Wolf-Dietrich Sahr

Las dos islas del Caribe Oriental, Guadalupe y Martinica se convirtieron, en 1946, en Departamentos de Ultramar de la República Francesa y por lo tanto en partes integrales de su madre patria. Esta decisión jurídica estatal cimentó la unión de estas antiguas colonias con la lejana metrópoli europea y casi no les dejó posibilidades políticas para integrarse en su propia región caribeña. Sin embargo desde finales de los años 70 la creciente influencia de los Estados Unidos en el Caribe Oriental y la integración regional de los jóvenes estados anglófonos en esta zona, hacen que la orientación unilateral hacia Europa parezca inadecuada. Esta situación motivó al gobierno francés a prestar una mayor atención a los vecinos caribeños de sus dos Departamentos de Ultramar. También los problemas de la población local, desde hace mucho tiempo descuidados, parecen tener desde entonces una mayor atención, no obstante que su solución sigue subordinada a los intereses geoestratégicos de Francia.

Con el ejemplo de la política francesa de derecho del mar se puede comprobar la primacía de los pensamientos geoestratégicos. Las negociaciones sobre la Tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y su conclusión en 1982 en Jamaica obligaron a Francia a crear nuevas bases jurídicas para el área marina de las Antillas Francesas y negociar nuevas fronteras marítimas con sus vecinos.

En el Departamento de Ultramar de Martinica viven 329.000 habitantes sobre una superficie de 1.080 km2 (1986). En el Departamento de Guadalupe son 334.000 habitantes que se reparten sobre dos regiones: una meridional, que abarca el «Continent» de Basse-Terre y Grand Terre (1.525 km2) así como las islas Marie Galante (152 km2), La Désirade (18 km2) y las Iles des Saintes (15 km2), y una septentrional que se ubica sobre el Banco de Anguilla y que consiste en la isla de St. Barthelemy (25 km2) y la parte norte de la isla de St. Martin (52 km2) (véase Doumenge/Monnier 1989). Con base en el nuevo derecho del mar, Francia reclama para todas estas islas una zona económica exclusiva con un total de 171.000 km2 (véase Reyss 1986).

Con la Ley de Departamentos del 19 de marzo de 1946, todas las leyes de Francia tienen vigencia en las Antillas Francesas, y corresponde al deseo de muchos intelectuales caribeños, que a través de la política de asimilación esperaban mejoras económicas para la población isleña. Desgraciadamente este deseo sólo se cumplió lentamente y pronto predominaron las desventajas del distanciamiento cultural y social (véase Guérin 1956). Esto llevó a que la Constitución de 1958, en su artículo 73, permitiese leyes especiales para los Departamentos de Ultramar que reglamentan las necesidades de las islas (véase Levallois 1986). En las conversaciones legislativas pudieron participar de manera consultiva los parlamentos departamentales (Conseil Général). La política de descentralización de los años 80 introdujo con las leyes del 2 de marzo de 1982, del 31 de diciembre de 1982 y del 2 de agosto de 1984 nuevos parlamentos regionales (Conseil Régional), los cuales en todas las decisiones referentes a las regiones, incluyendo la política exterior, obtuvieron del derecho de voz (véase Marin 1989). Como Martinica y Guadalupe son al mismo tiempo departamentos y regiones independientes, este proceso llevó a una duplicación innecesaria de las instituciones democráticas en un Conseil Général y un Conseil Régional. Esto dificulta la eficiencia de la participación más que mejorarla (véase Eluther 1989).

A través del artículo 227 del Tratado de Roma, Martinica y Guadalupe también forman parte de la Comunidad Europea desde 1957. Esto fue confirmado por medio del «Arret Han- sen» de la Corte Suprema Europea de 1978 (véase Van Eeuwen 1989). Como regiones estructuralmente en desventaja, ambas se aprovechan del Fondo Regional Europeo (FEDER) y desde 1989 del «Programme d'options spécifiques a l'éloignement et a l'insularité des départements francais d'outre-mer» (P0SEID0M), un programa especial que tiene como fin una mejor integración de esta parte de «Europa» (véase De Goutte 1990).

Por causa de múltiples esfuerzos la situación de la vida en las Antillas Francesas ha mejorado considerablemente durante los últimos 45 años. El PIB per cápita es tres veces más alto que en las islas vecinas (Guadalupe: FFr 25.840, Martinica FFr 30.830; St. Lucia FFr 8.080; Dominica FFr 7.390; todas estas cifras de 1986, según Chane-Tune 1988). Una intensiva política estatal de subvenciones con amplios sueldos de funcionarios, subsidios exorbitantes para la infraestructura y monumentales gastos sociales, ocultan sin embargo la crisis económica estructural que se esconde detrás de todo esto y que ya ha adquirido formas dramáticas (véase De Miras 1987). Una agricultura improductiva, un alto desempleo y escasa interdependencia económica a nivel regional generaron una economía general que no puede sobrevivir sin subsidios (véase Blérard 1986; Mathieu 1988). La integración económica forzada por el proceso de la unificación europea aumentó la dependencia estructural de las islas con relación a la Metrópoli. Los habitantes, como parte de una sociedad subvencionada, experimentan una crisis de identidad en la cual no se pueden sentir como sujetos económicos autónomos ni tampoco como verdaderos antillanos. La garantía de cierto bienestar se paga a través de daños sicológicos. Esto dificulta una identidad cultural y también una integración a la región caribeña (véase Glissant 1981).

En París no existió hasta principios de los años ochenta un interés especial regional por el Caribe. La política francesa siempre ha sido definida con base en pensamientos geoestratégicos de dimensiones mundiales (véase Passalacqua Christian 1976). Por lo tanto, las relaciones con los colindantes territorios británicos y holandeses eran escasas. La independencia de Dominica (1978), St. Lucia (1979), Antigua & Barbuda (1981) y St. Kitts & Nevis (1983) y la creciente integración de estos estados en la OECS (Organisation of Eastern Caribbean States) (véase Lewis 1988), como también la reactivación del Mercado Común Caribeño (CARICOM) (véase Parris 1986), obligaron a Francia a desarrollar ciertas reflexiones políticas de forma más «caribeña».

El gobierno francés gustosamente destaca las relaciones especiales con la comunidad de estados francófonos, para justificar sus consideraciones de influencia política. Por lo tanto, Martinica y Guadalupe son consideradas como puestos avanzados de habla francesa en una región anglófona. Por esta razón, Francia reforzó a principios de los años ochenta primero los contactos con los estados creolófonos St. Lucia y Dominica. En St. Lucia se instaló una embajada para el Caribe Oriental y en 1987 se firmó con ambas islas un convenio cultural y de cooperación. Desde fines de 1988 un convenio semejante existe también con los anglófonos St. Kitts y Nevis. Hacia Antigua & Barbuda, que tradicionalmente tienen fuertes nexos con los Estados Unidos, por razones políticas las relaciones son mucho más reservadas. También con las colonias británicas de Montserrat y Anguilla y con las Antillas Holandesas sólo existen escasos contactos políticos. Estos vecinos únicamente pueden cultivar sus relaciones políticas con el exterior a través de sus metrópolis y tampoco son partes integrales de la Comunidad Europea (véase De Goutte 1990). Mucho más intensa es a su vez la cooperación con la potencia mediana caribeña de Venezuela (véase Aguilera 1988).

Debido a sus estándares de vida más elevados -subvencionados, Martinica y Guadalupe son presentadas por Francia como muestras positivas de una exitosa política francesa en la región. A pesar de sus escasas interdependencias formales-económicas, ambos Départements ejercen en el sector informal una gran atracción sobre la gente de los estados vecinos más pobres. Entre Anguilla y St. Martin, Dominica y Guadalupe, como también entre Martinica y St. Lucia, existe en la población un sinnúmero de entretejimientos intensivos. Sin embargo, le cuesta trabajo a Francia hacer creer, a nivel político, su nueva política de apertura. La integración del Mercado Europeo ha despertado muchas nuevas angustias. Los gobiernos caribeños temen que por la CE tengan desventajas económicas. Por esta razón las Antillas Francesas como única parte integral de la Comunidad, son consideradas políticamente como un cuerpo extraño en el espacio caribeño. Para la población esto significa, a pesar de su bienestar subvencionado, cierto aislamiento político y cultural en su propia región.