(continuación capítulo Entorno y Derechos...)

Para los excluidos, UNA NACIÓN

Los antecedentes más próximos del AT 55 tienen un nombre: procesos de paz con movimientos guerrilleros.

Entre los orígenes de la reforma constitucional colombiana vale recordar el proceso de paz con el M-19, el Movimiento Manuel Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Se llevó a cabo desde el final de 1988 y el comienzo del siguiente año. El condicionamiento de la dejación de armas se agregó al compromiso del gobierno del presidente Virgilio Barco para abrir un espacio político que le permitiera a los disidentes y a las minorías proponer maneras de reestructurar el carácter de la nación.

Se instalaron entonces tres Mesas de concertación y análisis con la participación de guerrilleros desmovilizados, funcionarios gubernamentales, políticos, académicos y adalides agrarios y sindicales. En ellas se presentaron y discutieron propuestas de reforma, incluyendo las relacionadas con asuntos de medio ambiente y etnicidad.

Se habló de dar pasos que hacia el futuro permitieran idear una nación para los excluidos, conformados en su mayoría por los amerindios y los afrocolombia nos. Unos y otros sufrieron la discriminación que, tanto por su apariencia física como por su conducta diversa, se instauró durante la Colonia. Fueron denominados irracionales, en el primer caso, y bienes muebles en el segundo, de modo que los colonizadores obtuvieron una justificación moral por la forma como se apropiaron y explotaron el trabajo de ambos pueblos.

La propuesta llevada a las mesas de concertación y análisis, consistió en hacer permanentes los derechos histórico-culturales que la ley 89 de 1890 reconocía, de manera transitoria, a los indios; y que el dominio ancestral de la gente negra sobre los territorios que había ocupado al huir de las minas y haciendas por cimarronaje o automanumisión, le fuera reconocido con plena legitimidad. Se buscaba poner fin a la odiosa tradición jurídica nacional de tratarla en calidad de colonos que habían invadido tierras baldías del Estado, conforme la lucha que la Asociación Campesina Integral del Atrato (Acia) llevaba a cabo desde el comienzo del decenio de 1980.

Formada bajo los auspicios de la Iglesia católica y siguiendo el modelo de Orewa —organización que aglutina a los indígenas de la misma región—, Acia comenzó a independizarse. Yen ese proceso buscó la asesoría de especialistas en derechos étnicos indios, quienes fundamentaron sus alegatos en la normatividad internacional desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo y ratificada por el Congreso colombiano. No obstante la fortaleza de los argumentos presentados en pro de la territorialidad étnica de los afrocolombianos del Atrato, los funcionarios del Incora se empeñaron en mantener la práctica de restringir la noción de etnia —en el sentido exclusivo de la sociedad de indios— y, por lo tanto, de frustrar la formación de territorios afrocolombianos.

LOS NEGROS ANTE LA CONSTITUYENTE

La posibilidad de explorar modos de legitimar las tierras ancestrales de las comunidades negras, volvió a repetirse entre octubre y noviembre de 1990, en el marco de las sesiones preparatorias de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de que la reforma constitucional hubiera recibido votación favorable, en cumplimiento del plebiscito de mayo de 1990.

Dentro de la Subcomisión de Igualdad y Derechos Etnicos, ocurrieron dos cambios que merecen destacarse: se integraron las cuestiones étnicas con las ambientales y se logró un acuerdo con respecto a una propuesta de articulado dentro de la cual se superaba la noción restringida de etnia. De ese modo, fue posible idear un modelo de estatuto que equiparaba a los dos pueblos en cuanto a derechos territoriales, políticos, educativos, médicos e históricos.

Aunque ese proyecto fue el resultado de un proceso de concertación —entre las organizaciones indígenas y negras, los académicos que simpatizaban con ambas y los abogados que asesoraban a las primeras— no fue tenido en cuenta dentro de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Este divorcio figuró entre los temas de la reunión titulada Los negros ante la Constituyente, la cual convocó a Cientos de adalides afrocolombianos.

Patrocinada por el movimiento Viva la Ciudadanía, la reunión tuvo lugar el 26 de mayo de 1991, en la sede del Concejo Municipal de Cali. Se esperaba con ansiedad los constitucionalistas Lorenzo Muelas, indígena guambiano del Cauca, Francisco Rojas Birry, emberá del Chocó y Orlando Fals Borda, sociólogo: eran ellos los más proclives a satisfacer las reivindicaciones de la gente negra. Pero ninguno de los tres llegó. En su reemplazo, el constitucionalista Gustavo Zafra oyó la queja sobre el articulado de la preconstituyente. Explicó que no lo habían tomado en cuenta porque la asamblea a la cual ellos habían sido elegidos aspiraba a obrar sin presiones del ejecutivo. Dada la autonomía con la cual dentro de las sesiones preparatorias había operado la subcomisión responsable del modelo de estatuto, laopinión de Zafrafue descalificada por maniquea, simplista, unilateral y ofensiva. Desconocía el proceso de concertación que había tenido lugar durante las deliberaciones preliminares.

HACIA EL AT 55

Las adversidades acicatearon a los adalides del movimiento negro para recorrer el litoral pacífico. Redoblaron esfuerzos por escribir y hacer que se firmaran memoriales ratificando la urgencia de incluir a sus comunidades dentro del articulado definitivo de la nueva constitución. Comenzaron a surgir comités municipales y veredales que llegaron a realizar tomas pacíficas como las de las alcaldías de Quibdó y Pie de Pató y a discutir sobre su identidad como fuente de derecho y no tan sólo de discriminación.

Un año más tarde los participantes en las dos expediciones etnográficas que llevó a cabo la Universidad Nacional en el Baudó, se encontraron a los grupos de presión sesionando los domingos alrededor del AT 55. Los de Puerto Echeverry —sobre el río Dubasa— y los de Platanares, expresaban dudas sobre la propuesta de que los títulos fueran colectivos; les preocupaba algo que aún está por resolverse: las entidades que ejercerán el dominio sobre las propiedades y, por lo tanto, serán depositarias de las correspondientes escrituras.

Esas unidades de concientización local fueron integrándose con otras de la misma área, hasta constituir entidades representativas de cada uno de los departamentos del Pacífico —Chocó, Valle, Cauca y Nariño. De estas estructuras aglutinantes saldrían las comisiones consultivas departamentales que, una vez aprobado el Al 55, quedarían representadas en la Comisión Especial para las Comunidades Negras.

No es de extrañar pues que estas conmociones comenzaran a tener efectos en los propios pasillos del recinto constituyente. Resultaba casi imposible, ante la oposición de los grandes grupos de poder a los cuales se ha referido Fals Borda, incluir a los negros dentro de los textos de los artículos que le definían a los indígenas sus derechos territoriales, culturales, educativos, médicos y políticos. Así, la Organización Nacional Indígena de Colombia ejerció presión para nombrar una comisión accidental que incluía al propio Fals ya Francisco Rojas Birry, quienes redactaron el AT 55 e hicieron las maniobras necesarias para que no fuera eliminado de la aprobación final.

El éxito de Birry y Fals Borda se apropió como un suceso colectivo del cual se manifestaron protagonistas muchos de los adalides negros que se habían movilizado por ríos y esteros buscando que la gente asumiera una nueva conciencia sobre su identidad étnica como personas negras. Pero algunos académicos que habían acompañado el proceso tendían a disentir con respecto a esta euforia. No se resignaban a aceptar la forma como había sido sepultado el modelo redactado en la asamblea preparatoria e insistían en que, al continuar nombrando como baldías a las tierras sobre las cuales los negros han ejercido dominio, el Al 55 ratificaba la tradición asimétrica que habían buscado superar desde los inicios de las mesas de concertación y análisis. También porque la integración entre los asuntos de etnicidad y ambiente, mantuvo la arraigada práctica de reconocerle carácter étnico tan solo a los indios, negando que, entre otros pueblos, los afrocolombianos también poseen una sabiduría ancestral consecuente con conductas cuyos efectos son positivos para la preservación de los suelos selváticos, así como de la diversidad de especies vegetales y animales.

EL LABERINTO CON MUCHOS MEANDROS

No obstante las divergencias, ambas opiniones confluyeron en la Comisión Especial para las Comunidades Negras, según lo preveía el Al 55. Y lo hicieron en torno a la prioridad de elaborar el proyecto de ley que le diera vida a la juridicidad, referente a los efectos de la identidad histórico-cultural afroaniericana. Durante nueve meses, los comisionados —conforme anota Nina S. de Friedemann— recorrieron [...] un laberinto con muchos meandros [...].

Al gobierno le tomó desde julio de 1991 hasta abril de 1992, expedir el decreto referente a la membresía y, más aún, hasta el 14 de julio de ese mismo año para hacer la instalación oficial del grupo de trabajo. Mientras tanto, el ejecutivo hacía malabares para lograr lo que los adalides negros habían tratado de evitar: incluir representantes de la clase política tradicional.

Parecería, a primera vista, como si la exclusión de esos representantes riñera con el espíritu tolerante que inauguraba la nueva Constitución. Sin embargo, adalides como Carlos Rosero, de la comisión consultiva del Valle, se justificaron explicando que esa clase nunca había reconocido ni la identidad histórico cultural como factor capaz de generar derechos, ni las formas de discriminación sociorracial basadas en los patrones de segregación de la Colonia, ante las cuales tampoco habían reaccionado.

Más de una vez, la Comisión estuvo a punto de naufragar: el gobierno demoraba los dineros que les permitieran a los doce comisionados elegidos por las comisiones consultivas de sus respectivos departamentos, movilizarse desde sus comunidades de origen en las costas y en lo profundo de los valles selváticos. La paquidermia de estas gestiones contrastaba con la agilidad con la cual —por esos mismos días— se diligenciaron los fondos para pagar reinserciones o las recompensas re­queridas por los delatores de narcotraficantes y guerrilleros.

En la segunda y tercera sesiones de la Comisión Especial, algunos comisionados llamaron la atención al presidente de la misma, el viceministro de gobierno, por la forma como la administración premiaba el uso de la violencia y castigaba a quienes, durante los últimos 150 años, han persistido en buscarle soluciones pacíficas a los conflictos políticos, sociales y económicos.

Invisibilidad, DESAFRICANIZACION

Un forcejeo constante y difícil para lograr que otros acepten que existen la historia, la Identidad y la actualidad de los negros.

Al Instituto Colombiano de Antropología (Ican) le correspondió, por decreto, ejercer la secretaría técnica de la Comisión Especial para las Comunidades Negras. No obstante la eficiencia que desplegaron los funcionarios delegados para el trabajo secretarial, el haber optado por una entidad que durante su medio siglo de existencia le ha dado máxima prioridad al profesionalismo en la indianidad, llevó a que el soporte académico que deberían de recibir los comisionados, en más de una ocasión fuera engañoso y tuviera que rectificar.

El 26 de febrero de 1993, la Comisión tuvo que dedicar sus esfuerzos a corregir y responder la relatoría de la reunión auspiciada por el Ican a principios de noviembre de 1992, con la meta de que sus antropólogos y los de otras universidades se manifestaran sobre la naturaleza y características de la identidad étnica afrocolombiana. Los conceptos invisibilizadores y desafricanizantes de los convocados habían girado en torno a que las manifestaciones de etnicidad afrocolombiana eran falaces. Que “se estaba inventando una categoría cultural negra con base en unas características raciales negras”, o que las manifestaciones conteniporáneas de esa identidad más dependían de la oportunidad política que de la raíz histórica.

No es de sorprender que desde ese entonces, los doce comisionados elegidos por las consultivas departamentales introdujeran en sus versiones del proyecto de ley la creación de un instituto de investigaciones afroamericanas, con diseños curricu­lares sobre gentes y culturas de África occidental y central durante los siglos XV a XIX; historia y características de la trata de esclavos y el comercio que se originó en Europa y América alrededor de ella; la producción cultural de los africanos en América o la literaria de los afroamericanos, y las luchas en contra de la esclavitud, entre otros temas.

Quizás lo más importante en una institución de esa especialidad consista en el desarrollo de métodos de investigación que permitan aproximaciones mis profundas a las que se emplean en el caso de los estudios sobre indígenas: la trata, la esclavización, la represión militar de las rebeliones palenqueras y la persecución inquisitorial de las manifestaciones religiosas africanas, llevaron a que quienes la Colonia había convertido en negros hicieran clandestinas sus memorias de africanía o escondieran deidades y ceremonias por detrás de los santos y los ritos católicos.

Aunque la ley sancionada no contempla la creación de la institución académica que los comisionados negros solicitaron, sí se requiere que el Ican sea reestructurado para responder a las necesidades de investigación, docencia y extensión que crea el nuevo status de la gente negra dentro de la nación colombiana. Reforma indispensable para apuntalar los modelos de desarrollo sostenible, en especial porque tanto ellos como sus raíces étnicas, se han convertido en blanco del sindicalismo.

¿FORMAS INFERIORES DE PROPIEDAD?

Durante la ceremonia de sanción de la ley, los sindicatos chocoanos afiliados con la CGTD repartieron el volante titulado ¿A  qué viene al Chocó, señor presidente?

“[...] Ninguna organización chocoana solicitó [...] —decía el volante en uno de sus apartes— la adjudicación de terrenos en forma de propiedad colectiva e inenajenable [...] Esta forma inferior de propiedad [...] sólo es aceptada por algunas comunidades indígenas que permanecieron incomunicados (sic) en resguardos [...]Zulia Mena explicó —horas más tarde, cuando Gaviria y el director nacional  del Plan Nacional de Rehabilitación instalaron el Consejo Chocoano de Rehabilitación— porqué los miembros de las organizaciones de las comunidades negras habían presionado para que la titulación fuera colectiva: el sistema de producción de los campesinos negros que ocupan zonas ribereñas del litoral no se basa en una sola actividad, sino que combina la agricultura con la pesca, la explotación forestal y, donde pueda hacerse, con la minería. La titulación individual rompería con la unidad que debe existir entre río, orilla, bosque y —en el caso de las comunidades costeras— estero, playa y mar, máxime cuando algunas de las faenas, como la minería de la época de lluvias, tienen que hacerse de manera colectiva, convocando a los miembros de las grandes parentelas que ejercen dominio sobre los yacimientos y que la gente distingue con el apelativo de troncos.

Algo parecido puede decirse —explicaba Zulia— de la floresta, pocas veces objeto de explotación individual: la colectividad, asociada en sus troncos, vigila la preservación de los recursos. De otro modo, la caza y la recolección de frutos silvestres también se harían imposibles. Por último, argumentó que la gente negra siempre ha mantenido vínculos con los grandes poblados y los puertos. Apelando a las relaciones que existen con miembros del propio tronco, hombres y mujeres pasan temporadas laborales por fuera de sus fincas ribereñas. Otra vez, dijo, si la propiedad se fracciona, también lo harán las redes de familiares que unen orilla, poblado y puerto.

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