Los comuneros olvidados:

la insurrección de 1781 en los llanos del Casanare

JANE M. RAUSCH

Profesora asociada de historia, Universidad de Massachusetts

Traducción: Clara Isabel Botero

Trabajo fotográfico: Alberto Sierra Restrepo

POSIBLEMENTE NINGÚN ACONTECIMIENTO en la historia de la nueva Granada del siglo XVIII ha atraído más la atención que la Insurrección de los Comuneros de 1781. En el bicentenario del levantamiento armado más serio que haya tenido lugar en el virreinato antes de las guerras de independencia, los historiadores continúan debatiendo su significación. Mientras algunos consideran a los rebeldes como reformistas que buscaban la disminución de los impuestos sin desafiar el derecho de España a gobernar, otros los consideran precursores de la independencia política; y otros afirman que la insurrección pudo constituirse en una revolución social desde abajo traicionada por los de arriba. En su monografía premiada The People and the King, el desaparecido John Phelan se aproxima desde un enfoque diferente al afirmar que el conflicto era esencialmente una crisis política y constitucional aguda, un antagonismo entre las fuerzas de la centralización imperial y las de la descentralización colonial. Concluye que, a largo plazo, los comuneros no fracasaron. Una vez que las autoridades restablecieron el principio del control real, éstas tuvieron que hacer concesiones significativas frente a los factores de descontento que precipitaron la crisis(1).

Habida cuenta del permanente interés generado por la insurrección, es sorprendente encontrar que una fase regional de la misma ha sido muy poco examinada. En los llanos del Casanare, el 19 de mayo de 1781, vecinos* criollos dirigidos por Javier de Mendoza se tomaron las principales ciudades, abolieron los aborrecidos impuestos y depusieron al gobernador. Al denominarse como apoderado o subalterno del inca Túpac Amaru (José Gabriel Condorcanqui), Mendoza reclutó un ejército indígena de 1.500 hombres y los incitó a atacar al clero de los pueblos cercanos. Después de firmar el documento que contenía las exigencias de los comuneros, conocidas como las Capitulaciones, el 6 de junio, desafió las órdenes de la corona y de los líderes comuneros en el Socorro y continuó haciéndose llamar Capitán General de los Llanos. Durante cuatro meses la violencia asoló la provincia. Finalmente, una milicia privada financiada por uno de los hombres más ricos de Santafé, el marqués de San Jorge, tuvo que cruzar la cordillera andina para restaurar el orden(2).

Manuel Antonio Flores, bajo su virreinato se inicia la insurrección de los comuneros (Tomado de: Incienso y pólvora, de Enrique Caballero, Editorial Pluma, Bogotá, 1980.)

Hace mucho tiempo se ha debido llevar a cabo una revisión extensa de estos acontecimientos. En el contexto de la historia económica del Casanare, ello sugiere que el comportamiento en contra de los blancos y la "ferocidad anticlerical" de los indígenas no fueron producto de su hispanización imperfecta, como lo ha propuesto el profesor Phelan. Más bien se trata del resultado de un abuso sistemático del trabajo indígena en la industria de textiles de algodón, del gravamen que se convirtió intolerable en razón a las políticas adoptadas por el regente visitador general Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres y el gobernador José Caicedo y Flores Ladrón de Guevara y a que instigados por los rebeldes criollos, que no tenían afecto por el clero, los indígenas creyeron poder desagraviar.

El desarrollo general de la Insurrección de los Comuneros, en su contexto más amplio, es bastante conocido. Su causa principal fueron los procedimientos despiadados introducidos por Gutiérrez de Piñeres, a quien la corona había enviado a Santafé de Bogotá en 1779 a recaudar dinero para la guerra recientemente declarada contra Gran Bretaña. En ausencia del virrey Manuel Antonio Flores, quien se había trasladado a Cartagena para supervisar la defensa de tan importante ciudad, Gutiérrez de Piñeres incrementó la alcabala*, o impuesto a las ventas, del 4 al 6%. Gravó con impuestos la sal, el tabaco y los juegos de cartas -todos monopolios impopulares del gobierno- e impuso nuevos gravámenes sobre los textiles de algodón. Este severo programa que amenazaba incrementar el precio de los productos alimenticios, los bienes de consumo y los costos de la industria, se convirtió en una ofensiva doble, debido a los rigurosos métodos utilizados por los recaudadores de impuestos, quienes no tenían ningún escrúpulo para la extorsión o la violación(3).

El 16 de marzo de 1781, la revuelta estalló en el Socorro, donde la combinación de las medidas del regente y el reciente establecimiento del libre comercio amenazaban la hasta entonces industria floreciente de textiles. Después de negarse a pagar los nuevos impuestos, cerca de 6.000 insurgentes atacaron las bodegas del gobierno en el pueblo, expulsaron a las autoridades españolas y eligieron sus propios dirigentes. El movimiento inicial era popular y predominantemente criollo. El líder fue Juan Francisco Berbeo, y sus subalternos eran pequeños comerciantes, agricultores y funcionarios municipales. Cuando la revuelta se extendió a Tunja, Antioquia, Neiva, Pamplona y Casanare, un grupo de indígenas, alentados por el ejemplo de Túpac Amaru en el Perú, brindaron su apoyo.

El 2 de junio, un ejército que se dice estaba compuesto por 20.000 personas enfurecidas se reunió en el pueblo de Zipaquirá, a un día de distancia de Santafé, clamando por la supresión del monopolio del tabaco y la abolición de muchos impuestos y del cargo de visitador general. Extremadamente alarmado, Gutiérrez de Piñeres reactivó la Junta Superior de Tribunales, un comité existente de la Real Audiencia y los representantes principales de la administración fiscal para acordar un arreglo con los socorranos antes que éstos impusieran por la fuerza una solución invadiendo la capital. Cuando el principal negociador de la Junta, el arzobispo Antonio Caballero y Góngora, llegó a Zipaquirá, recibió de Berbeo las Capitulaciones, documento con 35 puntos que exigía reformas administrativas, mayores oportunidades para los criollos y un mejor tratamiento para los indígenas(4). Para que el conflicto no se extendiera, y sintiéndose indefenso frente al ejército enfurecido, Caballero y Góngora firmó el documento el 6 de junio, el cual fue aprobado por la Audiencia al día siguiente. Teniendo la victoria en sus manos, Berbeo ordenó a sus seguidores que se dispersaran y condescendió, al igual que muchos de sus compañeros, con las autoridades.

Su triunfo fue efímero. Cuando las noticias del arreglo llegaron a Cartagena, el virrey Flores lo desconoció de manera categórica y el 6 de julio envió quinientos soldados a Santafé para restaurar el orden. Dirigidos por José Antonio Galán, mestizo de genio violento, aquellos comuneros que no habían desistido continuaron la lucha hasta que Galán fue capturado en Onzaga (Santander) el 13 de octubre. Con el orden restaurado, el virrey Flores restableció los aborrecidos impuestos, y juzgó y ejecutó a Galán y a tres de sus compañeros el 1o. de febrero de 1782. Muy poco tiempo después, renunció a su cargo para aceptar ser promovido como virrey de la Nueva España. En julio de 1782, la corona nombró como su sucesor a Caballero y Góngora. Uno de los primeros actos del virrey-arzobispo fue conceder un perdón general a todos los involucrados en la insurrección del 7 de agosto. La paz retornó, desde el punto de vista de las autoridades reales, pero no para los comuneros.

La insurrección que agitaba la zona central de la Nueva Granada se extendió rápidamente por la cordillera y llegó a la provincia de los Llanos, un territorio vasto, poco poblado, que abarcaba las vertientes orientales de los Andes y las llanuras de pasto tropical del Casanare, al norte del río Meta. El 19 de mayo los ciudadanos criollos de las tres ciudades españolas de Pore, Santiago de las Atalayas y Santa Rosa de Chire, abolieron los nuevos impuestos, los tributos de los indígenas y la alcabala*. En Pore depusieron al cabildo y a los administradores de impuestos, forzando al alcabalero a devolver el dinero que había recaudado recientemente. En la capital, Santiago, desalojaron el cabildo, y el gobernador, don José Caicedo y Flores Ladrón de Guevara, advertido de antemano sobre la insurrección que iba a llegar, de manera prudente huyó de su casa en el pueblo de Morcote(5).

Don Francisco Javier de Mendoza, oriundo de Miraflores y propietario de un hato de ganado ("rancho") en las orillas del río Guachiría, asumió el mando en Pore, con el título de capitán general y gobernador de la provincia. Recibió una comisión como capitán del común del Consejo Supremo de Guerra del Socorro. De sus compañeros criollos, los archivos tienen registrados solamente los nombres de Eugenio y Gregorio Bohórquez, cocapitanes de Chire. Mendoza reunió a los indígenas de Pore, Támara, Ten, Manare y otros pueblos y los liberó de pagar impuestos. Identificándose como el apoderado del inca, les hizo jurar lealtad al rey de América, Túpac Amaru, sin saber que éste había sido ejecutado en Cuzco el 15 de mayo, y les ordenó obedecer a los capitanes comuneros del Socorro. En cada pueblo, los indígenas escogieron capitanes y oficiales del común, nombrando mujeres en aquellos lugares donde los hombres estaban fuera criando ganado(6).

La proclamación en Pore, y en otros pueblos aledaños, de una carta fechada el 23 de mayo y firmada por el común del Cocuy, exaltó aún más a los indígenas. Cocuy era un pueblo de las tierras altas, situado al nordeste de Sogamoso, y la carta dirigida a los capitanes y subordinados de Támara, Ten y Manare afirmaba que Túpac Amaru había sido coronado rey y que iba a acabar con todos los impuestos. La carta continuaba:

Así pues les advertimos que si el gobernador intenta imponer los impuestos no lo dejen hacerlo. Si trata de castigarlos levántense en contra suya y si no elimina los impuestos vamos a Santafé de Bogotá para hacerle guerra a los santafereños. Si no hacen lo que les decimos, en el momento que regresemos haremos la guerra en contra suya (7).

Los indígenas de Támara leyeron esta carta en cada pueblo. Explicaron a los lugareños que no tenían que asistir a misa ni a las clases de catecismo a menos que lo quisieran hacer, porque los sacerdotes no podían obligarlos a hacerlo. José Tapia, vicario general de la provincia de Santiago, fue testigo de este acontecimiento en Morcote. En un recuento muy emocional de la insurrección que escribió a Salvador Plata en el Socorro, afirmaba que los Támaras le habían dicho que la orden no provenía del Cocuy, pero su borrador había sido realizado en Pore(8). Ésta era también la opinión del gobernador Caicedo, quien, viendo que Mendoza trataba de alentar a los indígenas en contra suya, rápidamente recogió sus documentos y huyó de Morcote rumbo a Socotá, dejando sus pertenencias pesadas de cargar al cuidado de Tapia(9).

El 26 de mayo, veinte indígenas provenientes de Támara, Ten y Manare, armados con arcos y flechas, llegaron a Morcote y atacaron la casa abandonada del gobernador. Destruyeron todo lo que encontraron y trataron de entrar en la iglesia para sacar algunos estandartes. Cuando el vicario general los disuadió de tal propósito, le ordenaron entregarles todas las propiedades del gobernador que permanecían bajo su posesión. Lo amenazaron con cortarlo en pedazos, quemar su casa y llevarlo amarrado hasta Pore si no obedecía. Enfrentado a estas posibilidades aterradoras, Tapia aceptó entregar los objetos. Les preguntó nuevamente que a quién estaban obedeciendo órdenes, y éstos "de manera unánime confesaron que obedecían a don Javier de Mendoza"(10)

Determinada a aprehender a Caicedo, la fuerza, ahora ampliada a 1.500 hombres, se dirigió por el camino de Pisba y Paya. Al alcanzar a Francisco de Lara, quien estaba escudando parte de los haberes del gobernador a lomo de mula, lo lanzaron de su montura, lo amarraron y lo arrastraron hasta la cárcel en Pisba, donde también atacaron la casa del sacerdote. Continuando hasta Paya, se mofaron del cura de ese pueblo y confiscaron los bienes del estanquero y del asentista de Labranzagrande, quienes se habían refugiado previamente en Paya para escapar a la turba enfurecida. Los indígenas regresaron luego a Pisba, donde amarraron y azotaron al teniente local y a su hermano. Estos fueron salvados de ser ejecutados gracias a la aparición del sacerdote, quien llegó vestido con todos sus ornamentos y llevando el sacramento. Al fin, fatigados, los indígenas retrocedieron hasta Morcote. Después de reclamarle a Tapia los haberes del gobernador, se los llevaron junto con algunas mulas y un sirviente.

Durante seis semanas los indígenas continuaron hostigando a los sacerdotes y a otros blancos. En su carta, Tapia informó que muchos curas en la provincia fueron objeto del ridículo. En Manare, los indígenas profirieron insultos contra el sacerdote; en Ten, lo mantuvieron preso en su casa durante una semana. Los habitantes de Morcote habían permanecido leales, pero en todos los demás lugares los indígenas se negaron a asistir a los ritos religiosos, y por lo menos cuatro murieron sin haber recibido los sacramentos. De manera rutinaria persiguieron a los blancos y los amenazaron con el exilio. En Pore pidieron que Juan Martín y Felipe Herrera, dos hermanos que servían como alcabaleros, pagaran con sus propios recursos todo el dinero que habían recaudado. Los Ruedas habían huido y uno de ellos, demente, estaba viviendo en Chire, mientras que el otro era un fugitivo en otro lugar del país. Tapia concluía:

Finalmente esta provincia está en una confusión infernal. Todos dan órdenes, cada uno contradice al otro. Solamente se ve y se sabe de crímenes, prueba de lo cual es la niñería que ha permitido nombrar mujeres como capitanes usadas para maltratar a las mujeres blancas (11) .

El vicario general no tuvo duda de que Javier de Mendoza era el responsable de estos hechos. En cada cruce de camino, el capitán general instaló una patrulla armada, pagada con el dinero hurtado de las cofradías y del tesoro real. Los indígenas le habían dicho que Mendoza los había urgido a que hicieran lo que ellos quisieran en todos los pueblos y les había asegurado que si los sacerdotes huían aterrorizados, el "Nuevo Rey" le había escrito a él (Mendoza) que lo recompensaría por ello(12). El gobernador Caicedo secundó su afirmación en una carta dirigida al Socorro, fechada el 21 de junio. Al afirmar que Mendoza estaba usando la rebelión de los comuneros como una excusa para llevar a cabo su vindicta personal, Caicedo le solicitó al Consejo de Guerra que forzara al capitán general llanero a devolver los sirvientes y los bienes de que se había apropiado de manera indebida(13).

José Antonio Galán (Colección de miniaturas, Biblioteca Luis Ángel Arango.

Mendoza respondió que los indígenas estaban actuando por su cuenta. Para fundamentar su afirmación mostró una carta de los indígenas de Támara, quienes planteaban sus exigencias en contra del gobernador, pero el Consejo no se convenció y el 17 de julio le ordenó devolver los bienes(14). Los funcionarios reales también consideraron al criollo culpable. El virrey Flores le escribió al ministro de las Indias que Mendoza, ayudado por algunos corregidores, se había apoderado de los dineros del fisco y había persuadido a los indígenas a dejar de pagar los tributos y a atacar a los sacerdotes y al gobernador. En su informe del 31 de julio a Carlos III, la Junta Superior de Tribunales afirmó que Mendoza había causado el levantamiento en los Llanos al deponer a oficiales reales, al forzar al gobernador a huir y al liberar a los indígenas de pagar tributo y de recibir instrucción en el dogma cristiano(15).
    

Laguna de los Llanos Orientales, de Anton Goering, 1892 (Tomado de: La ruta de Humboldt Colombia y Venezuela, publicado por Villegas Editores, 1994.)

Las autoridades anhelaban subyugar a Mendoza y restablecer el control real. La firma de las Capitulaciones de Zipaquirá, que había conllevado un cese de las hostilidades en el interior, no era respetado en el Casanare. El 23 de junio, José Antonio Galán había hecho un llamamiento a las armas al atacar el pueblo de Honda y luego a Ibagué, Ambalema, Villa de la Purificación y Tocaima. Ese mismo día, la Junta Superior de Tribunales decidió nombrar comisionados para que fueran a Pore a convencer a Mendoza de que cesara sus hostilidades y cooperara en el restablecimiento de la paz. Los comisionados llevaban instrucciones secretas para capturar o matar a Mendoza si continuaba resistiéndose. El 14 de julio, día previsto para que Juan Antonio Fernández Recamán capturara a Galán, la Junta nombró a José Antonio Chaparro, residente en Sogamoso, para que ejecutara su orden anterior, ofreciendo una recompensa de 500 patacones que serían pagados puntualmente por la captura de Mendoza vivo o muerto(l6). No está claro si Chaparro intentó llevar a cabo su misión, pero es cierto que las autoridades habían rechazado como infructuoso cualquier plan de enviar tropas regulares al Casanare, debido a la distancia, las carreteras intransitables y la falta de mano de obra. Favorecieron, por el contrario, un esfuerzo organizado de tipo privado. Cuando el arzobispo Caballero y Góngora llegó al Socorro, el 16 de julio, acompañado por seis misioneros capuchinos, nombró a José Antonio Villalonga comandante de dicha expedición, ayudado por Francisco José Becerra y Fernando Rodríguez. El prelado le dio a Villalonga una carta de presentación para los sacerdotes y funcionarios que permanecían en los Llanos, en la cual les solicitaba su apoyo(17). Además, llevaba una carta, dirigida a Mendoza, de los líderes comuneros del Socorro Salvador Plata, Ramón Ramírez, Antonio José Monsalve y Francisco Rosillo, en la cual le ordenaba recibir a Villalonga, restaurar los cabildos y al gobernador depuestos y ayudar en la pacificación de la provincia(18). De acuerdo con el informe de Villalonga al rey, escrito tres años después, el marqués de San Jorge, Miguel Lozano de Peralta, una figura controvertida, implicada ya en la causa comunera, financió la expedición con su fortuna personal y sus ingresos como administrador de la encomienda de los Llanos(l9).

Villalonga reunió su expedición en Zipaquirá y salió hacia Sogamoso a principios de agosto, siguiendo la ruta de Ubaté. En Socotá habló con José Caicedo, quien le informó de la lamentable situación en el Casanare, de la conmoción general del robo de los fondos reales y de los bienes del gobernador por parte de rebeldes indígenas y vecinos violentos(20). Caicedo había sabido, por fuentes confiables, que Mendoza, después de haber recibido la orden del Socorro, había resuelto resistir hasta el final. Haciendo un llamado a los indígenas para que permanecieran juntos, les dijo que podían regresar los bienes, si así lo querían, pero que él no les ordenaría hacerlo y que estaba listo para desafiar a los capitanes del Socorro si lo obligaban a hacer cumplir su solicitud. Los indígenas respondieron airadamente que "no querían entregar nada, que querían la guerra y que les quitarían a los del Socorro el deseo de estar escribiendo cartas"(21). Caicedo calculaba que 3.000 indígenas y muchos criollos apoyarían a Mendoza. Algunos criollos lo abandonarían en el momento en que vieran el ejército del interior, pero tenía por lo menos once chapetones que eran confiables y a quienes les había entregado sesenta rifles, las únicas armas de fuego utilizables que existían en el Casanare. Caicedo aseguró a Villalonga que Mendoza estaba absolutamente determinado, a continuar como legislador supremo de la provincia y que los oficiales reales, que creían que él estaba todavía obedeciendo órdenes provenientes del Socorro, estaban engañados(22).

Debidamente informado, Villalonga dirigió su ejército a través de la cordillera por el páramo de Pisba, tomando algunos militares urbanos como auxiliares. Después de un viaje difícil por un largo y tortuoso camino, llegó a Pore, donde notificó al cabildo y a los de Chire y Santiago de su llegada y les solicitó obedecer sus órdenes y ayudar en la pacificación. Algunos rebeldes continuaron luchando, pero muchos vecinos y el clero con sus indígenas se acogieron a la causa de Villalonga. A fines de septiembre, Villalonga había restaurado el orden en Támara, Ten, Manare, Paya, Cravo, Pisba, Labranzagrande y otros lugares afectados. Los fondos robados de las haciendas de Tocaría y Cravo fueron restituidos, así como el dinero tomado del tesoro real. No se perdió ningún miembro de la expedición, pero tres rebeldes fueron asesinados, y Javier de Mendoza estaba entre los veinte prisioneros que capturaron(23).

Villalonga regresó a Bogotá para informar a la Audiencia, Su testimonio completo, escrito el 28 de junio de 1784, dio la gloria de la victoria al marqués de San Jorge, por "responder a nuestra solicitud, ampliando y reforzando nuestro deseo de habernos concedido esta comisión, dándonos instrucciones y consejos con el objeto de que triunfáramos y, finalmente, por habernos dado los pesos necesarios de su propio dinero para ayudar con los gastos en que incurrimos por esta materia"(24). El testimonio de Villalonga fue una de las múltiples pruebas que el marqués presentó en 1784 para exonerarse de los cargos de haber ayudado de manera abierta y secreta a los comuneros.

Los recuentos escritos de la insurrección de Casanare muestran que había dos facciones: los vecinos criollos liderados por Javier Mendoza y los indígenas, cuya fuerza armada llegaba a cerca de 3.000 hombres. Mientras el vicario general Tapia decía que la provincia completa estaba en una situación de caos, una reconstrucción del padrón de asentamiento nos da una idea más exacta del alcance del conflicto. El 14 de octubre de 1778, el gobernador Caicedo terminó el censo de la provincia de los Llanos en respuesta a un edicto expedido por el virrey Manuel de Guirior el 10 de noviembre de 1776 (véase cuadro 1 ). El padrón muestra tres ciudades españolas, junto con los pueblos indígenas y mestizos en cada jurisdicción. De una población total de 20.892, el 7% comprendidos 23 miembros del clero y 1.535 vecinos, eran blancos; el 73%, o 15.189, eran indígenas; el 19%, o 4.026, eran mestizos; y 119, o menos del 1 %, eran esclavos negros(25). El mapa (pág. 16) muestra la localización de algunos de estos asentamientos(26). La insurrección empezó en Pore y se extendió a Santiago y a Chire. Nunchía, parroquia mestiza fundada solamente once años antes, no se adhirió, ni tampoco Iximena, que registraba la población blanca más numerosa de la región. La insurrección se extendió rápidamente a Morcote, Támara, Paya, Pisba, Labranzagrande y Cravo, todas en la jurisdicción de Pore, y Ten y Manare, en el distrito de Chire. Con la excepción de Santiago, estos pueblos estaban todos en la misma zona, cerca de las vertientes andinas, hacía el occidente y norte de Pore. Los pueblos rebeldes tenían una población de 10.805 personas o alrededor de la mitad de la población de la provincia. En los asentamientos al norte de Santiago, en los valles de San Juan, a lo largo del río Meta y en los llanos de Arauca no hubo conflictos.

En The People and the King, el profesor Phelan anota que el comportamiento indígena en el Casanare fue mucho más radical que en el interior. En Santafé, Tunja y Sogamoso, los indígenas solicitaron la devolución de sus resguardos y minas de sal pero no repudiaron ni la cultura hispánica ni tampoco rechazaron a la Iglesia y sus prelados. Phelan afirma que la violencia en el Casanare fue el resultado del fracaso de los jesuitas y de sus sucesores en cristianizar a los indígenas.

Luego de la expulsión de la Compañía de Jesús, los dominicos, franciscanos y agustinos tomaron su lugar. Los indígenas habían sido cristianizados de manera imperfecta por los jesuitas, y sus sucesores fueron realmente poco eficaces. Los neófitos mostraban una hostilidad aguda hacia sus mentores espirituales. Los encolerizados indígenas atacaban iglesias y forzaban al clero a huir (27).

El problema con esta interpretación es que solamente uno de los pueblos que participaron en la insurrección, Manare, era una misión exjesuítica que en 1781 estaba a cargo de los franciscanos (28). Desde principios del siglo XVI, los agustinos habían tenido a su cargo a Ten, Támara, Morcote, Paya, Pisba y Labranzagrande. La Junta de Propaganda Fide, convocada en Santafé en 1662, confirmó su administración. En su historia de las misiones agustinas en Colombia, José Pérez Gómez asegura que éstos continuaron administrando estos pueblos "hasta que fueron secularizados en los últimos cincuenta años del siglo XVIII"(29). El censo en 1778 distinguió diferentes tipos de clero y registró que el clero secular estaba trabajando en Ten, Támara, Morcote, Paya y Cravo y que había clero regular en Manare y Pisba. No hubo inquietud en las misiones exjesuitas de Tame, Macaguane, Betoyes, Patute o Puerto (controlado en 1781 por los dominicos), o en Macuco, Surimena y Casimena, misiones exjesuitas otorgadas a los recoletos(30). El embate de la insurrección, entonces, provino de los indígenas habitantes de pueblos sujetos a la administración hispánica por más de un siglo y medio y recayó más sobre el clero secular que sobre el clero regular.

CUADRO 1

Población de la provincia de los Llanos en 1778 .

* Pueblos que participaron en la revolución.

(Esta información es adaptada del Padrón realizado en 1776 por José Caicedo por orden real del 10 de noviembre de 1776. Y fechado en Morcote el 14 de octubre de 1778. El original reposa en el Archivo Histórico Nacional).

Una mejor explicación de la rebeldía radica parcialmente en la participación de los pueblos rebeldes en la industria de textiles de Tunja. Poco tiempo después de la conquista, Tunja surgió como el centro principal de la producción y distribución de textiles para toda la Nueva Granada. Con una población densa de indígenas apropiada para la labor de la encomienda, la rápida adaptación de las ovejas en los valles del altiplano, que garantizaban el abastecimiento de lana, y el acceso al algodón cultivado en las regiones bajas del Casanare, la primacía de Tunja era inexpugnable. Bajo el dominio chibcha, los laches y tunebos, que habitaban en pueblos en las vertientes de la cordillera Oriental, estaban acostumbrados a pagar tributo a los caciques de Tunja, Duitama y Sogamoso con algodón, pescado y miel, todos productos de su tierra. En 1560 formaron parte de una encomienda muy grande otorgada al conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada y más tarde a su heredero, Antonio de Berrío. Esta encomienda era una de las más ricas de la provincia de Tunja, porque abarcaba todas las operaciones necesarias para la producción de textiles de algodón. Los indígenas que vivían alrededor de Támara recolectaban hasta 160 cargas (40 libras son una carga) de algodón anualmente, que enviaban a las comunidades indígenas de la cordillera. En 1571 , se enviaron 6.825 arrobas de algodón solamente a los caciques de Chita. En esa población los indígenas pagaban su tributo en cobijas. Cada clan o parcialidad tenía que entregar al encomendero el número de cobijas fijado en el impuesto. Además, en obrajes* establecidos en Santiago de las Atalayas, los indígenas tejían textiles y cobijas que utilizaban para pagar su tributo. En una época tardía, 1754, el remanente de la encomienda Quesada Berrío continuaba produciendo más de 1.000 pesos al año y había acumulado en el tesoro de la Hacienda Real, 32.246 varas* de textil de algodón con un valor de 10.000 pesos(31).

A pesar de que los obrajes* habían desaparecido en Santiago desde mediados del siglo XVIII, los textiles de algodón continuaban siendo la industria más productiva en los pueblos indígenas. El padre Basilio Vicente de Oviedo, quien describió y clasificó todas las parroquias de la Nueva Granada de acuerdo con el tamaño, el ingreso, el clima y la situación general en 1761, observó que la producción de algodón estaba centrada en Támara, Ten, Morcote, Manare y, en menor escala, en Labranzagrande, Pisba y Paya. Los indígenas de estos pueblos eran dóciles, humildes y muy trabajadores. Cultivaban y recogían algodón, que hilaban para pagar sus cofradías y fiestas. Tejían textiles tan finos como los de Castilla. En Morcote producían cobijas blancas y a rayas, pañuelos, pendones y muchos textiles curiosos. Las especialidades de Támara eran colchas a rayas azules y blancas y pañuelos "tan finos como aquellos que vienen de Quito y muy buscados por la gente distinguida"(32). Oviedo, desde la perspectiva de un sacerdote de parroquia, consideraba a Morcote y a Támara como los distritos más prósperos del Casanare, y los situó en el segundo puesto de su escala de 1 a 5 en parroquias o a la par con San Gil o Zipaquirá. Las actividades económicas en los demás pueblos incluían cultivos de maíz y de yuca, la recolección de productos de la selva, alfarería y, en el caso de Cravo, que participó en la insurrección, la crianza de ganado. El ganado también era la fuente principal de ingresos de las ciudades españolas de Pore y Santiago de las Atalayas.

Pareja de indios churoyes y chinchorro de niño, Llanos Orientales (Tomado de: Le Tour du Monde, París, 1877).

  Sin embargo, en la época de Oviedo, el Socorro había superado a Tunja como productor de textiles, y únicamente en la región de los Llanos, la industria mantuvo su antigua importancia(33). Situados a una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar, los valles fértiles y el clima templado del Socorro permitían el cultivo de variados productos, entre los cuales caña de azúcar y algodón. El ganado también era un producto importante. La ubicación del pueblo en el camino real entre Vélez, hacia el sur, y Pamplona, hacia el norte, lo convertía en un emporio comercial natural para una gran región. Un alto índice de crecimiento demográfico fortalecía el desarrollo de las actividades económicas. Por el contrario, la población indígena, cada vez menor alrededor de Tunja, había reducido la prosperidad de la espléndida ciudad de otra época a una fachada fantasmal(34). La organización y las técnicas tradicionales de la producción textil de Tunja no tenían comparación con los nuevos métodos adoptados en el Socorro. En 1750 los textiles fabricados en la localidad, anteriormente llamados "de Tunja", eran denominados ahora "del Socorro".

Los estancos de tabaco en los llanos de Casanare, 1791 (Archivo General de la Nación, Mapoteca 4, M #218-A).

Los funcionarios reales reconocían la significación del algodón en el Casanare y deseaban promover esta actividad, especialmente en la coyuntura del caos económico producido por la expulsión de los jesuitas en 1767. En su largo informe a Mesía de la Cerda sobre las condiciones del virreinato en 1772, Francisco Antonio Moreno describió la pobreza general de los Llanos, donde las "ciudades" españolas difícilmente merecían ese nombre. El único comercio en la región lo constituía la fabricación de textiles, que formaba parte de un comercio limitado con el interior(35). El virrey Guirior, en su Relación de mando de 1776, recomendó a su sucesor, Manuel Antonio Flores, el estímulo del cultivo de algodón en el distrito, en la nueva ciudad del Socorro y en la provincia de los Llanos, donde los indígenas "vivían de los textiles que producían y merecían ser imitados". Guirior urgió a los corregidores a tomar medidas que incrementaran la producción de ruanas, camisas y otros textiles, "ya que la experiencia muestra que si los vecinos no pueden obtener textiles locales, comprarán los de fuera"(36).

En su ahínco por reorganizar, racionalizar e incrementar los ingresos fiscales de la Nueva Granada, el visitador general Gutiérrez de Piñeres no escuchó dicho consejo. En su Instrucción general para el más exacto y arreglado manejo de las Reales Rentas de Alcabalas y Armada de Barlovento, expedido el 12 de octubre de 1780, se extendió el impuesto a las ventas a muchos productos que anteriormente estaban exentos, entre ellos el algodón y el hilo. Esta decisión fue muy perjudicial para los indígenas del Casanare, al igual que para los socorranos, debido a que el cultivo del algodón, su hilado y el tejido de textiles sostenían a muchos hogares en ambas regiones. El impuesto sobre el hilo tuvo objeciones especiales, porque los pobres lo utilizaban en lugar de la moneda para sus compras y transacciones(37).

Combinada con la prohibición anterior del cultivo del tabaco, esta reforma llevó a los pobres a una situación imposible. El descontento generalizado que generó se refleja en la cláusula novena de las Capitulaciones, que exigía la limitación de la alcabala al 2% sobre ciertos productos y la exención completa del algodón: "siendo un producto que solamente los pobres recogen y recolectan [...] solicitamos que la exención sea establecida como regla general"(38).

En abril de 1781, Gutiérrez de Piñeres se dio cuenta de que el establecimiento del impuesto de venta sobre el algodón había sido un grave error. Para mitigar el descontento popular, anuló el impuesto a la venta, compra o intercambio de algodón e hilo de algodón en Muzo, Vélez, Tunja, Leiva, San Gil y la provincia de los Llanos, debido a que en esos distritos la elaboración del algodón y del hilo era la industria principal de los pobres, y ambos eran utilizados de manera regular como medio de intercambio(39). Cuando la insurrección en el Socorro estaba en su fase más crítica, los capitanes comuneros resolvieron desconocer este decreto, a pesar de que ya les habían llegado noticias de él(40). Igualmente, ya era muy tarde para reparar los daños en el Casanare, donde los indígenas, además de resentidos por los impuestos especiales, estaban desesperados con los abusos permanentes de José Caicedo en la recaudación de los tributos.

En carta dirigida a Javier de Mendoza fechada el 16 de julio de 1781, la gente de Támara sostenía que, después de haber sido gobernador durante cinco años, Caicedo les debía dinero a los tejedores indígenas en Manare, Ten, Támara, Morcote, Paya y Pisba. Específicamente, había abandonado las prácticas de los gobernadores anteriores y había forzado a todos los tejedores a que fueran a Morcote a vender sus textiles, en lugar de que él los comprara directamente en sus pueblos nativos. Se veían obligados con frecuencia a hacer varios viajes a Morcote para que les pagara. Aun en ese caso, si se encontraba que el textil estaba ligeramente bajo de peso, no les pagaba o les pagaba solamente una parte del valor. Finalmente, el gobernador les había usurpado mulas de manera injusta y, cuando las mulas morían por picaduras de serpiente, les atribuía la responsabilidad a los tejedores. Por estas razones, decían los habitantes de Támara, lucharían antes que devolver a Caicedo los bienes usurpados, que tenían la intención de dividir entre sus acreedores(4l).

Caicedo no respondió de manera directa a estos cargos, pero le informó a Salvador Plata que sus bienes confiscados incluían tanto el algodón que había recaudado para el tercio de Navidad o tributo de 1780 como el que había comprado de manera privada. De acuerdo con sus cálculos, era la gente del pueblo la que le debía. Solicitó a Plata ordenarles que le pagaran rápidamente y renunciar a sus sirvientes, mulas y bienes. Prometió trasladar todos sus negocios privados fuera de la provincia una vez hubiera recibido su mercancía, pues no tenía ningún deseo de regresar y no tenía ningún agente allí en quien confiar para que se hiciera cargo de sus intereses(42).

Parece que los impuestos sobre el algodón exacerbados por los métodos comerciales de Caicedo provocaron a los indígenas para que atacaran a los recaudadores de impuestos de varios pueblos y forzaran al gobernador a huir de Socotá. El hecho de que utilizaran el hilo y los textiles de algodón para pagar derechos religiosos -dado que el clero, al igual que el gobernador, tomaba con frecuencia de los indígenas más de lo que correspondía que se le pagara- constituyó el factor que condujo a los indígenas a atacar a los sacerdotes en Paya, Ten y Manare. Los documentos indican que Javier de Mendoza los impulsó de manera abierta en estos excesos. Su actitud reflejaba un antagonismo creciente contra el clero, antagonismo que estaba permeando a la sociedad colonial.

En el pasado, los historiadores han prestado poca atención a los aspectos anticlericales de la insurrección de los comuneros, pero el profesor Phelan, en su análisis de las Capitulaciones, descubrió que el 12,5% de dichas exigencias, o seis cláusulas separadas, se referían a abusos cometidos por el clero. La cláusula séptima, por ejemplo, acusaba a los corregidores y sacerdotes de parroquias de trabajar juntos para explotar a los indígenas; ya que una parte del impuesto del tributo recaudado por los corregidores proporcionaba el estipendio de los sacerdotes que administraban las parroquias indígenas. También censuraba a las notarías eclesiásticas, cuyos servicios eran necesarios para bautizos, matrimonios y funerales, por cobrar en exceso a sus clientes. Otras cinco cláusulas exponían el argumento de que el clero estaba imponiendo derechos ilegales y excesivos. Tomados de manera conjunta, implican que existía una insatisfacción con las cargas impositivas tan pesadas que todos los grupos tenían que pagar con el objeto de mantener la organización eclesiástica, y que no solamente los indígenas estaban sometidos a estas exacciones, sino también los criollos y los mestizos(43). En el Casanare, a este tipo de quejas se debe añadir la profundamente arraigada hostilidad criolla contra los misioneros, quienes desde principios del siglo XVII (con apoyo del gobierno) habían buscado ejercer un monopolio sobre los indígenas, mientras que los vecinos tenían que confiar en sus propios recursos para mantener un nivel de vida pobre en los inhóspitos llanos.

Pore: ruinas de uno de los escenarios más importantes de la insurrección de los comuneros y  la independencia de Colombia (Tomado de: En la ruta de los libertadores, Guillermo Días Estrada, Bogotá, 1969).

En 1588, cuando el capitán Pedro Daza fundó a Santiago de las Atalayas sobre el río Aguamena, en la parte baja de la cordillera, surgió una esperanza de que algún aventurero intrépido encontraría El Dorado no lejos de sus alrededores. La ciudad tenía la ventaja de un clima sano y de una población indígena densa disponible para las encomiendas. En el decenio de 1620, Santiago, capital administrativa de la provincia, tenía 30 casas recién pintadas de blanco, un cabildo*, una cárcel, un hospital y una iglesia de adobe bien construida con un altar de madera y ornamentos finos para la celebración de la misa(44). En 1649, el gobernador Adriano de Vargas informó que había fundado dos nuevas ciudades: San José de Pore y Santa Bárbara de Cravo. En ese año, los vecinos de Santiago pagaron más de 1.395 pesos en diezmos, produjeron 12.000 varas de algodón, y enviaron 6.000 cerdos al interior y 5.000 cabezas de ganado a Tunja(45).

A pesar de este comienzo promisorio, el asentamiento español languideció rápidamente en los Llanos. A diferencia del ganado y los caballos (que se multiplicaron, a pesar de las nubes de insectos nocivos, de los pastos de mal sabor y de las sequías e inundaciones), muy pocos europeos se aventuraron a una región que ofrecía tanto trabajo y tan poca retribución. La "ciudad" de Chire, fundada en 1672, nunca fue más que un grupo de casas con techo de paja. El número insuficiente de habitantes redujo a Santa Bárbara de Cravo a un estatus de misión. Los criollos vivían de la misma manera que los indígenas, cultivando yuca, plátano y maíz, recolectando productos de la selva y cazando venados, tigres y tapires.

Además de capturar y vender indígenas como esclavos, actividad que continuó durante todo el período colonial, el trabajo más lucrativo era el de rodeo de ganado salvaje(46). A mediados del siglo XVIII, existían numerosos hatos dentro del área de 160 kilómetros comprendida, a lo largo de los Andes, entre los ríos Pauta y Arauca, muchos de los cuales se localizaban en la zona norte(47). La sal para los animales era obtenida en Chámeza y Medina. Las mulas se criaban en Labranzagrande. En Pore, los indígenas teñían cueros y los transformaban en cueros muy finos. Las cofradías basadas en hatos era fuente importante de ingresos en Pore, Santiago, Puerto de Casanare, Manare y Cravo. Había movimientos regulares de ganado vía Pore, Nunchía y Labranzagrande hacia Sogamoso(48). El gran número de mestizos registrados en el censo de 1778 indica que una subcultura, que muy pronto se llamaría "llanera", estaba emergiendo rápidamente.

Laguna del soldado (Casanare) (Tomado de : En la ruta de los libertadores, Guillermo Díaz Estrada, Bogotá, (1969).

Desde mediados del siglo XVII, los misioneros habían creado una barrera frente a las actividades criollas. En 1662 la Junta de Propaganda Fide, dirigida por el presidente, don Diego de Egues, dividió el vasto territorio que comprendía los llanos de San Juan y Casanare entre cinco órdenes religiosas -agustinos, recoletos, franciscanos, dominicos y jesuitas-, impulsando una explosión de actividad misionera. Sin embargo, los jesuitas fueron recibidos con gran hostilidad cuando llegaron a instalarse en el noroeste del Casanare en 1661 . Una encomendera, doña Serafina de Orozco, reclamó los derechos que ella tenía sobre todos los achaguas, reducidos o no, presentes o futuros; el gobernador de Santiago, Pedro Ordóñez y Vargas, amenazó atacar todas las misiones para obtener esclavos; y el sobrino del gobernador, Esteban Sánchez Chamorro, en varias ocasiones causó conflictos en las nuevas reducciones, para citar unos pocos ejemplos. Los agustinos tampoco se salvaron. En 1687, su visitador general informó que cazadores de esclavos habían prácticamente destruido sus misiones en el Casanare(49).

Los ataques de los indígenas guahíbos constituyeron un grave golpe a la expansión jesuita en la Guayana en 1695. Sin embargo, en 1715 la Compañía inició una nueva ofensiva a lo largo de los ríos Orinoco y Meta. En 1767 los jesuitas manejaban 10.000 indígenas en 17 reducciones en el Casanare, Meta y el Orinoco y administraban ocho haciendas de ganado con 50.000 reses y casi 4.000 caballos(50). Las haciendas más grandes eran Caribare (establecida en 1661 ), Tocaría y Cravo. Los jesuitas también cultivaban caña de azúcar, plátanos, frutas, café y arroz. La función principal de estas haciendas era suministrar a las misiones alimentos y bienes, pero su excedente proporcionaba una base para el comercio regular que los jesuitas mantenían con Santafé hacia el occidente y con la Guayana hacia el oriente, a la que se llegaba por los ríos Meta y Orinoco.

Vista de la ciudad de Pisba (Tomado de: En la ruta de los libertadores, Guillermo Díaz Estrada, Bogotá, 1969).

La escala de las operaciones jesuitas empequeñeció los esfuerzos individuales de los habitantes criollos. Es posible que el apoyo real continuado a la Compañía, tal como la decisión del virrey Sebastián de Eslava, en el decenio de 1740, de permitir que las haciendas de los jesuitas en el Casanare abastecieran de carne a Santafé, provocara celos y críticas de los colonos y funcionarios locales. En 1766, el coronel Eugenio Alvarado, por solicitud del conde de Aranda, ministro de Carlos III, resumió estas quejas en un largo informe que solicitaba la expulsión de los jesuitas. Como segundo en la jerarquía de la Comisión Real de Fronteras, cuya misión era establecer la frontera entre el territorio español y portugués en el norte de Sudamérica, Alvarado visitó muchas de las misiones del Orinoco y del Meta entre 1754 y 1760. Concibió un odio muy fuerte hacia los jesuitas, debido a que consideraba que éstos se oponían de manera intencional al trabajo de su comisión, al hacer que los indígenas huyeran y al obstruir la navegación en el Meta. En su Informe reservado, Alvarado los acusaba de despojar a los habitantes españoles de indígenas otorgados a ellos en encomienda. Una vez reducidos, los nativos no podían vivir en los pueblos españoles y dejaban de estar bajo la autoridad de los corregidores. Puesto que los jesuitas utilizaban indígenas en sus hatos, éstos estaban usurpando trabajos para los blancos. Al hacer que los indígenas trabajaran como esclavos, los jesuitas no les pagaban salarios sino los compensaban en especie. Alvarado acusó que, mientras los jesuitas escribían libros sobre cómo convertir a los salvajes por "persuasión pacífica", realmente acudían a entradas armadas para tomar neófitos por la fuerza. Finalmente, los misioneros constituyeron un Estado dentro del Estado. No estaban sujetos al gobierno de los obispos. Su principal lealtad era con el papa. El coronel solicitó que fueran expulsados de los llanos de Casanare, porque "no están siendo útiles a Dios, al Rey en el Reino de Santafé, en sus Llanos y en los bancos de los ríos Meta y Orinoco"(51). No hubo demostraciones populares en respaldo de la Compañía cuando el decreto de expulsión llegó, en julio de 1767. El gobernador Francisco Domínguez de Tejada reunió de manera entusiasta a los misioneros y los despachó a Maracaibo, y más tarde informó que, a pesar de los gastos personales en que tuvo que incurrir, él estaba "bien pago y satisfecho de haber servido al Rey"(52).

Homenaje a los libertadores en el paso del páramo de Pisba, dibujo de F.A. Cano (Ilustración del billete de $2.000, emisión de 1994, Colección Numismática del Banco de la República).

Poco se beneficiaron los criollos en el Casanare con la expulsión de los jesuitas, ya que, simultáneamente con ésta, la corona reasignó las misiones a otras órdenes religiosas. Las haciendas que fueron manejadas durante un período por los dominicos, quedaron en 1769 bajo el control de la Junta de Temporalidades, para su venta en remate. Inevitablemente, los mayores oferentes fueron criollos ricos del interior, tales como el marqués de San Jorge. La corona continuó asignando recursos, provenientes de las ganancias de estas haciendas, para mantener las misiones. Es significativo que uno de los primeros movimientos de Mendoza, después de deponer a Caicedo, fue apropiarse de las haciendas en la jurisdicción de Pore y detener las ventas de ganado hasta recibir nuevas órdenes provenientes del Socorro(53). A pesar de que los indígenas todavía bajo el dominio del clero regular estaban aislados geográficamente de Pore, Mendoza logró incitar a los indígenas bajo la administración del clero secular a levantarse en contra de éste en los pueblos vecinos. Parece que, en la crisis de los comuneros, los hacendados, como Mendoza y los hermanos Bohórquez, encontraron no solamente una oportunidad para terminar con los impuestos que recayeron sobre el ganado y el algodón, sino también para propinarle un golpe a un antiguo enemigo.

Aparte de un manuscrito anónimo titulado Relación verdadera de los hechos ocurridos en la sublevación de los pueblos, ciudades y villas, en el año 1781 (Colección Biblioteca Luis Ángela Arango, Mss 47).

Además, Mendoza tenía dos motivos de queja frente al gobernador Caicedo. Primero, afirmaba que Caicedo era un sarcillo del regente, término local que significaba "caminar al lado de alguien", porque Caicedo había impuesto e implementado las nuevas reglamentaciones tributarias. Segundo, el gobernador había ampliado de manera arbitraria el número de concejales del cabildo de Pore de cinco a diez ("para incrementar los impuestos y sacar dinero de la gente") cuando en un distrito pobre como éste eran suficientes cinco concejales(54). Caicedo, quien pertenecía a un grupo prominente de funcionarios en Bogotá, refutó de manera vigorosa ambas afirmaciones. En una carta dirigida a Salvador Plata, afirmó que estaba solamente cumpliendo con su obligación como gobernador de la provincia, al obedecer las órdenes del regente:

Es del conocimiento público que no establecí en dicha provincia ningún impuesto fuera de aquellos que encontré establecidos, y diferentes a los que el Regente impuso y es sabido que como gobernador no tengo las atribuciones para hacerlo (55).

Caicedo afirmó, además, que dentro de las funciones de gobernador estaba el incremento del número de miembros en el cabildo. Profundamente afectado por la miseria y las desgracias de Pore, había tomado esta medida como una manera para que algunos individuos mejoraran su posición al tener un cargo que les diera honor personal y que les permitiera honrar a la ciudad. Sostuvo que Mendoza objetaba no la medida en sí misma, sino más bien el hecho de que no hubiera sido nombrado en ninguno de los cargos recién creados. "La justicia mostrará -concluía Caicedo- de qué manera Mendoza procedió contra mí [..:] usando la excusa del Común, cual justicia puede ser defendida para vengar injustamente sus pasiones y resentimientos privados y ver hasta qué punto sus acciones públicas solamente van en contra de las aspiraciones justas del Común"(56).

Vista de Paya, camino de los comuneros   de los llanos (Tomado de: En la ruta de los libertadores, Guillermo Díaz Estrada, Bogotá, 1969).

Doscientos años más tarde, la figura de Javier de Mendoza sigue siendo enigmática. Mientras Cárdenas Acosta sostiene que, en la conducción de la insurrección, Mendoza no cometió ningún atropello o acto punible y que su comportamiento estaba ajustado a los estándares de un caballero, las autoridades reales lo consideraron culpable(57). Los documentos muestran que fue él quien organizó la insurrección, que se presentaba a sí mismo como un funcionario de Túpac Amaru, liberó a los indígenas de pagar tributos, y los exhortó a atacar al clero y al gobernador. Cuando Salvador Plata le ordenó devolver los bienes de Caicedo, Mendoza contestó que los indígenas estaban fuera de control y que él no podía reunir fuerzas suficientes para quitarles lo que no querían entregar. Aún en septiembre contaba con su apoyo para defenderse del ejército de Villalonga(58). Mendoza no traicionó a los indígenas. Resistió hasta que fue capturado por una fuerza mayor. Aun así, no ha compartido el manto de José Antonio Galán como revolucionario social o como precursor de la independencia. No es claro si su falta de reconocimiento resulta de la ambigüedad de sus motivos o de la limitación de sus actividades en una provincia aislada. Los investigadores colombianos han descuidado sistemáticamente la historia del Casanare y otras regiones periféricas, al privilegiar temas tales como las relaciones que se dieron entre el centro del país y la costa. Hasta las guerras de independencia los acontecimientos de allí no ocupan una fase importante de la historia nacional dentro de una coyuntura crítica única(59).

En conclusión, la insurrección de los comuneros que se inició en el Socorro produjo una insurrección significativa en los llanos del Casanare, donde los indígenas y los criollos despojaron del mando a las autoridades españolas, hostigaron al clero y mantuvieron una autonomía política durante cuatro meses. Los excesos inusuales perpetrados por los indígenas no se debieron a su hispanización insuficiente, sino que fueron consecuencia de varios factores: su participación en la decadente industria textil con su centro en Tunja; el intento de Gutiérrez de Piñeres de obtener más de los tejedores; las mal aconsejadas medidas adoptadas por el gobernador Caicedo y la complicidad de los criollos liberados por Javier de Mendoza, quienes, resentidos por la situación privilegiada del clero, no hicieron nada para protegerlo y, de hecho, impulsaron a los indígenas a vengarse.

En el contexto del debate existente sobre la significación del movimiento comunero en la historia de la Nueva Granada, estos acontecimientos permiten múltiples interpretaciones. Las exigencias de criollos e indígenas de ser liberados de impuestos injustos y de los abusos del poder local reivindican a los historiadores "reformistas", quienes afirman que la insurrección fue básicamente en contra de injusticias específicas del régimen colonial. Aquellos que consideran a los comuneros como precursores de la Independencia tendrán que revisar su posición, ante el comportamiento de Javier de Mendoza. Quienes proponen la teoría de una revolución social sofocada, enfatizarán que eran los miembros de la elite del Consejo de Guerra en el Socorro, comuneros ellos mismos, quienes cooperaron con el arzobispo Caballero y Góngora y José Antonio Villalonga, en reprimir una de las manifestaciones más amplias y radicales de la protesta. Más aún: a pesar de que el presente ensayo esté de acuerdo con la interpretación de Phelan sobre los acontecimientos del Casanare, no ha surgido ninguna prueba que refute su tesis central, basada en un análisis textual de las Capitulaciones, en el sentido de que el movimiento era esencialmente una crisis constitucional y política profunda, en la que los líderes del Socorro desafiaron las medidas arbitrarias de Gutiérrez de Piñeres y solicitaron volver a la "constitución no escrita", por medio de la cual un proceso informal de toma de decisiones había sido trabajado por las elites criollas y otros sectores con las autoridades(60).

Las consecuencias de la insurrección son otro asunto. Si, como lo plantea Phelan, Flores y Caballero y Góngora hicieron concesiones significativas a las exigencias de los comuneros, es difícil entender como la reducción de algunos impuestos benefició a la gente del Casanare. El 20 de octubre de 1781, el virrey Flores concedió un perdón general, bajó el precio del tabaco y el aguardiente, regresó la alcabala al 2% tradicional en las tierras altas y al 4% en las provincias marítimas y abolió el impuesto de las ventas de Armada de Barlovento. El algodón y el hilo de algodón continuaron exentos de impuestos(6l). El arzobispo virrey ratificó estas reformas en su perdón general del 7 de agosto de 1782, pero ni él ni sus sucesores iniciaron ningún programa nuevo para el desarrollo económico de los Llanos. Los textiles y el ganado tenían una importancia local pero poco potencial comercial, ya que eran productos que las ciudades de las tierras altas podían obtener de otras regiones de manera más eficiente. Los comerciantes de Cartagena bloquearon el análisis de las propuestas para establecer un comercio directo con la Guayana y con España por los ríos Meta y Orinoco(62). La dependencia creciente de los virreyes Borbones de tropas militares para defender el dominio español en las provincias de frontera del Caribe, Riohacha y Darién, no tuvo una contrapartida en los Llanos. Ni siquiera la amenaza de una invasión inglesa desde 'Trinidad vía Orinoco, descubierta por la captura de Nariño en 1797, planteó una preocupación que ameritara el envío de un destacamento militar al Casanare(63). Los virreyes 'continuaron considerando a los misioneros como la mejor manera para poblar, hispanizar y defender la región, una política que llegó a su punto máximo cuando Mendinueta propuso en 1803 aumentar los esfuerzos del clero regular con la creación de un obispado en los Llanos(64). En 1809, la capital provincial había sido trasladada de Santiago de Pore, que había sufrido una rápida decadencia, y es justo afirmar que el Casanare estaba más aislado económica y militarmente de Santafé de Bogotá que lo que había estado en los últimos treinta años.

La insurrección de 1781 tuvo una consecuencia no prevista para el dominio español en los Llanos. Temiendo represalias por su participación en la insurrección, a pesar de la concesión del perdón general, muchos de los habitantes del interior buscaron refugio en las aisladas misiones del Casanare. Tanto el barón von Humboldt como José Cortés Madariaga, que visitaron los pueblos de la ribera del río Meta en 1802 y 1811, respectivamente, notaron que especialmente en la misión exjesuita de Macuco se habían asentado numerosos socorranos refugiados(65). Fue a estos socorranos que José María Rosillo y Vicente Cadena deseaban cohesionar en su osado intento de declarar la guerra a España desde el Casanare en 1809-1810. Cuando una fuerza reunida de manera apresurada, dirigida por el alcalde de Chire, capturó a los jóvenes revolucionarios, el virrey Antonio Amar y Borbón, tal como Caballero y Góngora lo había hecho en 1781, terminó la pacificación enviando una fuerza expedicionaria, proveniente del interior, para ocupar la provincia(66). Nueve años más tarde, el rumbo de la invasión sería al contrario. Entre los hombres que marchaban con Simón Bolívar de los llanos de Casanare hacia el altiplano boyacense, estaban muy seguramente algunos comuneros olvidados.

* N. del T. y cursivas dentro del texto (no incluye citas textuales): en español en el original.

1 Phelan evalúa interpretaciones anteriores en las pág. 151-155 de The People and The King (Madison, 1978) y en sus notas de pie de página. Como ejemplos de la posición reformista están David Phelps Leonard, "The Comunero Rebellion of New Granada in l781, a Chapter in the Spanish Quest for Social Justice" (tesis para Ph. D., Universidad de Michigan, 1951); John Lynch, The Spanish American Revolutions /808-/826(NuevaYork, l973);y Armando Gómez Latorre, Enfoque social de la revolución comunera (Bogotá, 1973). Entre quienes consideran al movimiento como precursor de la independencia, los más importantes son Pablo E. Cárdenas Acosta, El movimiento comunal de 1781 en el Nuevo Reino de Granada, 2 vols. (Bogotá, 1960); Manuel Briceño, Los comuneros (Bogotá, 1977); y Horacio Rodríguez Plata, Los comuneros (Bogotá, 1950). Respecto a la tesis de una revolución social interrumpida, véase Indalecio Liévano Aguirre, Las grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia (Bogotá, 1964); Germán Arciniegas, Los comuneros (Ciudad de México, 1951 ); y Luis Torres Almeyda, La rebelión de Galán, el comunero (Bucaramanga, 1961 ). El profesor Phelan recibió póstumamente el premio Albert J. Beveridge, de la Asociación Histórica Americana, que consideró la obra The People and the King como el mejor libro publicado en 1978 sobre la historia de los Estados Unidos, Canadá o América Latina.

2. Entre las principales obras que tratan sobre la Revolución de los Comuneros, las de Cárdenas Acosta, Phelan y Arciniegas dan algunos recuentos parciales sobre el conflicto en el Casanare. Otras fuentes citan a Arciniegas, como es el caso de Torres Almeyda, La rebelión de Galán, págs. 212-213, o dejan de lado esta fase de la revolución con una nota.

3 Lynch, en The Spanish American Revolutions. pág. 231.

4 El texto completo de las Capitulaciones ha sido reimpreso en Cárdenas Acosta, El movimiento comunal, t. II, págs. 18-29, y ha sido analizado por Phelan, The People and the King, págs. 156-186.

5 Las fuentes principales no publicadas están en el Archivo Histórico Nacional, Bogotá, Los Comuneros (de aquí en adelante citado como AHN, LC), vol. 6, fols. 49-62. Consiste en la correspondencia entre los funcionarios y los rebeldes en Casanare y los capitanes comuneros en el Socorro: Salvador Plata, Ramón Ramírez, Antonio José Monsalve y Francisco Rosillo. Véase también Cárdenas Acosta, El movimiento comunal, t. I, págs. 251-256, y Phelan, The People and the King, págs. 104-106.

6 Cárdena Acosta, El movimiento comunal, t. I, pág. 252.

7 Común del Cocuy a capitanes y subordinados en los pueblos de Támara, Ten y Manare, Cocuy, 23 de mayo de 1781, AHN, LC, vol. 6, fol. 49.

8 José Tapia a Salvador Plata, Morcote, 10 de julio de 1781, AHN, LC, vol. 6, fols. 53-56.

9 José Caicedo a Salvador Plata, Antonio Monsalve, Francisco Rosillo y Ramón Ramírez, Socotá, 21 de junio de 1781, AHN, LC, vol. 6, fols. 56-60. La autora de la carta del Cocuy ha sido objeto de considerable controversia. Phelan plantea que Berbeo mismo puede haberla enviado a este pueblo remoto con el objeto de intimidar a las autoridades reales en la aceptación de solicitudes de las moderadas demandas criollas. Esta tesis está parcialmente basada en el hecho de que Caicedo, en la carta antes mencionada, afirma que aun antes del 19 de mayo, Mendoza había recibido algunos documentos sin firma, suponiendo que eran órdenes del inca que había hecho públicos. Por otro lado, tanto Tapia, quien incluía una copia del documento del Cocuy con su carta dirigida al consejo de Guerra, como Caicedo mantenían enfáticamente que en el Casanare todo el mundo sabía que el documento había sido escrito en Pore en nombre del común del Cocuy, como una manera de engañar a los indígenas para que obedecieran las órdenes que contenía. Véase también José Caicedo a Salvador Plata, Antonio Monsalve, Francisco Rosillo y Ramón Ramírez, Socotá, 28 de julio de 1781, AHN, LC, vol. 6, fols. 60-62.

10 Tapia a Plata, Morcote, 10 de julio de 1781, AHN, L,C, vol. 6, fols. 53-56.

11 lbíd.

12 lbíd.

13 Caicedo a Plata, Monsalve, Rosillo y Ramírez, Socotá, 21 de junio de 1781, AHN, LC, vol. 6, fols. 5660.

14 Salvador Plata, Ramón Ramírez, Antonio José Monsalve, Francisco Rosillo a Javier de Mendoza, Socorro, 17 de julio de 1781, AHN, LC, vol. 6, fol. 52.

15 Cadenas Acosta, El movimiento comunal, t. I, pág. 254.

16 Ibíd., t. II, págs. 116-117. Un patacón era una moneda de plata que pesaba una onza.

17 José Antonio Villalonga a Carlos III, Bogotá, 28 de junio de 1784, en Eduardo Posada, Los comuneros (Bogotá, 1905), pág. 425.

18 Plata, Ramírez, Monsalve y Rosillo a Mendoza, Socorro, 17 de julio de 1781, AHN, LC, vol. 6, fol. 52.

19 Para una mirada compasiva a la carrera tormentosa de Lozano de Peralta, véase Raimundo Rivas, "E1 Marqués de San Jorge", en Boletín de Historia y Antigüedades (de aquí en adelante citado como BHA), 6 (mayo de 1911), págs. 721-750, y Sergio Elías Ortiz, Nuevo Reino de Granada: El virreinato, 2 vols. (Bogotá, 1970), t. II, pág. 271.

20 posada, Los comuneros, pág. 427.

21 José Caicedo a Salvador Plata, Antonio José Monsalve, Francisco Rosillo y Ramón Ramírez, Socotá, 28 de julio de 1781, AHN, LC, vol. 6, fols. 60-62.

22 José Caicedo a Salvador Plata y Francisco Rosillo, Socotá, 13 de agosto de 1781, AHN, LC, vol. 6, fol. 62.

23 Posada, Los comuneros, pág. 427; losé Francisco Méndez a Salvador Plata, Pore, 28 de septiembre de 1781, AHN, LC, vol. 6, fols. 52-53.

24 Posada, Los comuneros, pág. 428.

25 José Caicedo, Provincia de los Llanos; padrón formado en el año de 1778, Morcote, 14 de octubre de 1778, AHN.

26 Eduardo Acevedo Latorre ha publicado una magnífica colección de mapas de la Nueva Granada en Atlas de mapas antiguos de Colombia siglos XlV a XlX (Bogotá, 1971). Adicionalmente, existen mapas útiles en Germán Colmenares, las haciendas de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada (Bogotá, 1971); Antonio B. Cuervo, Colección de documentos inéditos sobre la geografía y la historia de Colombia, 4 vols. (Bogotá, 1893); y Marcelino Ganuza, Monografía de las misiones vivas de agustinos recoletos (candelarios) en Colombia, 2 vols. (Bogotá, 1921). Un mapeo sistemático de la Nueva Granada data del trabajo del barón von Humboldt en 1801. Dado que los pueblos de los Llanos eran trasladados a diferentes sitios y se les daban nuevos nombres, la localización de éstos en el siglo XVIII es necesariamente un trabajo de conjeturas.

27 Phelan, The People and the King, pág. 41.

28 Gregorio Arcila Robledo, Las misiones franciscanas en Colombia (Bogotá, 1950), págs. 219-220.

29 José Pérez Gómez, Los apuntes históricos de las misiones agustinianas en Colombia (Bogotá, 1924), pág. 105.

30 José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada. 2 vols. (Bogotá, 1953), t. II, págs. l22-123; Ganuza, Monografía de las misiones vivas. t. II. pág. 44.

31 Germán Colmenares, La provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada: Ensayo de historia social 1539-I800 (Bogotá, 1970), pág. 16-17, 44.

32 Basilio Vicente de Oviedo, Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada (Bogotá, 1930), pág. 226.

33 Luis Ospina Vásquez, industria y protección en Colombia 1810-1930 (Medellín, 1955), pág. 62.

34 Phelan, The People and the King, pág. 173.

35 Francisco Antonio Moreno y Escandón, "Estado del Virreinato de Santafé, Nuevo Reino de Granada Año 1772", BHA, 23 (sep.-oct., 1936), págs. 264-265, 587-588.

36 E. Posada y H M. Ibáñez, Re(aciones de mando, 2 vols. (Bogotá, 1910), t. I, pág. 145.

37 Briceño, Los comuneros, págs. 2-4.

38 Cárdenas Acosta, El movimiento comunal, t. II, pág. 21.

39 Ibíd., t. I, págs. 106-107.

40 Ortiz, Nuevo Reino de Granada, pág. 239.

41 El pueblo de Támara a Javier de Mendoza, Támara, 16 de julio de 1781, AHN, LC, vol. 6, fol. 49.

42 Caicedo a Plata, Monsalve, Rosillo y Ramírez, Socotá, 21 de junio de 1781, AHN, LC, vol. 6, fols. 56-60.

43 Phelan, The People and the King, pág. I70.

44 Ganuza, Monografía de las misiones vivas, t. I, págs. l76-177.

45 Juan M. Pacheco, los jesuitas en Colombia, 2 vols. (Bogotá, 1959, 1962), t. II, pág. 346.

46 Robert Morey, Jr., "Ecology and Culture change among the Colombian Guahibo" (Tesis de Ph. D., Universidad de Pittsburgh, 1977), págs. 24-25.

47 Dieter Brunnschweiler, The Llanos Frontier of Colombia (East Lansing, 1972), pág. 43.

48 Para una descripción de los movimientos de ganado en el siglo X V III, véase la carta de Gerónimo de Busto y Santa Cruz a Eugenio de Alvarado, Morcote, 28 de septiembre de 1759, en Cuervo, Colección de documentos inéditos, t. III, págs. 333-335.

49 Pacheco, Los jesuitas en Colombia, t. II, págs. 360-367.

50 Eugenio de Alvarado, lnforme reservado ( 1776), en Cuervo, Colección de documentos inéditos, t. III, págs. 109-225. Hay muchos estudios sobre las misiones jesuitas en la Nueva Granada, pero las excelentes obras de Juan M. Pacheco citadas anteriormente cubren el tema solamente hasta 1696. Para el siglo XVIII véase, además de Alvarado, J. J. Borda, Historia de la Compañía de Jesús en Nueva Granada (París, 1870) y Daniel Restrepo, La Compañía de Jesús en Colombia (Bogotá, 1940). Las haciendas de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada (Bogotá, 1969) de Germán Colmenares es una investigación reciente excelente sobre la organización y el influjo de las haciendas jesuitas.

51 Alvarado, informe reservado, pág. 188.

52 Groot, Historia eclesiástica y civil, t. II, pág. 123.

53 Los oficiales de Pore a los capitanes y jefes de Socorro, Pore, lo. de junio de 1781, AHN, L.C, vol. 6, fols. 49-50.

54 Ibíd.

55 Caicedo a Plata, Monsalve, Rosillo y Ramírez, Socotá, 21 de junio de 1781, AHN, LC, vol. 6, fols. 56-60.

56 Ibíd

57 Cárdenas Acosta, El movimiento comunal, t. 1, pág. 255.

58 Francisco Javier de Mendoza al capitán general, Pore, 17 de julio de 1781, AHN, LC, vol. 6, fols. 50-5l.

59 En 1954, cuando la Violencia estaba tomando una fuerza tremenda en los Llanos, Guillermo Ramírez R., casanareño, hizo una emotiva súplica sobre un estudio sistemático de la historia de la región anotando que "todo el conocimiento de los Llanos actualmente es fragmentario, exagerado, y el producto de suposiciones". "San Luis de Palenque, el Llanero y su Presente", en Economía colombiana, t. 1 (agosto de 1954), pág. 25. Los historiadores no han respondido todavía a este desafío, a pesar de que los estudios realizados por Robert Morey y Dieter Brunnschweiler son los primeros esfuerzos realizados por un antropólogo y un geógrafo para cerrar la brecha.

60 Phelan, The People and the King, pág. 41.

61 Briceño, Los comuneros, págs. 115-124.

62 Francois Depons, Travels in South America, 2 vols. (I,Londres, 1807), t. II, pág. 313.

63 En su Relación de mando de 1803, Mendinueta recomendó que una compañía militar de 400 hombres fuera establecida en el Casanare, pero su sugerencia no tuvo resultados.

64 Posada a Ibáñez, Relaciones de mando, t. II, pág. 570. Para un excelente estudio de las políticas militares de los Borbones, véase Allan J. Kuethe, Reforma militar y sociedad en Nueva Granada, 1773-1808 (Gainesville, 1978). Posada e Ibáñez, Relaciones de mando, t. ü, pág. 411.

65 Alexander von Humboldt, Personal Narrative of Travels to the Equinoctial Regions of the New Continent during the Years 1799-1804, 7 vols. (Londres, 18141829), reimpreso por AMS Press, Nueva York, 1966, en 6 vols.), t. IV págs. 547-548. José Cortés Madariaga, "Viaje de Cortés Madariaga", BHA, 3 (nov. de 1905), pág. 446. En septiembre de 1781 José Antonio Galán pensó huir a los Llanos pero rápidamente abandonó el plan. Véase Posada, Los comuneros, págs. 295-296.

66 Enrique Otero D'Costa, "La revolución de Casanare en 1809" BHA, 17 (abril 1929), pág. 535