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INDICE
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El proceso de expansión de exportaciones
de origen agrícola y ganadero iniciado a fines de
la Colonia quiso reconstruirse después de la guerra.
Los resultados de tales esfuerzos no fueron muy favorables.
El principal “fruto” exportado en los primeros años
del siglo, el algodón, no pudo sostenerse ante la
baja dramática de los precios internacionales generada
por la expansión del cultivo en Estados Unidos. Aunque
todavía sobrevivía en la década del
treinta, desapareció poco después de los registros
de exportación. La quina, que también tuvo
un corto período de auge a fines de la Colonia, se
había eclipsado casi totalmente a comienzos de la
República. En cambio, la exportación de cueros
y palos de tinte siguió incrementándose. Al
lado de estos bienes surgieron, además, nuevos productos.
Entre ellos se destaca el tabaco, que comenzó a exportarse
desde la década del treinta como resultado del interés
conjunto del gobierno y los comerciantes (véase la
sección siguiente).
En cualquier caso, antes de mediados de siglo, la apertura
al comercio exterior fue muy limitada. Aunque la exportación
de frutos creció un poco en relación con los
niveles más altos de la Colonia (de $785.000 anuales
en 1802-1804 a $849.000 en 1835-39 y $894.000 en 1841-45),
la expansión no alcanzó a compensar la caída
en la producción y exportación de oro. De
esta manera, en la primera mitad del siglo XIX se vivió
un estancamiento e incluso un retroceso del comercio de
exportación. Como la población aumentó
en un 80% aproximadamente, lo anterior indica que, a mediados
del siglo, las exportaciones por habitante habían
disminuido en más de un 40% en relación con
los niveles de fines de la Colonia. El valor de las importaciones
se mantuvo también relativamente inalterado. Sin
embargo, gracias a la caída dramática de los
precios de los textiles en el comercio internacional, las
compras reales de estos bienes, que representaban entonces
tres cuartas partes de las importaciones colombianas, se
elevaron a un ritmo relativamente aceptable (un 3% anual),
aun antes de la bonanza exportadora de mediados del siglo.
LAS FINANZAS PÚBLICAS Uno de los aspectos más
controvertidos durante la constitución y desarrollo
del Estado republicano fue el relativo a las rentas. El
desorden introducido por la guerra y las medidas adoptadas
en los primeros años de la República habían
creado traumas en la estructura tributaria. La supresión
de algunos impuestos y la desorganización de la administración
fiscal abrió un boquete considerable en los recursos
del Estado, al tiempo que aumentaban considerablemente las
necesidades de gasto.
Las nuevas demandas creadas por la Independencia tenían
tres orígenes diferentes. El primero de ellos era
la aparición de un ejército nacional, que
no solamente debía garantizar el triunfo republicano
sino que tuvo que hacer frente a la resistencia irregular
que sobrevivió después de 1820. La Nueva Granada
tuvo también que financiar los ejércitos que
se enviaron al sur de América para luchar por la
independencia del Ecuador y el Perú. A esto se unieron
los levantamientos, las guerras civiles y las amenazas de
reconquista. Se estima que, en 1825-26, cerca de las tres
cuartas partes de los egresos del Estado se destinaron a
atender gastos militares y, aún en 1826-27, los gastos
del ejército y la marina alcanzaron el 62%. Aunque
posteriormente dichas erogaciones se redujeron, su proporción
volvió a hacerse importante en los años que
precedieron a la guerra de los Supremos (1829-42), cuando
la hacienda nacional tuvo que disponer de un 44% del presupuesto
para guerra y marina. La segunda demanda provenía
de la nueva burocracia estatal. A los gastos de los empleados
civiles se unían los de la burocracia internacional,
que comenzó a recorrer el mundo estableciendo embajadas,
consulados y legaciones diplomáticas. Por último,
la guerra de independencia y las necesidades generales durante
los primeros años de la vida republicana dejaron
como legado una deuda externa e interna considerable. En
1839, al ser dividida la deuda de la Gran Colombia, correspondió
a nuestro país un 50% del total, que sumaba $31.8
millones con el exterior y $19.9 millones internamente.
Ello equivalía a más de veinte veces los ingresos
públicos de aquellos años. La imposibilidad
de pagar semejante deuda se convirtió desde entonces
en una amenaza constante, ya que los intereses no pagados
se convertían en nuevo capital, en un permanente
círculo vicioso.
Es importante anotar que, pese a que la contabilidad mostró
un superávit en algunos años, éste
no era más que un espejismo, que ocultaba la postergación
de los pagos de la deuda pública y los gastos irrisorios
en nuevos proyectos de desarrollo económico. Teniendo
en cuenta la población del país, los gastos
públicos por habitante, una vez deducidos los costos
de recaudación de las rentas, oscilaban en los años
treinta en torno a $1 y tendieron a disminuir en la siguiente
década. Esta es una señal inequívoca
de la absoluta indigencia en que se debatía la sociedad
republicana en sus primeros años.
Durante los años de la primera república,
varias juntas de gobierno habían procedido a eliminar
algunas de las rentas más odiadas, entre ellas el
tributo de indios, el impuesto a los mazamorreros y el monopolio
de aguardiente. Dichas medidas, unidas a la desorganización
general de la administración fiscal, generaron faltantes
cuantiosos, que se cubrieron apelando a los saldos de las
cajas reales, a la expropiación de los bienes de
los realistas, al uso del papel moneda, en Cartagena, y
a las emisiones de moneda de baja ley.
Después de la reorganización del sistema rentístico
que emprendieron las autoridades españolas durante
la Reconquista, los primeros gobiernos y congresos republicanos
adoptaron una actitud más cautelosa. En 1821, el
Congreso de Cúcuta abolió algunas rentas menores
que eran consideradas particularmente opresivas, entre ellas
nuevamente el tributo de indios y el impuesto a los mazamorreros,
la alcabala para ventas internas (aunque se mantuvo, con
una tasa reducida, para las operaciones de propiedad raíz),
el impuesto sobre las ventas de víveres o sisa y
la venta de cargos públicos15. Sin embargo, por razones
estrictamente rentísticas, se mantuvieron los monopolios
estatales sobre el tabaco y la sal, pese a la oposición
que existía contra el primero, y se sustituyó
el del aguardiente por un gravamen diferente. Además,
los diezmos y el quinto también se preservaron, pese
a que eran considerados como verdaderos frenos al desarrollo
de la agricultura y la minería nacional.
Aunque la renta del tabaco fue reorganizada con bastante
éxito en la década del treinta, el interés
del gobierno y de los comerciantes en desarrollar nuevas
fuentes de exportación y las propias necesidades
fiscales del Estado, impulsaron diversos mecanismos mediante
los cuales los intereses privados penetraron en el negocio
e hicieron finalmente inatajable su privatización.
El primero de ellos fue una forma de conciliar los intereses
de los comerciantes y del monopolio. Después de un
primer ensayo de exportación por cuenta del gobierno,
este último decidió realizar subastas periódicas
de tabaco entre algunas firmas interesadas en venderlo en
el mercado internacional. Además el gobierno contrató
algunos empréstitos cuya garantía se estipuló
en tabaco; algunos de ellos estaban todavía vigentes
al momento de la abolición del monopolio. Debido
a la falta de recursos, el gobierno se vio también
obligado en diversas ocasiones, en particular durante la
guerra de los Supremos, a utilizar los fondos de caja del
estanco para pagar sus gastos ordinarios. De esta manera,
a la hora de hacer los pagos a los cosecheros, el estanco
se encontraba sin fondos. Este hecho obligó al gobierno
a contratar las siembras con aquellos hacendados que tuvieran
acceso al crédito, permitiendo que éstos se
iniciaran en el cultivo, que hasta entonces se reservaba
a los pequeños propietarios.
A mediados de la década del cuarenta era creciente
el interés de los comerciantes y de algunos hacendados
en el negocio del tabaco. Por tal motivo, cuando la administración
de Tomás Cipriano de Mosquera decidió entregar
al sector privado las factorías de Ambalema, Palmira
y Girón y crear algunas destinadas exclusivamente
a la exportación, no tuvo dificultad para arrendar
ninguna de ellas. La producción y exportación
de tabaco se incrementó rápidamente bajo el
nuevo sistema. Por eso, la presión para abolir el
monopolio se hizo frontal. En 1848 el Congreso —en contra
de la opinión del Ejecutivo— decretó la libertad
del cultivo, estableciendo al mismo tiempo un impuesto de
exportación. Al año siguiente se redujo este
gravamen pero se creó un impuesto a las siembras
de la hoja. La oposición a los nuevos tributos fue
rápida y efectiva y en mayo de 1850 la producción
y comercio del tabaco quedaron completamente libres de todo
gravamen.
En el caso del aguardiente, las medidas de libertad fueron
más tempranas. A ello contribuyó, sin duda,
la mayor dispersión de su producción en todo
el territorio nacional y la decisión de varias juntas
revolucionarias de eliminarlo durante la primera república.
La Reconquista consideró, además, que era
peligroso en este caso revivir el monopolio y optó
por imponer un gravamen de $2 por cántara de aguardiente
producido. El Congreso de Cúcuta decretó igualmente
la libertad de producción de aguardiente, pero creó
un gravamen sobre la destilación y sobre la patente
de venta al detal de dicho licor. Aunque en 1828 fue restablecido
el monopolio, nuevamente se le sustituyó en 1834
por un sistema de patentes.
El ensayo más interesante en el terreno fiscal en
los primeros años de la república fue el establecimiento
de un impuesto a la renta. Este nuevo gravamen, creado en
1821 en el Congreso de Cúcuta, tenía dos modalidades.
En el caso de los salarios, se trataba de un gravamen levemente
progresivo: nulo para rentas inferiores a $150 anuales,
del 2% para ingresos de entre $150 y $1.000, y de 3% para
rentas superiores. Para los ingresos de capital, el gravamen
era de un 10%, sobre una base que era en la práctica
una renta presuntiva, pues equivalía al 5% de los
capitales invertidos en la agricultura, la minería
y la manufactura (incluidos los terrenos), y al 6% de los
invertidos en el comercio. El gravamen funcionó en
forma muy deficiente en ausencia de un catastro que sirviera
para determinar, siquiera imperfectamente, el valor de las
propiedades. Su producido resultó ser apenas una
ínfima porción de lo estimado inicialmente.
Fue suspendido temporalmente en 1823 y, después de
una tentativa de mejorarlo, quedó abolido definitivamente
en 1826. Sólo revivió como renta provincial
a mediados del siglo, según veremos en el capítulo
siguiente de este libro. Bibliografía de referencia
La literatura histórica para los años
de 1810 y 1850 es masiva pero orientada a resaltar acontecimientos
políticos y vidas de héroes. Los aportes en
los campos de la economía y de la sociedad han sido
menos sistemáticos, pero se han convertido en una
preocupación incipiente de los investigadores llegados
a la vida universitaria. Entre las colecciones de documentos
para la época merecen consultarse, en particular,
Sergio Elías Ortiz et al., Papeletas bibliográficas
para el estudio de la historia de Colombia; separata del
Boletín Cultural Bibliográfico, 1961, y Javier
Ocampo López, Historiografía y bibliografía
de la emancipación del Nuevo Reino de Granada, Tunja,
1969. El mejor estudio sobre la independencia sigue siendo
el de José Manuel Restrepo, Historia de la revolución
de Colombia, Bogotá 1942-1950, que debe ser complementado
con David Bushnell, El régimen de Santander en la
Gran Colombia, Bogotá, 1966; José Escorcia,
Desarrollo político, social y económico 1800-1854,
Bogotá, 1983; Zamira Díaz de Zuluaga, Guerra
y economía en las haciendas, Popayán 1780-1830,
Bogotá, 1983; Hermes Tovar P., “Guerras de opinión
y represión en Colombia durante la independencia,
1810-1820”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de
la Cultura, No. 11, 1983; y Germán Colmenares et
al., La independencia, ensayos de historia, Bogotá,
1986. |