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3.1
La Sociedad Colonial en la provincia de Santa Marta (Continuación)
Por lo
demás, los casos de San Sebastián y Nueva Córdoba no son los únicos ejemplos de
fundaciones españolas o de parroquias indígenas establecidos en las entrañas del macizo
montañoso serrano durante el siglo XVIII. En efecto, también se encuentran referencias,
por cierto con una menor riqueza documental, a otros pueblos y parroquias indígenas, por
ejemplo en la obra del alférez real José Nicolás de la Rosa publicada por primera vez
en 1742. En el recorrido de las parroquias que en su tiempo componían la Diócesis de
Santa Marta, De la Rosa incluye las siguientes localizadas en la Sierra Nevada: el caso ya
mencionado de San Sebastián, en la jurisdicción de Pueblo Nuevo de Valencia. En la
jurisdicción de Valledupar, aparecen los pueblos de San Isidro de los Atánquez, de
indios arhuacos (kankuamos), de Sayrino de la Ramada también de los mismos naturales. A
Riohacha pertenecían las parroquias de San Pedro y San Antonio del Yucal, asimismo de
indios de nación arhuaca (kogui). Como parroquias extintas, De la Rosa menciona aquellas
de los pueblos de Sancona, Zahirino, Morocaza y Cototame, del distrito de Riohacha, todos
localizados en la Sierra Nevada (De la Rosa 1945:208,218,232, y 242; Reichel-Dolmatoff
1951:51-52; 1953:64-65).
No disponemos sino de muy
poca información sobre el manejo de estas parroquias indígenas de la Sierra Nevada a
comienzos del siglo XVIII. Parece que curas regulares estaban a cargo de ella, aunque
también hay noticias de frailes capuchinos encargados de la conversión de los arhuacos.
Estos últimos estaban en la provincia desde finales del siglo anterior ocupados, ante
todo, con las doctrinas de los indios guajiros. Por otra parte, la documentación
histórica del último cuarto del siglo XVIII muestra que por este período ya existía
efectivamente en la Sierra Nevada un sistema de misiones más o menos estable, aunque no
exento de problemas. El eje de esta actividad misionera y colonizadora estaba constituido
por los pueblos indígenas, que vimos se formaron antes en varias partes del macizo. Hacia
finales de la década de 1780, un plan confeccionado por los misioneros de los arhuacos
para trasladar a los indígenas de sus pueblos en la Sierra a la costa fue rechazado por
las autoridades coloniales. Uno de sus autores, el fraile capuchino Pedro García
argumentaba que la conversión de los naturales de San Pedro y San Antonio no había
avanzado mucho por la persistencia de éstos a "mantenerse en sus errores e
idolatrías", y por las dificultades que ofrecían "aquellas serranías
fragosísimas que por todas partes no son otra cosa que precipicios y despeñaderos"
(Archivo Histórico Nacional de Colombia, AHNC, Caciques e Indios, vol. XXXIX,
fol. 170r). El padre José Manjarrés, cura de los pueblos de Rosario y Marocaso, se
quejaba asimismo de los desmanes contra la fe católica en los que incurrían los indios
de su doctrina (AHNC, Caciques e Indios, vol. XXVIII, fol. 909r-v).
Esta preocupación con la
"idolatría" de los arhuacos es recurrente en todos los documentos de finales
del período colonial. El padre Manuel José Vergara, siguiente cura de Rosario y
Morocaso, usó de iguales términos que su predecesor para solicitar en 1793 que los dos
pueblos se juntaran en uno. Según el cura, los indígenas de Rosario vivían la mayor
parte del tiempo en sus tierras agrícolas lejos del pueblo, el que sólo visitaban unos
pocos días al año. Bajo estas circunstancias, la labor doctninera era poco menos que
imposible y el papel del doctrinero se limitaba, en sus palabras, "a ser el cura de
un grupo de chozas y no de un grupo de almas". Los arhuacos de Marocaso (¿wiwas?),
por su parte, estaban en mejores condiciones que los de Rosario. Según el padre Vergara,
los primeros disponían de buenas tierras de labranza y de cría de ganados —del que
tenían "no muy corto número". Además, "han fundado varios ingenios de
trapiches con que logran dulces muy superiores no sólo para proveerse ellos, sino
también a mucha parte de esta jurisdicción y aún de la de Riohacha y lo mismo con sus
maíces, plátanos y otros víveres que casi puede decirse que es uno de los pueblos más
proveídos del partido y en tal manera logran ventajas con sus haberes que han comprado y
tenido varios esclavos, mulas, caballos y otras cosas que jamás llegarán a adquirir los
de Rosario" (AHNC, Caciques e Indios, vol. XLVII, fols. 213v-215v). Vale
añadir que la solicitud del cuna no fue aprobada.
Durante estos mismos años,
el padre José Gabriel Santaya, cura de San Antonio de Cototama, informa de una
confederación entre los arhuacos (¿koguis?) y los "bárbaros" guajiros para
expulsarlo del pueblo "y deshacerse de la obediencia de los españoles". Más
aún, el cura opinaba que las relaciones comerciales que estos arhuacos mantenían con los
comerciantes españoles y los indios de Santa Manta eran harto perniciosas para los
indígenas serranos (AHNC, Caciques e Indios, vol. XLVI, fols. 351v-352r). Estos
comerciantes, desde luego, sólo estaban suministrándoles a los arhuacos las herramientas
metálicas y demás utensilios que los indígenas empleaban ahora en la agricultura y en
la fabricación de panela para la venta. Como se expresó sobre este particular el
gobernador de Riohacha en 1794: "En el día no faltan algunos [indios] que son
dueños y poseedores de sus trapiches, que aunque no de mucho momento, muelen sus
cañales, hacen sus panelas y mieles [que] venden allí o la conducen a esta ciudad; se
proveen de pailas o fondos, hachas y machetes, tienen su cría de ganado, mulas y
caballos, son también codiciosos a juntar dinero, y finalmente disfrutan de toda la
producción de mieses y demás, con que mantienen a su cura todo el año" (AHNC,
Caciques e Indios, vol. XLVI, fols. 353r-355v).
Otra parroquia arhuaca que
estaba consolidada a finales del siglo XVIII era San Isidro de Atánquez. Según el
corregidor de naturales Juan Salvador Anselmo Daza, el pueblo era muy próspero y
"moderno" en 1795, y sus naturales kankuanos recibían de buen grado la doctrina
católica. En Atánquez, los indígenas tenían "tierras en donde labrar dentro de
los mismos resguardos, todos saben la doctrina, oyen misa sin faltar un día en los que
son de precepto; se confiesan cada año; están instruidos en los misterios de la fe; [y]
tienen trato familiar con los españoles" (AHNC, Caciques e Indios, vol.
XLVII, fol. 219v).
La tributación se
constituyó en el punto focal de todos los esfuerzos de finales del siglo en busca de la
organización del poblamiento indígena de la Sierra Nevada. Las autoridades coloniales de
la provincia sólo seguían en este particular las estrictas instrucciones despachadas por
los ministros del monarca Borbón reformista Carlos III, con el propósito de mejorar la
recaudación en las colonias. Para lograrlo, era necesario disponer de mejores datos
censales sobre los indios en edad de pagar tributos y regularizar el proceso de
empadronamiento (cf. carta de José de Gálvez al virrey de Santafé, 1776. AHNC,
Censos de Varios Departamentos, vol. VI, fol. 337r-v). Por ello desde la década de
1780 las autoridades provinciales de Santa Manta, Riohacha y Valledupar se empeñaron en
mejorar el empadronamiento de los arhuacos de sus respectivas jurisdicciones. Tal tarea
recayó, ante todo, en los curas doctrineros y en los corregidores de naturales. Ellos
debían anotar minuciosamente si los tributarios vecinos de cada uno de los pueblos de
indios arhuacos pagaban los cuatro pesos anuales por tributario en vigor desde 1701, si un
indígena estaba exento de pago, las edades de todos los tributarios, y el número de
chinos de doctrina.
Como en el resto de la Nueva
Granada, todos los hombres arhuacos entre los 17-18 y los 54 años de edad eran
considerados tributarios y por ello denominados como indios
útiles.
Antes de los 17 ó 18 años, los niños, y a veces también las niñas, eran considerados
como chinos de doctrina. Una vez que un indio útil llegara a la edad de 54 años era
"retirado" de la obligación tributaria y se consideraba entonces como un jubilado.
Aquellos indígenas enfermos o con malformidades eran llamados baldados y por lo
general no pagaban tributo, aunque a veces pagaban la mitad como también lo hacían los
hombres jóvenes que apenas comenzaban a tributar. Por otra parte, las mujeres, y los
hombres adultos que ocupasen cargos en la jerarquía de empleos creados durante la
Colonia, como por ejemplo aquellos de capitán, alcalde, fiscal, estaban exentos
del tributo anual. Los curas también lograron que fuesen exceptuados aquellos hombres que
les ayudaban en el culto —los sacristanes, músicos y cantores (Molino
1976:62-66). No sabemos, sin embargo, si en el caso de la Sierra Nevada estos cargos
tenían períodos fijos, por ejemplo de un año, como en el resto de la Nueva Granada, o
si eran empleos permanentes. De paso, los pocos casos de hombres españoles que vivían
con mujeres arhuacas en los pueblos del macizo estaban obligados a pagar dos pesos anuales
como tributo.
De otro lado, el asunto de
la "pacificación" de los chimilas no llegó a un feliz término con el gran
plan de poblamiento trazado por José Fernando de Mier y Guerra a mediados del siglo
XVIII. Parte de la explicación a este hecho, además de los obstáculos que encontró
entre las autoridades coloniales el juez poblador y de su paulatino desprestigio y
desinterés, tiene que ver con el patrón de poblamiento disperso de los chimilas dentro
de su inmenso territorio. En el Archivo Nacional se encuentra un documento con el
testimonio valioso de un criollo nacido en las sabanas de Tolú, Manuel Francisco de Mesa,
que nos ilustra sobre este problema. En efecto, hacia 1750 Mesa fue hecho prisionero cerca
de Tenerife por una partida de guerreros chimilas. Ataviado a la usanza de un guerrero,
esto es, su cuerpo desnudo todo embadurnado de achiote o bixa (Bixa
orellana)
y armado de arco y flechas con su correspondiente carcaj, el criollo fue obligado a
participar durante un año en las correrías contra los asentamientos españoles. En su
testimonio Mesa nos refiere la existencia de varios "pueblos" chimila y los
localiza de la siguiente manera: cerca de las sabanas de San Angel, en las cabeceras del
río López, existía un poblado que los indios llamaban "Pueblo de Lata" donde
habitaban unos 400 hombres sin contar a las mujeres y los niños —o sea unos 1.000 a
1.300 indígenas. Alrededor de las habitaciones había numerosas "rozas"
agrícolas con vastos plantíos de plátano y yuca. Los indígenas no tenían allí ganado
mayor y pescaban en el río con flechas.
Más al norte, a cinco días
de camino hacia Riohacha, se encontraba el poblado llamado "Yare", un
asentamiento también bastante grande: vivían allí unas 300 personas del grupo de los
tomocos de dialecto chimila. Como el anterior, el poblado estaba rodeado de numerosas
rozas agrícolas, aunque este último estaba situado en "tierra firme" sin un
río cercano. Presididos por un "capitán", los de Yare no hacían sus
correrías hacia el río Magdalena, como los de San Angel, sino que se desplazaban a
hostilizar la región de Valledupar.
Un tercer pueblo estaba
localizado en un sitio más abajo de San Antonio, frente al Real de la Cruz. Era un
poblado más bien pequeño y sus guerreros recorrían la margen derecha del río
Magdalena, aguas arriba de San Antonio, en sus excursiones de hostigamiento de los fundos
y hatos españoles lo mismo que de los champanes y chalupas que recorrían el río. Por
último, en las cabeceras del río Frío y en las tierras templadas de la vertiente
occidental de la Sierra Nevada, se encontraba "Nengra", en lengua chimila, un
poblado también de "nación" tomoco. Este era un poblado muy grande en donde
habitaban unos 1.500 indígenas, excluyendo mujeres y niños, o sea unas 4.000 a 5.000
personas en total, encabezadas por cuatro caciques. El pueblo estaba rodeado de una gran
cantidad de campos agrícolas y sus habitantes no disponían de ganado mayor. Los
guerreros de Nengra solían hacer sus expediciones por las regiones de Sevilla, Dulcino,
río Córdoba y Gama, en las inmediaciones de la ciudad de Santa Marta.
Como datos adicionales, Mesa
afirmó en su declaración ante las autoridades coloniales que los chimilas no hablaban de
Dios, "ni hacen memoria de su Majestad, ni del diablo y (...) no tienen ídolo".
Cada hombre tomaba la mujer que le pareciese, pero sólo una. En Nengra había tres
españoles, desertores de Cartagena, cada uno con su mujer indígena, además de un
francés quien recién había salido dejando a la mujer nativa con quien vivía. Asimismo,
todos los territorios adyacentes a estos cuatro "pueblos" eran muy ricos en
cacería, en morrocoyes, pavas y paujiles, además de que había mucho ganado cimarrón
(AHNC, Poblaciones varias, vol. X, fols. 161-163).
Con base en el anterior
documento, podemos aventurar varios planteamientos. En primer lugar, por lo menos durante
el siglo XVIII, pareció existir cierta distinción entre los chimilas de las vertientes
occidental y suroriental de la Sierra Nevada, que serían los tomocos de Negra y Yare
respectivamente, y los chimilas de las selvas y llanuras bajas al norte de la depresión
momposina. No disponemos de información sobre el grado de integración ni de las
relaciones que mantendrían estas dos subdivisiones de los chimilas, si en efecto éste
era el caso. Los tomocos han sido a veces mencionados como un grupo étnico diferente,
localizado en el valle del río Cesar (Reichel-Dolmatoff 1985:123), o como un grupo
emparentado con los tupes (Castro 1979:38).
En segundo lugar, parece
dudoso que los chimilas se hubieran organizado en "pueblos" estructurados de una
manera rigurosa, como lo da a entender el informe de Manuel Francisco de Mesa. Si se
analiza con cuidado la documentación histórica sobre los chimilas de una época un poco
posterior, se deduce que la principal dificultad para contenerlos y congregarlos en los
llamados "pueblos de indios" creados con tal fin, surgió del hecho de que los
nativos no vivían en asentamientos nucleados. Por el contrario, la situación parece
haber sido de asentamientos relativamente dispersos, ubicados en las cuatro zonas a las
que se refiere Mesa, y bien adaptados a un sistema de horticultura. Que en cada uno de
esos territorios hubiese existido algún tipo de estructuración espacial, con respecto,
por ejemplo, a los lugares de residencia de los caciques, parece en cambio más probable.
En este sentido, leemos en un diario de una de las campañas punitivas realizadas en 1764
contra los chimilas, que los expedicionarios" (...) noticiaron haber encontrado
infinitos caminos reales francos, dirigidos a distintos caseríos, y entre estos
encontraron nueve fundaciones, unas pequeñas y otras grandes, y en cada una de ellas una
casa muy grande (...)" (AHNC, Caciques e Indios, vol. XLIII, fol. 899r).
Sea como fuere, a los
esfuerzos de José Fernando de Mier y Guerra se siguieron otros intentos por dominar la
rebeldía de los chimilas. A partir de 1756, las autoridades coloniales comenzaron a
organizar expediciones, o "entradas" como las llamaron por entonces, que con
cierta periodicidad se internaban en la provincia chimila con el propósito de castigar a
los indígenas. Los misioneros capuchinos, encargados desde antes de las doctrinas de los
guajiros así como la de todos los arhuacos serranos y de los motilones del Perijá,
participaron y aún organizaron muchas de estas entradas, con el fin de capturar naturales
para llevar a varias estaciones misionales que en varias partes de la gobernación de
Santa Manta eran gobernadas por ellos.
Como un ejemplo de tales
expediciones punitivas, y fueron muchas las expediciones que se organizaron en contra de
los chimilas desde 1756, estudiemos las que organizara en 1764 el gobernador de la
provincia, Andrés Pérez Ruiz Calderón, con el concurso de Mier y Guerra. Ese año,
desde las poblaciones recién fundadas alrededor del territorio de los chimilas y desde
otras como Valledupar y Valencia de Jesús, partieron varias comisiones que se internaron
en lo profundo de las tierras de chimilas para recorrerlas en todas las direcciones. Uno
de estos grupos partió de Valencia de Jesús. Era una expedición mixta conformada por
españoles, criollos e indios tocaimos de la misión capuchina del mismo nombre en la
Serranía del Perijá. Siguieron probablemente la ruta de Garupal, luego torcieron hacia
el río Ariguaní para caer por último en las sabanas de San Angel. Entre estos dos
últimos sitios, la expedición se encontró con varias rozas agrícolas de un gran
tamaño. En ellas los indígenas habían sembrado yuca, ñame, batata, achiote, fríjoles,
tabaco, mostaza, guandules, papayos, etc., así como caña brava indispensable para la
confección de flechas. El maíz ya había sido cosechado en grandes cantidades y se
encontraba almacenado en plataformas de madera (o "trojas"). Cerca de las
rocerías, los chimilas habían construido grandes bohíos circulares hechos de varas y
palmas para la confección del techo, que tenían una forma cónica y estaba coronado en
el vértice con una olla de cerámica a la manera de los indígenas de la Sierra Nevada.
Todos los caseríos, en el centro de los cuales sobresalía una construcción más grande,
estaban comunicados por una intrincada red de caminos. Cuando la misma expedición llegó
a otro asentamiento encontró "(...) desalojado el sitio y las mesas puestas con los
bollos calientes y alrededor las chichas que actualmente bebían, los trastos todos
regados como que pretendieron llevarlos y no pudieron, por lo que logró nuestra escuadra
gran pillaje de sus armas, calabazos, mantas, chinchorros, sombreros de palma, uno blanco,
un cañón de escopeta, loros y unos pájaros que llaman gonzalos. Lo que finalizaron
pegaron fuego a la población, perdiendo el chimila en este insulto imponderable
abundancia de maíces que tenían entrojados como en otras antecedentes, destruyéndoles
de lo sembrado cuanto les dio lugar el tiempo, y dicen los de esta escuadra que por mucho
que se les haga siempre estarán sobrados de bastimentos por ser copiosas sus rocerías
(...)" (AHNC. Caciques e Indios, vol. XLIII, fols. 868-906; cf. De Mier
1987).
Este método de
"pacificación" basado en la destrucción de los cultivos y las habitaciones de
los chimilas, fue complementado a partir de 1775 con uno nuevo. Se trataba de la
organización de un sistema de "reducciones" o de "pueblos de indios",
a donde habrían de congregarse bajo la tutela de un misionero capuchino todos los
indígenas capturados en las expediciones punitivas, o de forma voluntaria aquellos
indígenas que aceptaban las "gratificaciones" que les ofrecían para
inducirlos. La persona encargada de este programa, el coronel de milicias Agustín de la
Sierra, un antiguo subordinado de Mier y Guerra, fundó varios de estos pueblos de indios
a todo lo ancho de la tierra de chimilas. Entre éstos tenemos a San Miguel de Punta
Gorda, hoy Salamina, sobre la margen derecha del río Magdalena; Garupal, cerca del río
del mismo nombre en la dirección de Valledupar; Pavas; San Antonio de Ariguaní, sobre el
río Ariguaní en jurisdicción de Valencia de Jesús, y Venero, en la margen derecha del
río Magdalena en las proximidades del actual Guamal.
Las gratificaciones, por
otra parte, consistían en objetos de todo género, especialmente herramientas como
hachas, machetes y cuchillos, y lienzos y abalorios varios, con los cuales se abastecían
a los indígenas que ocuparon las reducciones. Para su adquisición se destinó un
presupuesto especial de la Real Hacienda —entre 1775 y 1797, la Corona invirtió unos
$11.000 de la época para comprar mercancías destinadas a los chimilas reducidos. Tales
gratificaciones eran distribuidas entre los indígenas por el capitán de conquista
Agustín de la Sierra, sus comisionados y los curas doctrineros que los regentaban (cf.
Uribe 1977:134).
No obstante todos estos
esfuerzos, el éxito de las reducciones chimilas fue cuando más un éxito parcial. Sus
curas doctrineros y el propio capitán de conquista se quejaban constantemente de lo
"inconstantes" que resultaban los chimilas para vivir en sus pueblos de indios,
y de cómo huían de nuevo a sus montañas cuando no eran abastecidos de herramientas de
forma oportuna, o los ganados del cura dañaban sus sementeras, o a veces sin otro motivo
más aparente que su "natural temperamento belicoso". Vale añadir que en
ocasiones los chimilas prófugos de las reducciones atacaron a sus congéneres que
permanecían con los españoles y mantenían amistad con ellos. Los problemas se
agudizaron en 1790, cuando una gran epidemia de viruela que asoló toda la provincia de
Santa Marta se ensañó con la población indígena, especialmente aquella población
reducida. Los chimilas, llenos de pánico por tener que vivir en pueblos donde la epidemia
fue muy intensa, huyeron de manera precipitada de sus reducciones para regresar a sus
"antiguas habitaciones" en el centro de sus montañas —y no hubo entonces
"gratificación" que valiese. Como tampoco surtieron ningún efecto definitivo
los desvelos del capitán de conquista que a la muerte de Sierra en 1799 lo sucediera,
Juan de la Rosa Galbán. Este último trató de revivir la reducción chimila de San
Antonio de Ariguaní (entonces conocida como San Antonio de Guayacanes), lo mismo que la
de Nuestra Señora de la Concepción de Venero, empresas que sólo significaron nuevos
gastos para el Real Erario y pocos resultados efectivos en la dirección de domeñar la
inquebrantable rebelión chimila. Y así los hilos de la trama de la resistencia de los
chimilas al dominio colonial se pierden hasta finales de la década de 1910. Diezmados y
agotados por casi una centuria de resistencia al poderío colonial español, los fugitivos
de las reducciones se internaron en el centro de las llamadas tierras de chimilas
—hasta que llegaron los primeros antropólogos a comienzos del presente siglo a
profetizar una inminente desaparición, hasta ahora no cumplida del todo, de los
"últimos indios chimilas".
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