El giro de la política agropecuaria
José Antonio Ocampo y Santiago Perry
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Capítulo 1

EL SECTOR AGROPECUARIO Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

       El sector agropecuario ha recibido una consideración y un tratamiento especiales en el comercio internacional. El Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), entidad rectora a nivel mundial de los asuntos comerciales hasta 1994 (hoy sustituida por su sucesora, la Organización Mundial del Comercio, OMC), permitió desde sus inicios que los bienes del agro recibieran un trato diferente al otorgado a las demás mercancías ¹. Diversos artículos del Acuerdo autorizaron la utilización en el sector agropecuario de prácticas proscritas para otros sectores productivos: las restricciones cuantitativas a las importaciones fueron permitidas, bajo determinadas circunstancias, según el artículo XI, y los subsidios a las exportaciones—que tienen el mayor efecto distorsionador de las condiciones de competencia— fueron aceptados en el comercio agrícola en virtud del parágrafo tercero del artículo XVI.

      Más aún, varias naciones consiguieron del GATT un tratamiento excepcional para su sector agropecuario. Estados Unidos logró en 1955 una dispensa para imponer restricciones a un amplio número de productos agrícolas. Los miembros de la Comunidad Europea (hoy Unión Europea) han hecho valer su arancel variable a la entrada de bienes del campo y sus subvenciones a las exportaciones. Japón no ha sido molestado por sus simpares barreras y subsidios. Suiza, incluso, pudo introducir en su Protocolo de Adhesión provisiones especiales que la autorizaban a utilizar diversas cortapisas al comercio agrícola.

      La octava ronda de negociación del GATT, la Ronda Uruguay, primera que abocó seriamente el estudio de las distorsiones en el comercio agrícola mundial, mantuvo la tradición de establecer estipulaciones especiales para el sector agropecuario. En efecto, éste fue objeto de un grupo particular de negociación, en el cual se concentró la parte más compleja y tirante de las discusiones, y mereció un capítulo entero en el Acta Final que se acordó después de más de siete años de negociaciones. Tal capítulo incluye disposiciones diferentes para el agro a las del Acuerdo General en materia de acceso a los mercados, subsidios internos y a las exportaciones, salvaguardias y otros tópicos del comercio de mercancías.

      Los acuerdos de integración y los tratados de libre comercio también han otorgado un tratamiento especial al sector agropecuario. La Comunidad Económica Europea —hoy Unión Europea—, el Grupo Andino, el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), el Grupo de los Tres (G-3), para mencionar sólo algunos ejemplos, establecieron provisiones particulares, o completos regímenes especiales, para el agro. Ellos contemplaron políticas de protección y de salvaguardia diferentes a las aplicadas al resto del comercio de mercancías, reconociendo, así, las peculiaridades del sector.

      Diversos procesos condujeron al establecimiento de políticas preferenciales para el agro en los distintos países. ² En los Estados Unidos, el papel fundamental que desempeñó la dramática pérdida de la capacidad de compra de los agricultores —iniciada desde principios del segundo decenio de este siglo— en la gestación de la crisis de sobreproducción industrial que dio lugar a la Gran Depresión, concientizó a esa nación sobre la necesidad de establecer políticas diferenciales que permitieran mantener un sector agropecuario dinámico, que demandara bienes industriales y contribuyera a la estabilidad económica y social del país. Posteriormente, el rol estratégico que jugaron las exportaciones de alimentos estadounidenses al Viejo Continente en la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, permitió establecer su importancia como arma política vital. Más recientemente, su contribución decisiva a impedir mayores desequilibrios en la balanza comercial norteamericana reforzó la determinación de otorgarle un trato preferencial y condujo a la sofisticación del complejo andamiaje de política sectorial que se venía construyendo desde los albores de los años treintas. ³

      Las naciones europeas sufrieron graves trastornos en su agricultura durante la Segunda Guerra, por la devastación de sus territorios, la desorganización de sus economías y el impacto que tuvo el reclutamiento en las áreas rurales. En consecuencia, los alimentos escasearon durante la conflagración y en los primeros años de la posguerra. El espectro del hambre rondó sobre las poblaciones europeas con particular intensidad, y sólo comenzó a desaparecer cuando la masiva ayuda estadounidense, cuyo aparato productivo agropecuario había sido fuertemente estimulado a expandirse y tecnificarse, se hizo presente. No obstante, Estados Unidos aprovechó la coyuntura y la necesidad de alimentos europea para consolidar su posición de preeminencia en el mundo occidental. Ante esta situación, y con el recuerdo fresco de la hambruna, los europeos decidieron establecer políticas agrícolas que tendieran a recuperar su seguridad alimentaria y que les permitieran no volver a depender tan dramáticamente del extranjero en esta materia. De tal forma, el diseño y puesta en marcha de una política agrícola común, que protegiera al agro europeo e incentivara la autosuficiencia alimentaria, constituyó prioridad fundamental de la naciente Comunidad Económica Europea en el ocaso de la década de los cincuenta y durante los sesenta. A este argumento se han sumado recientemente la defensa del ingreso de los agricultores, de su permanencia en el campo y de la estabilidad de la economía y de la sociedad europeas para justificar el sostenimiento del más costoso armazón de política sectorial de que se tenga noticia.⁴

      Otro tanto ha sucedido en el Japón. Empero, en este caso se ha argüido, adicionalmente, la vinculación de elementos culturales y de las tradiciones nacionales con la agricultura para explicar la existencia de tratamientos de privilegio a los productores rurales ⁵. Tal vez con ellos se completan los razonamientos de carácter global y estratégico que han tenido los países desarrollados para establecer políticas agropecuarias diferenciales y preferenciales. En cualquier caso, el efecto de ellas ha sido el de convertir al agro en el sector que presenta mayores distorsiones en el mercado mundial, en el cual las barreras protectoras se tornan infranqueables y los subsidios y transferencias de toda índole superan los trescientos mil millones de dólares anuales, cifra que por sí sola explica por qué sus flujos comerciales no dependen de las ventajas comparativas entre naciones y regiones, sino de la capacidad y generosidad de los diversos fiscos para subvencionar a productores y exportadores.

      En efecto, los productos agropecuarios están sometidos en los países industrializados y en no pocas naciones en desarrollo a elevados impuestos de importación, a progresividad arancelaria ⁶ y a una amplia gama de barreras no arancelarias tales como restricciones cuantitativas, impuestos internos selectivos, fuertes regulaciones sanitarias y medidas antidumping ⁷. Aunque gracias a lo acordado en la Ronda Uruguay, las barreras diferentes a las arancelarias deben desaparecer en virtud del proceso de tarificación o arancelización establecido, los altísimos niveles de aranceles resultantes de tal proceso para varios bienes agropecuarios (superiores en muchos casos al 100%, y que en no pocas ocasiones alcanzan cifras 4, 5 o más veces superiores a ésta) llevan a la virtual prohibición de su importación. En estos casos, lo único que se podrá importar en la práctica será una cantidad limitada que va a tener un arancel más bajo, la cual quedaron obligados a establecer los países como parte de los denominados compromisos de acceso mínimo o de acceso corriente que les exige abrir al menos el 3% de su mercado -0.5%, al final del período de transición ⁸. Lo anterior, prolonga en la práctica la existencia de las cuotas de importación. Adicionalmente, en los últimos años han cobrado creciente importancia las trabas asociadas con la calidad, la presencia de residuos tóxicos y químicos y los condicionamientos ambientales, las cuales no están contempladas en los acuerdos de la Ronda Uruguay.

      Los subsidios internos y a las exportaciones, por su parte, alcanzan montos cada vez más elevados, al igual que los presupuestos asignados en las naciones más ricas para sufragarlos. Mientras en 1.980 los subsidios directos e indirectos otorgados a la agricultura en los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y Japón ascendieron a US $80.000 millones, en 1987 las transferencias totales alcanzaban 297.800 millones, en 1990 (año en que debía concluir la Ronda Uruguay) llegaron a los 298.100 millones y para 1992 a 353.700 millones. De ellos, US $155.900 millones correspondieron a la Comunidad Económica Europea; 91.100 a los Estados Unidos y 74.000 al Japón. Estos últimos datos equivalen a un subsidio por hectárea cultivada de 97 dólares en Estados Unidos, de 795 en la Comunidad y de 9.708 en el Japón ⁹. Del valor total de la producción agropecuaria, las transferencias a los productores representan cerca del 48% en la Unión Europea, 71% en el Japón y 28% en los Estados Unidos ¹⁰ . Tales cifras claramente muestran que los subsidios representan una parte sustancial de los ingresos de los productores y que, gracias a ellos, los bienes agropecuarios estadounidenses y europeos se exportan y se venden a precios inferiores a sus costos de producción.

      Las consecuencias más notables de la mencionada política de subsidios, fuera de las de haber trastocado la geografía de la producción mundial de alimentos y la dirección de sus flujos comerciales, han sido el deterioro ocasionado en las cotizaciones de los principales bienes agrícolas, las mayores fluctuaciones de ellas y el sobredimensionamiento del sector agropecuario en las naciones industrializadas. En efecto, de eliminarse los subsidios, se estima que los precios internacionales subirían en 22% en trigo, 24 % en arroz, 14.1% en maíz, 18% en sorgo, 35% en azúcar, 5% en soya, 7% en tortas oleaginosas, 11% en aceites vegetales, 21% en carne roja y 58% en productos lácteos, según un promedio de seis estudios de equilibrio parcial y tres de equilibrio general consultados (Véase Cuadro 1.1). Por efecto únicamente de la Política Agrícola de la Unión Europea, las oscilaciones de las cotizaciones internacionales de los granos son un 20% mayores de lo que serían en caso de que ella no existiera. De igual manera, la eliminación de los subsidios determinaría una contracción de las áreas cultivadas y de las producciones de bienes agropecuarios que se estima sería de 24% en el Japón, de 19% en la Unión Europea, de 17% en Canadá y de 7% en los Estados Unidos.

      Las notables distorsiones reseñadas, ocasionadas por la política sectorial de varios países industrializados, han venido a constituir un nuevo argumento en favor de otorgarle al agro un tratamiento diferente, pues no se desea enfrentar a los productores rurales a una competencia externa tan alterada por las políticas de esas naciones y, por ende, tan desigual. No sobra recordar, en todo caso, que un cambio significativo se ha venido presentando en diversos países en la estrategia y en los énfasis de la política sectorial. En la mayoría de las naciones la política agropecuaria se construyó sobre la base del establecimiento de considerables barreras al acceso de bienes producidos fuera de sus fronteras y de la fijación de precios a los cuales el Estado se comprometía a adquirir las cosechas, los cuales usualmente no guardaban una relación cercana con las cotizaciones internacionales.

Cuadro 1.1 : CALCULOS SOBRE EL IMPACTO DE LA LIBERACION DEL SECTOR AGROPECUARIO SOBRE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

       No obstante, los Estados Unidos, primer país que hubo de lidiar con el problema de colocar en los mercados externos crecientes y recurrentes excedentes productivos, inició la modificación de la política mencionada al sustituir gradualmente el papel de las barreras protectoras y de los precios de intervención por el pago de subsidios directos a los agricultores (deficiency payments), los cuales permitían mantener su nivel de ingresos a pesar de la reducción que se presentara en los precios que percibían por sus productos. Esta reducción facilitó, a su vez, la colocación de los productos norteamericanos en los mercados internacionales. En la medida en que la competencia por los mercados con los países europeos se agudizó, este cambio en la política adquirió mayor importancia, razón por la cual la ley agrícola aprobada el 23 de diciembre de 1985 introdujo nuevas provisiones que relajaron en mayor medida el papel de los precios de soporte y que permitieron al gobierno estadounidense dejar fluctuar aún más los precios internos, de manera que los bienes agrícolas y agroindustriaies recuperaran competitividad en los mercados internacionales. Ellas autorizaron, igualmente, a las autoridades federales a compensar a los productores con nuevos y mayores pagos y subsidios directos ¹¹ .

      La Comunidad Económica Europea, por su parte, había basado su Política Agrícola Común (PAC) en un mecanismo que combinaba los precios de intervención con elevados aranceles variables y otras barreras a las importaciones, y con considerables subsidios a las exportaciones. Esta política, muy exitosa en alcanzar su objetivo inicial de recuperar la seguridad alimentaria en el Viejo Continente, se había tornado exageradamente costosa, debido a los considerables excedentes agropecuarios que debía subvencionar para colocarlos en los mercados internacionales, y significativamente onerosa para los consumidores por los altísimos precios que debían sufragar por los bienes agrícolas. Por estas razones, y por la presión ejercida por las otras partes contratantes del GATT a lo largo de la Ronda Uruguay, las autoridades comunitarias emprendieron la reforma de la PAC. Dicha reforma, que se concretó en mayo de 1992, inició tímidamente el proceso de reducir el papel de los precios de intervención en la política sectorial y de reemplazarlos gradualmente por subsidios directos para sostener el ingreso de agricultores y ganaderos, y por subvenciones orientadas a proteger los recursos naturales y el medio ambiente a través de programas de retiro de tierras reforestación, utilización de métodos no intensivos de explotación y protección del paisaje.

      Pero no sólo los países industrializados han acometido la modificación de sus políticas agropecuarias en la dirección señalada, sino que también algunas naciones en desarrollo han optado por seguir ese camino. Este es el caso de México. En efecto, con el objeto de prepararse para la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), este país cambió radicalmente su política agropecuaria. De las significativas barreras al acceso y lo elevados precios de intervención pasó a una política masiva de subsidios, conocida como PROCAMPO, que en el primer año se estimaba costaría cerca de US$4.000 millones Se trata, en síntesis, de permitir que los precios al productor desciendan a niveles cercanos a los internacionales para que los productos agrícolas y agroindustriales mexicanos puedan competir en el mercado interno, en el ampliado y en el de terceros países, pero compensando con pagos directos a los agricultores para que puedan mantener su nivel de ingreso.

       La novedad de este esquema mexicano radica, sin embargo, en que el subsidio no se va a otorgar por tonelada producida sino por hectárea, independientemente de las decisiones de siembra de los productores, las cuales se deberán basar en las condiciones del mercado y en sus ventajas naturales y técnicas. En efecto, PROCAMPO otorga un subsidio a todas las tierras que en 1993 estaban cultivadas en nueve cultivos (algodón, arroz, cártamo, cebada, fríjol, maíz, sorgo, soya y trigo), que cubrían el 85% de la superficie cultivada en el país, sin importar cual será su uso futuro. El monto de dicho subsidio oscilaba entre cien y cuatrocientos dólares por hectárea para la primera cosecha del programa y se mantendrá en términos reales en esos niveles durante diez años, fecha a partir de la cual presumiblemente se comenzará a desmontar, hasta eliminarlo en el lapso de los cinco años siguientes ¹² .

      Esta nueva estrategia de política presenta, sin lugar dudas, algunas ventajas considerables. Los subsidios si otorgan de manera más clara y directa, o transparente; su costo recae sobre el fisco y no sobre los hombros de los consumidores, lo que debe implicar un incremento en el consumo, aunque moderado, dada la baja elasticidad precio de los bienes agrícolas; su administración es más sencilla ya que no implica el manejo físico de los productos por parte de agencias gubernamentales; su puesta en marcha debe llevar a la reducción sustancial de las barreras al acceso, en especial de las no arancelarias. No obstante, su costo fiscal la hace de muy difícil, o de imposible, aplicación por parte de los países pobres, mientras que los países poderosos entre más ricos sean, más masiva y generosamente pueden aplicarla. Esta ventaja se traduce, innegablemente, en una ventaja competitiva no asociada con las ventajas comparativas de las naciones, por cuanto los subsidios abaratan artificialmente los costos de producción de los bienes agrícolas, lo que permite la disminución de sus precios en los países que los otorgan.

      Las políticas mencionadas han estado acompañadas por el desarrollo de otros mecanismos nuevos de intervención gubernamental en la agricultura, los cuales buscan que dicha intervención se haga de manera más ágil, eficiente y oportuna. En el terreno del comercio exterior, la utilización de salva guardias, medidas antidumping y contra subsidios y, en general, de herramientas orientadas a proteger selectiva y oportunamente a renglones del agro contra situaciones de  competencia desleal, ha acompañado a las medidas de reducción de la protección en frontera. En el campo interno, políticas de incentivo al sector privado para que asuma actividades que eran realizadas primordialmente por el Estado, de estimulo para que los productores almacenen sus cosechas y las entidades gubernamentales sólo intervengan como última instancia, de promoción a seguros y coberturas contra riesgos naturales y de mercado, de facilitar con pagos compensatorios la adquisición de Las cosechas por parte del sector privado, de venta de los bienes del agro sin su presencia física o a futuros, de cubrimiento de las garantías y de pago de los costos incrementales para que los pequeños productores puedan tener acceso al crédito bancario, entre otras, se han puesto en práctica en diversos países que han modernizado su política sectorial.

      Por su parte, los países que iniciaron el desmonte de su vieja política sectorial, basada en barreras a la importación e intervención del Estado en la compra de las cosechas a precios preestablecidos, y no la reemplazaron por una nueva política en la dirección descrita, han afrontado serias dificultades en su producción agropecuaria, en especial en la orientada al consumo interno que compite con las importaciones. Claros ejemplos de tal situación han sido Chile, Brasil, Argentina, entre otros ¹³ . Este fenómeno se ha presentado fundamentalmente en América Latina, ya que los países europeos, norteamericanos y asiáticos, en términos generales, o mantienen elevadas barreras proteccionistas y una activa participación estatal en la comercialización de las cosechas, o han ido reemplazando estas herramientas de política por los apoyos y subvenciones internas directas.

      En síntesis, por diversos motivos —que van desde la necesidad de mantener los ingresos y la capacidad adquisitiva de los agricultores en bien del desarrollo del conjunto de la economía y de la estabilidad social del país, pasando por la importancia concedida a la seguridad alimentaria nacional o al dominio de los mercados internacionales de alimentos, hasta argumentos culturales y relativos a las tradiciones y valores nacionales— los países industrializados y muchos en desarrollo han establecido políticas diferenciales y de privilegio para el sector agropecuario. Aunque algunos de ellos han venido modificando y modernizando sus políticas sectoriales, éstas continúan jugando un papel fundamental en el apoyo y defensa del sector, y los pocos países que simplemente las han desmontado han sufrido situaciones críticas en sus áreas rurales. Los acuerdos internacionales de comercio han reconocido también un tratamiento especial al agro. Como resultado, el comercio mundial de bienes agropecuarios presenta las mayores distorsiones del comercio de mercancías, cuya principal expresión son la elevada protección y los enormes subsidios otorgados por los países desarrollados, situación que ha justificado aún más el mantenimiento de políticas diferentes en el sector.

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1. Para un análisis más detallado sobre el tratamiento diferencial que recibió la agricultura en el GATT ver, entre otros, Leddy y Reinstein (1987), Zietz y Valdés (1988) y Perry (1990 y 1994a). (Regresar)

2. Para un mayor detalle sobre los objetivos y la evolución de la política agrícola en los países desarrollados, ver Mejía, Millán y Perry Ltda. (1986), OECD (1990) y Perry (1990 y 1994a).(Regresar)

3. Sobre la política agrícola estadounidense, ver fuera de los estudios citados en la nota 2, Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (1989), OECD (1987), Owens (1985), Perry y Perfetti (1987 y 1988), Roberts y Andrews (1994) y United States Department of Agriculture (1984). (Regresar)

4. Respecto a la política agrícola común ver, fuera de los estudios citados en la nota 2, Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (1985), European Community (1981 y 1983), Koester y Bale (1983 y 1984), Perry y Perfetti (1987 y 1988) y Zietz y Valdés (1980).(Regresar)

5. En relación con la política agrícola japonesa ver, fuera de los estudios citados en la nota 2, Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (1988), Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (1992), United States Department of Agriculture (1988) y Zietz y Valdés (1980 y 1988).(Regresar)

6. La progresividad arancelaría consiste en que entre mayor sea el grado de elaboración de un producto mayor es el impuesto de importación que se cobra. Las naciones en desarrollo se oponen a dicha práctica a las desarrolladas pues les coarta su posibilidad de desenvolvimiento industrial.(Regresar)

7. Perry (1990 y 1994a) y UNCTAD (1989).(Regresar)

8. Debido a que la metodología definida para efectuar la arancelización consistió en dividir el precio interno sobre el internacional y que los precios internos en muchos países industrializados eran muy altos, en especial en los europeos y en el Japón, los aranceles equivalentes fueron para muchos productos de tres dígitos. En estos casos, tal situación conllevaba a la reducción de las posibilidades de acceso de productos importados, o en su virtual imposibilidad, al menos en el período inicial del proceso de reforma. Para evitarlo se definió que en los productos arancelizados se debía establecer un contingente arancelario (o sea, una cuota de importación) a un arancel más bajo, que garantizara el mantenimiento de las actuales condiciones de acceso al mercado en cuestión, o que ofreciera un acceso mínimo en caso de que ellas fueran muy modestas. En no pocos bienes, estas cuotas van a ser, en la práctica, la única posibilidad de acceso mientras el arancel consolidado continúe a niveles tan elevados.(Regresar)

9. Los datos anteriores se basan en OECD (1991 y 1993), Perry (1990, 1991 y 1994a) y UNCTAD (1989).(Regresar)

10. Es lo que se denomina el equivalente del Subsidio al productor (PsP) medido en términos porcentuales. Ver OECD (1993).(Regresar)

11. El objetivo central del cambio de la política agrícola estadounidense -el establecimiento de los subsidios directos (pagos de diferencia) y, en especial, la disminución del papel de los precios de soporte y su sustitución por dichos pagos, que se concretó en la Ley agrícola de 1985- era el de mejorar la competitividad de los productos norteamericanos sin afectar el ingreso de los productores, al permitir mayores fluctuaciones de los precios que ellos percibían, y por tanto mayores reducciones de los mismos para hacerlos más competitivos, pero compensándolos con los pagos directos. No obstante, este objetivo de la política ha pasado desapercibido por algunos observadores en Colombia; ver, por ejemplo, Jaramillo (1994). Que la competitividad de la producción estadounidense era preocupación principal de los diseñadores de la política sectorial lo corroboran diversos estudios, entre ellos los de Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (1989), Owens (1985), United States Department of Agriculture (1985 y 1988), Perry y Perfetti (1987 y1988), Perry (1990 y 1994a) y Roberts y Andrews (1994).(Regresar)

12 . Sobre PROCAMPO existen varias dudas y no pocos malentendidos, que magnifican sus bondades. En primer lugar, no es tan claro que vaya a ser un programa temporal (quince años), puesto que el desmonte de los subsidios en 5 años, luego de haber acostumbrado a los agricultores a recibirlos religiosamente, cosecha a cosecha, durante 10 años, no será tan fácil, en especial si los subsidios agrícolas otorgados por los socios mexicanos en el NAFTA no han desaparecido. En segundo término, no es cierto que el programa no cree distorsiones, ni induzca una generación de excedentes productivos, por cuanto el subsidio por hectárea no se otorga si ella no está en una actividad productiva, de manera que quienes quieran obtenerlo deberán cultivar, así el cultivo propiamente dicho les reporte pérdidas (teóricamente los agricultores seguirán produciendo siempre y cuando las pérdidas que obtengan por hectárea sean menores que el subsidio recibido, aunque incluso pueden hacerlo así sean un poco mayores, para no dejar inactivos recursos productivos que les reporten entradas, v.gr., remuneración a la mano de obra familiar). Otra cosa es que las distorsiones son mayores cuando los subsidios, se vinculan con la cantidad producida o con las siembras de un determinado cultivo. Finalmente, no es claro el supuesto efecto distributivo que se ha querido asociar al programa, dado que el subsidio por hectárea no será igual para todos los productores, sino que será mayor para las zonas que han reportado mayor productividad por hectárea, las cuales son principalmente regiones de grandes productores empresariales (caso de Sinaloa). Las anteriores afirmaciones no buscar dementar un programa que, sin lugar a dudas, es innovativo y tiene ventajas interesantes, sino precisar sus pros y sus contras. Sobre Procampo, ver Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos (1993), Salazar (1994) y Jornada de Campo, varios números.(Regresar)

13. Sobre los casos de los dos primeros países, ver Cox (1994) y de Rezende (1994). En relación con el tercero, ver Obschatko (1994).(Regresar)

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