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Los intentos de reforma judicial.
Parte
esencial del esfuerzo de Barco de guerra contra los narcos fue el intento de crear
mecanismos judiciales que permitieran enjuiciarlos y condenarlos. Para ello, su gobierno
apeló en forma reiterada a la expedición de decretos de Estado de Sitio, que modificaron
los tipos penales, en particular el de terrorismo, aumentaron los castigos, crearon nuevos
delitos, y sobre todo modificaron radicalmente el procedimiento penal, para hacer más
ágiles los procesos. Además, Barco trató de modificar el sistema general de justicia
creando una Fiscalía General de la Nación, que tuviera a su cargo la recolección de
evidencias y la formulación de las acusaciones contra los traficantes y terroristas.
Estas reformas, en general, resultaron frustradas, en parte porque fueron ejecutadas con
mucha improvisación, como reacción a situaciones de crisis, en parte porque, con un
congreso en el que el presidente no confiaba, apeló consistentemente al Estado de Sitio
para expedirlas, lo que introducía una gran inestabilidad en el sistema. Sin embargo, las
medidas adoptadas fueron generando gradualmente un esquema programático coherente que
configuraba una política judicial clara frente al narcotráfico.(Melo y Bermúdez, 1994)
Con
base en esa política el gobierno de Gaviria expidió una serie de decretos que
consolidaron una jurisdicción especial para los delitos de terrorismo y los grandes
delitos de narcotráfico, manejada por jueces anónimos, y que admitía muchos
procedimientos originados ante todo en la lucha antiterrorista italiana y que resultaban
bastante contrarios a la tradición colombiana. Igualmente, logró que la Asamblea
Constituyente creara la Fiscalía, que transformaría el sistema judicial en un sistema
acusatorio y no inquisitivo, y en cuyo desempeño puso todas sus esperanzas. Además,
finalmente se paso del respaldo retórico a la financiación real en el respaldo a la
justicia, cuyos recursos prácticamente se duplicaron, así como los salarios de sus
funcionarios, durante los cuatro años de su mandato.
Sin
embargo, tampoco fueron muchos los avances logrados. El gobierno, que confiaba en los
resultados de sus reformas y en un rápido progreso de la justicia, promovió
simultáneamente, dentro de su esfuerzo por reformar el sistema político para hacerlo
menos autoritario, una serie de restricciones a la posibilidad de modificar la
legislación judicial por decretos de estado de sitio. Esto le quitó herramientas cuya
necesidad seguía siendo evidente ante la supervivencia de las fallas judiciales. Cuando,
por ejemplo, la fiscalía no logró concluir dentro de los términos legales casi ninguna
de las investigaciones por narcotráfico y delitos afines relativas a unos 1000 detenidos,
dos veces el gobierno amplió los plazos del código de procedimiento mediante decretos de
estado de sitio, hasta que la Corte Constitucional, probablemente con plena razón,
consideró que ya no tenía poder constitucional para hacerlo. En 1994, casi tres años
después de la entrega de estos procesos a la justicia, casi ninguno había sido instruido
y los acusados seguían detenidos, pero su libertad era inminente por vencimiento de los
términos. Casi sintomático de este fracaso es el hecho de que la investigación
preliminar que se inicio a Escobar en julio de 1991 por porte de armas, con base en su
confesión y en la entrega del arma, no había concluido en diciembre de 1993, cuando
Escobar murió, de manera que ni siquiera por este delito cuyas pruebas eran palmarias fue
llamado a juicio.
La
debilidad de la justicia sigue siendo uno de los principales factores que dificulta el
manejo de una política autónoma contra el narcotráfico. Esto ha creado conflictos entre
las autoridades judiciales y diplomáticas de USA y Colombia -los esfuerzos por compartir
pruebas, en delitos que usualmente incluyen acciones en ambos países- no han sido muy
reales, a pesar de las declaraciones ocasionales de buena voluntad. Fue esa debilidad la
que convirtió casi en única salida para el gobierno de Barco el uso de la extradición,
que siguió funcionando como amenaza durante las primeras etapas de los procesos de
sometimiento a la justicia de 1990 y 1991. Por esa debilidad, que esperaba superar al
menos en parte, tuvo Gaviria que proponer el sometimiento voluntario a la justicia: si no
había jueces que condenaran a los traficantes contra su voluntad, que por lo menos estos
se dejaran condenar a cambio de librarse de las condenas en Estados Unidos. Hoy nuevamente
los narcotraficantes colombianos se encuentran ante una situación en las que las
probabilidades de impunidad por casi cualquier delito son muy elevadas.
Esta
incapacidad de la justicia, no hay que olvidarlo, debe mucho al efecto directo e indirecto
del narcotráfico. La intimidación y el soborno, el atentado y la violencia, sitiaron la
justicia a partir de 1975. Al mismo tiempo, el incremento exponencial en el número de
delitos (causado en buena parte por el surgimiento de bandas armadas pagadas por el
narcotráfico, la generalización del armamento privado y en general un fortalecimiento de
la delincuencia privada cuyas raíces indirectas pueden encontrarse en el auge del
tráfico), generó unos niveles de congestión y recarga de trabajo que, dado el carácter
tradicional formalista del sistema colombiano, resultaba imposible evacuar, y han llevado
en general a que, como ningún proceso puede retrasarse en forma selectiva, todos se
retrasan. En la actualidad, y después de muchas reformas y de todos los aumentos en el
gasto en justicia, probablemente no se dicta sentencia ni siquiera en el 2% de los
homicidios cometidos en el país. Por supuesto, el ciclo de refuerzo mutuo de esto es
inevitable, y ante la ineficacia de la justicia los costos del delito se han vuelto
cercanos a cero, por lo cual el incentivo económico para delinquir es muy elevado.
Uno
de los aspectos menos satisfactorios en los procesos de investigación es el que tiene que
ver con el seguimiento a las propiedades y operaciones financieras de los
narcotraficantes. Aunque la creación de una unidad especial de investigación financiera
en el DAS que funciono como la central de inteligencia contra el narcotráfico, encabezado
durante 8 años por el general Miguel Maza Márquez, fue propuesta al menos desde 1987,
apenas se están dando los pasos iniciales para que funcione. Cuando Escobar, los Ochoa y
otros 15 o 20 traficantes inmensamente ricos se entregaron, no sólo no tenía el DAS, que
durante años los había investigado, prácticamente ninguna prueba para enjuiciarlos,
sino que desconocía casi por completo la estructura de sus fortunas, los mecanismos de
uso de testaferros, las formas de manejar sus negocios.
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