A partir de la Constitución de 1991 se inició la reforma a las instituciones ambientales, que concluyó con la expedición de la Ley 99 de 1993 y con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Debido a la degradación y deterioro ambiental representado en las altas tasa de deforestación, pérdida de suelos, incremento de especies de flora y fauna amenazadas de extinción y la contaminación de las fuentes hídricas, se buscan políticas que permitan aminorar la degradación ambiental y resolver los problemas más inmediatos.

Las tasas retributivas (se pagan por vertimientos a fuentes de agua), es uno de los principales instrumentos de política que ha favorecido la descontaminación.