En la búsqueda de tasas de retorno competitivas y de la diversificación en el manejo de riesgos, los inversionistas han incrementado los flujos de inversión extranjera hacia los países en desarrollo mediante la instalación de filiales y el aprovechamiento de los procesos de privatización (Garay y Vera, 1998). El incentivo a la entrada de flujos de inversión a estos países ha dependido en gran parte de la existencia de un ambiente económico, institucional y legal favorables para el sector privado. Es así como, durante los últimos años, los países en desarrollo en busca de mayores flujos de inversión, han reestructurado los regímenes legales y aun constitucionales que regulan su papel e injerencia. Además, a nivel internacional, los países tendieron a establecer estándares en materia de inversión extranjera con miras a balancear las reglas de juego entre ellos.

Los países latinoamericanos no han estado exentos de esta tendencia y es así como se han producido una serie de modificaciones normativas en los diferentes países de la región con el propósito de hacerlos más competitivos (Mayorga, Ibañez, 1994). Durante la década del noventa, los países de América Latina y del Caribe han visto incrementados sustancialmente los flujos de capital extranjero llegando a ser los receptores de más del 50% de las corrientes de inversión a países en desarrollo, en contraposición con la década anterior, en la que estos flujos fueron escasos o restringidos (Calderón, 1994).

Aunque América Latina es un receptor importante de flujos de capital, hay que anotar que existen grandes diferencias entre los tipos de flujos que actualmente atraen frente a los recibidos en las décadas de los setenta y ochenta. Así, gran parte de los flujos de capital que ingresaron en la década de los setenta y en los primeros años de los ochenta se caracterizaron, en buena medida, por estar relacionados primero con la financiación externa y luego con la resolución de la problemática del endeudamiento externo de los países. Ya para la década del noventa, las condiciones económicas de los países latinoamericanos, bajo esquemas de liberalización comercial, dieron una nueva pauta para el ingreso de capitales, principalmente en la forma de inversión extranjera directa y en inversión en portafolio, llegando incluso a tener mayor participación que el crédito y la financiación externos.

La mayoría de los países de Latinoamérica han adoptado una legislación más flexible e introducido incentivos para los inversionistas extranjeros. Las medidas legislativas para brindar mayor confianza a los inversionistas extranjeros han incorporado principios como el de no discriminación entre los inversionistas nacionales y extranjeros, han propiciado la eliminación de restricciones para la mayoría de sectores económicos y la abolición de limitaciones sobre retención de ganancias, entre otras (Mayorga, 1996).

En alguna medida, este nuevo patrón de influjo de capitales foráneos debe relacionarse con la reorientación de las políticas macroeconómicas del último quinquenio, consecuentes con una mayor apertura comercial y financiera, así como con una reducción del tamaño del Estado (IDD, 1996).

Como lo señala la Cepal (1995) en el informe sobre "Inversión extranjera en América Latina", la región experimentó diversas transformaciones y enfrentó varios factores, tanto internos como externos, que posibilitaron el nuevo patrón de influjo de capitales. Dentro de los factores de tipo externo se destaca la recesión de varios países industrializados, especialmente los Estados Unidos, que produjo una caída de las tasas de interés en términos de dólares, auspiciando que los inversionistas se decidieran por nuevos mercados. De igual manera, la flexibilización de las normas en los mercados internacionales de capitales produjo una mayor diversificación del mercado japonés y permitió un mayor acceso al mercado bursátil de los Estados Unidos por parte de países de la región (5).

Dentro de los factores internos señala el cambio de orientación en la estrategia de desarrollo de las economías latinoamericanas, con una serie de medidas tendientes a impulsar la liberalización del mercado, en especial las  reformas económicas e institucionales que confirieron un papel más protagónico a la actividad privada. Bajo este esquema, las economías latinoamericanas iniciaron cambios sustanciales en las condiciones de acceso a los mercados financieros, y el abandono del modelo de desarrollo hacia adentro, obligó a estas economías a desarrollar esquemas de transformación productiva y modernización tecnológica, adoptando, entre otras, una nueva visión sobre inversión extranjera.

Bajo este nuevo escenario, la región inició varios programas en favor de la integración económica de sus mercados, ampliando las fronteras económicas para la actividad privada, flexibilizando la normatividad comercial y financiera y permitiendo una mayor inserción en los mercados externos (CEPAL, 1995 ). En el marco del Grupo Andino, por ejemplo, en 1991 se eliminaron las pocas restricciones existentes para el movimiento de capitales y tecnologías extranjeras mediante las decisiones 291 y 292, decisión que fue adoptada en Colombia con la ley 9 de 1991 y la resolución 51 de 1991, actual Estatuto de Inversión Extranjera.

Si bien casi todos los países de la región han liberalizado su reglamentación hacia la inversión extranjera, diferentes estudios realizados por la CEPAL demuestran que la desregulación y liberación en la normatividad, por sí solas, no son suficientes para atraer mayores flujos de inversión externa. Se debe contar con otros mecanismos como los relacionados con la debida protección a la inversión extranjera que, sin renunciar al principio de soberanía, permitan brindar a los inversionistas condiciones seguras para realizar sus inversiones, con la eliminación de tratos inequitativos como el de la doble tributación y, en ciertas circunstancias, el diseño de programas de carácter estratégico que permitan al capital foráneo tener confianza y perspectiva cierta en el desarrollo de actividades productivas (Ibáñez, 1994).

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5 Bajo la reglamentación 144 de abril de 1990, la Comisión de la Bolsa y Valores de los Estados Unidos permite a las empresas latinoamericanas la colocación de títulos de depósito en el mercado estadounidense.
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