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EL SURGIMIENTO DE LOS
CARTELES DE LA COCAINA
La
experiencia de la marihuana dio a los colombianos algunos elementos operacionales,
conocimiento de los mercados, contactos y rutas que se aplicaron, hacia 1973/75, a los
primeros intentos de refinamiento y exportación de cocaína procesada en Colombia. Desde
entonces se definieron los patrones dominantes del esquema comercial de la cocaína. Los
colombianos importaban pasta de cocaína de Perú y Bolivia, de Europa los elementos
químicos para su procesamiento, de los Estados Unidos, a través de Panamá, las armas
para apoyar el negocio, y la refinaban en laboratorios que inicialmente estaban en medio
de las ciudades pero para finales de la década se habían desplazado a zonas rurales y a
veces selváticas, y la exportaban a Estados Unidos, usualmente por vía aérea (pasajeros
normales de aerolíneas en cantidades menores, grandes cargamentos enviados en aviones
livianos que hacían escala, si era necesario, en las Antillas o en Centroamérica).
Inicialmente una proporción relativamente alta de los ingresos de los colombianos debió
ser importada a Colombia, pero pronto esta proporción disminuyo rápidamente, y la
mayoría del dinero gastado en coca en US se mantuvo en Estados Unidos o en centros
financieros de Europa o las Antillas.
El
negocio aparentemente adquirió desde muy temprano una estructura oligopolio: un numero
reducido de organizaciones (aunque nunca un cartel, como surge de la imagen de prensa)
controlaban el acceso a las grandes redes de venta de Estados Unidos, lo que les daba una
posición de preeminencia en Colombia, pero la importación de pasta de coca y el
procesamiento eran realizados por centenares de pequeños grupos. La exportación la
hacían los grandes grupos, que sin embargo asociaban ("apuntaban")
permanentemente a organizaciones o individuos en envíos específicos, por cuenta propia o
de otros exportadores, que pagaban entonces una participación. El poder del cartel de
Pablo Escobar sobre otros carteles de Medellín y de Colombia parece haber tenido mucho
que ver con la capacidad de organizar y hacer respetar las rutas entre Colombia y los
Estados Unidos. La capacidad de hacer respetar sus decisiones, por supuesto, se originaba
en la rápida configuración de una organización armada que sometió drásticamente a
quienes no aceptaban las regulaciones sobre las exportaciones. Competencia e iniciativa
privada sí, pero dentro de normas precisas de operación y cumplimiento.
Entre
1974 y 1980 se configuraron los principales grupos de exportadores Colombianos: los dos o
tres grupos grandes de Medellín, el grupo de Santacruz, el de los Rodríguez Orejuela y
dos o tres grupos menores en Cali, los grupos del norte del Valle, la gente de Carlos
Lehder, los grupos costeños y de los llanos orientales, el grupo del Mejicano en el
centro del país, y las organizaciones del sur del país. Las administraciones de Alfonso
López Michelsen (1974-78) Y Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) no consideraron
evidentemente que el tráfico era un problema de fondo para Colombia. Aunque el primero de
ellos hizo varias declaraciones sobre sus peligros, generó un canal para el lavado
"legal" de dólares al abrir, en un país caracterizado antes por un rígido
control de cambios, la posibilidad de hacer reintegros anónimos de dólares en el Banco
de la República. El gobierno del segundo, marcado por una serie de incidentes de
corrupción, pareció mirar con indiferencia y hasta con simpatía el papel interno del
tráfico, aunque, probablemente por la importancia que dio a unos vínculos muy estrechos
con los Estados Unidos, impulso unas campañas militares contra la marihuana, que
resultaron más eficaces y dañinas para los traficantes de lo que se esperaba, pero no
tuvieron una gran continuidad Firmó también el tratado de extradición de 1989, que
abría el campo a la extradición de Colombianos y se convirtió en eje del conflicto
entre estado y traficantes.
Este
periodo de ascenso llega a una primera cúspide hacia 1982: para entonces los
narcotraficantes manejaban un negocio que les permitía importar divisas que oscilan entre
800 y 2000 millones de dólares, según los cálculos más amplios, es decir entre el 10 y
el 25% de las exportaciones totales del país, (independientemente de las acumulaciones de
capitales que hayan hecho por fuera) Se trataba de ingresos muy concentrados, con
capacidad de influir la vida económica diaria muy alta pero a través de sectores
reducidos de beneficiarios. Son los grandes consumidores de vivienda de lujo, de
vehículos automotores, de sistemas de seguridad, de armas importadas de los Estados
Unidos. El país, a pesar de algunos incidentes violentos que empiezan a mezclar la imagen
del "mágico" con la violencia, parece todavía fascinado con el éxito
económico, el consumo suntuario, la generosidad de narcos que financian periódicos,
regalan viviendas y parques deportivos en las zonas pobres, construyen zoológicos
abiertos en el campo, pagan salarios y comprar lealtad y admiración de muchas personas.
Para
finales de la década del 70 empezaron las plantaciones de coca en la zona del Ariari del
departamento del Meta, y se extendieron a varias áreas de colonización o a centros
relativamente remotos de comunidades campesinas, sobre todo en los llanos orientales y en
el piedemonte de Caquetá y Putumayo. No han representado hasta ahora una gran proporción
del abastecimiento de pasta, pero sin duda sirvieron para regular los precios y el
abastecimiento, y sobre todo para crear una base social adicional a los narcotraficantes.
Por otra parte, generaron la compleja relación con la guerrilla que describiré más
adelante. Fueron atacadas permanentemente por el gobierno, que además aplicó desde
mediados de los ochenta fumigaciones de glifosato. Cada año, mientras los funcionarios
policiales anuncian los grandes éxitos en la destrucción de cultivos, se revela
sistemática y consistentemente que el volumen total de lo sembrado sigue aumentando. En
todo caso, para 1994 el cálculo de la Dirección Nacional de Estupefacientes era que
existían unas 40000 hectáreas de coca en el país, unas 20000 hectáreas de amapola, un
cultivo que empezó a aparecer hacia 1989, y unas 8000 hectáreas de marihuana. Estos
cálculos, como la mayoría de los que aparecen en informes oficiales colombianos, son
usualmente incompatibles con los que las mismas autoridades presentaron en años
anteriores, y las diversas agencias estatales dan siempre datos contradictorios e
incongruentes.
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