El manejo de áreas geoestratégicas y de la división territorial constituyen directrices o determinantes importantes del ordenamiento territorial. A continuación se examinan algunas regulaciones existentes sobre la materia.

Dentro de estas áreas se destaca el manejo de áreas fronterizas, marinas y submarinas, insulares, costeras y aéreas.

La base del ordenamiento de áreas fronterizas se encuentra en la Constitución Política del país, en los artículos 80, 289 y 337. En el Artículo 80 se establece que el país cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas. En el Artículo 289 se dispone que los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de los servicios públicos y la preservación del ambiente. En el Artículo 337, se otorga a la ley, la potestad de establecer para las zonas de fronteras, terrestres y marítimas, normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a promover su desarrollo.

Los preceptos constitucionales anteriores fueron desarrollados por la Ley 191 de 1995, la cual establece un régimen especial para las zonas de frontera, con el fin de promover y facilitar su desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural.
Categorías espaciales de ordenamiento fronterizo

La Ley 191 de 1995 establece cuatro categorías espaciales de ordenamiento fronterizo:

Zonas de frontera: definida como "aquellos municipios, corregimientos especiales de los departamentos fronterizos, colindantes con los límites de la República de Colombia, y aquellos cuyas actividades económicas y sociales se advierte la influencia directa del fenómeno fronterizo" (Ley 191/95, art.4).

Unidades especiales de desarrollo fronterizo: aquellos municipios, corregimientos especiales y áreas metropolitanas pertenecientes a las zonas de frontera, en los que se hace indispensable crear condiciones especiales para el desarrollo económico y social mediante la facilitación de la integración con las comunidades fronterizas de los países vecinos, establecimiento de las actividades productivas, el intercambio de bienes y servicios y la libre circulación de personas y vehículos (Ley 191/95, art.4).

Zonas de integración fronteriza: aquellas áreas de los departamentos fronterizos cuyas características geográficas, ambientales, culturales y/o socioeconómicas, aconsejen la planeación y la acción conjunta de las autoridades fronterizas, en las que de común acuerdo con el país vecino, se adelantarán las acciones, que convengan para promover su desarrollo y fortalecer el intercambio bilateral e internacional (Ley 191/95, art.4).

En el enfoque del ordenamiento de las áreas fronterizas se articulan los lineamientos establecidos para el ordenamiento ambiental del territorio, el ordenamiento sectorial del desarrollo examinados antes. Del mismo modo, se considera el respeto por las tradiciones culturales de las comunidades negras e indígenas que habitan estas áreas.

Instrumentos de ordenamiento fronterizo

Como instrumentos esenciales de la política de ordenamiento de áreas fronterizas se destacan los convenios de cooperación e integración y los bonos de desarrollo fronterizo. Los primeros, podrán ser firmados por los gobernadores y alcaldes de los departamentos y municipios con las autoridades del mismo nivel de los países vecinos, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. Los bonos de desarrollo fronterizo se destinan a financiar planes y programas de infraestructura industrial y comercial en las Unidades Especiales de Desarrollo.

3.1.2 Ordenamiento de áreas marinas y submarinas

Las áreas marinas han sido objeto de ordenamiento internacional, mediante la Convención sobre la Plataforma Continental suscrita en Ginebra el 29 de abril de 1958, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Plataforma Continental. En Colombia este ordenamiento fue aceptado mediante la Ley 9 de 1961, la cual sirvió de base para la expedición de la Ley 10 de 1978, mediante la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental.

Según la Ley 10 de 1978, el mar territorial de la Nación colombiana sobre el cual ejerce plena soberanía, se extiende, más allá de su territorio continental e insular y de sus aguas interiores hasta una anchura de 12 millas náuticas o de 22 kilómetros 224 metros. La línea base para medir esta anchura la constituye la línea de bajamar a lo largo de la costa. La soberanía nacional se extiende igualmente al espacio situado sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de este mar (Ley 10/78, art. 1).

La Ley 10 de 1978, establece, también, una zona económica exclusiva, adyacente al mar territorial, cuyo límite exterior llegará hasta 200 millas náuticas, medidas desde las líneas de base desde donde se mide la anchura del mar territorial. En dicha zona, Colombia ejerce derechos de soberanía para efectos de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos y no vivos del lecho y del subsuelo y de las aguas suprayacentes; asimismo, ejerce jurisdicción exclusiva para la investigación científica y preservación del medio marino. La soberanía de Colombia incluye una plataforma continental para los efectos de exploración y explotación de los recursos marinos y submarinos.

La plataforma continental, de acuerdo con lo establecido por la Convención sobre Plataforma Continental de Ginebra en 1958, incluye: a) el lecho marino y subsuelo de las zonas marinas adyacentes a la costa pero situadas fuera del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o, más allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas; b) el lecho del mar y el subsuelo de las regiones submarinas análogas, adyacentes a las costas de las islas (Ley 9/61, art. 1).

El Decreto 2324 de 1984, por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria -DIMAR-, del Ministerio de Defensa, designó a esta entidad como autoridad Marítima Nacional, con el objeto de regular, dirigir, coordinar y controlar las actividades marítimas, entre las que se destacan:

La señalización marítima
El control del tráfico marítimo
La construcción, operación y administración de instalaciones portuarias.
La utilización, protección y preservación de los litorales.
La investigación científica marina.
Los sistemas de exploración, explotación y prospección de los recursos naturales del
medio marino.
La recreación y el deporte náutico marinos.
La conservación, preservación y protección del medio marino.
Los rellenos, dragados y obras de ingeniería oceánica.
la administración y desarrollo de la zona costera

Para el cumplimiento de estas actividades el decreto asignó a DIMAR jurisdicción hasta el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva, en las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, lecho y subsuelos marinos, aguas suprayacentes, litorales, islas, islotes y cayos.

Posteriormente, la Ley 99 de 1993, asignó al Ministerio del Medio Ambiente la función de "regular la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en las zonas marinas y costeras, y coordinar las actividades de las entidades encargadas de la investigación, protección y manejo del medio marino, de sus recursos vivos y de las costas y playas"; y asignó al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andréis -INVEMAR-, la función de investigación ambiental básica y aplicada de los recursos naturales renovables y el medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos de los mares adyacentes al territorio nacional.

El Decreto 1875 de 1979 dicta normas para prevenir la contaminación del medio marino que son complementadas por la Ley 45 de 1985, la cual adopta varios convenios de cooperación, firmados por las repúblicas de Colombia, Ecuador, Chile, Panamá y Perú para la protección de medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste de la contaminación por descargas de sustancias tóxicas, perjudiciales y nocivas, especialmente aquellas que sean persistentes, así como la contaminación causada por buques y la proveniente de todos los otros dispositivos e instalaciones que funcionen en el medio marino. Asimismo, la ley en mención establece el compromiso de las partes contratantes de adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir, reducir y controlar la erosión de la zona costera del Pacífico Sudeste, resultante de la actividad del hombre.

En el Convenio adoptado por la Ley 45 de 1985 se establece la cooperación en caso de contaminación resultante de situaciones de emergencia, la vigilancia de la contaminación, la evaluación de las repercusiones en el medio ambiente, el intercambio de información y la cooperación científica y tecnológica.

Como complemento al convenio anterior, la Ley 12 de 1992 aprueba el protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y costeras protegidas del Pacífico Sudeste, firmado en Paipa en septiembre de 1989. En dicho convenio las partes contratantes (Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Chile) se comprometen a adoptar medidas para proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural o cultural único, con particular énfasis en la flora y fauna amenazados de agotamiento y extinción, realizando estudios orientados a la reconstrucción del medio o repoblamiento de fauna y flora en casos necesarios (Ley 12/92, art. 2).

Para lograr lo anterior, las partes contratantes deben establecer áreas bajo su protección, en la forma de parques, reservas, santuarios de fauna y flora u otras categorías de áreas protegidas, en las que se establecerá un manejo íntegro, sobre la base de estudios e inventarios de sus recursos, con miras al desarrollo sostenido de ellos, prohibiendo toda actividad que pueda causar efectos adversos sobre el ecosistema, fauna y flora así como su hábitat (Ley 12/92, art. 2).

Otra norma que establece regulaciones relativas al ordenamiento del uso y ocupación de las áreas marinas y submarinas es el Decreto 2655 de 1988, en lo referente a la exploración y explotación minera costera y submarina.

El análisis anterior pone en evidencia que existen bases legales e institucionales para desarrollar una política de ordenamiento de los territorios marinos y submarinos, con mayor énfasis en el Pacífico. Los planes deben partir de una delimitación precisa del territorio marino, costero e insular, la disposición de los recursos necesarios para una defensa efectiva de nuestra soberanía y un diagnóstico riguroso de los recursos naturales que permitan su clasificación o regionalización en función del tipo y cantidad de recursos existentes, potencialidades de aprovechamiento y condiciones de intervención humana. Con base en este diagnóstico es posible asignar a cada unidad o región marina un tipo de uso específico, señalando las intensidades de aprovechamiento de los recursos, de modo que éste sea sostenible.

3.1.3 Areas costeras, insulares y espacio aéreo

Las áreas costeras son zonas de anchura variable situada a ambos lados de la línea donde la tierra se encuentra con el mar. Las costas constituyen, también, áreas estratégicas para la seguridad del país y, además, en éstas se localizan ecosistemas muy importantes como los manglares, los cuales requieren de un manejo especial.

Al igual que las áreas marinas, las zonas costeras requieren también de ordenamiento, cuya base sería una zonificación de las costas para identificar en ellas las áreas de potencial portuario, turístico, zonas francas y áreas de manejo especial como los deltas fluviales, áreas estuarinas, manglares, etc. Asimismo, los departamentos y municipios costeros deben adoptar un plan de manejo sostenible de las playas y los recursos naturales que las integran.

En cuanto a los territorios insulares, éstos constituyen también áreas estratégicas para la soberanía y el desarrollo nacional. El país posee, en este sentido, islas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, las cuales, al igual que lo que ocurre con las áreas marinas, no son valoradas adecuadamente por el Estado. Es necesario realizar un diagnóstico de la situación de nuestras islas para determinar sus debilidades, fortalezas oportunidades y amenazas. Sobre esta base se debe formular un plan de ordenamiento donde se defina la función de cada unidad o región insular y se fortalezcan a estas áreas en el cumplimiento de esta función.

En lo referente al espacio aéreo, Colombia ha declarado que el segmento de órbita sincrónica geoestacionaria correspondiente a su territorio es un recurso natural que pertenece al Estado (CP, art. 101). Asimismo, ha establecido que el espectro electromagnético es un bien público enajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado, bajo la garantía de igualdad de oportunidades en el acceso a su uso (CP, art. 75). No se conocen reglamentaciones de estos preceptos constitucionales.

3.2 DIVISION TERRITORIAL

Las parcelaciones administrativas del territorio para la planificación del desarrollo y la acción de las entidades territoriales inciden en el ordenamiento territorial. En este sentido, la Constitución Política del país introduce nuevas entidades territoriales y administrativas. Como entidades territoriales, reconoce a las regiones, las cuales podrán conformarse a partir de la conversión de regiones administrativas y de planificación, los departamentos (32), los distritos (4), los municipios (1060) y los territorios indígenas (en proceso de reglamentación). Como divisiones administrativas y de planificación se establecen las regiones administrativas y de planificación, las provincias, las áreas metropolitanas, las localidades del Distrito Capital, las comunas y los corregimientos.

En esta división se advierten dos hechos: el primero tiene que ver con el mantenimiento de las división municipal y departamental que existía antes de 1991, con sus disfuncionalidades para la eficacia de la política de descentralización en el caso de los municipios y de la creación de regiones de planificación funcionales en el caso de los departamentos.

En la división municipal se mantuvo una parcelación a partir de entidades con profundas desigualdades en población, tamaño y condiciones económicas. Unos municipios poseen gran concentración urbana, otros son pequeños espacios rurales. Ello hace que sus necesidades y capacidad de generación de recursos fiscales y de gestión administrativa sean de grado distinto. Estos municipios agrupados en provincias o asociaciones de municipios podrían beneficiarse de la solidaridad financiera que los llevaría a disponer de mayores medios económicos para la realización de obras de infraestructura de impacto subregional las cuales individualmente les son onerosas, así como la localización más racional y más rentable de las instalaciones públicas, al ponerse a disposición de una población más numerosa, la mejor prestación de los servicios públicos, la mayor disponibilidad de medios para contratar personal calificado para la gestión administrativa y la mejoría de los medios materiales de administración y de información (Massiris, 1987:42-43).

El segundo hecho se relaciona con el excesivo tipo de entidades territoriales creadas por la nueva Constitución Política, lo cual constituye un obstáculo para la coordinación y armonía en la acción de éstas sobre el territorio.