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CONFRONTACIÓN Y GUERRA
Durante
el periodo de 1980/84 comenzó la confrontación del narcotráfico con la sociedad y el
estado. Por un lado, las gentes de la droga consolidaron sus fortunas, adquirieren poder
político y lograron comprar su propia impunidad judicial o imponerla por la fuerza. Ni el
gobierno de Turbay ni el de Betancur parecen haber considerado como un peligro serio el
surgimiento de las figuras del narcotráfico: Ochoas, Escobar, Lehder, Santacruz,
Rodríguez. Algunos de estos traficantes pretendieron legitimarse u obtener impunidad
adicional ingresando al parlamento. En la campaña electoral de 1982 el único sector que
se enfrentó a los capos fue el del disidente liberal Luis Carlos Galán. En el caso de
Betancur, sus inclinaciones nacionalistas y la búsqueda de una política más
independiente frente a los Estados Unidos lo llevaron a rechazar, por razones
ideológicas, la extradición. Al rechazarla, se vio obligado a intensificar los esfuerzos
de control internos. La captura del inmenso laboratorio de Tranquilandia, en un momento en
el que la lucha policial y judicial contra la droga la encarnaba el ministro de justicia
galanista Rodrigo Lara, constituyó la declaración implícita de guerra. Los jefes de la
droga asesinaron al ministro de justicia y el gobierno de Betancur abrió entonces la
puerta a la extradición de colombianos a los Estados Unidos. Lo que estaba en juego era,
para los jefes de los carteles, mucho más serio. Comenzó entonces un ritual que
acompañaría la lucha contra el narcotráfico en los próximos años: la retaliación
estatal, tan pronto se producía el asesinato de figuras públicas importantes o de gran
significación, expresada en miles de capturas de sospechosos en unas cuantas horas, la
confiscación de vehículos y aviones, la ocupación de propiedades y haciendas, la
mayoría de las cuales volvían a sus dueños - a veces después de procesos judiciales
que confirmaban su legítima propiedad- a los pocos meses o años. Después de estos
períodos de actividad febril volvía la calma y se reemplazaban por épocas de
indiferencia y tranquilidad, en el que los jefes de la droga reaparecían desempeñando
sus papeles de dirigentes del fútbol o consumidores conspicuos, mientras la acción
estatal se concentraba en la búsqueda de laboratorios o la captura de cargamentos, cuando
no desaparecía casi por completo.
Los
niveles de violencia que se habían comenzado a subir sobre todo desde 1985 siguieron
aumentando rápidamente hasta 1991, cuando comenzaron a ceder lentamente. Son los 7 años
de que podrían llamarse de la guerra de la coca. Una acción vigorosa, así fuera algo
discontinua, del gobierno contra el tráfico, mediante operativos amplios y la
destrucción de grandes laboratorios, sujetó a los traficantes a una gran presión, a la
que respondieron con violencia creciente contra los funcionarios públicos. En particular
el tema de la extradiciones se convirtió en el motivo central de la guerra, como antes de
1984 lo había sido la destrucción de laboratorios. El conflicto se convirtió en guerra
abierta por el esfuerzo de los narcotraficantes, orientados por Escobar y Rodríguez Gacha
de demostrar que podían forzar al gobierno a acomodarse a sus reglas mediante una
campaña de terrorismo generalizado. Son muy complejos los procesos de escalamiento
bilateral que se produjeron entre 1984 y 1990, y no puedo por ello entrar en ningún
detalle: baste decir que entre 1987 y 1990, durante el gobierno de Virgilio barco
(1986-1990). u en especial después del asesinato del procurador general de la Nación
Carlos Mauro Hoyos en 1987, estuvo caracterizado por la adopción del terrorismo como
estrategia de los principales jefes de los carteles, y desde agosto de 1989, por una nueva
ola de activismo estatal que incluyó esta vez una campaña muy amplia para confiscar los
activos de los traficantes.[3]
Los
narcotraficantes respondieron usualmente a las medidas cada vez más drásticas del estado
con un ejercicio simultaneo de acciones terroristas y con el lanzamiento de propuestas de
negociación.[4]
El terrorismo, más que un arma de realización, comenzó a funcionar como mecanismo de
presión para negociar. Sin embargo, lo que los traficantes del grupo que se denominó de
los extraditables proponían -y que muchos colombianos prominentes, como el ex presidente
Alfonso López Michelsen o el escritor Gabriel García Márquez consideraron una propuesta
razonable- era en esencia que se les garantizara que no serían extraditados para ser
juzgados en los Estados Unidos, que sus fortunas serían respetadas y que recibirían una
total amnistía judicial. A cambio de esto ofrecían retirarse del negocio e incluso
ejercer presión sobre los grupos relativamente independientes (que en todo caso
representaban y siguen representando una proporción muy alta del negocio colombiano[5]) para obligarlos
a disminuir su acción comercial.
Este
periodo terminó, desde el punto de vista de la confrontación, en una especie de empate:
quedó claro que el grupo de Escobar y los que estaban asociado con el no podían
intimidar seriamente al gobierno y que frente al terrorismo la respuesta estatal era de un
endurecimiento cada vez mayor. Esto fue lo que ocurrió en 1989 cuando los traficantes
asesinaron al candidato liberal Luis Carlos Galán ( y a otros dos candidatos
presidenciales de la izquierda a comienzos de 1990)[6], volaron un avión comercial en pleno vuelo y
destruyeron, con docenas de víctimas civiles, el edificio del Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS). Era ya evidente que los barones de la droga no aceptarían ningún
acuerdo que no incluyera garantías completas de impunidad. Y por otra parte, el gobierno
no podía, por razones legales, éticas y políticas, justificar una negociación con
quienes estaban poniendo bombas contra la población civil o asesinando a sus propios
funcionarios.
Mientras
tanto, las acciones propias del estado para enfrentar el narcotráfico seguían mostrando
su ineficacia: el tráfico seguía y los terroristas se encontraban libres. El único
éxito notable fue la muerte, a fines de 1989, de Gonzalo Rodríguez, el
"mejicano". La opinión publica, fatigada por la violencia, le retiraba cada vez
más su simpatía a los traficantes, antes populares, pero atribuía al gobierno buena
parte de la responsabilidad de la violencia, por no hacer las concesiones solicitadas por
los empresarios de la droga.
Por
otro lado, la violencia de la guerra hizo imposible una solución que tuvo siempre
bastantes partidarios: mantener el diagnóstico de que la droga es un problema de los
países consumidores, generado por la demanda, y que debía por ello combatirse en las
escuelas, hospitales, prisiones y centros de rehabilitación de los países desarrollados[7], sin que haya
razones sólidas para combatirla en los países productores. El gobierno de Barco, al
impulsar una guerra total contra el tráfico de droga en 1989, cavo una fosa infranqueable
entre el narcotráfico y los principales sectores de la sociedad colombiana, convirtió
por muchos años en impensable hacer a los traficantes las amplias concesiones que
proponían, creó barreras basadas en el espíritu de cuerpo en el ejercito y la policía
que eliminaron la tolerancia, antes frecuente, con quienes trabajaban en llave con los
jefes de los carteles, en especial los de Medellín. Y con la aplicación de
extradiciones, el embargo masivo de propiedades, la detención de miles de personas
(aunque esto nunca fue ni sistemático ni jurídicamente muy sólido) puso a los
narcotraficantes a la defensiva e hizo que para ellos comenzara a parecer conveniente un
acuerdo con el estado, incluso si tenían que estar dispuestos a hacer algunas concesiones
significativas. Por último, el gobierno de Barco, que encabezó este radical
enfrentamiento, se apoyó conceptualmente, para el diseño de sus políticas, en la
distinción entre lo que se llamo narcoterrorismo y el narcotráfico. Aunque la
distinción no se aplico con la coherencia que habría sido conveniente, permitió
distinguir entre una actitud de enfrentamiento total, considerado por la opinión como
absolutamente legítimo, hacia el terrorismo, y unas políticas más flexibles en
relación con el tráfico mismo.
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