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  Aunque la bonanza cafetera resultó frustrantemente corta, la economía logró mantener un buen dinamismo en 1987 y, en menor medida, en los tres años siguientes. El crecimiento provino fundamentalmente de los sectores de exportación, tanto aquellos correspondientes a renglones no tradicionales de la agricultura y la industria manufacturera, como a las grandes explotaciones mineras (petróleo, carbón y ferroníquel, en particular). Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron su participación en el Producto Interno Bruto del país del 15.6% en 1985 al 22.7% en 1991, cuando terminó el gran auge exportador (cuadro 8.1). Este comportamiento es sobresaliente, ya que dicha relación había disminuido sistemáticamente en Colombia por cerca de medio siglo, desde los años cuarenta hasta el primer lustro de los ochenta3.

Hasta 1988, la recuperación de la demanda agregada interna también coadyuvó a este proceso, pero se tornó en un factor poco dinámico desde 1989. Esta desaceleración de la demanda interna, que puede asociarse a un claro debilitamiento de la inversión privada (gráfico 8.2), explica por qué el auge exportador de fines de la década, se tradujo en crecimientos modestos para los patrones históricos del país. Este hecho, unido a la tendencia ascendente de la inflación, serviría de base para defender la necesidad de ajustes estructurales profundos en el funcionamiento de la economía colombiana.

En efecto, uno de los argumentos fundamentales de la administración Gaviria, para justificar las medidas de liberación comercial, fue la tendencia a la desaceleración que mostraba la economía colombiana, que el Plan de Desarrollo de la administración Gaviria, “La Revolución Pacífica” asoció al lento dinamismo de la productividad que generaba una economía cerrada4. Independientemente de las virtudes de la liberación comercial, que eran compartidas por diversos autores, este argumento era inapropiado. Los ejercicios de proyección del resto de analistas económicos mostraban entonces, que la economía tendería a crecer a tasas del 4% anual o ligeramente superiores, aun en ausencia de radicales medidas de ajuste estructural5; las tasas previstas eran similares a las alcanzadas a fines de los ochenta y, según veremos, fueron confirmadas por los resultados observados.

En cualquier caso, los eventos macroeconómicos de fines de la década de los ochenta y de comienzos de los noventa, estuvieron determinados fundamentalmente por la evolución del tipo de cambio. Esta, a su vez, estuvo asociada a dos eventos diferentes. El primero fue el colapso definitivo del Pacto Internacional del Café a mediados de 1989. La incertidumbre que generó este evento, sobre la evolución de la balanza de pagos, llevó a la administración Barco a acelerar el ritmo de devaluación desde el segundo semestre de dicho año. El segundo fue la decisión de iniciar un proceso de liberación gradual de importaciones en febrero de 1990. Debido, igualmente, a los efectos previsibles sobre la balanza de pagos de los menores aranceles y controles directos sobre las importaciones, se pensó entonces que un nivel muy competitivo de la tasa de cambio era una de las claves para el éxito de la liberación comercial. Durante los primeros meses de su mandato, la administración Gaviria continuó con esta política de devaluación, a medida que se aceleraba el proceso de redefinición de las relaciones económicas externas.

Para fines de 1990 era evidente, sin embargo, que los altos ritmos de devaluación se estaban traduciendo fundamentalmente en una aceleración de la inflación. Esto llevó a la adopción de un severo programa de ajuste en 1991, que incluyó una contracción del crédito interno, la intervención masiva del Banco de la República, a través de Operaciones de Mercado Abierto (OMA), para evitar los efectos monetarios de la acumulación de reservas internacionales; una desaceleración moderada del gasto público; la revaluación del peso y la decisión, adoptada en agosto de 1991, de acelerar súbitamente el programa de liberación de importaciones que, de acuerdo con el programa acordado a fines de 1990, tendría lugar durante un período de tres años. Estas medidas se tradujeron en un freno en seco del crecimiento de la demanda agregada y en una nueva “recesión a la colombiana” en 1991, cuando la economía sólo creció 2.0%. El programa de estabilización logró, sin embargo, su principal objetivo: frenar la tendencia ascendente de la inflación. Esta, en efecto, se interrumpió y se inició una fase de descenso en el ritmo de crecimiento de los precios. 3. Bonanza del gasto y apertura a las importaciones Las críticas a este severo programa de ajuste se fueron acumulando a lo largo de 1991. La reducción de las importaciones de bienes, asociada de manera importante a la paralización de la inversión, unida al dinamismo exportador —que se detendría precisamente en 1991 como resultado del inicio de una fase de revaluación del peso—, se tradujo en un superávit en cuenta corriente del 5.5% del PIB (medido a la tasa de cambio de paridad de 1994). El intento de evitar los efectos monetarios de la consecuente acumulación de reservas internacionales con intervenciones del Banco de la República generó una verdadera “bola de nieve”, como se hizo rápidamente evidente. En primer término, a través de las altas tasas internas de interés, esta política generó un incentivo a traer capitales al país, en un momento en el cual el país necesitaba más bien reducir la entrada de capitales del exterior para evitar la acumulación de reservas; este problema era particularmente grave, ya que coincidió con el inicio de una nueva fase de bonanza de flujos de capitales hacia América Latina, es decir, de aumento de oferta de dichos recursos. En segundo lugar, los grandes pasivos que estaba acumulando el Banco de la República, unidos a las altas tasas de interés, generaron un crecimiento galopante del servicio de la deuda interna del propio Banco, cuyos efectos monetarios sólo podían ser compensados con nuevas emisiones de OMA, con lo cual tendía a generarse una situación potencialmente explosiva.

Por estos motivos, desde los últimos meses de 1991 la nueva Junta Directiva del Banco de la República alteró radicalmente la dirección de la política monetaria. Esta Junta reemplazó la vieja Junta Monetaria a partir de la expedición de la Constitución de 1991, que otorgó autonomía al Banco. En este nuevo ente rector de la política monetaria y cambiaria, el Gobierno tiene solamente uno de siete miembros (el Ministro de Hacienda), a diferencia de la Junta Monetaria, cuyos miembros eran todos miembros del Gobierno6. La autonomía de la nueva Junta se expresó por primera vez en este giro de la política monetaria, pero se demostraría nuevamente en los años siguientes, generando en diversos casos controversias públicas con el Gobierno.

Los objetivos de la nueva política fueron claramente frenar la emisión de OMA y reducir las tasas de interés, para evitar la “bola de nieve” que se estaba generando con las operaciones masivas del Banco de la República en el mercado. Esta decisión dio inicio a una nueva fase de la política económica, abiertamente expansionista. De hecho, a la postre demostraría ser una de las más expansionistas de que se tenga registro en la historia económica del país, ya que a ella se agregó una política orientada a facilitar el endeudamiento externo privado y una expansión, también con pocos precedentes, del gasto público.

La nueva política tuvo, así, tres elementos destacados. El primero fue una expansión monetaria y crediticia espectacular, que incluyó una amplia apertura al endeudamiento externo del sector privado, particularmente a partir de la reforma cambiaria de septiembre de 1993. El segundo fue un crecimiento igualmente notorio del gasto público, inducido en gran medida por la Reforma Constitucional de 1991 y financiado por fuertes aumentos en los niveles de tributación. El tercero fue el consecuente crecimiento acelerado de la demanda agregada interna, la cual alcanzó ritmos anuales del 10% o más entre 1992 y 1994, desconocidos en la historia económica nacional, aun en períodos de bonanza cafetera.
La fuerte expansión de la demanda se reflejó en una recuperación de la actividad económica, que alcanzó crecimientos superiores al 5% a partir de 1993. El crecimiento se concentró en los sectores productores de bienes y servicios no comercializables internacionalmente, es decir, construcción y servicios. Este período se caracterizó, en efecto, por una expansión muy rápida de la construcción de vivienda y otras edificaciones y de los sectores de servicios, tanto privados como gubernamentales. En general, la recuperación no afectó el ritmo de inflación, cuya tendencia a la baja se mantuvo, excepto en 1993, cuando se revirtió temporalmente para productos diferentes a los alimentos. Según veremos más adelante, la explicación fundamental de este resultado, en medio de la gran expansión de la demanda, fue la revaluación real del peso que caracterizó este período.

Desde el punto de vista de la demanda, todos sus componentes experimentaron un crecimiento notorio. Sin embargo, por sus efectos económicos, el elemento más destacable fue, sin duda, la recuperación de la inversión privada (gráfico 8.2). El fuerte crecimiento de la inversión estuvo asociado al ritmo ascendente de la actividad productiva y al abaratamiento de los equipos; debido al alto contenido importado de la maquinaria, esta reducción del precio relativo de los equipos puede asociarse, a su vez, a la reducción de los aranceles y a la revaluación. El acceso al crédito externo y las bajas tasas de interés, características de estos años, contribuyeron posiblemente a este resultado, así como las exigencias de modernización de equipos que impuso el proceso de liberación comercial.

La recuperación tuvo, sin embargo, elementos preocupantes que llevaron a las autoridades monetarias, primero, y a las fiscales después, a adoptar medidas de ajuste para corregir los desequilibrios que se generaron a lo largo de estos años. El más notorio fue el resurgimiento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. En efecto, después de experimentar un fuerte superávit en 1991, del 5.5% del PIB, la cuenta corriente de la balanza de pagos se deterioró rápidamente, alcanzando un déficit del 4.5% en 1994. Debe anotarse, sin embargo, que aunque el deterioro fue muy rápido (10 puntos del PIB en sólo tres años), el nivel del déficit alcanzado en 1994 era inferior al de la crisis de comienzos de los años ochenta y coincidía con un período de apertura, no de cierre del mercado internacional de capitales; por este motivo, no ha generado los efectos explosivos que se hicieron evidentes en aquella época (gráfico 8.1).

El fuerte giro de la balanza de pagos reflejó los efectos conjuntos de la revaluación real del peso y de la fuerte liberación de importaciones, característica de estos años (cuadro 8.1). Las importaciones de bienes y servicios crecieron en forma espectacular, pasando de representar el 15.8% del PIB en 1991 al 30.7% en 1994. Por el contrario, el boom exportador que caracterizó el comportamiento macroeconómico entre 1985 y 1991 se interrumpió. Este deterioro de la balanza de pagos, y la revaluación que lo acompañó, fue sin duda el mecanismo a través del cual la economía pudo absorber el crecimiento acelerado de la demanda sin generar una aceleración de la inflación.

Como se sabe muy bien, el deterioro de la balanza de pagos tiene siempre como contrapartida un deterioro de los balances internos, ya sea del sector público o del privado. En Colombia, como en la mayoría de los países latinoamericanos, los déficit externos han estado casi siempre acompañados por déficit fiscales. Así sucedió durante la crisis de los años ochenta según hemos visto. Sin embargo, en los años noventa sucedió algo enteramente diferente: el giro de la balanza de pagos, no estuvo acompañado por un deterioro fiscal, sino más bien por un creciente déficit privado. En efecto, para el sector privado en su conjunto, el aumento de la inversión coincidió con una fuerte caída del ahorro, con lo cual el superávit tradicional que caracterizó las finanzas privadas en Colombia durante las décadas de los setenta y ochenta se transformó en un fuerte déficit en 1994, equivalente al 4.9% del PIB (gráfico 8.2). El déficit privado fue financiado tanto con mayores niveles de inversión extranjera directa como con endeudamiento externo.

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