EL PAPEL DEL ESTADO EN UN PROCESO DE TRANSICIÓN BAJO EL ACTUAL
CONTEXTO ECONÓMICO
La corriente que considera al modelo de internacionalización de la economía necesario
para la transformación de la actividad productiva, plantea la necesidad de adecuar la
estructura organizacional del Estado al nuevo marco de política (Garay, 1994). En este
sentido existe un consenso sobre la necesidad de ampliar los espacios económicos
regionales e internacionales, no sólo de eliminar barreras para la movilización del
capital -productivo y financiero-, de la mano de obra y de bienes y servicios entre
naciones, sino además de reducir la interferencia de la acción de los Estados
nacionales sobre la libre iniciativa de los agentes económicos privados, cualquiera que
sea su origen o sede nacional. Podría pensarse, como afirma Curbelo (1986), que
"la reestructuración del orden económico corriera paralela al proceso de
pérdida de confianza y funcionalidad del Estado tanto en su papel de productor de bienes
y servicios como de agente que posibilita la reproducción del sistema económico".
En contraste con el papel decisivo que desempeñó el fortalecimiento del Estado
nacional en la expansión de las sociedades capitalistas, a esta altura de la evolución
del sistema capitalista mundial parece apropiado realzar el potencial perturbador que la
intervención del Estado podría representar para los procesos de acumulación y
reproducción del capital a escala internacional.
Así, podría parecer que la reforma del Estado se presenta como un imperativo. Tanto
el diagnóstico como la concepción e implantación de la reforma suscita las más
diversas posiciones teóricas y programáticas. La más radical y extrema apunta hacia una
reducción del Estado nacional y la búsqueda de una organización social flexible en
escala ampliada internacionalmente: el Estado nacional como institución social y como
ente jurisdiccional geográfico debería prácticamente desmontarse para darle paso
a una organización de carácter más internacional, mundial (Curbelo, 1986).
Postura a la que, a esta altura del desarrollo capitalista, se le contrapone en la
práctica la ineludible presencia de algún tipo de Estado nacional socialmente
necesario en cuanto institución social marco del mismo régimen de mercado y
en su carácter de ente social racionalizador del interés colectivo, cuyo esquema
institucional, político, económico y jurisdiccional para la conducción de asuntos
públicos es consagrado por la misma Constitución Nacional.
Cualquiera que sea su tamaño, el Estado habría de funcionar bajo una cierta lógica
en un nuevo régimen capitalista de competencia abierta con miras a
contribuir a que el nuevo modelo de desarrollo no sólo brinde mayor eficiencia y
competitividad a la economía doméstica, sino que, además, le permita al mismo Estado
asegurar la estabilidad económica y social, propugnar por una adecuada distribución del
ingreso y facilitar directa o indirectamente el suministro y la prestación oportuna y
eficaz de bienes públicos prioritarios considerados legítimamente como una
necesidad colectiva de amplios espectros de la sociedad. En ese sentido habría que
subdividir las funciones del Estado en dos áreas básicas:
La primera función se relaciona con el perfeccionamiento del régimen de
competencia capitalista abierta mediante la instauración y aplicación del marco
genérico indispensable de regulaciones, normas, provisiones y penalidades de orden
jurídico, económico y procedimental para la observancia de relaciones competitivas creativas
y la reproducción de las condiciones propicias aun crecimiento económico sostenido.
Claramente, apenas una de sus funciones en esta área podría consistir en la
búsqueda de la eliminaciÓn de toda falla, imperfección y distorsión de mercado
que obstaculice la libre iniciativa privada, que genere ineficiencias en la
localización de recursos productivos o que reproduzca impactos distributivos perversos u
otros efectos nocivos de cualquier índole.
Resulta primordial, especialmente durante un período como el de transición y
consolidación de una nueva estrategia de desarrollo -en este caso la regida bajo
un régimen de competencia abierta en el escenario internacional-, que el Estado en
los países no desarrollados asuma la responsabilidad de adelantar una decidida gestión
orientada a promover el progreso tecnológico y la competitividad internacional de la
economía doméstica. En estrecha cooperación con los actores protagónicos del sector
privado, el Estado ha de propugnar por la conformación de una adecuada infraestructura
social, física y tecnológica que le permita al aparato productivo interno afrontar creativamente
las nuevas condiciones de la competencia a escala internacional (Garay, 1982).
No debe olvidarse que si bien el mercado es una institución característica de la
esfera económica, también constituye una categoría esencial en las esferas política y
cultural, en la medida en que manifiesta ya su vez determina, en buena medida, la
estructura de una sociedad cada vez más globalizada. Siguiendo el razonamiento clásico
de Polanyi (1994):
"la conformación del Mercado en un sistema autoregulatorio de
gran poder no fue el resultado de una tendencia natural (...1, sino del efecto de
estimulantes artificiales administrados al cuerpo social para afrontar una situación
creada por el fenómeno no menos artificial de la máquina".
La segunda función es el cabal desempeño de su rol como "ente racionalizador del
interés colectivo y servidor social de última instancia". En esta área sobresalen,
entre otras, las siguientes funciones: el logro de una adecuada distribución del ingreso
entre los grupos de la sociedad, la provisión
de
servicios sociales indispensables con
legítimo
carácter público, la
prestación
tanto de bienes y servicios públicos diferentes a los
anteriores como el suministro de
bienes colectivos,
ya sea directamente o mediante algún tipo de asociación de los
mismos particulares.
Aunque en diversos círculos se presume que la globalización favorecería la
reducción del Estado, paradójicamente la progresiva integración tiende a agudizar la
exposición a riesgos externos y, en consecuencia, a aumentar las demandas de programas
gubernamentales para atenuar las vicisitudes enfrentadas por los grupos menos móviles y
más vulnerables a la competencia externa. Con el agravante de que la globalización
también afecta nocivamente la eficacia y habilidad de los Estados nacionales para ejercer
dicho papel compensador y redistributivo (Garay, 1997). En palabras de Rodrik (1997):
"con el avance de la globalización puede erosionarse el consenso social requerido
para mantener abiertos los mercados domésticos a la competencia externa, incluso hasta el
punto en que se torne posible el retorno al viejo estilo de proteccionismo".
Por consiguiente, contrario a lo postulado por ópticas radicales voluntaristas, para
poder desempeñar con propiedad su papel social a esta altura del proceso de
globalización, el Estado debe erigirse como institución sociallegítima,
representativa, sólida, eficaz y funcional bajo una
nueva
lógica política y económica, sujeta a un activo
escrutinio por parte de la sociedad: "rendición pública de cuentas"
(accountability).
Es por ello, precisamente, que:
"El debate sobre el Estado (en los países en desarrollo) no debe enmarcarse en la
falsa dicotomía Estado versus no Estado. Ha de concentrarse primero, en redefinir el
mismo Estado (a la luz del desarrollo capitalista mundial, de la posición de estas
naciones en la nueva división internacional del trabajo y de las particularidades tanto
del patrón de acumulación de capital y de reproducción de la fuerza de trabajo como de
la evolución de la organización social a nivel nacional); y luego, en especificar las
normas y los patrones de racionalidad política, institucional, económica y
administrativa que han de regir su funcionamiento para propugnar por el cabal cumplimiento
de sus funciones sociales prioritarias. La liberación, la desregulación y la
privatización de la economía no son ni mucho menos óbice para justificar ni abogar por
el desmantelamiento del Estado (en los países en desarrollo)" (Garay, 1992).
La reflexión fundamental no debe girar alrededor de cosa distinta a cómo hacer -y
bajo qué procedimiento- para validar y dar plena vigencia a una nueva lógica política y
económica en la conducción del Estado, de frente a un profundo reordenamiento social, en
medio de una crisis del modelo tradicional de desarrollo y ante la necesidad de
transformación del aparato económico de estos países para poder enfrentar creativamente
la reconfiguración del escenario mundial.
Si bien esta postura sobre la transformación y el adecuamiento del ente Estado-nación
a la luz de la neva
división internacional del
trabajo en proceso de consolidación puede enmarcarse en una perspectiva teórica y
programática de
corte liberal reformista,
modernizante,
debe conceptualizársela con las debidas precauciones y cautelas, Esto para al menos
evitar incurrir en las falencias, debilidades y vacíos característicos de la
óptica
neoliberal radicaI,
y eludir caer en posiciones
voluntaristas,
irreales, sobre la autonomía y capacidad de acción y
regulación de los Estados nacionales periféricos para su autodeterminación
plena
al margen de las necesidades del capital a escala
mundial
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