UNA VISIÓN DE LA PROBLEMATICA DE LA INTERVENCIÓN
Existen razones suficientes para que en un ambiente de competencia imperfecta - con la
presencia, por ejemplo de economías de escala, economías externas asociadas a la
innovación técnica y el aprendizaje- una interferencia
gubernamental en el mercado mediante la adopción de una
determinada
política estratégica
pueda
adquirir la debida
legitimidad y validez
teórica
y programática, aun dentro de marco de la misma teoría económica convencional.
En este sentido, el argumento de creación de ventaja competitivas dinámicas se basa
en el supuesto, contrario la teoría neoclásica, de la existencia de precios
incorrectos,
razón por la cual se requiere la
intervención del Estado par: propiciar condiciones de mercado que puedan ser aprovechadas
por actividades productivas caracterizadas tanto por tal tipo de ventajas competitivas,
externalidades y economías de escala, como por su potencial para enfrentar efectivamente
la competencia externa. Así, varios países como Corea y Taiwán aplicaron no
solamente incentivos neutrales
para el
aprovechamiento de ventajas comparativas estáticas -como mano de obra barata-, sino que,
más allá, el Estado incentivó acciones para reducir el costo de uso del capital y
estimular procesos de aprendizaje, con el fin de explotar ventajas competitivas dinámicas
a largo plazo (Stiglitz, 1996; Lall, 1995; Esguerra y Ocampo, 1992).
De cualquier forma, aún aceptando la posibilidad de que una oportuna y adecuada
intervención del Estado contribuya a corregir fallas
de mercado, permanece el debate sobre la conveniencia de
la
focalización
de la política pública en
comparación con la
neutralidad horizontal
de
las intervenciones gubernamentales en el mercado.
Como lo señala Krugman (1986), reconociendo la posible existencia de sectores
considerados estratégicos
por su aporte potencial
a la generación de
rentas excepcionales
y
al aprovechamiento de externalidades, surgen varios problemas. El primero se refiere a la
identificación práctica de los sectores
estratégicos,
ante las serias dificultades empíricas para evaluar
rentas
extranormales
no asociadas con diferencias de calidad
o con ganancias esporádicas y para simular eventuales beneficios derivados de
externalidades que no se transmiten directamente a través de los precios en el mercado.
El segundo problema se relaciona con la falta de certeza sobre el éxito de una política
focalizada-estratégica
en términos del logro de una
efectiva promoción y expansión de los sectores seleccionados, ante la mayor
extrarrenta
susceptible de generarse por unidad de recurso escaso
dedicado a su promoción (Grossman, 1986).
El tercer problema está relacionado con la imposibilidad de contar con recomendaciones
genéricas de política bajo condiciones de competencia imperfecta, y con las dificultades
empíricas para el diseño de una política deseable de segundo orden (second best
policy),
ante la necesidad de tener un conocimiento
detallado de la competencia a nivel de las actividades productivas y de su relación con
el resto de sectores de la economía.
El cuarto problema se encuentra ligado a la presencia de fallas
en la intervención del Estado debido a la influencia y papel de
los grupos de interés ya las conductas
buscadoras de renta,
que imponen importantes costos a la sociedad para favorecer
intereses particulares.
Por estas razones, resulta evidente que los posibles beneficios pueden llegar a ser
atenuados, o aun superados, por los costos sociales potencialmente reproducibles en las fallas
y distorsiones del proceso de diseño y aplicación
de las políticas gubernamentales de carácter
estratégico-selectivo.
Pero ello no obsta, de manera alguna, para desconocer la validez
y relevancia teóricas del planteamiento de la intervención gubernamental como objeto de
estudio, y del desarrollo de la
economía política
como verdadera disciplina.
Claramente, en presencia de imperfecciones y fallas
en el mercado se justifica la aplicación de políticas
gubernamentales socialmente
deseables,
que
por lo menos contribuyan eficazmente a crear el ambiente propicio para subsanarlas. Tales
políticas correctivas son, por lo general, de carácter
horizontal
a través del mercado, sin que necesariamente se precluya
per
se
la conveniencia potencial de acciones
gubernamentales de tipo
selectivo-estratégico.
Por el contrario, existen situaciones específicas que pueden
ameritar intervenciones decisivas de carácter
estratégico.
El debate teórico debe residir, entonces, en bajo qué circunstancias y através de
cuáles modalidades e instrumentos debe intervenir el Estado. Es decir, en la calidad, la
oportunidad y la selectividad, y no sólo en la cantidad, de la intervención. En
consecuencia, más que criticar per se
la
intervención y regulación del Estado sobre la actividad económica, surge la necesidad
de evaluar la oportunidad, racionalidad y forma en que se desarrollan las estrategias, y
la coherencia y efectividad de la aplicación de las políticas públicas
deseables.
La Tabla 2.3 ilustra las diferencias entre funciones y tipo de intervenciones del
Estado según intensidad, racionalidad y orientación.
Tabla 2.3
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