3. POLITICA

Cultura política: un claroscuro

Se trata de la cultura política de la región; los conflictos de la sociedad colonial, la consolidación del Cauca después de la Independencia. La confrontación de las fuerzas políticas caucanas con las de Nueva Granada y la afirmación del Estado soberano del Cauca. Además la pugna región - nación que condujo a La disolución del Estado, los rasgos de la violencia partidista y los comportamientos electorales mas recientes.

General José María Obando. 
Óleo de I.C. Valencia Siglo XX.

 

Margarita Garrido: Ph.D. Historia Moderna, profesora Depto. de Historia, Univalle. Almer Granados García: Docente, investigador, Maestría en Ciencia política, U. Javeriana. Cali. Humberto Velez Ramírez: Profesor titular, Depto. Historia, Univalle. Lenin Flórez Gallego: Profesor, Depto. Historia Univalle. Adolfo Atehortúa Cruz: Licenciado y Magister en Historia, docente - investigador, maestría en Ciencias Políticas, U. Javeriana, Cali.  

 

 

Sociedad colonial ORDEN Y CONFLICTO
Margarita Garrido 

Diferentes tipos de sociabilidad, interacción y resolución de los conflictos. Algunos casos muestran la cultura política Caucana en el atardecer colonial. 

Amplia y diversa fue la región. En el siglo XVII, Popayán ya era la cabeza de la Gobernación. Los descendientes de los primeros fundadores —Belalcázar, Cobo, Delgado, Mosqueras, Velasco y Campo Salazar— habían formado linajes fuertes, reforzados con las familias de comerciantes llegados a mediados del siglo —Arboleda, Hurtado del Aguila— y estaban ligados a los poderes locales y provinciales. La apertura de la frontera minera del Chocó a finales del XVII revitalizó la precaria economía regional. En el siglo XVIII mineros y comerciantes compraron tierras y pusieron las bases para unidades productivas, las haciendas de trapiche, donde con mano de obra esclava producen mieles y aguardiente, carne de ganado mayor y menor para surtir las minas del Chocó.

CONTROL DEL PODER Y DE LAS LEALTADES  

Las ciudades de fundación española —Pasto, Popayán, Caloto, Cali, Buga, Anserma y Toro— eran los centros de la competencia por el poder. Sus plazas eran el asiento de los poderes de la república y donde se cumplía el reconocimiento social. Aunque sus cabildos tenían una autoridad limitada y vivieron una persistente crisis financiera, los linajes viejos y nuevos se repartían y disputaban los cargos en dichos cuerpos. Los méritos para estar en el cabildo, parece, debían tener dos sentidos: su nobleza, generalmente asociada a las más altas virtudes morales, y su interés por el bien común. 

Por eso, vemos repetidas veces a grupos familiares enfrentados por el control del cabildo de una localidad, gozando del apoyo de sectores del pueblo y a éste interviniendo sobre las elecciones de alcaldes que tenían lugar en enero de cada año. 

A mediados del siglo, los Caicedo, quienes frecuentemente habían ocupado los cargos, vieron realmente confrontada su hegemonía en el cabildo de Cali por los recién llegados comerciantes españoles liderados por Gaspar de Soto y Zorrilla, apoyados por algunos criollos como los Garcés de Aguilar. Al salir elegidos para el cabildo por segunda vez en 1743 los miembros del grupo español, algunos familiares y partidarios caicedistas concitaron a la mayor parte del pueblo e hicieron un motín, sacaron a los presos, despedazaron la picota, y vituperaron a los alcaldes gritándoles mueran los perros chapetones. Los recién llegados significaban una amenaza a la posición de los notables criollos —no por ser españoles, ni por ser comerciantes— pues les disputaban el poder local, el cual les daba una disposición que consideraban derecho heredado. 

Ambos grupos —el liderado por Don Nicolás de Ospina, Alférez Real, y el de Don Joaquín Fernández de Soto, alcalde ordinario de primer voto—, enfrentados en Buga en 1798 por la elección de alcalde, alegaron que sus miembros eran de familia noble y se desvelaban por el bien de los pobres, y que sus adversarios tenían espíritu de discordia y deseo de perpetuarse en el poder local como grupo. 

En Cartago, en 1776, los vecinos principales se quejan por la elección de Don Nicolás de Perea como alcalde. Estaba implicado de alguna forma en un crimen cometido por su sobrino y no se eligió. La sola sospecha exponía el honor del cargo a menosprecios y vilipendios. Los vecinos de Supía acusan en 1791 de nepotismo a los hermanos José Pablo y Esteban de Castro y de abusos de la justicia, sobre todo con los pobres. 

Aunque los jueces tuvieran un poder limitado, las elecciones cadañeras marcaban el ritmo de la vida política de las localidades. La asociaciones se hacían alrededor de notables que tenían en su patrimonio el derecho a ejercer el poder y el deber de ser moralmente sin mácula.

CONTRA LAS NOVEDADES 

En la segunda mitad del siglo XVIII,  las protestas se encaminaron principalmente contra las innovaciones hechas por los Borbones en materia de impuestos: cambiaban lo establecido y sancionado por la costumbre o el pacto social por lo cual eran percibidas como injustas, inconsultas, abusivas. Las maneras de protestar y las de resolver estos conflictos tienen unas características regionales particulares. 

Cuando en la década de 1760-70 se instauran los estancos de aguardiente, los sectores de cosecheros se ven afectados y protestan. En Cali en 1766, la plebe hizo tumulto contra el estanco y un año más tarde en Cartago, los mulatos recurrieron al uso de pasquines, los insultos y la amenaza de incendio si no se quitaba el estanco. Los alcaldes tuvieron que ir a Santa Ana, donde estaban reunidos, y entenderse con los mulatos en una especie de cabildo abierto. La situación se puso al punto de que el estanco tuvo que ser suprimido y las acciones de castigo pensadas no se realizaron a pesar de las sugerencias de los funcionarios de Chocó y Popayán. 

Las más estrictas órdenes del visitador Gutiérrez de Piñeres en 1778 sobre el cultivo y producción de tabaco y la destilación de aguardiente, se unieron a la orden del virrey de que el vecindario de Buga concurriera a la apertura del camino al Chocó. Ello produjo una fuerte protesta en varios lugares. El cabildo de Buga se reunió y mandó delegados a Llanogrande —principal centro de agitación— y al partido de Tuluá y después de oír las quejas y algunas amenazas, el cabildo dispuso suspender los trabajos y apresar a los cinco cabecillas en espera de lo que decidiera el virrey. 

En Hato de Lemus —hoy La Unión—el 19 de agosto de 1781, 300 ó 400 personas armadas con lanzas, espadas, sables machetes, y escopetas, acudieron al estaquillo y derramaron los aguardientes  y despedazaron los tabacos y el 20 pasaron a Toro e hicieron o mismo. No robaron la plata del estanco. Fueron las mujeres las que sacaron el aguardiente y lo derramaron. Los sublevados fueron finalmente indultados. 

En esos casos se combinaron la expresión de respeto a las justicias junto con la amenaza de sublevación de los de abajo, y la disuasión, la tolerancia y el arreglo directo por parte de los gobernantes locales 

En las otras provincias fue diferente. La lectura del decreto sobre estanco del aguardiente produjo en Pasto en 1780, la protesta de los indios que terminó con el asesinato del doctor José Ignacio Paredo, encargado por el visitador general. Parece los vecinos temieron una sublevación general de los indios; no hubo castigos sino exhortaciones al orden y sermones. 

En 1800 se presentó en Túquerres una de las protestas más violentas del período colonial motivadas por una de las situaciones más extremas de abuso y extralimitación de las reglas del pacto colonial. Los indios de Túquerres y Guaitarilla se rebelaron contra los hermanos (Rodríguez) Clavijo —corregidor y asentista de diezmos—, quienes les cobraban y exigían más de lo normal y de quienes se habían quejado formalmente en varias ocasiones. La lectura del último recudimiento exaltó a los indios. Entonces quemaron la fábrica de aguardiente y persiguieron a los Clavijo hasta darles muerte en la Iglesia donde se habían refugiado, y al día siguiente los enterraron y pidieron un juez para esclarecer los actos. A pesar de las explicaciones del gobernador y de los principales del pueblo de Túquerres, en este caso no hubo clemencia sino castigo ejemplar. Los tres inculpados fueron ejecutados el 22 de noviembre de 1802. 

POR EL HONOR Y LA JERARQUÍA 

Puesto que cada población tenía un lugar en un orden jerárquico, sus habitantes derivaban su posición y su dignidad, al menos parcialmente, de su pertenencia a ella. La importancia de este sentimiento de pertenencia local y de la identidad que de él se derivaba, puede verse en los conflictos ocasionados por la aparición de nuevos poblados. 

En el Valle del Cauca —escenario privilegiado de aparición de nuevos pueblos durante la segunda mitad del siglo XVIII y todo el XIX— las nuevas poblaciones del centro y norte, aparecen alrededor de capillas doctrineras de las haciendas o en tierras cedidas por los terratenientes para los pobladores con el ánimo de garantizar mano de obra para el cultivo de sus tierras. Son los casos de Llanogrande —cosecheros de tabaco—, Tuluá—capilla doctrinera de indios—, Cerrito, Bolo, Florida —cosecheros—, La Victoria, Naranjo y Hato de Lemus. 

Al principio los asentamientos se calificaron como de gentes de mala vida y recibieron todos las degradaciones étnicas. Empero con el tiempo, algunas comunidades se fueron organizando económica y políticamente hasta ser reconocidas por las autoridades virreinales, primero como viceparroquias, luego como parroquias y finalmente en calidad de villas o ciudades. Los hacendados aceptaron las ventajas de tener arrendatarios de tierras y posibles jornaleros ocasionales. 

En Quilichao, en cambio, los nuevos pobladores lograron sólo temporalmente su reconocimiento. Los terratenientes caloteños, muchos de ellos vecinos de Popayán, se opusieron tenazmente. 

La rivalidad entre Cartago y Buga, ambas ciudades viejas, se reprodujo entre esta última y Llanogrande, y sería aprovechada por Tuluá para ganar el apoyo de Cartago en su reconocimiento, como una forma de oponerse a Buga. De todas maneras Llanogrande y Tuluá sólo lo lograrían en cuanto villas con el apoyo de Cali y al calor de la libertad en 1813, mientras Florida (Perodias), Candelaria y Pradera, continuaron sujetas a Llanogrande por más tiempo. Las seis de temprana fundación —Anserma, Buga, Cali, Caloto, Cartago y Toro—, unidas como Ciudades Confederadas del Valle del Cauca desde 1811, lideraron la oposición al gobernador Miguel Tacón de Popayán. 

Así en el Valle, los blancos pobres, mestizos y mulatos concentrados, lucharon por salirse del control patrimonial sobre recursos naturales y laborales de las ciudades tradicionales. Hicieron de la autonomía la base de su identidad y de su dignidad frente a la pretensión de las grandes ciudades de convertirlos en pecheros, tal como lo expresaron en las protestas contra los estancos y la apertura del camino al Chocó. Aun los esclavos fugitivos —según lo contaron los catorce huidos de Cartago en 1785— planteaban entre sus aspiraciones convertirse en parroquia. 

ASIMILACIONES DIFÍCILES  

En un proceso largo, el Patía se convirtió en lugar de asentamiento de cimarrones —esclavos huidos— y de resistencia a la formas culturales propias del patrón colonial. Los criollos propietarios optaron por tolerar el abigeato y trabar relaciones más bien afables con los cimarrones. Los lazos de parentesco y compadrazgo propiciaron la estabilidad de las sociedad patiana y el contacto entre criollos y negros. En la Independencia estos grupos de patianos logran legitimarse como realistas. 

El caso de los indígenas fue diferente. Los paeces lograron sostenerse en una situación de semi - integración que les permitió defenderse parcialmente del sometimiento. No obstante su dispersión, a principios del siglo XVIII logran el reconocimiento de cacicazgos y resguardos por parte de la Corona. Ello no los salvó de sufrir la presión de algunos jueces sobre sus tierras. En varias ocasiones los pueblos indígenas supieron hacer uso de las leyes que los favorecían. Al final del período colonial, se dieron procesos de recuperación demográfica y reconstitución de bases sociales.

 

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