3. CONCLUSIONES

De lo expuesto se concluye:

a. En la actualidad, la nación colombiana está en la búsqueda de nuevos horizontes, de diseño e instrumentación de los escenarios estructurales y territoriales que conformarán el nuevo orden territorial bosquejado por la Constitución de 1991, como reflejo de aspiraciones colectivas. Este nuevo orden tiene como ejes centrales la descentralización y autonomía territorial, la democracia participativa, la reestructuración de la organización territorial, el desarrollo sostenible y espacialmente armónico, el desarrollo social y el respeto por la diversidad cultural. La búsqueda de este nuevo orden implica cambios sustanciales en la organización y manejo del territorio y en la concepción del desarrollo que lo aproximan a la política de ordenamiento, en la cual se hacen compatibles los objetivos sociales, culturales, ambientales y espaciales que llevan implícitos los ejes señalados.

b. La construcción de este nuevo orden implica, por tanto, la formulación de una Política Nacional de Ordenamiento Territorial, expresada en un Plan Nacional -PNOT-, como estrategia de manejo integral de la ocupación del territorio, que señale directrices, planes e instrumentos que coadyuven a la solución de los graves problemas de pobreza, violencia, deterioro de recursos naturales y de integración y desarrollo económico regional que afectan, de manera significativa, al territorio nacional. En cuanto a la pobreza, el PNOT debe incorporar, territorializar e instrumentar programas de desarrollo social orientados a eliminar las carencias o deficiencias de servicios básicos, saneamiento ambiental, desempleo y subempleo, desplazamiento de grupos humanos por la violencia, concentración de la propiedad sobre la tierra, tugurización de ciudades, etc. En cuanto a la violencia, el PNOT debe incorporar la identificación, caracterización y definición de planes de manejo especiales para las zonas de conflicto y promover la instrumentación de procesos de regionales de paz, a partir de comisiones regionales de conciliación, observatorios de paz y consultas regionales. En cuanto al deterioro de los recursos naturales, el PNOT debe incorporar la política ambiental contenida en la Ley 99 de 1993 y buscar la ordenación de la localización de población, actividades e infraestructuras ubicadas en áreas de riesgos o amenazas por fenómenos naturales o en lugares cuyas características edafológicas, sociales o ambientales son incompatibles con tales actividades o infraestructuras. En materia de desarrollo regional el PNOT buscará saldar la deuda social que la nación y los modelos económicos desarrollistas han contraído con las regiones deprimidas.

c. La política de ordenamiento territorial debe contribuir, también, a la construcción de los escenarios político-administrativos del nuevo orden territorial establecido por la Constitución, especialmente en lo correspondiente a la descentralización y autonomía de las entidades territoriales, la democracia participativa y el nuevo mapa político-territorial, que tiene al municipio como la entidad fundamental y la regionalización como complemento de la descentralización territorial. Dentro de este nuevo mapa, las regiones territoriales han sido concebidas como entidades autónomas, con poder de decisión y actuación en la gestión de los asuntos de su interés, los cuales van más allá de la administración y la planeación. Sin embargo, este poder regional dependerá de la transferencia de funciones, competencias y recursos que esté dispuesta la Nación a realizar y del perfil de región que definan los departamentos que la integren. En todo caso, la regionalización y construcción de regiones autónomas deberá concebirse en términos del fortalecimiento coetáneo de los municipios, los departamentos y de la unidad nacional.

d. Las regiones y entidades territoriales constituyen los marcos de actuación en los cuales la política de ordenamiento se concreta. En consecuencia, la eficiencia de tales entidades, en cuanto a su propincuidad espacial, integridad funcional y autonomía son claves para el éxito de la política de ordenamiento. Esto plantea una relación bastante estrecha entre las políticas de descentralización administrativa y de regionalización con el ordenamiento territorial, sin que constituyan el ordenamiento territorial en sí mismo.

e. La conformación de regiones no puede ser un proceso meramente político, sino casi que una obra de ingeniería, donde los ingenieros constructores son los actores sociales con el liderazgo de la clase política, la base del edificio regional la constituyen las sociedades departamentales organizadas, las cuales constituyen la base para la construcción de una sociedad regional; la energía la aporta el proyecto político que señale los escenarios de desarrollo futuro de la región, y los materiales a utilizar serán la regionalidad histórica, integración funcional, propincuidad espacial y autonomía. Este último constituye un material determinante de la fortaleza del edificio regional.

f. La Constitución Política de 1991 introduce elementos distorsionadores de una conformación regional óptima, al mantener los departamentos como entidades territoriales y ligar la creación de las futuras regiones a la unión de departamentos completos, situación que lleva a que se trasladen a las futuras regiones los graves problemas de integración funcional e irracionalidad espacial que presentan estas entidades. Conviene realizar en el futuro un realinderamiento de estos departamentos de modo que se racionalicen estos espacios y se puedan crear regiones territoriales cuyo espacio jurisdiccional no sea un obstáculo para una planificación eficiente y justa.

g. La Política y Plan Nacional de Ordenamiento Territorial deben fundamentarse en un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial -SNOT- del cual harán parte el Sistemas Nacional de Educación, El Sistema Nacional Ambiental -SNA-, el Sistema Nacional de planificación, el Sistema Nacional Agropecuario, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, etc. Este sistema podría ser la base institucional de un Ministerio de Ordenamiento Territorial y de un Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial CONOT, ubicado al mismo nivel del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES. Esto se hace necesario por la gran complejidad y alcance que tiene el ordenamiento territorial, que hace inadecuado manejarlo a partir de ministerios o de instituciones menores o subordinadas a departamentos administrativos. En este sentido, cobran vigor las ideas planteadas por el Presidente de la Comisión Regional de Aguachica, Eduardo Bula Romero, quien además de reconocer la necesidad del Ministerio de Ordenamiento Territorial, ve al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como el principal soporte técnico-científico de dicho ministerio (Bula, 1994:116).