CONCLUSIONES
Es evidente que en el modelo de internacionalización de la economía las reformas
económicas son necesarias aunque no resulten suficientes para lograr un mayor nivel de
desarrollo. En la concepción, diseño y ejecución de las políticas de desarrollo, la
coordinación del Estado con los demás agentes económicos juega un papel importante.
Si bien al menos en principio se justifica toda aquella intervención del Estado para
corregir las fallas
tradicionales de mercado,
también existen otras razones que favorecen el diseño de políticas públicas como es la
búsqueda de la minimización de los costos de transacción de índole tanto económica
como política. En este sentido, la creación de un ambiente regulatario eficaz para el
cumplimiento de los contratos y derechos de propiedad reduciría la incertidumbre entre
los agentes económicos y en la misma organización de agencias gubernamentales.
En Colombia, durante la década del noventa, se han presentado dos esquemas
diferenciados en el diseño de la política industrial. De un lado, se contempló una
estrategia con políticas de carácter horizontal. Sin embargo, no se logró un
acondicionamiento claro de los instrumentos y políticas. Entre las razones que lo
impidieron se encuentran diversos problemas tanto en el proceso reforma y modernización
en varias de las instituciones como, en general, el acomodamiento de la estructura
productiva al nuevo modelo de internacionalización.
En el otro esquema de política industrial se contemplaron diversos instrumentos, tanto
horizontales como verticales. Para su aplicación, la política industrial ha contado con
novedosos esquemas y programas de articulación y coordinación entre los agentes
económicos. No obstante la variada gama de instrumentos (alrededor de la innovación
tecnológica, el fortalecimiento de los recursos humanos y el respaldo de las actividades
con mayor relacionamiento internacional), no han logrado hacer efectivos los programas.
La principal limitación de las políticas industriales encaminadas a crear condiciones
de competitividad, es la real insuficiencia de una estrategia institucional que asegure en
la práctica real canales efectivos de información entre actores y destinatarios de las
políticas. La ineficacia con la que ha operado el conjunto de instrumentos y acciones
derivadas, limita el alcance de los resulta. dos, encarece (mayores costos de
transacción) la implantación de las políticas e incluso puede llegar a agudiza las
condiciones de incertidumbre.
La estructura misma del Estado no sólo imposibilita su interacción con el sector
productivo, también entorpece la relación de sus propias agencias gubernamentales. Surge
la necesidad de estructurar mecanismos capaces de coordinar a las organizaciones
involucradas en las políticas, para elevar su efectividad y aproximar eficientemente a
las entidades gubernamentales responsables en la implementación y seguimiento de las
políticas hacia el sector empresarial.
Las instituciones que diseñan, elaboran e implementan el sistema de políticas
económicas no poseen necesariamente la capacidad de gestión, 0 bien para identificar y
poner a consideración del sector privados proyectos, 0 bien para hacer coincidir
debidamente los intereses de las instituciones con los de los agentes económicos a los
que se orienta la política. Tampoco es evidente que las propias instituciones cuestionen
sus estructuras y motiven cambios acorde con las estrategias adoptadas. No se asume el
papel de la dimensión institucional-organizativa como eslabón esencial para la creación
de capacidades tecnológicas nacionales.
En el caso de las políticas industrial y comercial, la falta de articulación entre
las entidades responsables de la política y las instituciones que ejecutan los programas
y planes, le ha restado impacto al desarrollo económico. Así, en términos de las
relaciones interinstitucionales, los organismos coordinadores deben poseer la capacidad de
llevar las decisiones más importantes hasta la ejecución de las políticas. De ahí la
necesidad de reforzar o replantear el esquema organizacional con el fin de crear una
estructura articulada y coordinada (con medidas como el replanteamiento de los ministerios
sectoriales).
Si bien el país ha avanzado en la implantación de una estrategia nacional de
competitividad (ASC, SNI, CNP) y se han diseñado instancias de articulación,
coordinación y concertación, aún se carece de objetivos claros y de un consenso
generalizado sobre la forma de aplicar y desarrollar políticas públicas a largo plazo.
Entre las estrategias e instituciones que aglutina el Consejo Nacional de
Competitividad sobresale el Sistema Nacional de Innovación. No obstante la estrategia
tecnológica, el esquema está lejos de ofrecer servicios que aceleren los procesos de
adaptación y desarrollo tecnológico requeridos por la industria.
Como se analiza en el Capítulo 5, el esquema de oferta de educación técnica
evidencia los problemas de desarticulación y descoordinación entre el sistema educativo
global y la capacitación técnica tecnológica, con lo cual el alcance de la formación
técnica para e! trabajo
se ha visto restringido. En
este sentido, la estrategia nacional de competitividad contempla acciones para mejorar la
calidad de sus instituciones y el contenido de sus programas; entre ellas se destacan el
proceso de modernización institucional y las modalidades de convenios con el sector
privado para la capacitación de los recursos humanos.
La estrategia nacional de competitividad ha establecido un esquema institucional donde
se articula, bajo el Sistema Nacional de Innovación, el papel del Sena en calidad de
entidad rectora de la formación del recurso humano (como soporte del proceso de
adaptación tecnológica por medio de la instrucción profesional). Sin embargo, aún se
está lejos de crear una infraestructura moderna capaz de proveer y complementar, en todos
los niveles ocupacionales, servicios tecnológicos e investigaciones aplicadas en
colaboración con empresas y universidades, así como el acceso a nuevas tecnologías y
conocimientos. Uno de los sistemas previstos para el desarrollo de estas labores es el
esquema de los CDT.
La estrategia para el financiamiento de los programas de la política industrial
contempló inicialmente diversos tipos de recursos, entre ellos los provenientes de
créditos otorgados por el Instituto de Fomento Industrial y los fondos provistos por el
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el ministerio de Desarrollo y el Sena. En la
práctica, el esquema de financiamiento presentó varias transformaciones de carácter
institucional, sobresaliendo el nuevo esquema crediticio de fomento, la creación del
Fondo de Cofinanciación para la Innnovación y Desarrollo Tecnológico y la nueva
orientación del Sena.
La transformación de la orientación del crédito, como se ve en el Capítulo 3,
representó un cambio de carácter institucional: los recursos crediticios de fomento
fueron dirigidos a una mayor población objetivo, con el fin de lograr una más amplia
democratización del crédito. En este sentido se diseñaron varios programas encaminados
a suministrar recursos en condiciones competitivas a nichos poblacionales de mayor
alcance.
A pesar de las dimensiones de las estrategias contempladas en la Política de
Modernización Industrial, el programa de financiación carece de una directriz coordinada
y un orden de prioridades consistente; no logra incorporar instrumentos eficaces de amplio
rango que eviten la duplicación de recursos y objetivos en las entidades gubernamentales.
Por ejemplo, la financiación de los programas orientados a impulsar las actividades
tecnológicas no presenta una clara jerarquización de los criterios e instrumentos para
determinar la bondad de los proyectos. Tampoco es clara la coherencia entre los esquemas
de financiamiento y crédito con que Colciencias pretende impulsar el desarrollo de
actividades tecnológicas, los criterios que utiliza el IFI para el otorgamiento de
financiación y los principios aplicados a la asignación de los nuevos recursos del Sena.
Así, el esquema de financiación ofrecido por el gobierno multiplica y superpone
objetivos y acciones entre las entidades gubernamentales.
En correspondencia con la
anteriormente
anotado, se debe insistir en la promoción de instituciones de orientación tecnológica;
el financiamiento permanente de programas de información y promoción acerca de métodos
y aproximaciones prácticas al control y mantenimiento de la calidad; la aplicación de
incentivos financieros para fomentar la cooperación en I&D entre institutos
tecnológicos y universidades, por un lado, y empresas, por el otro, el facilitamiento de
infraestructura para redes de colaboración tecnológica, etcétera.
.Las dificultades señaladas obedecen fundamentalmente al diseño y aplicación de las
políticas dirigidas al sector productivo. Adicionalmente, no se debe olvidar que a pesar
de los avances logrados en la coordinación de las acciones entre agentes públicos y
privados, ha prevalecido la visión de búsqueda de rentas y privi!egios,
heredada de la forma como se implantó el modelo de sustitución
de importaciones. Se hacen necesarios diagnósticos que relacionen la problemática del
sector con la nueva realidad de la competencia en el marco del proceso de globalización,
y una nueva institucionalidad para la coordinación de las acciones y políticas que se
requieren para mejorar la capacidad productiva a nivel sistémico y propiciar una
inserción creativa en el mercado internacional.
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