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INDICE
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El régimen de conciertos o concertaje
suponía un control por parte del Estado, siquiera
mínimo, de la distribución de la mano de obra.
A la larga, el control no podía ejercerse de una
manera efectiva por la escasez de funcionarios o porque
éstos, los corregidores de partido, tenían
nexos más inmediatos con una casta de terratenientes
locales que con un aparato burocrático impersonal.
Los indios, presionados por el atraso en el pago de sus
tributos, fueron refugiándose poco a poco en las
haciendas, en las cuales podían esperar la protección
de un terrateniente poderoso. De esta manera el concertaje
se vio suplantado por la fijación de los indios a
la tierra.
El rasgo de fijación de los indios a la tierra es
el que ha servido para tipificar el régimen de la
hacienda como feudal. En algunas regiones de Hispanoamérica
revistió la forma de peonaje. El peonaje se originaba
en las deudas contraídas por los trabajadores de
la hacienda, quienes recibían adelantos, generalmente
en especie, que debían pagar con su trabajo. En México
el sistema estaba reforzado con la llamada tienda de raya,
la cual suministraba a los trabajadores los productos de
consumo más indispensables. Casi siempre la cuantía
de los adelantos equivalía a los salarios de un período
más bien largo y por esta razón se ha visto
en ese endeudamiento una forma de coerción y de abuso.
En otras regiones el arreglo para asegurar la mano de obra
consistía en dar acceso a los trabajadores al usufructo
de una parcela a cambio de una cantidad variable de días
de trabajo en el núcleo principal de la hacienda,
que se compara con la demesne o reserva señorial
de la época feudal europea.
Estos sistemas de organización del trabajo dieron
lugar a un tipo de relación muy peculiar entre terratenientes
y peones o aparceros. Pero en uno u otro caso el campesino
indígena no quedaba privado por entero de movilidad.
Aun en el sistema de peonaje por deudas, que prevalecía
en la Audiencia de Quito y en la vecina región de
Pasto, la capacidad de un hacendado para retener o acrecentar
el número de indios asentados en su propiedad significaba
el éxito de su empresa. Si ésta no satisfacía
la demanda de adelantos, lo más probable era que
los indios desertaran de la hacienda, endeudados o no. Los
adelantos aparecen así bajo una nueva luz, no tanto
como instrumentos de coerción sino como la manera
de competir por una mano de obra renuente y escasa.
En la Nueva Granada no existió un sistema uniforme
para asegurar la mano de obra. En algunas regiones el proceso
acelerado de mestización creó una mano de
obra libre, es decir, no sujeta a las cargas del tributo,
a la que sólo podía subordinarse mediante
la aparcería o el terraje. En los altiplanos del
centro del país, dedicados a cultivos de pan coger,
se impuso un sistema de agregados, denominación que
cubre varias formas de colonato.
En otras regiones la forma original de sujeción del
trabajo, la encomienda, había sido muy limitada,
a veces inexistente. Allí predominó lo que
un historiador ha llamado “latifundio de frontera”. El dominio
sobre la tierra se establecía en función de
la propiedad del ganado, generalmente cimarrón, que
se “herraba” o marcaba ocasionalmente. Estas propiedades
se valieron del trabajo libre de los mestizos y a veces
de unos pocos esclavos. La hacienda propiamente esclavista
se impuso como un derivado del tráfico de esclavos
en la región de Cartagena o de las explotaciones
mineras en el interior del país.
En la altiplanicie cundiboyacense, la más densamente
poblada y, al parecer, la más apegada al régimen
colonial, la movilidad campesina aumentó todavía
más con la disolución de los resguardos, a
finales del siglo XVIII. En algunos casos el destino final
de los resguardos consistió en acrecentar los latifundios.
Pese a esto, es innegable que en torno a los antiguos pueblos
de indios surgieron comunidades campesinas mestizas que
todavía en nuestros días se identifican como
zonas de minifundio. Buena parte de los mestizos se estaban
integrando también como “agregados” en los fundos
de las laderas.
El sistema de la hacienda coexistió siempre con comunidades
campesinas y se alimentó de ellas. Entre uno y otro
tipo de explotación ha existido una simbiosis que
se explica por un intercambio de factores. La racionalidad
del sistema puede verse en la propensión de los terratenientes
a minimizar los gastos monetarios de su explotación,
en condiciones de aislamiento y escasez de capital.
Recientemente se han introducido esquemas explicativos que
se derivan de la sabiduría convencional de la teoría
neoclásica. Según tales esquemas, tanto los
terratenientes como los campesinos procedían de acuerdo
con un cálculo racional, por cuanto unos y otros
intercambiaban factores que, desde la perspectiva de cada
uno, poseían un valor marginal menor que para el
otro (costo de oportunidad). Así, el propietario
disponía de tierras que prefería distribuir
a cambio de trabajo en lugar de vender, y el campesino disponía
de una fuerza de trabajo que podía cambiar por el
usufructo de tierras a las que no hubiera tenido acceso
de otro modo.
Históricamente el sistema de la hacienda ha probado
ser un arreglo social que no se mantuvo exclusivamente por
una capacidad excepcional de coacción por parte de
los propietarios. Se trataba, como en el caso de las comunidades
campesinas, de un sistema global de relaciones en el que
jugaban estrategias tanto por parte del propietario como
por parte de peones y arrendatarios, sin que pueda decirse
que éstos carecieran de movilidad o de la capacidad
para negociar ciertos arreglos.
En el caso de la Nueva Granada, retener mano de obra en
las haciendas tradicionales debió de ser cada vez
más difícil, por lo menos desde la segunda
mitad del siglo XVIII. Entonces se inició una tendencia,
que iba a ser masiva en el curso de la centuria siguiente,
a desplazarse hacia las laderas y las regiones bajas. Por
ejemplo, en el valle del Cauca, en donde predominaba una
hacienda esclavista, una creciente población de blancos
pobres, mestizos y mulatos fue capaz de constituir, frente
a unidades tradicionales de explotación, comunidades
campesinas y núcleos urbanos. La formación
del campesinado en el valle del Magdalena y en la Costa
es también un fenómeno relativamente reciente.
Estas formaciones, mal estudiadas hasta ahora, señalan
el verdadero fin de la colonia en la ocupación y
en la roturación efectiva de tierras.
El problema agrario en Colombia no se deriva así
de una supuesta “herencia colonial”, sino de la apertura
de nuevas fronteras agrarias en el curso del siglo XIX.
El examen del proceso muestra, por comparación, el
agotamiento del sistema tradicional de las haciendas, incapaces
de retener una mano de obra. Por esto no debe confundirse
“latifundio improductivo” con “latifundio colonial”. El
latifundio colonial podía constituir una unidad productiva,
la hacienda, dentro de las limitaciones impuestas por una
tecnología rudimentaria, la escasez de mano de obra
y la ausencia de capital. El latifundio improductivo posterior
surgió de concesiones de baldíos que se sustrajeron
a la capacidad creativa de masas humanas desplazadas de
las haciendas tradicionales. EL COMERCIO El rasgo
más característico de la economía colonial
consistió en su confinamiento en pequeños
núcleos urbanos, cuya supervivencia dependía
menos del tráfico comercial que de su capacidad de
autoabastecimiento en ciertos recursos esenciales. Esporádicamente
uno de tales núcleos podía romper el aislamiento
y concentrar temporalmente un cierto grado de riqueza, como
cuando se accedía a un rico yacimiento minero. El
comercio interno estuvo así subordinado a las fluctuaciones
y a los ritmos impuestos por la minería.
En el conjunto colonial hispanoamericano la minería
neogranadina del oro significó también su
aislamiento relativo. En una red de intercambios coloniales
que gravitaba sobre los ejes de grandes centros mineros
como Potosí, la presencia de la Nueva Granada fue
marginal. Potosí pudo en efecto subordinar las actividades
de un amplio espacio económico e imponer ciertas
formas de especialización productiva regional. De
esta manera surgieron los obrajes de Quito, el comercio
de mulas en el noroeste del Río de la Plata o la
comercialización de los cereales del valle Central
de Chile.
En contraste, el espacio económico de la Nueva Granada
aparece desarticulado y sometido a los azares de una frontera
minera cambiante. El auge y la decadencia de algunas ciudades
estuvieron asociados directamente con la aparición
súbita y la desaparición no menos rápida
de reales de minas. En el siglo XVI, por ejemplo, Pamplona
se benefició con el descubrimiento de los yacimientos
de Vetas, la Montuosa y Río del Oro. Después
de un corto período de prosperidad y de extravagancia
en los consumos que le valieron el nombre de “Pamplonita
la loca”, la ciudad entró en un período de
larga decadencia. Poblados como Vitoria o Guamocó
podían desaparecer sin dejar rastro o convertirse
en sombras. Durante el siglo XVIII ciudades como Popayán,
Medellín y Rionegro hicieron su fortuna con la internación
de mercancías en los reales de minas del Chocó,
Rionegro y Santa Rosa.
El auge minero estuvo asociado con consumos conspicuos entre
una capa ínfima de la población. La satisfacción
de tales consumos dio un prestigio desmesurado al ejercicio
del comercio de las llamadas ropas de Castilla, es decir,
de géneros importados que podían proceder
de muchos centros manufactureros europeos de artículos
de lujo. El comercio más lucrativo fue, con todo,
el de los esclavos negros.
Como se ha visto, en este comercio intervenían rivalidades
de las grandes potencias europeas. El comercio de esclavos,
o trata, trajo consigo también la introducción
ilícita de otras mercancías. La extracción
de oro en polvo favorecía especialmente el contrabando,
tanto de esclavos como de mercancías. Ello condujo
a prohibiciones rigurosas de navegación en los ríos
Atrato y San Juan y al establecimiento de un engorroso sistema
de guías y contraguías que los comerciantes
debían exhibir en Mompox, Honda, Nare y las ciudades
en donde debían expender sus mercancías. El
deseo de preservar la colonia del contrabando y la influencia
extranjera condujo también a la creación del
virreinato de la Nueva Granada en 1719 y de nuevo en 1740.
Los mercaderes de la carrera se ocupaban del comercio al
por mayor, en contacto directo con factores de las casas
sevillanas o gaditanas que operaban en Cartagena, y sus
operaciones individuales podían alcanzar el monto
de una mediana fortuna. Muchas veces se trataba de criollos
o de inmigrantes españoles que podían convertirse
con el tiempo en terratenientes o financiar empresas mineras.
Al lado de tan prestigiosos comerciantes figuraban también
pequeños tratantes o comerciantes al por menor, que
por lo común tomaban mercancías a crédito
y las distribuían, igualmente a crédito, en
centros de consumo como los reales de minas o villas y pueblos
de indios. Por debajo de ambos estratos reconocidos de comerciantes
actuaba una masa heteróclita de intermediarios, principalmente
pulperos y contrabandistas de tabaco y aguardiente.
Durante los siglos XVI y XVII el comercio estuvo limitado
por la circulación restringida de signos monetarios.
Aun si los indígenas fueron obligados en alguna medida
o monetizar ciertas relaciones sociales básicas,
la coerción sobre el trabajo los privaba de un acceso
a la moneda. Semejante situación preservó
las formas tradicionales de los intercambios indígenas.
Este tipo de relación debió de extenderse
incluso a la masa creciente de mestizos que se iban incrustando
en los resguardos indígenas. En el curso del siglo
XVIII, sin embargo, blancos pobres, mestizos y mulatos encontraron
una oportunidad en la comercialización de productos
como el tabaco, la miel y el aguardiente. Después
de 1740 la Corona emprendió la tarea de estancar
estos productos de un amplio consumo. Ello dio origen a
conflictos sociales esporádicos y a la aparición
de contrabandistas como un tipo social. La implantación
definitiva de los estancos iba a producir una conmoción
de proporciones todavía mayores. Pero esto abre un
nuevo tema, que se inicia con la consideración de
las llamadas reformas borbónicas. |