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La soberanía DE UN HIJO MENOR
El gobierno del Estado Soberano del Tolima
(1981-1885) se vio Interferido por los intereses extraños.
Una fuerte sequía de dos años agravó el
impacto sobre la economía regional de la guerra civil de 1860-1862. De ahí la
resistencia de los hacendados al impuesto directo y de los pequeños propietarios y
campesinos al monopolio del aguardiente, que estableció el gobierno del Tolima en
1864.
Estas situaciones crearon una impresionante
pobreza fiscal, que sumada a la división del liberalismo tolimense (mosqueristas y
radicales), a la tenaz resistencia armada de las guerrillas conservadoras y las
rivalidades localistas por la sede del gobierno federal generan la excepcional
inestabilidad político - institucional del Tolima en el período 1861-1868: dieciocho
presidentes y cuatro capitales diferentes (Purificación, Natagaima, Guamo y Neiva).
La alianza nacional entre conservadores y
radicales (1867) para derrocar al presidente Tomás Cipriano Mosquera, se tradujo en lo
regional, luego de una corta guerra civil, en la recuperación del poder federal por los
conservadores.
Antioquia y Tolima fueron los dos únicos
estados en poder del conservatismo durante la hegemonía radical vigente hasta 1876. No
obstante el cambio en el gobierno ejecutivo federal, las elecciones presidenciales de 1869
arrojaron un sorpresivo resultado en el Tolima: el candidato Tomás Cipriano de Mosquera
obtuvo 2 mil 552 votos contra 775 del candidato electo, Eustorgio Salgar.
De nuevo las familias Caicedo y Leiva
controlaron el gobierno regional entre 1868 y 1873. Desde 1870 rigió una constitución
conservadora que combinó la tradición tomista y la opción radical —En nombre de
Dios y por autoridad del pueblo. Sin embargo, la migración de jefes político -
militares caucanos y antioqueños —de rango social inferior a las familias raizales
que dominaban la política conservadora de la región—, principalmente del general
Joaquín María Córdoba, quien dirigió con Pedro Justo Berrío el derrocamiento del
gobierno liberal de Antioquia en la rebelión Caucana de ese año, hicieron que la toma
del poder del Estado Soberano del Tolima por el doctor Domingo Caicedo Jurado estuviera
rodeada de confusiones, pactos y negocios.
El más significativo de éstos fue el logrado
por el general Mateo Viana y los doctores Gaspar Díaz y Carlos Holguín con el general
Córdoba: una beca de 300 pesos anuales durante seis años para la educación de su hijo,
Julio Córdoba, y el apoyo para su elección como presidente del Estado en el período
1874-1877.
Tal apoyo se debilitaría desde 1875 hasta
culminar en la dejación del cargo al general Angel E. Cuervo para ir al Cauca en 1876,
con motivo del estallido de la guerra.
De todos modos, a nivel regional, durante ese
período uno de los aspectos de interés general más enconados fue el debate sobre
educación y religión. En Paicol, Garzón y Guamo se constituyeron Sociedades católicas
con el propósito de enfrentar el proyecto político cultural de los círculos
oligárquicos y masones de descatolizar el país. Incluso la convención conservadora
de 1873 reunida en Guamo propuso fundar una Universidad Conservadora Católica en el
Estado con las rentas de los colegios San Simón y Santa Librada
De otra parte, en 1873 fracciones del partido
conservador del Tolima intentaron ganar apoyo de los indígenas culpando a los liberales
de la pérdida de sus resguardos y de explotarlos.
La guerra de 1876-77 —cuya
batalla decisiva se libró en Garrapata, cerca de Mariquita—, significó para el
liberalismo radical un período de dominio político del Estado Federal tolimense hasta
1884.
Dos hechos fueron notorios en este
período: los avances en la cobertura de la educación primaria y la formación de
maestros en las escuelas normales y, por momentos, el rígido control oficial a los cultos
católicos. Algunos curas fueron desterrados.
En este período fueron
particularidades de la política tolimense en su relación con la dimensión nacional, la
gran influencia en la política federal de caucanos —en el sur— y antioqueños y
cundinamarqueses —centro y norte del estado— que debilitó el liderazgo regional
de las élites tolimenses y disminuyó al liberalismo independiente o nuñista. Respecto
de este último punto cabe anotar que en las elecciones de 1879 el general Tomás Rengifo
derrotó en el Tolima al doctor Rafael Núñez —1.853 votos contra 1.321. En las
elecciones de 1881, el doctor Francisco J. Zaldúa obtuvo 3 mil 400 votos contra 11 del
general Solón Wilches y en las elecciones de 1883 éste derrotó al doctor Rafael
Nuñez.
Finalmente, en 1884, la política tolimense
resultaría crucial para el presidente Núñez. Entonces el presidente del Estado
Soberano, Gabriel González, rechazó la secretaría de gobierno que Núñez le ofreciera
y se comprometió en la declaratoria de guerra que se hizo desde Santander y que en el
Tolima precipitó Ricardo Gaitán Obeso, un instrumento de la oligarquía radical de
Bogotá.
EL
FIN DE UNA ILUSIÓN REGIONAL
En la guerra de 1885 se enfrentaron
conservadores e independientes contra radicales. En el Tolima, el adalid de los primeros
fue el general Manuel Casabianca, quien con motivo de la nueva constitución debió
superar la presión clerical que en 1886, ejerciera sobre su gobierno el combativo
presbítero Esteban Rojas, señor junto con los Puyo y el general Joaquín María Córdoba
de la mayor parte de la provincia del sur, la más pobre de las cuatro que constituían el
Estado del Tolima.
Si Núñez quería ejercer un
control más directo sobre Antioquia, Casabianca deseaba estar más cerca de sus bienes.
Por ambas razones la capital del Estado se trasladó a Ibagué, a pesar de su hostilidad a
la Regeneración. Tal decisión y la reimplantación del monopolio del aguardiente
causaron descontento no sólo en los enemigos sino también entre los partidarios del
nuevo gobierno, principalmente en la provincia del sur.
En otro sentido, el gobierno regenerador del
Tolima se distinguió por su espíritu progresista: intentó apoyar la minería y la
agricultura, se comprometió en la obtención de rentas fiscales, el control de los gastos
de gobierno y la inversión sin precedentes en obras públicas (acueducto, panóptico,
puentes de hierro y caminos). Estas realizaciones se vieron favorecidas por el ciclo de
auge económico que suscitó la bonanza cafetera entre 1887 y 1897.
La división del partido nacional con motivo de
las elecciones de 1892, el retiro de Casabianca del gobierno tolimense en 1893, su relevo
por el doctor José Ignacio Camacho, la política populista de este en materia fiscal
—remate especulativo de la renta de licores, alza de sueldos a los empleados del
gobierno y celebración de un contrato para la construcción del ferrocarril del
Tolima— así como la creciente influencia del radicalismo que concluyó en la
sorpresiva guerra de 1895, fueron erosionando el apoyo regional a la Regeneración.
Un hecho marcó el final de la
hegemonía de Casabianca en el Tolima: la derrota jurídico - política del millonario
contrato del monopolio de las rentas de licores y de degüello con el empresario
antioqueño José María Sierra, en 1898. Este hecho, ocurrido en el marco de las crisis
cafetera, cacaotera y del comercio exterior y el desorden institucional del Estado,
contribuyeron a desencadenar la guerra.
En el año de 1898, el desbarajuste del gobierno
regenerador del Tolima se combinó con la acción separatista que en la Cámara de
Representantes promovieron los conservadores históricos de Neiva, Arcadio B. Charry y
Manuel A. Silva, apoyados por el tribunal superior neivano y el ahora obispo Esteban
Rojas, que culminó con éxito después de la guerra con la creación del departamento del
Huila.
Otro
siglo, OTRO DEPARTAMENTO
La primera mitad del siglo
XX fue para la región un período de intenso conflicto social e ideológico.
La separación de Panamá por la acción
norteamericana, desvió la atención de los colombianos respecto de la guerra que hacia
poco había concluido. La verdad que, al menos en el Tolima, relativizó la moral de los
triunfadores y reavivó el sentido crítico del discurso de los vencidos.
Para la política tolimense, la convocatoria y
realización de la Asamblea Constituyente que desmembró el departamento del Huila
protocolizó su crónica debilidad.
El centenario de la Independencia estuvo
matizado por sentimientos antiimperialistas y patrióticos tanto en el Tolima como en el
Huila. El debate político e ideológico de los años siguientes giró en torno de la
educación y de los proyectos de sociedad de liberales socialistas y/o masones y
conservadores clericales.
En el Huila, el obispo Esteban Rojas Tovar
lideró este litigio desde los púlpitos y la cátedra escolar, apoyado en una profusión
de periódicos editados bajo la inspiración de la cruzada de la prensa católica. En sus
colegios (el Seminario Conciliar, el de San Luis Gonzaga de Elías, la Presentación de
Neiva, de Garzón, de Agrado, de Timaná y Pitalito, además de la intermitente Normal
para Señoritas) se formaron varias generaciones de ciudadanos que dirigirían los
destinos huilenses por más de medio siglo.
De otra parte, a través de la prensa, el obispo
Rojas y otros escritores católicos luchaban contra el ateísmo de los liberales, la
modernización sin valores éticos y la indiferencia religiosa. A su vez, la prensa
liberal —en la cual se destacaron Ramón Alvira, Anselmo Gaitán Useche, Reinaldo
Matiz y otros—, enfrentaba el poder autoritario y la influencia social del prelado
utilizando la sátira aguda y virulenta.
En Ibagué la élite liberal resistió la
influencia católica no sólo mediante el debate periodístico sino con la fundación del
Colegio Manuel Murillo Toro para los liberales de clases medias.
La política fiscal del presidente Reyes
—basada en el restablecimiento de los monopolios fiscales (aguardiente, tabaco y
otros), su remate entre los círculos oligárquicos de Bogotá y Antioquia y, sobre todo,
el drástico control del contrabando—, se convirtió para el campesinado en una
fuente de malestar y migración, acentuada por los atropellos y arbitrariedades de los
guardas de las rentas. Este descontento se sumaría a la corriente principal de la
rebelión agraria, la del campesinado de las haciendas cafeteras.
Los lideres liberales sobrevivientes a la guerra
se concentraron en las actividades cafetera y comercial. En ellas lograron acumular
capital en cuantías más o menos extraordinarias. Su influencia social y política se
ampliaba y profundizaba sin que se tradujera electoralmente pues en los años 20
campesinos, obreros e indígenas tendieron a apoyar al socialismo. A partir de la
convención liberal de Ibagué en 1922 se diseñó la estrategia para la recuperar el
poder estatal, triunfante en 1930.
LA
LUCHA POR LA TIERRA Y EL AUGE TOLIMENSE
Justamente sobre la región del Alto Magdalena
se desencadenaron las más amplias movilizaciones rurales, indígenas y campesinas y
obreras, características del comienzo de la República Liberal en 1930, que condujeron a
las diversas tentativas de reformulación política por parte del gobierno liberal.
Los indígenas del sur del Tolima estaban
presionados a abandonar sus tierras a través de diversos mecanismos expulsivos, entre
ellos el homicidio y la cuerada — entrega de una res muerta a cambio de toda la
tierra que abarcaran los hilos de cuero sacados de ella.
La respuesta indígena fue la organización de
la resistencia dirigida por Manuel Quintín Lame, quien en su lucha involucra a los
indígenas del Huila y del Tolima. En consecuencia, durante los años 20 José Gonzalo
Sánchez y Eutiquio Timoté adelantaron la organización de los indígenas del sur del
Tolima (Natagaima, Coyaima, Ortega y Chaparral), y promovieron la creación del Supremo
Consejo de Indias que agrupaba los resguardos de Coyaima, Yaguará, Caguán y
comunidades del Huila y Cauca.
En 1931, los indígenas que invadieron la
población de Coyaima y varias haciendas de la región, fueron atacados violentamente por
los hacendados y sus bandas, presentándose 17 muertos y 37 heridos.
En 1938, los indígenas realizaron invasiones
masivas en Ortega, Coello y Saldaña, obteniendo al año siguiente el reconocimiento
oficial de los resguardos de Ortega y Chaparral, bajo el nuevo régimen de la Ley
200.
A finales de los años 20, al lado de los indígenas, los arrendatarios de
las haciendas iniciaron la lucha contra los hacendados cafeteros para lo cual se negaron a
pagar arriendo y obligación, invadieron tierras y solicitaron la adjudicación de
los terrenos, organizaron huelgas y se opusieron a los desalojos masivos. A ello
contribuyó el decreto 1110 de 1928 por medio del cual el gobierno nacional destinó
varias zonas del país para la colonización, entre ellas algunas ubicadas en los
municipios de Icononzo y Cunday (Tolima).
Entre tanto en el Huila, además de la movilización indígena, se
presentaron conflictos entre colonos y supuestos propietarios de tierras a lo largo de la
Cordillera Oriental, desde Colombia, al norte, hasta Guadalupe, al sur.
En su lucha por la tierra los campesinos conformaron ligas y sindicatos para
reivindicar la propiedad de la tierra. Entre estas organizaciones se destacan las de
Natagaima, Coyaima, Chaparral, Irco, El Limón, Ambeima, Baraya, Icononzo y Cunday.
Los colonos del oriente del Tolima y Sumapaz,
por su parte, reclamaron el derecho a la tierra a través de colonias agrícolas y juntas
de colonos, entre las que se destaca la Colonia Agrícola del Sumapaz organizada
bajo la orientación del Partido Agrario Nacional, dirigido por Erasmo Valencia. En el
año 1934 la Colonia se transformó en Sociedad Agrícola del Sumapaz, compuesta
por 4 secciones, una de ellas correspondía a Icononzo y Cunday, al frente de la cual
estaban Fausto Cruz y Juan de la Cruz Varela, miembros del Partido Comunista.
Los hacendados contaron
con la complicidad de las autoridades locales y de la guardia departamental para llevar a
cabo lanzamientos arbitrarios y arrestar a numerosos campesinos.
La respuesta del gobierno a los conflictos
agrarios de esta región fue siempre oscilante entre la represión y la parcelación de
tierras.
Ejemplo de esta oscilación fue lo ocurrido con
la hacienda Tolima, cerca a Ibagué: en 1934, después de un enfrentamiento
sangriento, murieron 14 campesinos y 3 guardias civiles; en 1935, la hacienda fue comprada
por la nación y parcelada entre los 400 arrendatarios.
De hecho, la
agudización y extensión de los conflictos agrarios y las necesidades de modernizar el
campo, obligaron al gobierno liberal a expedir la ley 200 de 1936 o Ley de Tierras, donde
claramente se expresaba que la propiedad debía cumplir una función social, exigía que
la propiedad rural fuera explotada y determinaba las condiciones para que los colonos y
arrendatarios obtuvieran el título de propiedad.
Sin embargo, el posterior desarrollo dejó en
claro que la cuestión agraria no estaba saldada con la Ley de Tierras. Mas allá de los
alegatos judiciales, la brega continuaba en los diferentes enfrentamientos sociales por el
control del poder local y regional.
El agotamiento de la Revolución en Marcha era
cada vez mas evidente y sus efectos sobre la suerte del movimiento social y sobre la
estructura del poder, colocó al país entero a las puertas de una confrontación
generalizada de incalculables consecuencias.
Cabe anotar que el ascenso al poder del doctor
Alfonso López Pumarejo tendría un particular significado sociopolítico para el Tolima.
En efecto, su gobierno y en general la República Liberal promocionaron el talento
jurídico - político y administrativo de jóvenes que lograron construir buena parte del
armazón constitucional y legal de la república, principalmente en materia agraria (ley
200 de 1936), labo
ral —sujeción de la United Fruit a las
leyes colombianas— y en el derecho y las relaciones internacionales.
Entre esos jóvenes descollaron Darío
Echandía, Antonio Rocha Alvira, José Joaquín Caicedo Castilla (presidente de la Corte
Interamericana, miembro de la Corte Internacional de la Haya y ministro de Relaciones
Exteriores de Alberto Lleras), todos ellos oriundos de Chaparral. También se empezaron a
destacar Rafael Parga Cortés y Alfonso Palacio Rudas entre otros. De otra parte, se
integró a la Policía Nacional a muchos tolimenses de filiación liberal.
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