La Investigación demuestra que la creación del Banco obedeció a la existencia de problemas de fondo que afectaban la vida económica nacional. La anarquía que había predominado entre el ejercicio de labores de emisión y gasto (el dinero de curso forzoso), así como la carencia de una autoridad que regulara la moneda y ordenara la labor de la banca comercial existente, constituyeron las razones principales para justificar su fundación. El hecho de que en 1923 se hubieran presentado asuntos específicos que condujeron a la decisión de su inmediata creación y puesta en funcionamiento, como fue la falta de liquidez, que a mediados de ese año afectó los principales bancos del país y que era preciso remediar con premura, no debe dar lugar a confusión acerca de las verdaderas causas que exigían un banco central de emisión. Entre aquellas de carácter circunstancial, frecuentemente mencionadas, además de la carencia de liquidez, se ha argumentado que en ese momento se requería un banco central como respaldo para conseguir inversión extranjera y préstamos externos, en una época en que era difícil interesar a los banqueros internacionales en planes y programas de mediano y largo plazo encaminados a un mayor desarrollo económico. Sin embargo, fueron las razones básicas vinculadas a la necesidad de darle autonomía a la labor de emisión y de contar con una autoridad monetaria, las que llevaron a su creación.

En un sentido amplio, a la nueva institución se le asignó la función de velar por el control monetario, objetivo con características definidas por estar vigente el régimen del patrón oro. En lo referente a los instrumentos de manejo monetario, el Banco podía fijar la tasa de descuento, dentro de ciertos límites, con el fin de regular el volumen de cartera redescontable a los bancos comerciales. Tenía también capacidad para establecer las condiciones que debían cumplir los pagarés redescontables, atribución que le permitía afectar las tasas de interés, limitando las operaciones de redescuento a aquellos bancos que cobraban determinadas tasas activas máximas de interés, y rechazando aquellas que superaran en tres puntos porcentuales o más, la tasa de descuento fijada por el Banco de la República.

Desde la creación del Banco, hasta 1931, el sistema monetario del país estuvo sujeto al patrón oro, o sea, que la unidad monetaria estaba referida al metal precioso y el billete emitido por el Banco era convertible ^{| 1} . La capacidad efectiva para regular la cantidad de dinero en circulación no era muy grande, pues el principal instrumento con que se contaba era la tasa de redescuento, a través de la cual se limitaba el crédito; sin embargo, la aplicación de esta herramienta debía efectuarse dentro de límites precisos y bajo cuantías que no podían exceder una tercera parte del capital pagado y de las reservas del Banco de la República. De igual manera, los préstamos al Gobierno Nacional estaban restringidos a un 30 % del capital pagado y reservas. Por su parte el encaje, como elemento monetario, tenía una utilización muy limitada, puesto que sólo podía variarse por normas con fuerza de ley, restricción que sólo se modificó en 1951 y comenzó a emplearse confines de manejo de los medios de pago, aunque desde 1948 se había dado autorización a la Junta Directiva para su fijación.

En estos primeros años de operación del Banco, la situación fue difícil desde el punto de vista monetario. En la segunda mitad de los años veinte hubo una bonanza cafetera, producto de la cual ingresaron al país cantidades considerables de divisas que incrementaron las reservas internacionales y generaron aumento del circulante, el cual se acrecentó aún más por el desembolso de préstamos externos y por la indemnización recibida de los Estados Unidos con motivo de la separación de Panamá. Ello condujo a una notoria elevación de la oferta monetaria, lo que a su vez incidió en el nivel deprecias y dio lugar a que surgieran comentarios adversos acerca del desempeño de la nueva entidad en aquel frente. La hipótesis sobre el efecto que habrían podido tener los abundantes empréstitos externos, tuvo en ese momento cierta acogida y exoneraba, en parte, al Banco de la República de tal responsabilidad, porque éste no había tenido participación alguna en las decisiones sobre endeudamiento.

Los argumentos esgrimidos para explicar el proceso inflacionario de los años 1924 a 1927 fueron varios y no estuvieron limitados a la tesis monetaria. Algunos lo señalaban como una falla del patrón oro vigente o como consecuencia del impacto de los empréstitos externos,- o bien, causado por la baja elasticidad de la producción agrícola y el incremento de la demanda agregada.

El Banco adelantó en esos años una política ceñida a los límites que le imponía la Ley, pues cuando se presentaban factores externos de acumulación de reservas, se tomaban medidas para modificar el componente doméstico de la emisión, o sea, el crédito; desde luego, como ha sucedido en otras épocas con características similares (primera parte de los cincuenta y segunda de los setenta) el proceso de esterilización no fue suficiente para impedir el aumento no deseado en la base monetaria.

Hacia finales de 1928 se comenzó a sentir en Colombia el efecto de la crisis mundial Los créditos externos se restringieron abruptamente, luego de haber constituido un flujo abundante de recursos que hizo que la deuda externa tuviera un aumento entre 1925 y 1928, cuando pasó de US$ 30 millones a US$ 203 millones; a tal incremento contribuyeron no sólo el Gobierno Central sino también los departamentos y municipios, los cuales podían contratar deuda de manera autónoma ^{| 2}

La crisis mundial de los años treinta trajo consigo la amenaza al sistema monetario y cambiario del país, lo que obligó a la concentración de las reservas en el Banco de la República y al establecimiento del control de cambios. Así, a partir de este momento, el Banco de la República es la única entidad autor¡zada para comprar y vender oro y divisas. La suspensión de la convertibilidad de la libra esterlina en septiembre de 1931, dio lugar a que en ese mismo mes, el Gobierno colombiano suspendiera, además del libre comercio de oro, la convertibilidad de los billetes del Banco de la República.

La gran depresión ocasionó graves traumatismos a la economía, como lo demuestra el pronunciado descenso en el PIB ^{| 3} y una parálisis de todas las actividades. En esa ocasión, el Banco de la República sostuvo una interesante controversia en la que se manifestaba partidario de conservar el patrón oro y de no realizar emisiones a favor del Gobierno, siguiendo fiel a los hechos y a las normas que dieron lugar a su origen, las cuales eran por demás recientes. No obstante, ante la aplastante evidencia recesiva fue necesario modificar la posición ortodoxa v concederle crédito al Gobierno como medio de reactivar la economía, siempre y cuando éste ofreciera una garantía real, que luego vino a concretarse con la entrega de las futuras utilidades de las salinas terrestres de propiedad del Estado. Estos anticipas actuaron como elemento reactivador de la demanda y sirvieron para la recuperación de la economía en 1932 y en s años posteriores; el incremento en el crédito al Gobierno significó un aumento de consideración en la base monetaria con efecto económico anticíclico.

En 1930, regresó al país el profesor Kemmerer. El propósito de su visita era revisar las instituciones creadas en el año 1923, para proponer las modificaciones que aconsejaba la experiencia, especialmente aquellas que resultaban de la profunda crisis de esos años. El profesor Kemmerer recomendó la adopción de varios cambios importantes en las normas y en las atribuciones del Banco de la República, que fueron acogidos y se concretaron en medidas como la reducción del 60% al 50% en el encajé a los billetes, el aumento del cupo de crédito al Gobierno el cual subió del 30% al 45% del capital y reservas del Banco y el cambio en la composición de la Junta del Emisor. En su momento, don Julio Caro se refería a este respecto en los siguientes términos: "A propósito de este punto, que es de trascendencia, debo hacer notar que entre los bancos de emisión de la América Latina, los únicos que por todos sus aspectos son razonablemente comparables con el nuestro, es el de Colombia el que mejor concurso ha prestado al Gobierno de su país, tanto por la cuantía de sus préstamos, como por la proporción que éstos representan de los recursos del Banco ^{| 4}

La Ley 25 de 1923 le confirió al Banco facultades restringidas para realizar operaciones directamente con el público, de las cuales, sin embargo, no hizo uso. Por ello, la Segunda Misión Kemmerer, además de considerar que había sido un error no haber llevado a cabo este tipo de acciones en el mercado abierto, dentro de límites razonables, juzgó necesario y así lo propuso, que en el futuro el Banco ejerciera activamente esta facultad, como era propio de todos los bancos centrales del mundo. Para tal efecto, las Leyes 73 de 1930 y 82 de 1931 autorizaron al Banco para realizar operaciones de mercado abierto.

La parte final de la década de los años treinta fue de recuperación, con una relativa holgura, especialmente en el sector externo donde se obtuvo superávit. Particularmente favorable fue el manejo fiscal entre 1935 y 1939, años en los que también hubo superávit público, gracias al empeño puesto por el Gobierno para mejorar sus finanzas. Lo anterior es confirmado por las palabras del Ministro de Hacienda en esos años, doctor Carlos Lleras Restrepo, quien decía: "Ya vimos atrás cómo ha sido posible, a través de todas las últimas vigencias, mantener una situación fiscal caracterizada por un fuerte superávit. ... En la satisfacción de las necesidades debe existir un método y un orden para conseguir al mismo tiempo economía y eficacia. Es lo que suele olvidarse con mayor frecuencia en nuestros presupuestos... ya que a medida que los recursos nacionales se multiplican, florecen con más abundancia las iniciativas de gastos, no siempre de acuerdo con la realidad del país y con lo que demanda un progreso ordenado y armónico" ^{| 5} . En esta época no se amplió el crédito al sector público y sólo se celebró un contrato entre el Banco y el Gobierno, para la creación y manejo de la Cuenta Especial de Cambios y el Fondo de Estabilización.

La generalización de la Segunda Guerra Mundial modificó totalmente el panorama económico del país. El conflicto produjo lo que podría llamarse un "shock" de oferta, en cuanto a que el desabastecimiento o escasez de bienes de capital y materias primas influyó en el bajo desempeño de la economía. A pesar de las medidas que en su momento se tomaron para acrecentar las importaciones, los resultados no fueron notorios, ya que prevalecían factores externos, como las dificultades que en cuanto a producción y transporte generaban las limitaciones en el comercio internacional. Por otro lado, la acumulación de reservas internacionales creó presiones inflacionarias.

A partir de 1940 se había logrado normalizar el suministro de crédito internacional, luego de renegociar la deuda externa con los tenedores de bonos, ocho años después de haber dejado de atender el servicio de los compromisos financieros con el exterior. Sin embargo, aunque se obtuvieron algunos empréstitos, el Gobierno decidió, con buen ¡¡no, no hacer uso de ese endeudamiento y en cambio acudir más bien al crédito interno, para evitar que la monetización de los préstamos externos fuera una fuente inflacionario adicional.

En el ámbito monetario los bancos comerciales se fueron consolidando y aumentaron cuantitativa mente, lo mismo que las cuentas corrientes, hasta el punto que en 1940 los depósitos a la vista superaron, por primera vez, al efectivo en poder del público. Esto significó un cambio importante, pues ya para 1943 se comienza a reconocer Inexistencia de la expansión secundaria y se hace manifiesta la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos, entre ellos el encaje como elemento primordial de control de los medios de pago. Sin embargo, el Banco de la República no tenía aún la facultad de establecer el porcentaje de reserva sobre los depósitos, el cual se fijaba por normas con fuerza de ley. Desde entonces fue más notoria la carencia de flexibilidad para variarlo, pues ya se aceptaba como herramienta de manejo monetario y no simplemente como factor de la seguridad del sistema.

El período 1946-1954 o de la posguerra, es de gran importancia dentro del devenir histórico y económico del país y significó una segunda fase de cambios en las funciones del Banco de la República, si bien, su estructura institucional se conservó estable. A pesar de que la situación política sufrió un agravamiento notorio, la economía tuvo un comportamiento bastante satisfactorio y el PIB creció a una tasa anual promedio del 5.4%; el café registró precios externos elevados y se presentó una bonanza externa en 1953. La inflación mostró una fase ascendente en la primera parte de este período, que coincidió con la limitada capacidad de control monetario, frente a la ampliación de los créditos a la banca comercial. La reactivación de los distintos mercados de bienes permitió luego aumentar las importaciones, fenómeno que vino acompañado de una disminución de las reservas internacionales.

Para el Gobierno nacional era claro, al finalizar la década de los cuarenta, que los sistemas vigentes de control monetario y de crédito no eran los más apropiados para corregir los desajustes que se presentaban en estos frentes, sobre todo si se buscaba frenar el proceso inflacionario. Como se ha indicado, en ese entonces el único instrumento de control monetario era la tasa de redescuento a través de la cual se regulaba el crédito a los bancos, pues el encaje seguía siendo fijado por el Legislador. Desde 1948, siendo Ministro de Hacienda el doctor Hernán Jaramillo Ocampo, se reconocieron las limitaciones en cuanto a las facultades que tenía el Emisor y se comenzó a trabajar en el diseño de nuevos mecanismos monetarios que le otorgaran al Banco mayores posibilidades de acción.

Con el fin de revisar las disposiciones vigentes en materia monetaria y crediticia, el Gobierno invitó a los señores Richard Grove y Gerald Alter, de la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos para que evaluaran las iniciativas que ya se habían tomado en el país y dieran su concepto. Dentro de las recomendaciones del profesor Grove pueden destacarse las siguientes: dotar al Banco Central de nuevos instrumentos para regular la oferta monetaria y darle, por primera vez, funciones que permitieran canalizar el crédito hacia fines de desarrollo económico, ante la ausencia de un mercado financiero de largo plazo. De manera específica, se sugirió que el Banco Central tuviera la facultad de fijar el encaje y que pudiera establecer topes a los redescuentos y a la cartera de los bancos comerciales.

Al ser adoptadas estas y otras iniciativas mediante la expedición del Decreto Legislativo 756 de 1951, se le dieron nuevas responsabilidades al Banco de la República, merced al interés del Ministro de Hacienda de entonces, doctor Antonio Alvarez Restrepo. Gracias a esta reforma, el Banco de la República tuvo a su disposición nuevos instrumentos para regular la oferta monetaria y en particular la capacidad para controlar la expansión secundaria, variando el porcentaje de encaje según las conveniencias. Así mismo, el Banco comenzó a desempeñar un papel activo en el diseño y ejecución de las políticas cambiaria y de crédito, teniendo en cuenta la situación de la economía en general

El propósito de "fomento del desarrollo económico", como uno de los fines de la banca central se concretó también a comienzos de la década de los años cincuenta, coincidiendo con las ideas económicas que entonces prevalecían y que le asignaban al Estado una participación activa en la promoción del desarrollo, bien por acciones directas (empresas del Estado) como a través de estímulos a la inversión privada. Al banco central se le atribuyeron, aquí y en otros países, labores específicas con este propósito, procurando, de una parte, que el sector financiero se expandiría y, de otra, supliendo las limitaciones de las entidades que no estaban en capacidad de realizar las operaciones requeridas de canalización del ahorro. Todo ello implicaba orientar los escasos recursos hacia sectores prioritarios, en un tiempo en el que los mercados de capitales de estos países eran muy reducidos o simplemente inexistentes. Tal situación fue definida en forma certera por el doctor Luis-Angel Arango cuando en su informe de 1952 decía: " ... dentro de las funciones propias de los bancos centrales en los últimos tiempos está la de dirigir la política de crédito, en cuanto a su orientación cualitativa. ...En los círculos rectores existe la preocupación principal de impulsar el fomento económico ordenado, sin desatender naturalmente finalidades sustantivas como son la estabilidad monetaria y, en términos más o menos amplios, la nivelación de los precios" ^{| 6} .

Inicialmente, esto es en 1950, la forma de intervención del Banco de la República en estas operaciones de fomento, estuvo dada por las autorizaciones concedidas para efectuar el redescuento de transacciones consideradas como de interés especial Esta labor del Banco se fue ampliando en razón de las necesidades y de los buenos resultados obtenidos, lo que permitió alcanzar cifras interesantes. Si bien, antes de 1950 el Gobierno buscó fomentar diversas actividades mediante la creación de entidades especializadas en determinados renglones de la economía (Caja Agraria, ICT, IFI, Banco Central Hipotecario),fue en 1950 cuando, mediante el Decreto-Ley 384, se autorizó al Banco de la República para descontar con tasas inferiores a las comerciales, algunas operaciones especiales realizadas por los bancos; allí se permitía un margen diferencial entre las tasas de interés de colocación y redescuento.

La primera parte de la década de los años cincuenta se caracterizó por un favorable desempeño del sector externo, fenómeno vinculado con los excelentes precios del café, cuyo tope, en julio de 1954, se situó en cerca de US$ 0.91 por libra. Desafortunadamente, hubo también en ese período un aumento acelerado de las importaciones y del gasto público y aunque el PIB creció por encima del 6%, la inflación también presentó guarismos preocupantes. Para contrarrestar las presiones inflacionarias que se venían produciendo, se utilizó tanto el redescuento como el encaje.

La historia económica del país muestra durante varias décadas y en forma recurrente una gran dependencia respecto a lo que ocurre en el sector externo. Las fuertes fluctuaciones que afrontó la economía en la década de los años cincuenta, ligadas, primero a la bonanza y luego a la crisis del café después de 1954, tuvieron consecuencias muy severas para el desarrollo y la estabilidad de los precios. El descenso en sus precios dio lugar a un fuerte deterioro en la balanza comercial y al agravamiento del déficit fiscal por la caída de los ingresos tributarios derivados del impuesto ad valorem a ¡as exportaciones del grano y también de los aranceles. La financiación del déficit público se hizo depender, entonces, de la colocación de bonos de deuda interna; éstos, ante la inexistencia de un mercado de capitales, fueron adquiridos por el Banco de la República, lo que tuvo serias ¡aplicaciones sobre los medios de pago y la estabilidad de los precios.

Para contrarrestar la expansión en la base monetaria, el Banco utilizó nuevamente los encajes; éstos se convirtieron, desde esa época, en la principal herramienta de control, hasta el extremo de que en 1958 fue necesario establecer un encaje marginal del 100% sobre los incrementos de las cuentas corrientes y se aprovecharon los depósitos previos de importación, con el doble propósito de encarecer las importaciones y congelar liquidez. Se vivió en ese período, una de las más graves experiencias de desajuste monetario originado en profundos desequilibrios fiscales.

Hacia finales de los años cincuenta y la primera parte de los sesenta se presentó una coyuntura difícil, en cuanto al sector externo, que obligó al establecimiento de un rígido controla las importaciones y a sucesivas devaluaciones de la tasa de cambio oficial Si bien, se hizo un esfuerzo decidido para eliminar el déficit fiscal a través de una reducción del gasto, no se consiguió la deseada estabilidad monetaria, porque las financiaciones hechas por el Banco de la República a la Federación de Cafeteros y al Fondo de Estabilización, generaron aumento de los medios de pago, que alcanzaron en 1958 tasas del orden de 16.6%, mientras que la inflación llegó al 17.3%. El plan de estabilización, adoptado con gran firmeza desde fines de 1957 por el ministro Hernando Agudelo Villa, que incluyó además del control monetario, la devaluación de la tasa de cambio y un control estricto a las importaciones, tuvo éxito en reversar las tendencias desestabilizadoras, pero careció de la permanencia necesaria frente al desequilibrio que continuaba mostrando el sector externo.

En este período el Banco continuó desarrollando las mismas políticas en materia de crédito dirigido y de fomento, originadas en el argumento prevaleciente que hacía depender el necesario aumento en la oferta de bienes (agrícolas e, industriales) de la disponibilidad de crédito. La aplicación de estas tesis recibió impulso decidido cuando en 1958 se acordó la supresión del encaje marginal que había regido hasta entonces, pero en vez de permitir que éste generara crédito de libre asignación por parte de los bancos, los dineros congelados se emplearon para atender necesidades de financiación de determinados sectores considerados prioritarios: el industrial, básicamente. El Gerente del Banco de la República, doctor Jorge Cortés Boshell, comentó estas medidas diciendo que "lo que se había adelantado era una eficaz política de orientación de recursos nuevos hacia aquellos sectores más calificados" ^{| 7} . La Junta Directiva del Banco autorizó, en 1963, la creación del Fondo de Inversiones Privadas, con el fin de redescontar los préstamos a la industria privada y también para distribuir unos recursos ofrecidos por la AID dentro del programa de la Alianza para el Progreso.

Desde el punto de vista cambiario, entre 1953 y 1966, operó una política de libertad que se inició con el libre comercio de oro y más tarde - 1955- cubrió también todas las divisas extranjeras originadas en flujos de capitales importados sin derecho a registro ni a reembolso, fenómeno que evolucionó hacia el establecimiento de dos mercados cambiarios: el oficial con una tasa fija y el libre con una cotización fluctuante. La Ley la. de 1959, norma que puso en vigencia y estableció la obligación para los exportadores de vender al Banco de la República las divisas provenientes de la exportación de bienes, determinó, además, que el Banco de la República, con la aprobación del Gobierno, reglamentaría la exportación de oro físico. Este período concentró la labor del Banco en los temas cambiarios; la expansión de la institución refleja esta prioridad.

Uno de los aspectos de mayor significación, ocurrido en los años sesenta en materia de legislación monetaria, fue el trascendental cambio que significó la creación de la Junta Monetaria en 1963, por iniciativa del Ministro de Hacienda, doctor Carlos Sanz de Santamaría, entidad que recibió todas las facultades que hasta esa fecha venía ejerciendo la Junta Directiva del Banco de la República en materia de dirección monetaria. El ordenamiento jurídico le otorgó a la Junta Monetaria las facultades de suprema dirección de las políticas monetarias, cambiarias y crediticias, mantuvo para el Banco de la República su característica de banco central de emisión y lo convirtió en el organismo ejecutor de las políticas trazadas por la Junta Monetaria.

En la década de 1960, seguía siendo evidente que el sistema financiero doméstico carecía de las posibilidades de transformación de plazos que le permitieran otorgar la financiación de mediano y largo plazo requerida por sectores como el industrial y el agrícola, con base en fuentes altamente líquidas. Siguiendo una estrategia para la obtención de recursos, apoyada en las "inversiones forzosas ", la Junta Monetaria creó, entonces, en 1966y 1968, respectivamente, el Fondo Financiero Agrario y el Fondo Financiero Industrial, con el fin de canalizar préstamos para dichas actividades. Con éstas, la Junta le dio prioridad a las acciones para orientar el crédito e institucionalizó, dentro del Banco, mecanismos que, comenzando con el FIP a principios de la década, fueran supliendo el vacío que presentaba la banca en cuanto a la financiación de la inversión privada ^{| 8} .

Contar con una política especial de crédito e irrigación de recursos a los principales sectores de la actividad económica, ha sido considerado un elemento importante en razón del limitado avance del mercado doméstico de capitales. Sin embargo, el crédito no podía constituir una causa de desajuste monetario cuando se financiaba con emisión, pues permanentemente se daba una contradicción entre estos dos objetivos. Con el fin de evitar ese tipo de contos, el Banco se propuso canalizar ahorros captados libremente en el mercado financiero para alimentar los fondos y evitar la utilización de recursos de emisión. De esta forma se ha logrado una adecuada coordinación entre las funciones monetarias y aquellas de orientación del crédito, de tal manera que desde finales de los años setenta, los fondos financieros no ofrecen dificultades para la ejecución de una política monetaria ajustada.

La tendencia a fortalecer las instituciones confines de orientación de crédito, como acción derivada de la definición de prioridades sectoriales, por parte de los planes nacionales de desarrollo, condujo a decisiones como la recogida en el Estatuto Cambiario; en cuanto a la creación del Fondo de promoción de Exportaciones, esta entidad comenzó labores en 1967, anexa al Banco de la República, con el objetivo de prestar apoyo financiero y de promoción a las exportaciones no tradicionales.

Se llega así a la fase final de los años sesenta, luego del profundo cambio que significó para el Banco de la República la creación de la Junta Monetaria. Estos años fueron escenario de nuevas e importantes reformas; entre ellas vale destacar el Decreto-Ley 444 o Estatuto Cambiario y de Comercio Exterior expedido en 1967 y que contó con la atinada dirección del doctor Abdón Espinosa Valderrama en su función de Ministro de Hacienda. Con esta norma se puso en vigencia un sistema general de control de cambios, cuyo propósito ha sido el de promover el desarrollo económico regulando la asignación de las divisas escasas y dándoles clara prioridad al fomento y a la diversificación de las exportaciones. El Estatuto ha sido fundamental para el manejo de lo económico en las últimas dos décadas y la aplicación de sus variadas disposiciones impuso exigencias especiales sobre el Banco, el cual, además de la administración de la Cuenta Especial de Cambios, ha tenido que operar el complejo mecanismo de las "licencia de cambio" y administrar la Oficina de Cambios.

Las nuevas normas cambiarias reiteraron la función del Banco de la República respecto a la guarda y administración de las reservas internacionales del país. Como lo define en acertadas palabras el doctor Eduardo Arias Robledo, a quien correspondió actuar por parte del Banco de la República en su elaboración: " ... con el nuevo estatuto el Gobierno se propuso promover el desarrollo económico y social y el equilibrio cambiario por medio del fomento y la diversificación de las exportaciones, el estímulo a la inversión de capitales extranjeros, la repatriación de capitales y el mantenimiento de un nivel adecuado de reservas internacionales" ^{| 9} . Desde la Ley 25 de 1923, todas las normas expedidas en materia de cambios internacionales y de oro determinan que al Banco Central le corresponde cautelar su manejo. El Decreto Autónomo 386 de 1982 finalmente confirmó que la administración de las reservas internacionales del país corresponde al Banco de la República y debe orientarse conforme al interés público y al beneficio de la economía nacional De acuerdo con la Ley, dicho manejo debe continuar ajeno a cualquier propósito de especulación con los activos que constituyen las reservas monetarias del país y en su inversión deben primar condiciones de seguridad y de liquidez.