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Narcotráfico y guerrilla
El
desarrollo de plantaciones de coca en zonas rurales generó una relación ambigua entre el
narcotráfico y la guerrilla. Las zonas adecuadas para este cultivo, fuera de razones
naturales, eran aquellas recientemente pobladas, que habían atraído un gran número de
campesinos desplazados para su colonización, y en las que el estado tenía poca presencia
y capacidad de control. Las regiones bajo influencia o control guerrillero eran justamente
las más aptas, por ambos motivos. Los altos ingresos que generaba la coca resultaban muy
atractivos para campesinos en zonas sin vías de comunicación que hicieran viable la
producción comercial de otros productos. La guerrilla no podía enfrentarse abiertamente
a los campesinos, y trató de regular el proceso: limitar las plantaciones y mantener
productos alternativos alimenticios. Pero decidió además beneficiarse con el negocio: se
implanto una tasa que convencionalmente se ha estimado en el 10% sobre las transacciones
de hoja o pasta de coca. [17]
De este
modo se formó una alianza coyuntural que contradecía los objetivos políticos muy
divergentes de guerrilleros y narcotraficantes. Estaban unidos contra el control del
Estado y por el beneficio mutuo económico y militar -la guerrilla recibía recursos
económicos y además tenía acceso a redes que le permitían abastecerse de armas,
mientras que el narcotráfico conseguía un mecanismo de protección de los cultivos. Los
oponían ocasionales desacuerdos sobre los aspectos operativos del negocio: la guerrilla
tendía a exigir el pago de precios mínimos a los campesinos, incluso en épocas de
caídas de precios, los narcotraficantes no estaban dispuestos a pagar cargos fijos de
protección en áreas que ellos mismos podían vigilar, tales como aeropuertos y
laboratorios, aunque aceptaran a veces contratar grupos guerrilleros. Se presentaban
también frecuentes incidentes entre grupos concretos de guerrilla y narcotraficantes
diversos: ni unos ni otros formaban un grupo homogéneo, aunque la guerrilla tenía una
estructura más sólida y disciplinada.
Pero
sobre todo los enfrentaban motivos políticos: los narcotraficantes, en sus dominios
rurales, tendían a mantener un proyecto político mucho más derechista y autoritario[18]. Buscaron, y
en muchas partes obtuvieron, el apoyo de unidades locales del ejército para desarrollar
acciones antiguerrilleras. Estaban también reconstruyendo una red de propiedades rurales
de gran magnitud: una contrarreforma agraria. Además, los narcotraficantes eran obvios
competidores políticos, con proyectos contrapuestos, que requerían un control más o
menos integral de sus áreas de influencia geográfica. Para los narcotráficos, en muchas
áreas, el apoyo guerrillero era redundante: si tenían o podían tener gente armada
propia para vigilar sus cultivos o propiedades, ¿porque pagar además a un tercero? Esto
llevo a que en algunas zonas, desde comienzos de los años ochenta, aparecieran redes de
organizaciones de defensa antiguerrillera financiadas en buena parte por los narcos, y
vistas con simpatía por el ejercito, o apoyadas por él. Los enfrentamientos iniciales se
produjeron en el Magdalena Medio (1982-85). Pero a partir de 1986 Gonzalo Rodríguez
Gacha, el mexicano, principal capo narcotráficante de la región centro-oriental del
país, que había establecido algunas formas de cooperación con las guerrillas, entró en
conflicto radical con ellas. El momento más crítico se produjo en 1987, con el asesinato
del candidato presidencial apoyado por la guerrillas en las elecciones de 1986, el
militante del Partido Comunista Jaime Pardo Leal, después de disputas por presuntas
acciones de la guerrilla contra los narcotraficantes, que habrían incluido ataques
militares, secuestros y la apropiación de los mismos bienes que se suponía estaban
protegiendo. Desde ese momento, los grupos políticos relacionados con la guerrilla, en
especial los miembros del movimiento de la Unión Patriótica fueron víctimas de una
intensa campaña de exterminación coordinada y promovida por los traficantes de droga,
que contó también con el apoyo y la ayuda más o menos secreta de miembros de los
organismos de seguridad del estado, en especial de los del ejército.[19]
A pesar
de que la relación entre narcotraficantes y guerrilleros es tan compleja como la que se
da entre los narcotráficantes y los funcionarios públicos, miembros del ejercito o de la
policía -ocasionales acuerdos tácticos, a pesar de la oposición de fondo- la retórica
oficial, impulsada ante todo por Washington, creó la imagen de un frente unido, la
"narcoguerrilla", como si los objetivos de ambos grupos, e incluso sus
operaciones, se hubieran unificado a la postre. El término cobró vigencia a partir de
marzo de 1984, cuando se descubrieron los laboratorios de Tranquilandia, protegidos
-aunque las pruebas fueron débiles, el hecho probablemente era cierto- por la guerrilla.
Se reutilizó en 1985, en medio de las negociaciones con las FARC que muchos sectores
trataban de sabotearlo mostrando el carácter delictivo de las FARC, al encontrarse
laboratorios que según se dijo eran manejados directamente por las FARC. Según esto, el
papel de la guerrilla se había transformado, de simple vigilante, en empresaria
interesada en asumir control completo del negocio. Otra vez cobró fuerza en 1993-94,
cuando el gobierno llegó a la conclusión de que los ingresos por coca de las FARC
podían llegar a 20 o 30 millones de dólares anuales. Recientemente, una nueva ola de
acusaciones surgió cuando el avión del ministro de Defensa Fernando Botero, que viajaba
con el embajador de los estados Unidos, fue atacado desde un laboratorio en el que se
encontraron 10 toneladas de coca, presuntamente vigilado por las FARC: las pruebas, como
siempre, fueron muy tenues y se manejaron de acuerdo con la habitual práctica policial:
"filtraciones" relativamente imprecisas, que los periódicos inflan durante
algunos días, sin que a la postre se sepa nunca si al fin de cuentas tenían base o no.
Sin
embargo, nadie puede dudar que las FARC se benefician de los impuestos a los cultivos y de
algunas otras operaciones ocasionales con coca. Es posible que, dado el manejo
descentralizado de las finanzas de las FARC, algunos de los frentes tengan laboratorios.
Nadie ha descrito realmente como entran al negocio y que hacen realmente en él. Es
difícil, sin pruebas más sólidas que las que se han ofrecido hasta ahora, creer que la
guerrilla ha logrado penetrar las redes de comercialización fuera del país, aunque deben
estar interesados en ello, pues allí se encuentran las mayores ganancias. Y en todo caso,
la extorsión a los narcotraficantes es apenas una de las fuentes de su financiación,
además del secuestro de personas. También sacan tributos a los ganaderos, a los
productores de banano y palma africana, a las empresas explotadoras de petróleo y oro y a
muchos grupos más.
Pero lo
importante de todo esto es que si la opinión pública se persuade de que la guerrilla es
productora de coca, la capacidad de maniobra del gobierno colombiano, que durante más de
10 años tratando de negociar con ellas buscando un acuerdo de paz sobre la base de que
son delincuentes políticos, se reduce muchísimo y es posible, para los enemigos de las
negociaciones, esgrimir el espectro de la ira y la oposición norteamericanas, o que
efectivamente los Estados Unidos se opongan y estimulen operaciones encubiertas contra
cualquier forma de negociación con las guerrilla.
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