo 4 del Título I de la Constitución de 1886.

El retorno de los territorios de Casanare y San Martín a los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca mediante decreto ejecutivo de septiembre de 1886 fué la primera de las cinco reorganizaciones de la administración política ordenadas por el Congreso en los once años que seguirían. Al comienzo los líderes de los departamentos buscaron el control de estos territorios puesto que era una manera de ampliar su poder a nivel nacional, pero muy pronto encontraron que las obligaciones financieras de administrar el Llano representaban una erogación económica supremamente fuerte y los recursos eran muy escasos. Ambas legislaturas solicitaron subsidios al Congreso en 1892. Los diputados, en lugar de responder sus solicitudes -persuadidos tal vez por el Laudo de 1891 y por los informes de la agresión venezolana en la frontera oriental- aprobaron la Ley 13 del 17 de septiembre de 1892 que separaba a los territorios de San Martín y Casanare de sus respectivos Departamentos y autorizaba a la nación para administrarlos directamente. El Decreto 392 del 17 de enero de 1893 reglamentó la Ley 13 mediante la organización de cada región a manera de Intendencia Nacional bajo la administración del Ministerio de Justicia. El decreto 392 organizó todos los aspectos de la administración pública dividiendo a Casanare en tres provincias: Arauca, Támara y Orocué; a San Martín en cinco municipios: Cabuyaro, Medina, San Martín, Uribe y Villavicencio (Diario Oficial, Oct. 1 1892; Enero 27, 1893).

En septiembre de 1894 el Congreso suprimió el Ministerio de Justicia y transfirió las Intendencias al Ministerio de Gobierno. Por esta epoca, el primer Intendente de Casanare, Elisio Medina -el mismo que había elaborado un borrador del Decreto 392 para el Presidente Caro-estaba exigiendo la eliminación de las provincias en Casanare con base en que habían contribuído a una burocracia que no se justificaba. El Congreso accedió a ésta solicitud el 12 de noviembre de 1894 eliminando las provincias y consolidando los poderes de los prefectos que los habían dirigido desde la oficina del Intendente. Finalmente, un segundo decreto orgánico Nº 392, pero del 28 de julio de 1897, estableció seis circuitos judiciales independientes en ambos territorios y aumentó el número de municipios de Casanare a veinte y los de San Martín a seis (Diario Oficial, Sept. 6 1897).

Segun Humberto Plazas Olarte, en su tésis de grado "Los Territorios Nacionales", escrita en 1944 para la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, dice que la abolición de los Territorios en 1896 fué "culminación de caos" que había rodeado la trayectoria irregular de su administración. A pesar de la importancia de estas regiones para la unidad nacional y de los asuntos críticos que se vivían allí tales como la identificación de las fronteras internacionales, los asuntos indígenas y la colonización, la Constitución de 1886 no reconoció su existencia y no estableció una salida posible para que aquellas regiones se convirtieran en Departamentos. Debido a que este defecto no se corrigió sino con la reforma constitucional de 1936, la administración de las regiones periféricas continuó en unas bases ad hoc durante cinco décadas (Plazas Olarte Humberto, 1944 pg. 138).

El hecho de que se hubieran dado cinco reorganizaciones territoriales durante la Regeneración creó una confusión administrativa que no resolvía los problemas fundamentales y que se subraya con la decisión de trasladar la capital de Casanare de Nunchía a Tame en 1889; de Tame a Támara en 1891 y de Támara a Orocué en 1895. La designación de una localidad como capital traía consigo un aumento de prestigio, un tren de funcionarios asalariados, la construcción de servicios públicos y la expansión de oportunidades económicas, ventajas por las cuales valía la pena luchar para salir de la pobreza en que se encontraban estos pueblos. Algunas consideraciones en la selección de una capital eran -entre otras- el clima saludable, el acceso a Sogamoso, Tunja y Bogotá y un grado de influencia ejercido por los vecinos ante las autoridades nacionales y departamentales. Según estos criterios, la escogencia de Tame como capital en Marzo de 1889 aparecía como un caso fortuito. Tame estaba conectado por la vía del Sarare a Pamplona, por la vía de Cusirí al Cocuy y por la ruta de Socha a Tame y tenía una ventaja adicional al estar cercano a la ciudad de Arauca, la localidad más próspera del territorio de Casanare. Tame tenía mil quinientos habitantes la mayoría de los cuales eran agricultores de cacao, café, arroz o caña de azúcar y era una base adecuada desde la cual los misioneros podían hacer proselitismo con los Guahibo (Informe, Prefecto de Casanare, 1889 en El Boyacense, Tunja, abril 5 1889).

A pesar de los atractivos de Tame, la capital fue transladada a Támara en 1891. Támara está localizada sobre el río Pauto y posee un clima templado pero húmedo debido a los fuertes vientos que vienen de los Llanos durante la estación lluviosa. Cuando Jorge Brisson la visitó en febrero de 1894 observó que tenía ochocientos habitantes, muchos artesanos, tiendas con mercancías traídas de Bogotá y escuelas administradas por los Recoletos y por las Hermanas de la Caridad. Por otra parte, las carreteras de Támara hacia Boyacá eran con frecuencia inundadas, el clima era muy frío y la localización del pueblo en un filo muy angosto de la cordillera dificultaba sus posibilidades de expansión. Debido a estas limitaciones, Brisson predijo que la capital muy pronto sería

transladada a Orocué, que ofrecía una localización estratégica sobre el río Meta y tenía un clima más benigno (Brisson, J. op. cit. pg. 43).

Los llaneros ya estaban en Bogotá haciendo intermediaciones para el traslado cuando en 1895 un decreto ejecutivo ordenó trasladar todas las oficinas del Gobierno a Orocué, con excepción de los juzgados. El Intendente Leonidas Norzagaray escribiría un año más tarde que el traslado había sido adecuado teniendo en cuenta la posición militar y comercial del puerto sobre el río Meta. El recomendaba que la rama judicial debería también ser trasladada. La solución adoptada a finales de 1896 era la de crear dos distritos judiciales, en Casanare, uno en Támara y otro en Orocué (AHN, MG Vol. 50 fol. 208; Informe Intendente de Casanare, MMG 1898, pg. 51).

El hecho de transladar la capital del territorio tres veces en seis años aumentó las rivalidades locales y dejó sin resolver los problemas administrativos crónicos como la falta de personal calificado, edificios gubernamentales adecuados, fuentes de financiación; la comunicación con el interior era difícil y escaseaban las copias de los códigos y leyes según las cuales los funcionarios debían gobernar. Un obstáculo aún mayor lo representaba el hecho de que los funcionarios enviados para administrar los Llanos -procedentes de Villavicencio, de Támara o de Orocué- eran conservadores y representantes de un régimen nacional que había suprimido abiertamente a sus opositores políticos. Recordemos que la población de San Martín y Casanare era mayormente liberal; los representantes del gobierno encontraron una oposición pasiva y abierta que impedía su habilidad para una administración efectiva.

El antagonismo liberal hacia el gobierno nacional se hizo evidente al Intendente en Villavicencio. El 12 de Julio de 1894, Habacuc Beltrán informaba:

En muchos pueblos de la intendencia uno observa movimientos en contra de las autoridades y una clase intranquilidad social que si no se remedia, es posible que esta región se convierta en un centro de organización revolucionaria o fuerzas indisciplinadas que estan inclinadas a protestar en contra de lo que el gobierno haga, ignorando sus buenas intenciones (AHN, MMG vol. 47 fol. 406).

Su sucesor -Pioquinto Márquez- solicitó al Secretario de Gobierno el 19 de noviembre de 1894 que le enviara soldados para vigilar la Intendencia porque "la mayor parte de los habitantes de estas regiones tienen opiniones contrarias a aquellas de los pocos empleados que estan conmigo...Nuestros oponentes creen en la absoluta libertad y rechazan todo tipo de monopolio, y la carretera Bogotá-Villavicencio es una manera fácil para que ellos adquieran todo tipo de armas" (AHN, MG vol. 48 fol. 314).

Cuando la fracción rebelde del partido liberal se pronunció en contra de Miguel Antonio Caro el 23 de enero de 1895, el veterano general liberal Gabriel Vargas Santos estaba esperando con un ejército en Venezuela Vargas Santos se dirigió a Arauca en donde superaba numéricamente a los soldados del gobierno que estaban allí. Les confiscó los recibos de la aduana y proclamó préstamos forzosos a los Recoletos que escaparon a refugiarse en el pueblo fronterizo de El Amparo. Otros rebeldes se tomaron a Orocué y a Támara. En el Territorio de San Martín, solamente la localidad de Medina se sumó a la insurrección aunque algunas guerrillas liberales se replegaron a Uribe despues de su derrota en el Tolima. En Villavicencio el Intendente Tobías Hernández reunió a cincuenta hombres con la finalidad de defender al gobierno. El 11 de marzo el General Rufino Gutiérrez llegó a Arauca para asumir el cargo de Jefe Civil y Militar (Ganuza, M. op. cit. III pg. 288-290; AHN MG vol. 49 fols. 376-389; 438-450). Gracias a la habilidad superior de sus comandantes militares, Caro fué capaz de terminar con las revueltas en las zonas altas el 17 de marzo de 1895. Hacia abril del mismo año, Gutiérrez había restaurado la paz en Medina y en el resto de San Martín. Vargas Santos huyó hacia Venezuela pero los rebeldes continuaron refugiados en Támara hasta que un ejército procedente de Boyacá, comandado por el General Francisco Duarte Ruiz, los convenció de lo inútil de su empresa. Duarte sometió a los rebeldes que quedaban en la Intendencia y el Intendente Moisés Camacho levantó el estado de sitio el 8 de octubre (AHN, MG vol. 49 fol. 418).

La revuelta liberal de 1895 causó pocos daños materiales en los Llanos pero aumentó las tensiones políticas. En Casanare, uno de los lugartenientes de Duarte -Juan Francisco Pérez- fue designado Jefe Militar de la región comprendida entre los ríos Upía y Cravo; molestó y persiguió a los habitantes, recogió impuestos ilegales y préstamos forzados (AHN, MG vol. 49 fol. 548-549). En Villavicencio el Intendente Hernández -siguiendo órdenes de Bogotá- despidió a los empleados locales partidarios de la rebelión y los reemplazó con "amigos del gobierno". En Uribe, donde solamente el alcalde principal cumplía con ese criterio, Hernández informó que él había sustituido a los demás funcionarios por "los conservadores más decididos que se encuentran en este lugar". En la localidad de San Martín los profesores del colegio eran "amigos del gobierno" pero el notario no lo era y Hernández confesó que su nombramiento había sido un accidente. La localidad de Medina representó un reto especial debido a que toda la población había estado comprometida con la revolución. El Intendente resolvió el problema postponiendo las elecciones municipales partiendo del hecho de que la gente que podría ganar no apoyaría al gobierno. Como resultado, Medina permaneció sin funcionarios oficiales hasta Junio cuando Hernandez nombró a individuos en quienes él creía se podía confiar (AHN, MG vol. 49 fol. 391, 396).

Los liberales se disgustaron debido a esta represión, abierta. En Casanare había rumores frecuentes de intranquilidad, de intentos de Vargas Santos de invadir los Llanos y de que había comercio clandestino de armas a lo largo del río Meta. La aduana de Arauca -reorganizada en 1897- era aún notoriamente corrupta; desde Villavicencio el Intendente Aristides Novoa escribió el 11 de mayo de 1896:

Los radicales de aquí -turbulentos y revolucionarios-mantienen al pueblo en alarma constante, forman grupos políticos, circulan falsas noticias, denigran del gobierno, escriben artículos y telegramas escandalosos en contra de los empleados del intendente. Hay mucha especulación e inestabilidad acerca de cuando tendrá lugar el próximo pronunciamiento. Nosotros tenemos sólamente diez rifles y doscientas cincuenta cartuchos. Aunque podemos contar con nuestros amigos, no tenemos las armas indispensables para organizar una fuerza (AHN, MG vol. 50 fol. 324, vol. 51 fol. 690).

Las elecciones del 5 de diciembre de 1897 confirmaron lo dicho por Novoa acerca de la notoria minoría formada por los funcionarios conservadores. En Villavicencio hubo ciento cuarenta votos por Miguel Samper y Foción Soto, candidatos liberales para la presidencia y la vicepresidencia; Rafael Reyes -independiente- tuvo veintidos votos y los candidatos "nacionalistas" Manuel A. Sanclemente y José Manuel Marroquín -declarados victoriosos el 1º de febrero de 1898- tuvieron solamente diez y ocho votos (AHN, MG vol. 50 fol. 803).

El desarrollo de las elecciones fue notoriamente revelador. De acuerdo con el Intendente Francisco Duarte -segun su informe al Secretario de Gobierno Antonio Roldán- el juez Nicasio Anzola votó por los nacionalistas, pero el fiscal votó con los liberales; el administrador de la Salina de Cumaral apoyó a los oposicionistas e impidió que sus trabajadores votaran, mientras que el administrador del monopolio de licores "trabajó con tanto entusiasmo y actividad con los liberales" para derrotar al gobierno, comportamiento que motivó a Duarte para recomendar su destitución. El intendente continúa en su informe:

Los oposicionistas no son sólo los enemigos políticos, sino también los enemigos personales; insultan a los funcionarios del grupo nacionalista, formando círculos amenazadores y sospechosos de tal manera que yo he tenido que llamar a los pocos nacionalistas para reforzar la policía en ciertos casos. Les ruego que me envíen algunos soldados porque de lo contrario me será imposible continuar desempeñando este trabajo y me veré forzado a presentar la renuncia irrevocable de mi cargo (AHN, MG vol. 50 fol. 889).

El secretario fue muy comprensivo. Propuso que se asignara una unidad del ejército a la Intendencia debido a que "los llaneros no tenían suficiente disciplina y carácter" para servir como policias, pero como de costumbre, no se tomó una acción al respecto (47). En los albores de la Guerra de los Mil Días los Llanos eran una fuente de odio político y de resentimiento popular contra el régimen conservador de Bogotá.

En resumen, las políticas de la Regeneración tuvieron consecuencias diversas para los Llanos Orientales. Restaurando las misiones el gobierno renovó su compromiso de utilizar a las misiones y a los curas misioneros para integrar a los indígenas a la vida nacional. El anuncio del Laudo español de 1891 y el Tratado de Libre Comercio y Navegación de 1894 suavizaron la disputa con Venezuela acerca de la frontera lo cual abrió temporalmente el comercio por los ríos Meta y Orinoco. Se promovió la navegación por vapor en forma regular para exportar café, cacao, ganado, cueros, a pesar que los beneficios de este comercio se limitaron a unos pocos empresarios. El surgimiento de la demanda de la economía del caucho como producto mundial trajo como consecuencia una numerosa población de cazadores de fortuna que viajaron a Uribe y a la Amazonia, reforzando el patrón económico de saqueo que había caracterizado la economía de los Llanos desde 1850. El rechazo de Nuñez, Holguín y Caro a atacar los problemas económicos fundamentales de los Llanos estuvo combinado con su aceptación de un sistema político administrativo sencillamente caótico y con su decisión de excluir a los liberales de cualquier papel en el gobierno. El apoyo dado por los llaneros a los rebeldes en 1895 fue una manifestación clara de alerta de lo que estaba por suceder.

Cuando la Guerra de los Mil Días comenzó en octubre de 1899 la gente de Casanare y San Martín -que no tenía nada que perder- se reunió alrededor de los grupos liberales y así, los Llanos constituyeron más tarde un teatro crítico de la contienda civil.