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3.
POLÍTICA
Vocación de libertades
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Primera aproximación global a la
constitución política del Tolima Grande, se describe la secuencia de momentos e
intereses particulares y las fuerzas y relaciones de las comunidades locales. Aborda los
principales esfuerzos por construir un orden social y presenta los rasgos comunes, las
diferencias de ritmo, los tipos de procesos y la participación de las diferentes zonas y
grupos sociales de la región.
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Don José Miguel Lozano, Marqués de San
Jorge. Óleo de Joaquín Gutiérrez, s. XVIII, Museo de Arte Colonial, Bogotá
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Reynel Salas:
Presidente Academia Huilense de Historia. Elsy Marulanda: Investigadora CORPODEC. Hernán
Clavijo: Profesor Universidad del Tolima.
Desencubriendo LA COLONIA
En medio del conflicto se construyó un
precario poder patrimonialista
Timaná fue fundada por Pedro de Añasco en
1538. Previamente, Sebastián de Belalcázar había reconocido esa zona, uno de los más
grandes núcleos poblacionales del Alto Magdalena. Tocaima, en el extremo norte de la
región, fue fundada en 1544. Los dos hechos inauguran políticamente la primera etapa de
la historia colonial en el Alto Magdalena.
Esta etapa termina con tres momentos
complementarios:
1.
El final de la guerra que el presidente de la Real Audiencia de Santafé, el
capitán Juan de Borja (1605-1629), organizó y dirigió contra los pijaos en 1610;
2.
La fundación definitiva de Neiva por el capitán Diego de Ospina en 1612 y el
otorgamiento a éste del gobierno de las provincias de Timaná, La Plata, Neiva y
Saldaña; y,
3.
el poblamiento del territorio de los indios Coyaimas y
Natagaimas en 1611-1613.
GUERRAS
CONTRA LOS INDIOS
La etapa comprendida entre 1538 y 1619 se divide
a su vez en dos fases: la primera, los asedios de los conquistadores contra los timanaes,
yalcones, andakíes y pijaos, en el sur, y con menor intensidad y frecuencia contra los
guanes y marquetones en el norte. La segunda, la guerra contra los pijaos ante la
frecuencia y amplitud de sus ataques desde Timaná hasta Buga, Cartago e Ibagué.
En la primera fase también se produjo la
rebelión política del conquistador Alvaro de Oyón y su hueste qué asesinó algunas
autoridades de la Villa de la Plata, de Timaná y Neiva.
Es de este tiempo, igualmente, la rebelión de
La Gaitana contra el fundador y principal encomendero de Timaná. Cuando el conquistador
español distribuyó al nativo en encomiendas y exageró sus exigencias, la pacífica y
recelosa hospitalidad se tornó en guerra total contra el intruso. En este proceso surgió
La Gaitana—líder de los indígenas del sur y occidente huilense—, quien
federando a todos yalcones y paeces vengó la muerte de su hijo, asesinado por Añasco
para escarmiento de los rebeldes.
Vencido, el pueblo nativo se alejó y colocó
como defensa la fragosidad del terreno y desde donde perdurara en su empeño de resistir
por más de dos siglos. El del río Suaza y Tierradentro testifican esta gesta.
El contraataque de La Gaitana simboliza y funda
una tradición viva aún en la región: la resistencia ardorosa y sutil contra la
tiranía, la defensa de la libertad y del honor racial y la solidaridad guerrera contra la
opresión y la injusticia. La guerra de los pijaos reforzó esta tradición.
El dominio español sobre las comunidades que
lograron reducir a servidumbre a través del sistema de encomiendas fue cuantitativamente
menor que en Pasto, Santafé y Tunja.
Buena parte del oro obtenido, lo invertían los
españoles en las campañas militares contra los indios —entradas— para
dominarlos y aumentar la mano de obra. Por lo anterior, los encomenderos debieron
intensificar la explotación de los indígenas. Algunos de éstos para resistir,
practicaron el mimetismo cultural: aprendieron las actividades económicas propias de los
españoles, la ganadería y la extracción autónoma de oro, especialmente desde el
establecimiento de los resguardos indígenas a comienzos del siglo XVII.
La fundación de ciudades implicaba al mismo
tiempo la formación de las instituciones de poder y gobierno local: cabildos con
regidores, más alcaldes (primera vara, segunda vara, de la Santa Hermandad) y alguacil
mayor, decisivos en la organización y abastecimiento de los ejércitos.
PODERES
PATRIMONIALES
No faltaron durante este período las disputas por
limites territoriales —sobre todo cuando suponían el derecho al tributo de
indígenas— y los líos entre autoridades y vecinos encomenderos por el control del
poder local en tanto de él dependía el otorgamiento de mercedes de tierras, la fijación
de precios, el abasto de la ciudad y hasta la venta de sus ganados en el mercado de
Santafé.
El final de la guerra contra los pijaos dio
comienzo al establecimiento de hegemonías familiares en el gobierno patrimonial de
ciudades y provincias de la región. La más notoria fue la del capitán Diego de Ospina y
Medinilla quien —como gobernador de las tierras al sur del río Saldaña—, tuvo
facultad, igual que sus descendientes, para repartir tierras, minas, monopolizar el
comercio,
cobrar tributos e impuestos e incluso privilegio para capitular la fundación de nuevas
poblaciones —como ocurrió en el caso de la villa de Purificación en 1664. Todo a
condición de organizar y sustentar a su costa la campaña contra los andakíes, que hacia
1656 estaban atacando a Timaná y sus hatos - estancias en desmedro de la economía y el
poblamiento locales.
De otra parte, la
provincia de Mariquita, con frontera en el rico y legendario río Saldaña —integrada
por las ciudades de Tocaima, Ibagué, Mariquita y la villa de Honda—, fue objeto de
dominios patrimoniales más fragmentados, sin mayor sujeción en lo político - militar a
un gobernador. Estas autoridades ni integraron ni expresaron los intereses políticos de
las élites locales de la provincia como lo haría en Neiva la familia Ospina.
Desde finales del siglo
XVII, el avecindamiento de comerciantes intermediarios y nuevos terratenientes inauguró
nuevas hegemonías locales de familias como los Caicedo (Purificación), Los Messa y
Armero (Mariquita), los Buenaventura (Ibagué) y los Cacho de Velasco y los Viana (Honda).
En Neiva no fue muy nítida la hegemonía de una familia, durante el siglo XVIII.
La notoria pobreza de las rentas municipales
—producto de los ejidos, los pontazgos y los pasos de los ríos, entre otros—,
parece explicar la ausencia de los gobernantes para atender sus haciendas y los
consecuentes descuidos de estas autoridades frente al gobierno. Este fenómeno trató de
ser corregido durante el siglo XVIII por las reformas borbónicas.
No obstante la existencia de otras autoridades,
los curas párrocos y las comunidades religiosas coadyuvaban en el gobierno. Con todo, una
característica de la vida política local en esta época y todavía durante buena parte
de la República, fue el progresivo debilitamiento de la autoridad fuera de los centros
urbanos. A ello contribuyó a menudo la privatización de las relaciones sociales en el
interior de las haciendas y latifundios. Empero, dicho modelo —sustentado en valores
señoriales como el paternalismo, el compadrazgo, las lealtades personales y las
retribuciones mutuas—, dio cierta cohesión social al mundo rural de la región.
UNA TRADICIÓN DE RESISTENCIA
Desde la guerra de los pijaos hasta el
fin
del dominio español encontramos una constante en la resistencia indígena a los intentos
desintegradores de su vínculo cultural con la tierra ancestral.
Esa constante es notoria en los Coyaimas
quienes, según tradición oral, integraron a algunos pijaos que sobrevivieron a la
guerra. La resistencia continuó con la derrota de uno de sus ex-encomenderos (Alonso Ruiz
de Sabajosa) y con el enjuiciamiento que el tribunal de la Santa inquisición hiciera de
su cura doctrinero hacia 1645.
Luego, desde mediados de la década de 1750
hasta el año de 1770, los Coyaimas sostuvieron el conflicto más fuerte y resonante de
todos, esta vez con su propio corregidor, el capitán Miguel Correcha, quien pretendió
rematar ante la Real Audiencia las tierras de Cucuana, que los Coyaimas consideraban parte
de su resguardo.
Los indios hostigaron al corregidor y ante su
obstinación le quemaron la casa, lo mataron y arrojaron su cadáver al río Cucuana.
También retuvieron al cura doctrinero y al teniente - corregidor. Como se levantaran en
asonada, el gobernador de la provincia debió intervenir militarmente durante un mes. El
propio Virrey falló en 1770, a favor de los indios por razones de orden público.
Al finalizar el siglo XVIII y en los primeros
años del siglo XIX, los indios principales del pueblo Coyaima sostuvieron y ganaron
pleito contra el cabildo de la villa de Purificación y su cura que pretendieron cambiar
las tradiciones en materia de autoridades étnicas y del protocolo en las ceremonias
religiosas.
Las
provincias se tornan ESTADO SOBERANO
El
regionalismo pasajero de la Patria Boba sólo tomó forma con el general Mosquera.
El movimiento comunero fue el acontecimiento
político del siglo XVIII en todo el virreinato de la Nueva Granada. Luego de pactadas y
traicionadas las capitulaciones de Zipaquirá, el valle del Magdalena —desde Caguán
hasta Honda— fue escenario de protestas, saqueos, tumultos, liberación de esclavos e
incluso asesinatos como los del gobernador de Neiva, Policarpo Fernández y del comunero
Toribio Zapata.
LOS
COMUNEROS DEL RÍO MAGDALENA
Desde mediados del siglo XVIII a raíz del
establecimiento de los monopolios del tabaco y del aguardiente, las tensiones entre el
campesinado y las autoridades virreinales ganaban intensidad. Al marginar éstas al
campesinado peujalero —pequeños arrendatarios cultivadores de caña y
productores de miel— a favor de los hacendados, produjeron resentimientos,
frustraciones y reacciones que redundaron en el contrabando y la prevención frente a las
autoridades.
El campesinado con ingenio asombroso eludía al
Estado. Sus prácticas llegaron a ser constitutivas de su folclore y cultura política.
Las actividades propias de las vaquerías, la arriería y el mazamorreo contribuyeron a
ello.
El acoso de los oficiales de la Real Hacienda
—funcionarios especializados en el cobro de impuestos y castigo de los deudores y
evasores—jugó un papel significativo en aclimatar la protesta comunera.
Por su conducta ante los insurrectos, la
mayoría de las élites locales de la región terminaron distanciadas en mayor o menor
medida del pueblo. Sin duda la que más fuertemente actuó contra la insurrección fue la
élite mercantil de Honda, principalmente la fracción de españoles recién avecindados,
liderada por el alcalde Joan Blas de Aranzazu. En cambio, en la provincia de Neiva el
movimiento comunero tuvo el liderazgo de miembros de la élite de Neiva, como los Charro
de Aipe.
EL
DERRUMBE DE LA CORONA
Sin embargo, la diferenciación social entre y
dentro de las élites se hizo mayor después de la insurrección comunera en virtud de la
politización de sus contradicciones y sobre todo por la fuerte presión contra los
deudores de los oficiales de la Real Hacienda quienes remataban, igualmente los esclavos y
las haciendas de los jesuitas.
Los principales hacendados de la provincia de
Mariquita tenían parentesco o negocios con parte de la élite santafereña. Ello explica
la formación de ciertos bandos entre las élites locales, indirectamente subordinados a
ésta o sensibles a las relaciones del cabildo de Santafé con las altas autoridades
virreinales.
Hecho notorio en Ibagué, Purificación,
Mariquita, Chaparral y Neiva alrededor de la figura del marqués de San Jorge (Jorge
Lozano de Peralta) y su pariente, el alférez real de la capital del virreinato, don Luis
de Caicedo y Flórez, y partidarios de éste como don Manuel Torrijos, quienes
simbolizaban una actitud crítica hacia el gobierno virreinal.
En el caso de Neiva, un grupo de españoles y
americanos (quiteños) se avecindaron en esta ciudad a finales del siglo XVIII en calidad
de comerciantes y/o recaudadores de rentas fiscales de la Corona (alcabalas, correos,
diezmos). Entre ellos se destacan los López, los Salas, los Tello y los Díaz, quienes
también se relacionaron en asuntos de negocios con notables de la capital del virreinato
(González, Acevedo).
Por último, activó la vida política local el
cambio en los patrones de poblamiento y relación social en la región en la segunda mitad
del siglo XVIII con el surgimiento de parroquias. Se destaca una tendencia a impugnar las
conductas impropias de las autoridades, sobre todo de corregidores, alcaldes y curas, e
incluso del poder de algunos caudillos. Esta actitud crítica revela una creciente
politización de los vecindarios de estas jurisdicciones antes de la Independencia.
Un ejemplo de lo anterior es la resistencia de
las élites locales contra los costos fiscales que impuso el corregidor de la provincia de
Mariquita, Manuel Santiago Vallecilla y Caicedo, en su sorpresiva visita de Tierras y
Trapiches, que concluyó en la devolución de los dineros recaudados por este en 1805.
LA
REGIÓN NACE A LA POLÍTICA
Durante el siglo XIX, la pugna entre los modelos
federalista y centralista —mezclada con el intento secularizador de cambiar la
sociedad campesina y religiosa por una inspirada en los ideales del progreso
económico— caracterizó la vida político - militar del país. La región del Alto
Magdalena participó de manera intensa en dicho proceso.
Con las muertes de don Luis Caicedo y Flórez y
de uno de sus mejores aliados en la provincia de Mariquita, don Ignacio Nicolás de
Buenaventura, ocurridas en 1813, la causa del centralismo se debilitó. No obstante, fue
grande el apoyo militar, económico y político al general Antonio Nariño en su campaña
del sur.
Uno y otro acontecimiento favorecieron que los
intereses particularistas y federalistas de sectores ilustrados de Mariquita y de Neiva se
expresaran en la retórica constitucionalista.
Estos fueron más intensos en Neiva donde, en
1812, se expidió su constitución de provincia - estado, cuya independencia absoluta
seria declarada en febrero de 1814. Don José León Armero, miembro de una familia
esclavista hegemónica en Mariquita, concibió, redactó y promulgó la constitución
política de esta provincia el 21 de julio de 1815. El 31 de agosto de este año Neiva
expidió una nueva constitución de carácter federalista.
Estos aires regionalistas y libertarios pronto
fueron reprimidos. El ejército de la reconquista española al mando de Pablo Morillo
ordenó liquidar a algunos de los
jefes patriotas de la región: miembros de las familias Salas, Tello, Díaz y Armero. Esta
represión violenta y los atropellos a los bienes de muchas familias de las élites de
Mariquita, Ibagué, Chaparral, Purificación y Neiva, fomentaron sentimientos de cohesión
antiespañola entre sectores de las comunidades locales que favorecieron redefinir ciertos
liderazgos políticos y formar sentimientos republicanos más que regionalistas, que sólo
aparecieron en el marco de la guerra de 1860 bajo la forma del Estado Soberano del
Tolima.
Uno de los hechos
sociopolíticos más significativos en la región, luego de la Independencia, fue la
transformación de los principales comerciantes de Honda en el siglo XVIII, los Viana, los
Diago y los Aranzazu en grandes terratenientes y su adscripción a lo que se denominó
luego el partido conservador. Si asociamos este hecho con el dominio señorial que
ejercían las familias Caicedo, Leiva, Camacho Torrijos en los municipios de
Purificación, Guamo y Espinal podemos concluir que hasta la guerra civil de 1851 las
provincias de Neiva y de Mariquita fueron de hegemonía conservadora con un fuerte
centralismo, como lo revela su adscripción político - administrativa al Estado de
Cundinamarca.
Esta hegemonía fue cuestionada por las
transformaciones transitorias (migración, economía monetaria y liberalización)
introducidas por el auge del tabaco en el norte de la región. En la década 1850-1860,
Chaparral, Neiva, Ambalema, Honda e Ibagué encabezaron este cuestionamiento. A propósito
dé la revolución de 1854, las élites legitimistas del Alto Magdalena tuvieron ocasión
de reconocerse solidariamente unidas contra la dictadura de un caudillo extraño a ellas,
sin representatividad de sus intereses terratenientes y mercantiles, el general José
María Melo, oriundo de Chaparral.
Con ocasión de dicha revolución la sede del
poder constitucional de la República fue trasladada a Ibagué, capital política de
Colombia entre septiembre y octubre de 1854, cuando sesionó el Congreso de la República
presidido por el vicepresidente José de Obaldía y la protección militar del general
Tomás Cipriano de Mosquera. Dichas sesiones se realizaron en el conventillo de Santo
Domingo, sede del colegio San Simón.
La guerra de 1860-1862, fue muy popular en la
región, sobre todo a partir del 12 de abril de 1861 cuando su caudillo, el general Tomás
Cipriano de Mosquera —influido, entre otros, por el expresidente José Hilario
López, a la sazón propietario de una gran hacienda cerca de Natagaima y por los doctores
Manuel Murillo Toro, José María Rojas Garrido, Aníbal Galindo, Eugenio Castilla,
Clímaco Iriarte y José María Samper—, decidió crear el Estado Soberano del
Tolima, integrado por las antiguas provincias de Neiva y Mariquita, adscritas de nuevo en
1857 al Estado de Cundinamarca por iniciativa del doctor Domingo Caicedo Jurado, líder de
los conservadores del Alto Magdalena.
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