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Las estructuras familiares, con sus complejas
y sutiles reglas de parentesco, cuya naturaleza y funciones
sólo hasta nuestros días han sido exploradas
a cabalidad por la Antropología, se vieron afectadas
casi siempre por las nociones propias de la cultura española
sobre una sucesión patrilineal. A su vez, el régimen
de encomienda limitó reglas de endogamia y de residencia
indispensables para la reproducción de las sociedades
indígenas. En muchas ocasiones, el régimen
de trabajo que se impuso a los indios sacaba de sus comunidades
a hombres y mujeres precisamente en los períodos
de mayor fertilidad. El servicio doméstico y la utilización
de mujeres indígenas como nodrizas tuvieron efectos
demográficos no desdeñables.
Es fácil comprender cómo la conquista alteró
radicalmente las estructuras sociales y políticas
de la sociedad sometida. La necesidad de canalizar excedentes
de las economías indígenas en provecho de
los conquistadores mantuvo por algún tiempo los rangos
de poder intermedio en la sociedad aborigen pero no los
elementos cohesionadores de la cúpula social. Social
y políticamente las comunidades indígenas
se vieron fragmentadas y la supresión de las castas
de guerreros, sacerdotes y funcionarios anuló matices
de diferenciación social.
Finalmente, habría que considerar el efecto producido
por la supresión de todos aquellos elementos ideológicos
que alimentaban el cuerpo social. Creencias religiosas y
el acervo cultural de las instituciones (ritos, ceremonias,
regulación de cosechas a cargo de un cuerpo sacerdotal,
etc.), fueron suprimidos en la creencia de que se trataba
de elementos de barbarie que se oponían a la acción
bienhechora de obstinados evangelizadores. Ello produjo
un verdadero desplome interior que se reflejaba en actitudes
negativas hacia la procreación.
El resultado final de tantas presiones sobre la armadura
social indígena explica la tragedia demográfica.
Algunos investigadores se inclinan a aislar alguno de estos
elementos para atribuirle una mayor importancia causal en
el desplome demográfico de los indígenas americanos.
Las preferencias no parecen justificarse puesto que resulta
imposible jerarquizar la importancia del impacto de cada
uno o saber en qué proporción contribuyó
a la despoblación indígena.
Hemos dejado para el final la consideración de los
factores económicos que podían tener una influencia
en la demografía para hacerlo con un poco más
de detalle.
LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS DE LA CONQUISTA
Los medios universitarios latinoamericanos vivieron enfrascados
durante años en la discusión de cómo
caracterizar el modo de producción de la sociedad
posterior a la conquista. ¿Modo de producción
feudal? ¿Modo de producción capitalista? Y
todavía se agregaba una inquietud respecto al modo
de producción indígena, aunque sobre éste
fuera más fácil concluir que a todas luces
debía tratarse de un modo de producción asiático.
Infortunadamente tan interesante discusión no era
el instrumento más eficaz para impulsar investigaciones
empíricas que permitieran comprender los trastornos
experimentados por economías agrarias al pasar de
un régimen de explotación a otro. Cualquier
verificación documental se tachaba de “empirismo”,
es decir, de conocimiento precario y en cierta manera inútil
frente a las certidumbres absolutas de la “teoría”.
Algunas investigaciones recientes permiten modificar los
términos del debate. Hoy sabemos, por ejemplo, que
las economías agrarias de grupos indígenas
que gozaban de una compleja organización social fueron
suficientes para sustentar por más de una generación
a los pequeños grupos urbanos de la sociedad conquistadora.
Es importante advertir también un rasgo económico
dominante en el fenómeno de la conquista. Esta podría
definirse como una empresa privada antes que como una empresa
del Estado español. Obsérvese, por ejemplo,
cómo a partir de la ocupación de la isla Española,
la expansión de los conquistadores al resto de las
Antillas y luego a Tierra Firme fue relativamente lenta.
Sólo casi una generación después del
Descubrimiento, en 1519, se completó el proceso de
ocupación de algunas Antillas y apenas entre 1514
y 1519 se mantuvo una precaria colonia en Castilla del Oro
que iba a servir de trampolín para la aventura del
Perú. La morosidad obedecía al requerimiento
básico de acumular recursos para la conquista. La
financiación de tales empresas provenía de
las ganancias acumuladas en empresas anteriores. Comerciantes
de las Antillas operaban detrás de las huestes de
los conquistadores como “aviadores” o financistas. Así,
la Corona española no comprometía recursos
de manera directa sino que se contentaba con estipular las
condiciones en que autorizaba la entrada en nuevos territorios.
Estas estipulaciones, conocidas con el nombre de capitulaciones,
eran contratos en los que se fijaban los compromisos de
las huestes a cambio de privilegios económicos y
políticos en los nuevos territorios que se iban incorporando
al dominio eminente de la Corona española.
Los recursos de los territorios conquistados se consideraban
entonces como un premio a los esfuerzos de empresarios privados.
Naturalmente, el premio no era idéntico para todos.
El reparto de privilegios obedecía a la estructura
misma de la hueste que diferenciaba entre oficiales (adelantados,
sargentos mayores, capitanes) y soldados a pie y a caballo
(rodeleros, arcabuceros, lanceros). A estos últimos
cabía siempre una cuota menor en los beneficios.
La preeminencia militar dependía a su vez de la capacidad
de equipar una partida de hombres. La inversión en
arreos militares, que en América alcanzaban precios
astronómicos, debía reportar así una
ganancia proporcional a su importancia.
Estos rasgos marcaron desde el principio la diferenciación
social entre los conquistadores. Existía sin embargo
la posibilidad de que la audacia y el coraje físicos
se vieran señalados como factores determinantes en
el ascenso dentro de los rangos militares de la hueste y
por lo tanto en el monto de la recompensa ulterior. Los
valores ético-sociales predominantes eran de carácter
heroico. Aunque los comerciantes podían asegurarse
una buena tajada de las ganancias debido a que los soldados
les habían empeñado su recompensa antes de
emprender la aventura, sobre los comerciantes no podía
recaer una recompensa honrosa como la de las encomiendas
o los puestos políticos de las ciudades. Lo mismo
ocurría con los notarios o quienes ejercían
funciones meramente meniales sin participar en las batallas.
En el momento de los repartimientos podían actuar
también factores de descontento que servían
de estímulo para iniciar otras conquistas en búsqueda
de una recompensa mayor. Esto explica que proliferaran las
ciudades en un lapso muy breve, y que con ello se ocupara
un enorme territorio. En la Nueva Granada, la fundación
de ciudades fue extendiéndose como las ramificaciones
de un árbol tanto en el occidente (Pasto, Almaguer,
Timaná, La Plata, Popayán, Cali, Anserma,
Cartago, Santa Fe de Antioquia, etc.), como en el oriente
(Santa Fe, Tunja, Vélez, Mariquita, Tocaima, Málaga,
Pamplona, etc.). Una recompensa insuficiente o un territorio
relativamente pobre en indígenas y en otros recursos
relanzaban la hueste conquistadora en la búsqueda
de nuevos dorados.
¿En qué consistían las recompensas?
Fundamentalmente en el acaparamiento de los excedentes de
las economías indígenas. Desde muy temprano
este acaparamiento se institucionalizó mediante el
mecanismo de la encomienda. Al capitular con la Corona el
reparto de los beneficios de la conquista, el jefe de la
hueste adquiría el privilegio de repartir no sólo
el botín inmediato de la conquista (el oro y las
gemas que la leyenda asocia a la codicia de los aventureros),
sino también recursos permanentes, que eran los que
permitían el asentamiento duradero de los españoles.
Por eso el recurso más codiciado era el dominio sobre
los hombres. A cada uno de los que habían contribuido
en la conquista se repartía un número variable
de indígenas. El repartimiento significaba para su
beneficiario el privilegio de recibir un tributo de los
indios pero no incluía el dominio sobre las tierras
u otros recursos. Estos eran repartimientos de otro tipo
que recibían distintas denominaciones y estaban sometidos
a un régimen jurídico diferente. Tal era el
caso de las mercedes de tierras o el de los derechos de
estaca.
La encomienda era una institución compleja que comportaba
simultáneamente aspectos políticos, jurídicos
y económicos. Como instrumento político, la
encomienda sirvió para sustituir el poder de las
jerarquías aborígenes por el de los conquistadores
europeos. Como el tributo era un símbolo de sujeción
o de reconocimiento de las jerarquías, al pasar de
los caciques a los conquistadores éstos recibían
una forma de homenaje reservado a los mandatarios.
En rigor, el reconocimiento debía haber pasado exclusivamente
al Estado español o a su monarquía, pero en
virtud de las capitulaciones de la Corona con los conquistadores
este atributo de la soberanía del Estado se había
privatizado. Si inicialmente la privatización se
impuso como una necesidad para estimular la ocupación
de vastos territorios que se convertían en posesiones
de la Corona, a la larga fue una fuente de conflictos entre
los conquistadores o sus descendientes, que se aferraban
a sus privilegios, y la Corona, que pugnaba por recuperar
uno de sus atributos.
Todos los intentos de la Monarquía por limitar o
atenuar los abusos que se originaban en el cobro de tributos
a los indígenas por parte de los encomenderos fueron
inútiles en el curso del siglo XVI. La Corona quiso
evitar que la encomienda se convirtiera en una fuente de
poder señorial con una base rural y por eso prohibió
la residencia de los encomenderos en los pueblos de indios
y les impuso la obligación de tener casa poblada
en un centro urbano. Así mismo, impuso la limitación
de dos generaciones para el goce de una encomienda, al cabo
de las cuales el privilegio debía revertir a la Corona.
Finalmente, se esforzó para evitar la conversión
de la obligación tributaria en una exacción
de trabajo gratuito (prohibición de los servicios
personales). Pese a tales prohibiciones, los encomenderos
establecieron aposentos en el sitio mismo de sus encomiendas,
se las arreglaron para perpetuar a sus familias en el goce
de los privilegios y en general cambiaron la obligación
contenida en las tasaciones de los visitadores (casi siempre
fijada en moneda o en especies) por la de que los indios
trabajaran sus tierras.
Políticamente la casta de los encomenderos se atrincheró
en sus privilegios y los aseguró para sus descendientes
hasta por lo menos el fin del siglo XVI. A partir de entonces
la declinación demográfica de las comunidades
indígenas debilitó de tal manera la encomienda,
que este grupo privilegiado dejó de constituir una
amenaza política.
Desde un punto de vista jurídico, la encomienda era
una institución que imponía obligaciones recíprocas
tanto a los indios como a los encomenderos.
En compensación por la protección y la evangelización
que el encomendero debía prestar a los indígenas,
éstos debían reconocerle un tributo. En la
mayoría de los casos la protección de los
encomenderos significó simplemente que sólo
ellos tenían la oportunidad de abusar de los indios.
En cuanto a la evangelización, ésta era impartida
por curas doctrineros que el encomendero debía pagar
con parte de los tributos que recibía. En su conjunto,
la institución regulaba así los aspectos más
fundamentales de la nueva relación entre dominadores
y dominados. Era el encauzamiento institucional de la conquista,
nacido de circunstancias peculiares.
Desde un punto de vista puramente económico, la encomienda
puede verse como un mecanismo de redistribución de
excedentes. El tributo que los indios pagaban a sus encomenderos
servía no sólo para sustentarlos sino también
para mantener allegados o clientes que realzaban su prestigio
y poder. Los abusos cometidos contra los indios se originaban
en exigencias de los encomenderos para que pagaran mucho
más de lo que razonablemente podían, dadas
las características de su sistema productivo.
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