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Hacia 1870, Colombia entró en la
fiebre de los ferrocarriles y perdió casi todo su
interés por las carreteras, por un lapso un poco
mayor de treinta años. A partir de entonces, la acción
del Estado se orientó a construir una red ferroviaria
que, como la de carreteras ideada en la década del
cincuenta, uniera rápidamente las zonas de mayor
actividad económica con los puertos marítimos.
Para poder brindar apoyo estatal a proyectos cuyos costos
superaban la capacidad de gestión y financiación
de los Estados, se definieron los trazos más o menos
inconexos de los ferrocarriles propuestos como parte de
hipotéticas líneas interoceánicas.
Además del ferrocarril de Panamá, terminado
en 1856 por una compañía de capital norteamericano,
se iniciaron las siguientes líneas:
1.Barranquilla-Sabanilla: concluida en 1870, con una distancia
de 27 kilómetros, permitió a Barranquilla
desplazar a Cartagena y Santa Marta como el principal puerto
del país.
2. Cúcuta-Zulia: iniciada en 1878, se concluyó
10 años después, sobre una distancia de 71
kilómetros.
3. Buenaventura-Cali: iniciada en 1878, había
logrado avanzar en 1885, 27 kilómetros en las inmediaciones
de Buenaventura; en 1897 tenía 35 kilómetros
y sólo logró concluirse en 1914.
4. Medellín-Puerto Berrío: iniciada en
1874, tenía 45 kilómetros en 1885, y para
finales de siglo estaba prácticamente terminada,
con excepción del tramo de La Quiebra.
5. Bogotá-Girardot: iniciada en 1885, tenía
49 kilómetros en 1900; llegó a la Sabana en
1909.
6. Santa Marta-Ciénaga: iniciada en 1882, con
la idea de llegar al Magdalena, se detuvo en Fundación
en 1906.
7. Cartagena-Calamar: iniciada en 1891, se concluyó
en 1894, y condujo a la recuperación de Cartagena
como puerto marítimo.
8. Dorada-Honda: iniciada en 1882, llegó a Honda
en 1883; permitía superar los rápidos de Honda,
que tanta dificultad planteaban a la navegación a
vapor.
9. Bogotá-Facatativá: realizada entre
1882 y 1889; en el siglo XX se extendería hasta Puerto
Salgar.
10. El ferrocarril del Norte: esta línea que debía
unir a Bogotá con Boyacá y Santander y llegar
al Magdalena, fue uno de los proyectos favoritos del liberalismo
radical en la década de 1870, y la concentración
de los recursos del gobierno central en una obra que parecía
localista provocó la resistencia de otras zonas del
país. Apenas pudo comenzarse en 1891 y llegó
a Zipaquirá en 1898.
Otras líneas en las que se puso mucha esperanza,
como la que uniría a Bucaramanga con Puerto Wilches,
debieron aplazarse hasta el siglo XX, a pesar de varios
comienzos infructuosos; algo similar ocurrió con
el proyecto de unir a Ibagué con Girardot.
La apertura de estas vías se hizo en gran parte con
capital nacional pero también tuvieron una presencia
significativa las compañías inglesas o norteamericanas
que se conformaron para abrir algunas líneas. Por
ello, para finales de siglo, los ferrocarriles constituían,
con la minería de oro y plata, el núcleo de
la inversión extranjera en el país. El impacto
económico de estas obras fue relativamente lento.
Hay que pensar que para 1880 solamente existían unos
100 kilómetros en operación que se convirtieron
en unos 550 para 1898. Sin embargo, ya era significativo
el tráfico de algunos ferrocarriles, como el de Girardot
y el de Puerto Berrío, y la apertura de algunos de
ellos había permitido la colonización de ciertas
áreas antes improductivas
LA EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA
Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA AGRICULTURA
1. Los procesos de colonización Uno de los procesos
centrales de la historia económica del siglo XIX
fue la expansión de la frontera agrícola.
Una parte importante del aumento de la población
se esparció hacia las vertientes y valles interandinos,
con lo cual se modificó sustancialmente la distribución
de los habitantes en el territorio nacional y se abrieron
zonas agrícolas en áreas hasta entonces incultas.
El proceso fue impulsado por la saturación demográfica
de algunas regiones, por el agotamiento de las tierras y
por la existencia de formas de concentración de la
propiedad rural que hacían difícil la adquisición
de una parcela en las áreas ya pobladas.
El proceso de colonización había venido adquiriendo
un dinamismo cada vez mayor desde finales del siglo XVIII,
y para mediados del siglo XIX había avanzado ya bastante
la ocupación de nuevas zonas del sur de Antioquia,
hasta Manizales, y de Santander. Una comparación
de los censos de 1843 y 1870 muestra que los principales
focos de atracción para los colonos estuvieron entonces
en el norte de Antioquia (Remedios, Yarumal), donde revivió
una actividad minera que se había abandonado, en
el sur de Antioquia (Andes, Concordia, Jericó, Bolívar,
Támesis, Valparaíso), el actual departamento
de Caldas (Manizales, Aranzazu), la región tabacalera
de Bolívar (Carmen), las llanuras del Sinú
(Sincelejo, San Onofre, Lorica, Cereté), las áreas
tabacaleras de Palmira y Ambalema y las zonas de Lebrija,
Cúcuta y Salazar. Entre 1870 y finales de siglo continuó
la expansión de las tierras templadas de la Cordillera
Central (Jardín, Pensilvania, Filadelfia) y Occidental
(Urrao, Cañasgordas). Fuera de ello, la colonización
antioqueña ocupó las vertientes de la Cordillera
Central hacia el Magdalena (Fresno, Líbano) y las
del río Cauca en el norte del Valle y el actual departamento
del Quindío (Armenia, Sevilla, Caicedonia). El ritmo
de colonización alrededor de Cúcuta se mantuvo,
así como en las planicies del San Jorge y el Sinú.
En Cundinamarca, desde mediados de siglo hasta finales avanzó
la ocupación de los valles del río Bogotá
y se inició la ocupación del valle del Rionegro
y de las tierras del Meta y San Martín.
El poblamiento se llevó a cabo en medio de contradictorias
políticas oficiales y estuvo afectado por una gran
variedad de estructuras geográficas, sociales y culturales
locales, por las condiciones de las tierras ocupadas, la
cercanía a centros comerciales y la posibilidad de
desarrollar cosechas comerciales. Tales factores condujeron
a que las formas de la colonización fueran muy diferentes
en las diversas regiones, y a que los resultados variaran
entre zona y zona. Esos mismos factores operaron dentro
del contexto de un conflicto entre quienes impulsaban una
colonización familiar y quienes buscaban la apertura
de grandes haciendas. Por una parte, decenas de miles de
colonos en busca de mejores oportunidades de vida trataron
de establecer una economía de pequeños productores
independientes. Mientras tanto, grupos de empresarios urbanos
o rurales se hicieron a amplias concesiones territoriales,
con la esperanza de convertirlas en haciendas ganaderas
o productoras de bienes de exportación.
Las tierras ocupadas por los colonos fueron esencialmente
de baldíos: tierras que no habían salido del
dominio del Estado durante la época colonial o los
comienzos de la República. Sin embargo, en algunas
zonas tropezaron con títulos de propiedad de origen
colonial, que habían dado lugar a “concesiones” más
o menos extensas que no habían sido ocupadas, o se
enfrentaron con títulos que fueron asignados después
de que la tierra ya había sido ocupada por los primeros
pobladores. Estos hechos condujeron a frecuentes conflictos
que se expresaron en solicitudes al gobierno, pleitos y
actos diversos de violencia. Mientras los propietarios destruían
las construcciones y cosechas de los colonos, éstos
se enfrentaban a aquéllos, incluso apelando al asesinato.
En algunas regiones, y en particular en las zonas de colonización
antioqueña, los colonos desarrollaron una habilidad
creciente para utilizar los recursos legales y, apoyados
por funcionarios y comerciantes locales, por tinterillos
o por propietarios envueltos en disputas con terceros, lograron
con frecuencia resultados favorables a sus pretensiones
sobre la propiedad. En otras, no encontraron apoyo y ante
los altos costos para formalizar las escrituras (era necesario
pagar un agrimensor para poder pretender la titulación,
pero el costo se hallaba fuera del alcance de la mayoría
de los colonos e incluso valía más que las
pocas hectáreas abiertas), la ausencia de linderos
claros y la deficiente legislación sobre títulos,
los propietarios pudieron justificar con éxito sus
alegatos de propiedad sobre tierras ya ocupadas. En tales
ocasiones, muchos de los pobladores acabaron aceptando permanecer
en la tierra en calidad de arrendatarios, ante la alternativa
de perder ocho o diez años de esfuerzo y comenzar
de nuevo en otra tierra igualmente incierta.
En la primera mitad del siglo XIX la colonización
antioqueña de la región situada entre Sonsón
y Manizales tuvo algunas características peculiares
pero también algunos elementos en común con
las actividades acometidas en otras regiones del país.
En este caso, la ocupación de la frontera fue en
gran parte el resultado de esfuerzos de grupo, que condujeron
a la formación de pueblos organizados con una amplia
participación de los primeros pobladores. Los pueblos
se levantaron en tierras baldías o en zonas donde
existían pretensiones de propiedad privada, como
en el caso de la Concesión Aranzazu. El conflicto
entre los titulares de la concesión y los colonos
condujo a una transacción legal después del
asesinato del principal representante de aquélla,
en 1853. En dicha transacción, como en muchas otras
del mismo tipo, los colonos recibieron títulos de
propiedad sobre unidades medianas (50-100 hectáreas),
el Estado se reservó el 25% de las tierras y las
nuevas poblaciones recibieron títulos por 10.000
a 12.000 hectáreas cada una. Mientras tanto, se reconocían
los derechos de los concesionarios sobre las áreas
vecinas, mucho más extensas.
En otras regiones, como en el suroeste antioqueño,
la colonización se vio impulsada por el interés
de los grupos dirigentes de los centros comerciales de la
región, que consideraron viable invertir y especular
con este proceso. Algunos comerciantes acumularon bonos
territoriales y papeles de deuda con base en los cuales
recibieron concesiones amplísimas de baldíos,
como la de Nueva Caramanta, obtenida por Gabriel Echeverri.
Para los inversionistas resultaba atractivo promover la
ocupación de parte de las tierras recibidas, para
valorizar las restantes. De este modo, otorgaron facilidades
para la conformación de los núcleos iniciales
de pobladores, donando usualmente las tierras para la cabecera
y vendiendo a bajo precio pequeños lotes agrícolas.
En uno y otro caso se generó un sistema de colonización
en el cual se establecían núcleos de pequeños
y medianos propietarios y, entre ellos propiedades mucho
más extensas, que inicialmente permanecían
sin utilización económica. El crecimiento
demográfico y la llegada de nuevos colonos modificaba
esta situación. Mientras los primeros colonizadores
trabajaban sus propiedades con mano de obra familiar y a
veces con algunos agregados, los que llegaban posteriormente
encontraban agotadas las posibilidades de distribución
de tierras o debían aceptar lotes menores y menos
productivos. De este modo, se iba conformando una población
pobre sin tierras o con lotes muy pequeños, la cual
eventualmente podía obtener títulos en las
tierras de los grandes propietarios, cuando se ponían
en venta, o vincularse a las actividades de éstos
como agregados o arrendatarios. En consecuencia, el propietario
comenzaba a subordinar mano de obra que le permitía
iniciar la explotación de sus propiedades. Así
se formaron, entre otras, las grandes haciendas ganaderas
en las vegas del Cauca en las últimas décadas
del siglo.
En ciertas regiones del país el vínculo creciente
con la economía mundial a partir de 1850 y la expansión
del mercado interno de algunos bienes agropecuarios reforzaron
las razones para la ocupación de nuevas tierras.
Las áreas de producción de tabaco habían
sido zonas de cosecheros pobres, que raras veces recibían
títulos territoriales. El auge tabacalero de 1850
a 1875 se tradujo en la titulación de las tierras
por parte de grandes inversionistas, que establecieron extensas
propiedades cultivadas por arrendatarios en la región
de Ambalema y en menor escala en Palmira y Carmen de Bolívar.
En otras regiones, como la Costa Atlántica, el crecimiento
de los mercados para productos agrícolas, en particular
de carne, estimulado por la apertura de un camino a Antioquia,
creó incentivos para la colonización de las
áreas del San Jorge y el Sinú. Procesos similares
tuvieron lugar en las partes templadas de Santander del
Norte, donde se abrieron tierras que se dedicarían
al cacao y al café, y en las laderas de Cundinamarca,
donde se crearon propiedades ganaderas dedicadas parcialmente
a la caña de azúcar y al café. En Santander,
Antioquia, Tolima y otras zonas también se concedieron
grandes extensiones para explotar la quina y otros recursos
naturales. De esta manera, fuera de Antioquia, el proceso
de colonización estuvo en buena parte conformado
por trabajadores contratados por los propietarios o por
campesinos que se vincularon como arrendatarios a las nuevas
haciendas. No obstante, en regiones como Santander la colonización
individual también condujo a la formación
de economías campesinas, pero este proceso ha sido
poco estudiado hasta el momento.
2. La política de tierras Para mediados del siglo,
la tierra de propiedad privada representaba una proporción
muy pequeña del territorio nacional, aun contando
dentro de ella las concesiones que permanecían vacantes.
La propiedad privada se originaba ante todo en las “mercedes
de tierras” hechas por las autoridades españolas,
y en las “composiciones”, que eran pagos hechos por los
usurpadores de tierras públicas para legitimar su
propiedad. A tales títulos podrían añadirse
los de los resguardos indígenas, considerados como
propiedad comunal. Quedaba en manos del Estado una inmensa
reserva de tierras públicas, que podía abarcar
más del 80% de la extensión territorial del
país. Entre la década de 1820 y finales de
siglo, los dirigentes colombianos vieron en estos baldíos
una inmensa riqueza que podía servir para estimular
el desarrollo económico del país; podían
ofrecerse como señuelo a grupos de colonos europeos,
brindarse como incentivo para la construcción de
vías de comunicación y otras obras de progreso,
entregrase a los campesinos que carecieran de tierra, o
venderse para obtener recursos para el fisco.
Durante el período de 1820 a 1870 se puso el acento
en la utilización fiscal de los baldíos, y
pronto se regularizó un sistema por el cual se emitían
bonos territoriales que podían redimirse por baldíos:
los bonos se entregaban a los acreedores del Estado, y podían
también obtenerse a cambio de otros documentos de
deuda pública. Por tanto, durante esos años
la mayor cantidad de tierras fue adquirida por especuladores
que habían acumulado títulos de baldíos
originados en documentos de deuda pública o en retribuciones
a los soldados de la Independencia, y que se negociaban
con elevadísimos descuentos. Al lado de estas concesiones,
y de las obtenidas como incentivo para la realización
de caminos, puentes y otras obras similares, se encontraban
durante aquella época las dotaciones colectivas en
la zona de colonización antioqueña: unas 20
municipalidades recibieron entonces entre 8.000 y 12.000
hectáreas cada una.
A partir de 1870 el contexto económico de la apropiación
de baldíos se modificó: disminuyeron las concesiones
a los colonos antioqueños y se reforzó el
interés de los grandes empresarios por hacerse a
extensas áreas para su explotación directa.
Curiosamente, la nueva fase de la asignación de baldíos,
que condujo a la consolidación de grandes propiedades,
se llevó a cabo a pesar de la aprobación de
un conjunto de leyes que pretendían atender mejor
a las necesidades del pequeño cultivador y evitar
la concentración de las tierras en unos pocos especuladores.
En efecto, desde 1863 se había dado reconocimiento
legal a los “colonos”, al indicar que no se podían
vender baldíos ni hacer adjudicaciones por bonos
en áreas ya ocupadas por colonos, los cuales tendrían
prioridad para la asignación de un lote hasta de
6.4 hectáreas. En 1870 la Ley 14 reguló las
asignaciones colectivas a poblaciones, de las cuales se
harían muy pocas más en el resto de siglo,
señalando para ellas un tope de 12.000 hectáreas
y determinando que cada colono recibiría un lote
de 32 hectáreas.
La Ley 48 de 1882, impulsada por Aníbal Galindo,
trató de proteger aún más a los colonos,
al determinar que sólo podrían ser expulsados
del área que ocupaban si se demostraba un título
previo legítimo y que, incluso en ese caso, si el
colono había entrado en la tierra de buena fe, era
preciso pagar las mejoras. Esta ley determinó además
que la propiedad de los baldíos se adquiría
ante todo por su explotación económica y fijó
un tope de 5.000 hectáreas para las concesiones individuales.
Hasta entonces, mientras que el cultivador pobre tenía
un límite de 6.4 hectáreas y una colonización
colectiva un máximo de 12.000, un empresario podía
obtener una concesión ilimitada. Por último,
la ley estipuló que las tierras baldías asignadas
que no se cultivaran durante diez años revertirían
a la nación, medida nunca puesta en práctica,
aunque fue reiterada, con igual inocuidad, en 1936 y 1945.
Sin embargo, independientemente la intención de los
legisladores, la asignación de baldíos fue
durante el siglo pasado, y en forma creciente a finales
de éste, un medio para el traspaso casi gratuito
de la propiedad pública a un número reducido
de empresarios y para la consolidación de la gran
propiedad, con excepción del área de colonización
antioqueña, donde la situación fue algo menos
unilateral. En efecto, según Catherine Legrand4,
entre 1827 y 1936 se concedieron tierras baldías
por 3.2 millones de hectáreas. Tan sólo unas
400.000 fueron entregadas antes de 1869, de las cuales dos
concesionarios recibieron en total más de 150.000.
El período estuvo marcado por concesiones en Antioquia
y Caldas (muchas de ellas a poblaciones), en las vertientes
orientales de Cundinamarca y en el Tolima. Durante el resto
del siglo (1872-1899) se entregaron 1.500.000 hectáreas,
aproximadamente, buena parte de las cuales fueron otorgadas
a empresarios de la quina y a especuladores ferroviarios.
Se hicieron además concesiones en los Llanos, Bolívar,
Magdalena y Tolima, pero en esta época casi todas
las áreas de vertientes fueron escenario de procesos
de colonización o especulación con baldíos.
De acuerdo con la misma autora, de los casi dos millones
de hectáreas entregadas en el siglo XIX, una cuarta
parte pudo haber ido a poblamientos en la zona antioqueña.
Estas 250.000 hectáreas habrían generado,
si se hubieran distribuido según las normas legales
(32 hectáreas por cultivador), unos 7.700 pequeños
propietarios. El resto de los títulos fueron a configurar
grandes propiedades: el estimativo global de Legrand es
que el 73% de la tierra quedó en manos de beneficiarios
de concesiones de más de 1.000 hectáreas.
Los títulos de menos de 100 hectáreas representaron
apenas el 11% de las tierras concedidas, y las repartidas
en parcelas de 100 y 1.000 hectáreas el 16% del total.
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