CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
Una forma de avanzar en el desarrollo y puesta en marcha de las políticas públicas en
un marco de coordinación y articulación, fue la constitución de una organización
institucional para generar sinergias en el orden nacional entre el gobierno, las empresas,
los gremios y sindicatos sectoriales y las regiones alrededor de los temas de
productividad y calidad para la competitividad.
En este contexto, articular a los actores que operan en los campos de la producción,
la comercialización y los servicios, la educación, la investigación y el desarrollo
científico y tecnológico, resulta fundamental para mejorar la productividad bajo los
estándares internacionales. La misma promoción de la productividad debe partir del
diseño de instrumentos que promuevan y fortalezcan los procesos de mejoramiento continuo
y modernización e innovación tecnológica.
La institución desde donde se busca construir una cultura de la productividad,
entendida como el desarrollo de acciones que a través de la
práctica cotidiana se conviertan en parámetros rectores del pensamiento y las acciones,
es el Consejo Nacional de Competitividad, a través del Centro Nacional de Productividad
(Tabla 2.10).
Así, por medio del Centro Nacional de Productividad se busca constituir un espacio
más para la definición y puesta en marcha de las políticas públicas, con el fin de
buscar minimizar los esfuerzos individuales de los agentes económicos, articular
organizaciones en torno a la creación de una cultura de la productividad,
potencializar los esfuerzos existentes y desarrollar nuevas
tecnologías al servicio del crecimiento de la productividad.
En 1996 el Consejo Nacional de Competitividad adoptó la estrategia nacional de
competitividad,
con el objetivo de promover el Sistema
Nacional de Innovación. El Consejo se concibe como una serie de acciones concertadas
entre diversos agentes, entre los que se cuentan el Sistema Nacional de Innovación -SNI-,
los centros de desarrollo tecnológico -CDT- y los centros regionales de productividad
-CDP-, entre otros.
En el proceso de articulación del SNI se han dado algunos avances en áreas como la
modernización del sistema de financiación, la activación del mercado de servicios
tecnológicos y la integración de la dimensión sectorial y regional en los programas.
Como estrategia articuladora pretende integrar dos dimensiones a través de mecanismos
sectoriales, como los CDT, y paralelamente impulsar sistemas regionales o departamentales
de innovación -CRP y las incubadoras de base tecnológica-.
Los principales mecanismos utilizados en la implantación de las tres áreas
mencionadas han sido el fortalecimiento de los CDT, el apoyo directo a la innovación en
las empresas y la realización de programas de misiones tecnológicas y ofrecimiento de
servicios tecnológicos. Así, se ha determinado que el SNI parta del fortalecimiento de
los CDT, confiriéndole un papel crucial ala participación conjunta del Estado y el
sector privado en el fortalecimiento de la estructura de investigación, capacitación y
prestación de los servicios tecnológicos necesarios para incrementar la productividad
del sector productivo (Gráfico 2.2).
Como se muestra en los Capítulos 5 y 6, los CDT se conciben como una estrategia
fundamental de la política de innovación, competitividad y desarrollo tecnológico. Los
CDT implican la construcción de redes de innovación para adecuar el vínculo entre
empresas, universidades y otras entidades de apoyo al cambio técnico, orientadas a
promover procesos de innovación en el sector productivo. Su objetivo es incrementar la
productividad y competitividad de los sectores productivos mediante la promoción de una cultura
de innovación
empresarial basada en la cooperación,
las alianzas claves interempresariales y la gerencia participativa.
Desde una perspectiva estratégica, los CDT deben constituirse en: 1. Entidades
impulsoras a mediano y largo plazo del conjunto de políticas de orden tecnológico
encaminadas a facilitar la transferencia interna de tecnología, aumentando,
racionalizando y mejorando la capacidad negociadora en la adquisición de tecnología
importada. 2. Entidades generadoras de tecnología de origen nacional con amplias
posibilidades de transferencia a las empresas.
Si bien es cierto que la puesta en marcha del SNI ha generado una arquitectura
institucional en función de la adaptación tecnológica, la simple formulación de
políticas tecnológicas no implica la promoción de grandes habilidades de
administración ni la creación de sinergias institucionales capaces de adecuar el
contenido de la política a las necesidades de los usuarios y de las empresas. En este
sentido, Nelson ( 1996) define la innovación
como "procesos mediante los cuales las firmas
manejan y ponen en práctica diseños de productos y proceso de producción
novedosos
para ellas, sean o no
nuevos
para el mundo o incluso para la nación". y
sistema
como "el conjunto de instituciones cuyas
interacciones determinan el comportamiento
innovativo
de las firmas".
No obstante las estrategias contempladas en la política de modernización industrial
en cuanto a la modernización, la innovación, el fortalecimiento de los recursos humanos
y el respaldo a las actividades de mayor alcance internacional, el programa de
financiación carece de una directriz que incorpore instrumentos eficaces de mayor alcance
sin duplicar los recursos y objetivos de las entidades gubernamentales (Capítulo 3). En
este sentido el cambio institucional de la política industrial debe estar sujeto a una
reestructuración del financiamiento acorde con un cierto orden de prioridades. Es así
como, por ejemplo, la financiación de los programas orientados a impulsar las actividades
tecnológicas no presenta una clara preeminencia en los criterios e instrumentos para
determinar la bondad
de proyectos de apoyo a la
adaptación tecnológica. No es clara la consistencia entre los esquemas de financiamiento
y crédito que pretende impulsar Colciencias, para el desarrollo de actividades
tecnológicas, los criterios para el otorgamiento de financiación que utiliza el IFI y
los principios guía para la asignación de nuevos recursos provenientes del Sena. Así,
el esquema de financiación ofrecido por el gobierno multiplica objetivos y acciones entre
las entidades gubernamentales.
A todas luces el financiamiento con capital de riesgo, los programas especiales de
financiamiento, el fomento selectivo para empresas con capacidad de generar nuevas
capacidades competitivas, la promoción de servicios de consultoría destinados a la
introducción de nuevos conceptos de producción, y el sistema de incentivos que
contribuye al mejoramiento de la relación productiva entre las grandes empresas y las
Pymes son elementos que deben articularse coherentemente bajo un esquema integral de
política industrial. En fin, se debe dar máxima preferencia a proyectos significativos,
deliberadamente integrados en su entorno y capaces de formar estructuras.
Para ello se debe avanzar en la promoción de instituciones de orientación
tecnológica: el financiamiento permanente de programas de información y promoción
acerca de métodos y aproximaciones prácticas al control y mantenimiento de la calidad;
la aplicación de incentivos financieros para fomentar la cooperación en investigación y
desarrollo entre institutos tecnológicos y universidades, por una parte, y empresas, por
otra; el facilitamiento de infraestructura para redes de colaboración tecnológica,
etcétera.
Como se observa en la Tabla 2.10 y en el Gráfico 2.2, la estrategia nacional de
competitividad ha establecido un esquema institucional en el que el Sena se convierte en
una entidad que fomenta la formación del recurso humano como soporte del proceso de
adaptación tecnológica, por medio de la formación profesional en todos los niveles
ocupacionales, los servicios tecnológicos y las investigaciones aplicadas -en
colaboración con empresas y universidades- y el acceso a nuevas tecnologías y
conocimientos. Con el cambio institucional ocurrido en el Sena, esta responsabilidad
tendrá que ser sustentada en la orientación de sus ingresos parafiscales hacia proyectos
de desarrollo tecnológico.
En este contexto, la entidad tradicional de formación técnica pasa a ser un ente
articulador del desarrollo tecnológico con las necesidades de innovación y
competitividad de los sectores productivos, y con los planes y programas de modernización
y capacitación de la fuerza de trabajo. Dentro de los principales proyectos a adelantar
se encuentran la difusión e incorporación de tecnologías competitivas, investigación
aplicada y servicios tecnológicos, convenios esenciales de cooperación con los
empleadores, atención a los proyectos de desarrollo tecnológico productivo e
implantación del sistema de información y monitoreo de tecnologías y mercados.
Aunque la estrategia nacional de competitividad ha establecido un mecanismo
institucional de concertación en la búsqueda de impulsar socialmente las políticas de
desarrollo productivo, en su carácter de ente aglutinador de instituciones públicas y
privadas aún no ha tenido efectos de trascendencia. De acuerdo con un diagnóstico del
CNC (1996), se presentan algunas debilidades:
.Ausencia de criterios comunes en torno a la noción de competitividad por parte de los
dirigentes empresariales y el sector público, lo que conduce a una falta de consenso
sobre las políticas de desarrollo del país.
.Falta de coordinación: "el hecho de que los sectores público y privado exhiben
actitudes defensivas, que dificultan el reconocimiento de su vulnerabilidad e impiden los
acuerdos conjuntos en torno al avance de la competitividad, actitud que se reproduce
cuando se realizan esfuerzos institucionales aislados y fragmentarios por parte de las
entidades cuyas actividades inciden en la competitividad".
.Ausencia de sistemas de información y métodos para medir y monitorear el
comportamiento de la competitividad.
.Bajos niveles de inversión en formación y capacitación técnica (Chica, 1997).
.Bajos niveles de inversión en adaptación, creación y difusión de tecnología.
.Marco institucional, legal y regulatorio inadecuado.
Gráfico 2.2
Tabla 2.10
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