VI

LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSTRUCCIÓN
DE LA REGIÓN DEL CHOCÓ

AL INICIO del libro se planteó cómo las regiones son ante todo construcciones socio-históricas sobre fundamentos físico naturales. La significación del entorno natural que realiza la cultura es interactiva e implica ajustes y adaptación, pero también intervención y modificación, a veces reñidas con ese entorno. Las formas específicas de éstos dependen de balances relativos a las condiciones históricas, tanto de la región misma, como de su relación con conjuntos mayores. Se sabe que las condiciones regionales no pueden explicarse sólo con referencia a sus características internas, sino también en relación con su articulación externa, que se modifica históricamente.

La región, adicionalmente, juega un papel cambiante en la construcción de representaciones sociales globales. En Colombia la conformación de ideologías nacionales, en la ideología de identidad nacional contemporánea, las regiones, la relación centro-región, centro-periferia, ocupan un lugar central. También su valoración cultural desigual, atravesada por nociones de raza y desarrollo. El Chocó ha tenido el significado dentro del conjunto nacional, de periferia, de marginalidad, con valoración racial. Incluso estas condiciones se atribuyen con frecuencia a su condición racial.

¿Qué papel puede cumplir la diversidad cultural en esa construcción simbólica y material del Chocó como región?

Pueden esbozarse al menos dos grandes líneas de dinámica histórica, distinciones necesarias en el proceso continuo de reinvención cultural y de construcción de representaciones nacionales.

Por una parte, desde fechas tempranas, la zona se relaciona como periferia de otros centros. Periferia que, sin embargo, alimenta de oro la sociedad colonial, esencial para la economía de la época. Se signa así una primera gran línea. Las culturas locales, las nativas y las hechas a la fuerza nativas, se ven sometidas a alimentar la relación extractivista. Pero florecen a su sombra modelos nuevos, reacomodos lentos de las culturas amerindias y afroamericanas. Las minorías blancas son poco estables en el largo plazo, sin acumulación significativa y con lazos de subordinación con quienes logran el gran lucro de la extracción, sean estos la Chocó Pacífico o Maderas del Darién. Sin embargo, durante la mitad de este siglo, quienes permanecieron recibieron la influencia múltiple de los modelos afro y amerindio, aun a pesar de la presencia de formas abiertas y veladas de discriminación o segregación racial y cultural. Los intercambios entre población y medio natural produjeron complejos culturales con los cuales desarrollaron, cada uno a su manera y muchas veces en forma similar o asimilada, un manejo ambiental con equilibrios específicos. Es decir, la diversidad cultural logró desarrollar alternativas de adaptación y utilización de la selva húmeda que permitieron su existencia hasta el presente, selva que la economía extractiva intervino de manera focalizada. Pero la diversidad cultural construida y reconstruida, fue ignorada y aun devaluada dentro de la imagen regional.

En esta dinámica, el Chocó existe dentro del conjunto nacional como zona marginada, fundamentalmente negra, con riqueza minera, supeditada al centro político y económico. La contraposición ideológica región versus nación, aquí oculta y silencia la diversidad cultural dentro de la región genérica denominada Chocó. Se ignoran o desprecian las culturas indias y negras y su relación con las selvas húmedas, en favor de una noción genérica de regionalidad chocoana. Y esa forma de concebir la región no es sólo central; tiene arraigo local estable. Atrasada frente al modelo deseable es espejo sin luz del desarrollo.

Una segunda dinámica puede encontrarse a partir de la desestabilización de las relaciones internas y externas. En las internas, porque los modelos nativos han sufrido modificaciones drásticas en sus condiciones de existencia. Emigraron sus minorías blancas, emigraron los campesinos negros a los centros locales y a las ciudades cercanas. Llegaron campesinos colonos de la vecindad y detrás de ellos los ganaderos y algunos otros negocios menos lícitos. Abundaron las concesiones forestales y proliferaron los aserríos; el monopolio minero dejó de existir en manos de extranjeros y surgieron mil cabezas de medianos y pequeños mineros nacionales. Llegaron quienes creen tener en sus manos armadas el remedio para toda injusticia y se sienten autorizados para intervenir en la vida de unos y otros. Pero también surgieron organizaciones y movimientos que reivindicaron primero la etnicidad y las culturas indias, luego las de negritudes. Pronto saltaron como actores activos al plano nacional, donde se han encontrado con el reajuste del papel político e ideológico de las regiones.

En el plano global ya no se trata del centralismo contrapuesto a lo regional, sino de lo regional como espacio necesario de acciones y discursos nacionales, de lo regional como esencia de la nacionalidad. Allí se abren espacios nuevos para las reivindicaciones locales, para la diversidad silenciada. Existe además un interés que rebasa las fronteras nacionales en aquellas zonas donde se conservan recursos bióticos importantes y el Chocó es lugar privilegiado en ese campo. La diversidad cultural reclama entonces, de manera académica o reivindicativa, su estrecha relación con la existencia de la biodiversidad en general. Se plantea así una ironía. Quienes localmente permanecen apegados al esquema de la región como conjunto homogéneo contrapuesto al centro y podrían disfrutar del auge descentralista, se han visto con sorpresa y disgusto desplazados por desconocidos actores locales, que tiene recibo en sectores nacionales y del exterior, y para quienes la región misma está internamente diversificada, con grupos étnico-culturales diferenciados que desean vocería propia. Estos últimos han encontrado un punto de confluencia con el replanteamiento nacional del papel simbólico de la región, el interés en la protección ambiental y sus reclamos específicos de reconocimiento para sus culturas.

Así, en la segunda línea de dinámica, la diversidad interna tiene recibo dentro de ciertas tendencias generales e incluso se le asigna un papel protector no pocas veces exagerado e idealizado. De manera simultánea, empero, avanzan los procesos que erosionan los fundamentos de la reproducción de los modelos culturales diversificados. La diversidad cultural tiene un espacio inicial en la reconstrucción simbólica de la regionalidad y dentro de la ideología de identidad nacional. Pero es aún incierto si este espacio de representaciones logrará detener los procesos materiales que socavan las bases que les dan existencia y desplazar a quienes en el centro, y desde la misma región, auspician un modelo homogeneizante.

Conflictos, modelos culturales y tenencia de la tierra

Sobre la tenencia de las casi cinco millones de hectáreas del Chocó, y pese a la ley que declara buena parte de ellas como reserva forestal, existe una polémica que ha venido cobrando fuerza. El resultado de la misma tendrá un impacto cierto sobre los recursos bióticos del Chocó y sus actuales pobladores.

La polémica tiene como fuentes por una parte, la Ley Segunda de 1959 y por la otra, los usos y formas tradicionales de tenencia de la tierra. Se le suman otros frentes de conflicto territorial en zonas diversas del departamento.

La región parece extensa en relación con su población por lo cual no se percibió por mucho tiempo la urgencia de solución del problema de tierras. La forma de utilización cíclica y estacional del territorio, tanto de indígenas como de negros, no hizo necesaria otra legislación por largo tiempo.

Sin embargo, las sustracciones de extensiones relativamente considerables de la Ley Segunda de 1959 han sido un factor de desestabilización, en la medida en que rompen las formas tradicionales en favor de la titulación individual. Quienes han permanecido con las formas tradicionales, principalmente los afrochocoanos (rurales y urbanos), se encuentran desprotegidos frente al avance de la apropiación legalizada mediante títulos de propiedad individuales y aún colectivos (resguardos indígenas).

Las presiones surgidas de los núcleos colonizadores desde los años sesenta hasta el presente han motivado la sustracción de un total de 129.103 hectáreas de la reserva, que adoptan la forma de propiedad privada.

Hasta 1992, las sustracciones eran las siguientes:

1. Zona Bajirá (Urabá). Area: 61.000 ha Acuerdo 038/74.
2. Zona Dabeiba (Antioquia). Area: 204.375 ha.
3. Zona de Andí y Unguía (Urabá). Acuerdo 169/68. No se determinó el área sustraída.
4. Bahía Solano, Nuquí y Alto Baudó (Costa Pacífica). Area: 185.000 ha. Acuerdo 033/76.
5. Zona de Condoto, Istmina, Tadó, Nóvita, Lloró, Bagadó y Quibdó. Area: 346.000 ha Resolución 222/84.
6. Juradó. Area: 85.000 ha de las cuales 25.000 ha son resguardos indígenas. Resolución 110/65

En todas estas áreas sustraídas (Mapa Nº 5), se han otorgado en todo el departamento 4.613 títulos de propiedad sobre 129.103 ha (Según información de INCORA, Quibdó, 1992). Además de estas sustracciones se han adjudicado cerca de 60 resguardos indígenas, especialmente a partir de la década de los 80, que cubrían, hasta 1992, 922.000 ha (ver Cuadros Nos. 10 y 11 y Mapa N° 6).

La tendencia a sustraer áreas de la reserva se ha aminorado en los últimos años ante sus resultados sobre las condiciones ecológicas y de los suelos (Hernández, Humberto, 1986a) y por la presión de las organizaciones de pobladores. Pero si al área total del Chocó, aproximadamente 4’700.000 ha, le restamos las tierras otorgadas como resguardos, la adjudicación de baldíos y los parques naturales, quedan aproximadamente 3’500.000 ha. De éstas el 75% son selvas, cuyo potencial económico es el maderable. Y dadas las limitaciones agrológicas y climáticas la supervivencia del ecosistema del Chocó reside en el modelo de explotación fluvio-forestal, de nativos indios y negros.

Los indígenas han logrado, gracias a la fuerza de sus organizaciones, el reconocimiento de amplias zonas de resguardo. Tienen 922.000 ha en resguardos, que equivalen aproximadamente al 19.6% del total del departamento. Según INCORA, 16.775 indígenas (3.224 familias), residen en resguardos, mientras 4.266 (781 familias), carecían de delimitación territorial. La conformación de nuevos resguardos avanza, lo que parece suponer el cubrimiento total de la población en los próximos años.

La adjudicación de resguardos indígenas data principalmente de la década de los años 80 (ver Mapa N° 6). Es posible discutir esta política como una estrategia de congelamiento de áreas de interés para el Estado, por razones geopolíticas y de conservación de las selvas húmedas tropicales por su irracional explotación (ver Triana, A., 1991).

De hecho esta circunstancia, provechosa para las etnias indígenas, ha desencadenado numerosos enfrentamientos con nativos negros. Una de las razones principales de los choques ha sido la política de ignorar en la constitución de resguardos, la población negra que ha vivido dentro de estos territorios por varias generaciones. En Juradó, por ejemplo, se constituyeron tres resguardos en 1982 y en 1987. Previo al resguardo vivían allí pobladores indios, negros y colonos procedentes de Antioquia y Caldas que explotaban la madera. Los indígenas obtuvieron la constitución del resguardo. Pero los negros quedaron excluidos y a través de la ANUC, exigen derechos sobre el territorio. Se niegan a dejarlo y ya se han presentado algunas muertes (1) . Ante la situación se creó una comisión conformada por representantes de distintas entidades oficiales que busca soluciones.

La solución general que ha dado el INCORA, es sanear los resguardos, lo que consiste en pagarles las mejoras a los nativos negros para que se ubiquen en otro sitio. Este proceso, sin embargo, ha sido lento y dispendioso, además de costoso. Algunos están dispuestos a dejar los terrenos a cambio del pago de sus mejoras, pero otros aducen una larga permanencia, respaldada por pólizas y piden otras soluciones territoriales.

La Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), agrupación de pequeños cultivadores del medio Atrato ha desarrollado campañas para llamar la atención estatal. Plantean que durante muchos años negros e indios han convivido y sin embargo, la política oficial fomenta la división entre estos grupos sociales. Están de acuerdo con la adjudicación de los resguardos indígenas, siempre y cuando se cuente con la opinión de los pobladores locales negros para acordar criterios conjuntos. Consideran que no necesariamente los negros deben salir de los resguardos, cuando éstos llevan toda la vida allí. Se podrían establecer, plantean, convenios en los cuales se estipule el respeto a la reglamentación sobre resguardos, lo que implica limitaciones en la venta de tierras. Sin embargo, restan aspectos de difícil acuerdo, como el sometimiento a una autoridad indígena, elemento central de los resguardos.

La actual población blanco-mestiza proviene de distintos orígenes y ha llegado a la región en diferentes épocas; si bien es minoritaria desde el punto de vista demográfico, los inmigrantes de las últimas tres décadas juegan un nuevo papel en la zona. Los blancos locales tradicionales, hasta los años sesenta, no tuvieron como propósito la explotación agrícola, si bien en algunos casos se dio apropiación privada de baldíos cercanos a los cascos urbanos, sobre todo en Quibdó. Se dedicaron al comercio y la administración pública, salvo casos excepcionales mencionados.

Pero los colonos blanco-mestizos son agricultores pobres en busca de tierra y compiten con los habitantes nativos, negros e indios. Desconocen las reglas de apropiación territorial tradicionales y buscan la titulación de su parcela, que les permita acceso al crédito. En ciertas zonas, siguiendo una tendencia general de la colonización, se ha conformado ya un nuevo proceso de concentración territorial. Un gran número de pequeños colonos proviene del departamento de Córdoba. Se les denomina chilapos. En menor cantidad se encuentran antioqueños, risaraldenses y vallunos, migración que ha aumentado desde que se abrió la carretera Quibdó-Risaralda.

En este momento INCORA se propone reubicar parte de éstos a través de la compra de mejoras.

ACIA y otras organizaciones comunitarias negras, participaron activamente en la reglamentación del artículo 55, transitorio de la Constitución de 1991, con el fin de abordar de manera integral el problema territorial en el Pacífico. Como resultado surgió la ley 70 de 1993, que reglamentó la titulación de terrenos de los moradores de las riberas de ríos de la cuenca del Pacífico y otros derechos fundamentales. Por esa ley "el Estado adjudicará a las comunidades negras ('que han venido ocupando tierras baldías en zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico', Artículo 1o.) la propiedad colectiva sobre las áreas (...) que vienen ocupando de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción"(Artículo 4o.).

El territorio colectivo debe ser plenamente delimitado y dentro de su plan de desarrollo se debe contemplar la forma particular de producción. Las mismas comunidades deben asumir la administración interna de sus territorios mediante un Consejo comunitario. Su propiedad es inembargable, inalienable e imprescriptible. Sin embargo, a nivel de reglamentos se pueden definir zonas de propiedad individual, colectiva, de reserva, ajustando la distribución de la propiedad de acuerdo con sus usos y costumbres (Triana, 1991).

Dado que los suelos aptos para cultivar se suelen encontrar en una franja de 30 metros desde la orilla del río hacia el fondo y detrás se encuentran ciénagas y sitios anegables aptos para caza, pesca y recursos madereros, ACIA propone una propiedad familiar a las orillas; esta tendría 30 metros de profundidad y derechos colectivos hacia el interior (Ver Diagrama 2). Esta iniciativa está respaldada por otras organizaciones locales, tales como OBAPO (Organización de Barrios Populares), OREWA (Organización Regional Waunana-Emberá) y ACADESAN (Asociación de Agricultores del San Juan).

Frente a los conflictos con comunidades negras, la OREWA plantea que las entidades estatales apoyen acuerdos, convenios, contratos, entre las distintas partes, para llegar a una solución justa. Para ellos es importante continuar con la titulación de resguardos y el saneamiento de los mismos y apoyan la titulación comunitaria para las comunidades negras. Sin embargo, el punto de discrepancia son los asentamientos negros y de otros pobladores dentro de los resguardos.

En torno a la tenencia territorial se observa en la actualidad una gran dinámica de organización comunitaria. Distintas organizaciones, tanto indígenas como negras, formulan propuestas de desarrollo con la idea de administrar territorios que consideran propios. Este aspecto se ha convertido en elemento aglutinador de población indígena, de pobladores rurales negros y aún de la población urbana, especialmente en Quibdó y Nuquí.

El problema de titulación de tierras en el sector urbano difiere por su propia naturaleza del de las zonas rurales y vale la pena detenerse en él.

En 1941, el Ministerio de la Economía Nacional adjudicó al municipio de Quibdó los terrenos baldíos ubicados dentro del área de esta población, que cubren 5 kilómetros a la redonda. El municipio de Quibdó debía administrarlos y adjudicarlos directamente (2) . Antes de esta fecha, el mismo Ministerio de la Economía había otorgado terrenos en propiedad, a pobladores blancos como los Meluk, los Wilches y de La Torre. La mayoría abandonó luego las tierras urbanas, que fueron invadidas y adecuadas mediante rellenos, por población proveniente del campo. El municipio no puede vender estos terrenos pues ya no se encuentran dentro del régimen de baldíos: sin embargo ha otorgado títulos sobre ellos y representantes de las familias antiguas se han opuesto legalmente. Esta situación ha traído problemas sociales de difícil resolución.

Por otra parte, desde que el municipio se encargó de los baldíos urbanos, muchas personas, especialmente políticos, compraron extensiones de tierra en el casco urbano, a precios muy bajos. En 1985, por Acuerdo N° 10 de 1985, se regularon los precios de los ejidos municipales, se establecieron los valores del metro cuadrado según su ubicación dentro del casco urbano, se dictaminó también que no se podrían vender predios mayores a 300 m y se prohibió la venta de lotes de esa extensión a quienes los posean. Sin embargo, la puesta en práctica de la reglamentación se ha dificultado, por carencia de información y distintas presiones.

En la actualidad, el municipio no posee un inventario de lo que tiene, lo que ha motivado la venta de terrenos que no le pertenecen o ha adjudicado un mismo predio dos y tres veces a distintas personas. De esta manera, cerca de las dos terceras partes de la población de Quibdó vive en forma de invasión y la mitad ha construido sin licencia.

Este desorden en la titulación territorial se ha unido a los escasos y deficientes servicios, con malestar entre los habitantes. Quibdó no cubre con servicio de agua sino el 7.8% de la población, la luz 38.4% y el alcantarillado 4.7%.

A raíz de los anteriores problemas, especialmente alrededor de la tenencia de tierra, se creó en 1988 la Organización de Barrios Populares (OBAPO) que asocia más de 5.000 familias en los cascos urbanos de Quibdó y Nuquí (cuya situación no es muy diferente). Sus afiliados son principalmente vendedores ambulantes y según OBAPO ascienden a 5.000 familias en Quibdó y 2.000 en Nuquí.

Esta organización plantea la necesidad de acuerdos para solucionar los problemas prediales. Algunos se niegan a comprar los lotes pues los han recibido en herencia de sus antepasados y tienen sus pólizas tradicionales que los respaldan. Otros los adecuaron dificultosamente. Este conflicto aún no tiene solución a la vista y es manipulado con frecuencia alrededor de las campañas electorales.

Por otro lado, desde los años ochenta han llegado mineros, empresarios pequeños y medianos que buscan el buen precio del oro y la calma de la zona. Los derechos sobre las minas de las familias negras campesinas, basados en la ubicación de las mismas dentro de un terreno familiar, son ignorados y se convierten en centro de abusos y disputas. En el caso indígena, fue especialmente divulgado hace algunos años el desalojo sangriento de familias emberá-catío en el alto Andágueda, por antioqueños que pretendieron apoderarse de una mina de oro.

En los últimos diez años han llegado a las playas paisas (3) (de Antioquia, Risaralda y el Valle del Cauca) con un interés turístico de comercio del turismo. Estos nuevos habitantes han traído innumerables problemas, se han adueñado de lotes baldíos; de morros de uso público; han destruido manglares para liberar playas para el turismo, entre otros, rompiendo así el entramado bio-cultura del nativo negro (Informe de campo de Patricia Vargas y Germár Ferro, 1993: 29).

Las comunidades rurales negras o afrocolombíanas, expresan la importancia para ellos de "las comunidades de fuerte intercambio y solidaridad en una continua interacción cotidiana"; el apoyo de "una amplia red de parientes (...) arraigada en una tradición de oralidad, en un contexto musical dominante, una religiosidad pagana, y unas prácticas de salud que cuentan con especialistas que les han permitido una relativa autonomía. (...) y el manejo de los ámbitos rural, urbano como un continuo" (Taller de OBAPO, citado por Vargas y Ferro, cit.: 2). Ellos han legitimado la posesión territorial mediante la tradición oral. Los terrenos pertenecen a grupos familiares extensos, que cobijan los grupos de padres y hermanos y su descendencia.

El estudio de CORPOS para el medio Atrato muestra cómo, para las comunidades rurales negras, la propiedad se orienta a buscar el espacio para desarrollar las actividades agrícolas de rotación, la minería, la pesca y el uso del bosque. El conocimiento de la tradición de propiedad descansa en los mayores y se reconoce en los cultivos. Cada familia tiene una propiedad ribereña delimitada, que cubre terrenos en reserva para los descendientes. Posee lotes en distintas riberas, en distintas fases del ciclo productivo. Cada joven recibe su derecho de herencia al independizarse y puede también abrir nuevos terrenos, en general cerca a otros parientes. El cabeza de familia ostenta el título grande (CORPOS, 1991).

Una gran movilidad de la población y la emigración mantienen un equilibrio entre la población y los recursos territoriales. La compra y venta de terrenos permite ampliar la propiedad familiar, que se registra en documentos privados denominados pólizas. De manera similar se registra también el arriendo de terrenos. El derecho sobre las minas, por su parte, supone el derecho del dueño a recibir parte del rendimiento de la explotación.

Además de los lotes de cultivo, el uso del bosque (maderas, bejucos, etc.) y de las ciénagas, es abierto para los miembros de la comunidad local a través de normas consuetudinarias. Como lo plantea CORPOS, si bien estas zonas no tienen apropiación privada, no pueden considerarse baldíos y permiten el mantenimiento y reproducción del bosque, con utilización humana (Ibid).

Este patrón de subsistencia permite la reproducción de los recursos a través de su utilización estacional, siguiendo un ciclo anual. En el verano se preparan tierras, se aprovecha la subienda de peces y se va a la mina; durante las lluvias, se siembra. La dispersión de lotes de cultivos y minas hace parte de ese patrón. Las familias se desplazan continuamente a sus lugares de trabajo, con una división sexual del trabajo no estricta: el hombre trabaja más la agricultura y la mujer la minería de barequeo. En promedio, las distintas parcelas no sobrepasan las 5 hectáreas (ver CORPOS, 1991 y Torres, T., 1989).

Así, el núcleo social es el denominado tronco familiar, compuesto por una red de parientes consanguíneos y afines. Por la pertenencia a un tronco familiar se hereda un derecho de explotación territorial. Un individuo hereda derechos sobre una orilla, en sus propias palabras, tanto de la familia de la madre como del padre. Estos derechos, por lo general, están esparcidos por las riberas y se hacen efectivos cuando el individuo precisa cultivar o explotar una mina. Los derechos no se pierden y después de varios años es posible reclamarlos a los otros parientes que en el entretanto los han usufructuado.

Por su parte los emberá, dicen Arocha y Friedemann, "viven de sus huertos sobre riberas de los ríos (...) donde cultivan plátano, bananos, caña de azúcar, frutales y hierbas medicinales, que crecen en canastos colocados sobre plataformas cerca de los tambos. Complementan su alimentación con caza y pesca. La agricultura de los negros es similar, ambos usan el sistema de tumba y descomposición." Este patrón permite adecuar el número de habitantes que vive en cada río a la intensidad de sus cultivos y a las posesiones territoriales. "Cuando la producción disminuye a causa del agotamiento del suelo, las gentes se marchan" (Arocha y Friedemann, 1982: 202).

La titulación individual por la cual presionan los colonos, trastrueca este sistema reproductivo y con él la supervivencia de los recursos bióticos.

Los modelos culturales rurales nativos arrojan una apropiación discontinua espacio-temporal del territorio que entra en conflicto con otras formas de apropiación, por ejemplo, con la delimitación de áreas de colonización con títulos de propiedad, la minería de empresarios de fuera y aun con la delimitación de reservas indígenas.

Es posible plantear que los modelos tradicionales de tenencia y uso territorial, tanto de blanco-mestizos como de nativos indios y negros, entraron progresivamente en crisis a partir de la colonización agrícola de Urabá y otros sitios desde los años sesenta, de la inmigración de medianos empresarios mineros y madereros, de la apropiación de las playas por los paisas y de la delimitación de zonas de resguardo para los indígenas desde la midad de los años setenta.

Así, la tenencia de tierras en el Chocó, se ha convertido en los últimos años en área de conflicto entre las distintas etnias e incluso cobija y contrapone entre sí a los nativos.

En la medida en que la economía del Chocó se ha orientado hacia una economía extractiva de enclave, con núcleos rurales relativamente cerrados, la legislación colombiana ha estado más preocupada por legislar sobre las reservas forestales y las concesiones para explotaciones extractivas (mineras, forestales), que en resolver los problemas de tenencia de tierras de una población relativamente pequeña. La ley 70 de 1993 que legitima la propiedad de las comunidades negras rurales, abre para el Chocó otra etapa del proceso adaptativo de sus gentes.

Al recobrar la región un papel nuevo en el replanteamiento de la relación con el centro y de su rol dentro del conjunto nacional, se han cambiado el interés y la forma de caracterizar la región. Se ha modificado la imagen construida de la región, lo que ella representa y se arroja luz sobre campos y relaciones antes en penumbra. Uno de los efectos de este replanteamiento deja relativamente sin piso y desconcertadas a las élites locales que los ignoraban. Si bien no es propiamente una inversión simbólica, sí es un desplazamiento simbólico de la esencia construida de la región, de los aspectos de contraste, de las relaciones ideales esperadas, aunque posiblemente no alcance a modificar la naturaleza del vínculo mismo con el centro, es decir, el vínculo de subordinación. En ese sentido, es posible que se mantenga la jeraquía socio-espacial de la cual habla Wade en sus trabajos sobre el Chocó.

Ahora, el interés se dirige a lo que aún se conserva de diversidad biótica y cultural que valorizan de forma nueva al Chocó. Pero sobre esa revalorización no existe un interpretación única, sino varias paralelas y contrastadas, pues para algunos actores locales y nacionales significa la recuperación simultánea de la etnicidad ligada a la diversidad cultural; pero para otros actores locales y nacionales, es la oportunidad para aprovechar los recursos en un esquema desarrollista, es la oportunidad para salir del atraso. Cada interpretación es, a su vez, internamente polivalente; desarrollo y conservación, diversidad y homogeneización, centro y periferia las atraviesan y producen oscilaciones entre unas y otras y también tensiones y enfrentamientos entre ellas. Cada una puede dar contenidos específicos y contrastados a la revalorización del Chocó, a su paso de espejo sin luz a espejo de futuro.

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INDICE

1 . Información funcionarios INCORA, Quibdó. (Regresar)

2 . Decreto 026 de Junio de 1944, que se protocolizó mediante escritura número
11 de 1944. (Regresar)

3 . Todo aquel que no es negro ni cholo; definición dada por los nativos negros e indios
de la región. (Regresar)